¿Autogolpe o revolución?

Juan Guahán|

Venezuela está -una vez más- en el ojo de la tormenta. El Presidente Nicolás Maduro, acosado por serios problemas que tienen que ver con las subsistencia de millones de venezolanos, la permanente agresión de sectores reaccionarios y una fuerte presión internacional encabezada por los Estados Unidos y la OEA, le dio un patadón al sistema institucional vigente y convocó a una atípica Asamblea Nacional Constituyente.

Desde el “Caracazo” (1989), un levantamiento popular contra el presidente Carlos Andrés Pérez a raíz de una significativa alza en el precio del transporte urbano, Venezuela tuvo el privilegio de estar a la cabeza -del conjunto de Nuestra América- de estas décadas de luchas populares. Jóvenes oficiales de las fuerzas armadas, encabezados por Hugo Chávez, se alzaron en armas contra el gobierno (1992). El intento fracasó y sus jefes fueron presos. Ya recuperada la libertad, nuevamente Hugo Chávez se puso al frente de ese estado de insatisfacción y triunfó en las elecciones de 1998.

Cuando asumió el mando juró por la “moribunda Constitución” que estaba vigente y en 1999 Venezuela tuvo una renovada Carta Magna. Esa norma, difundida por millones, se constituiría en la base del nuevo poder. A su sombra dicho país vivió importantes cambios. El intento de un golpe en 2002 permitió radicalizar ese proceso, que fue un símbolo de los cambios producidos en la región durante estos tiempos de gobiernos progresistas. La decisión de Chávez, el acompañamiento de los militares, avances en la organización popular y la abundante renta petrolera le permitieron realizar importantes transformaciones.

Chávez ganó reiteradas elecciones y se constituyó en la mayor referencia de los procesos en marcha en otros países. Desde el gigantesco Brasil hasta la más modesta –aunque consistente- Bolivia, pasando por Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y –por momentos- hasta el Paraguay de Fernando Lugo, coquetearon con la perspectiva de una nueva realidad regional, más unida y con mayor autonomía respecto de los Estados Unidos.

Pero la realidad era más dura que lo que los líderes de esos movimientos habían imaginado. Muchos de esos cambios no tuvieron la profundidad necesaria, no se construyó la suficiente organización popular y envueltos en los pliegues del Estado esas deficiencias dieron lugar a comportamientos corruptos que abrieron la puerta a su debilitamiento y la contraofensiva de los viejos poderes. Lo que está ocurriendo en Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay son pruebas rotundas de lo dicho. Solo Ecuador, Bolivia y Venezuela están logrando resistir, a pesar de su creciente decaimiento, a la reacción de las oligarquías locales coaligadas a los intereses imperiales. Podemos colocar la muerte de Chávez (2013) como el punto que visibiliza la inflexión de aquel proceso de avance iniciado con el “caracazo”.

La responsabilidad de lo que ocurre en Venezuela

Pero como siempre suele ocurrir no toda la responsabilidad de lo que está aconteciendo la tienen esos intereses antipopulares. Ellos están haciendo lo que saben y deben hacer, en función de lo que son, no le pidamos “peras al olmo”. El problema está de este lado del mostrador, por no haber hecho todo lo necesario. Estos gobierno progresistas, en todos los casos, contaron con la  administración del Estado y con un poder militar paralizado por los efectos de su lucha contra los movimientos revolucionarios en las décadas precedentes o acompañando los cambios en marcha. Gobernaron avalados por mayorías parlamentarias y con la opinión pública harta de los gobiernos anteriores y con la esperanza de construir un poder de nuevo tipo.

En lo manifestado, que explica la evolución general de la región, se inscribe lo que está ocurriendo en Venezuela. Más allá de los mencionados aspectos comunes el caso venezolano se destaca por su gigantesca reserva petrolera, su cercanía con los Estados Unidos y el hecho que los militares son parte orgánica y fundamental de su gobierno.

Esa fortaleza petrolera constituyó –paradójicamente- uno de sus grandes problemas. Ello se vincula de dos maneras. Porque los vaivenes de su precio influyen de un modo deformante en todos los registros económicos y porque esa cultura rentística no favorece una perspectiva productiva. Siendo obvio el peso de la renta petrolera en el presupuesto venezolano es bueno ver la evolución de su precio que incide en la vida cotidiana de Venezuela. Como una muestra, aquí se señala su precio en tres momentos distintos: En 1999 el precio del barril apenas superaba los 10 dólares; en el 2008 llegó a cerca de u$s 150 por barril y en el 2014 estuvo por debajo de los u$s 30 por barril.

Esta evolución permite comprender un poco más evolución de la situación venezolana. Otras explicaciones las encontramos en la muerte de Chávez, el mantenimiento de la cultura rentística (no productiva) y una impresionante red de corrupciones de la que resultaron beneficiados personeros del gobierno y empresarios de la oposición. Todo ello colocó al país al borde de la quiebra. Sin capacidad de producir, el momento de crisis lo sorprendió con pocos recursos para importar. Los productos, incluidos los alimentos, faltaron por doquier y la reacción vio su oportunidad para terminar con el gobierno, jaqueado por sus propios errores y la acción de los enemigos del pueblo.

La opinión pública internacional fue infestada por informaciones falsas sobre las víctimas y sus causantes. Varios muertos atribuidos a las fuerzas estatales fueron producto del accionar de la oposición. El gobierno no realizó las elecciones regionales en las fechas previstas. La oposición ganó las elecciones parlamentarias del 2015, con el 65% de los votos frente al 33% del oficialismo. El Parlamento fue siendo vaciado de toda su legalidad institucional y el poder central, en manos de Maduro, iba sin rumbo con un destino previsible: el abismo.

Diferentes lecturas

En medio de una situación ingobernable -el 1° de Mayo- Maduro anunció que convocaba al “Poder Constituyente Originario para que la clase obrera y el pueblo convoquen a la Asamblea Nacional Constituyente”. En ese marco llamó a la designación de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente pero sin la participación de los partidos políticos. De los 500 miembros de la misma, que deberá redactar la nueva Constitución, el 50% será elegido por organizaciones sociales y populares (obreros, mujeres, indígenas) y el otro 50% por circunscripciones territoriales.

Para Maduro se trata de “refundar las estructuras del Estado y derrotar al golpe de Estado”. Este proceso demandaría unos 2 años, durante los cuales Maduro podría seguir gobernando.

Las reacciones fueron claras. Los diferentes niveles del oficialismo lo apoyaron, señalando que se trata de una medida revolucionaria que le daría protagonismo a las fuerzas sociales, ahogadas por los partidos políticos sustento del actual sistema institucional. Para la oposición, medio atontada por la inesperada reacción de Maduro, se trata lisa y llanamente de un autogolpe. Hay un tercer sector integrado por algunos viejos chavistas ahora distantes del gobierno que invocan la continuidad de la Constitución de 1999.

Gran parte del chavismo más consecuente festeja esta situación porque pone en evidencia el fracaso de los partidos y de un sistema institucional que ya está perimido. Simultáneamente lamentan que –simultáneamente- no se haya señalado a los responsables de esta crisis y del soberbio enriquecimiento económico de una importante franja de los funcionarios estatales.

*Dirigente social argentino, colaborador de Question. Desde La Plata, Argentina