Federico Larsen|

Aún estaban tibias las cenizas del incendio que el viernes a la noche devoró parte del edificio del congreso del Paraguay, cuando los cancilleres del Mercosur, sin Venezuela, se reunían en Buenos Aires para definir la posición común del bloque ante la situación institucional en el gobierno de Maduro. Separación de poderes, respeto del calendario electoral y reforzar las consultas con los demás países del bloque para el “restablecimiento de la plena vigencia de las instituciones democráticas”, son los puntos centrales del comunicado conjunto. En la misma línea se centró el documento que algunos países de la OEA -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú, torciendo sin duda la institucionalidad del organismo – aprobaron dos días después.
La insistencia sobre el respeto al calendario electoral deriva de la decisión del poder electoral venezolano de aplazar las elecciones regionales previstas para octubre de 2016 hasta finales del primer semestre de este año por falta de garantías institucionales. En un país claramente penetrado por organizaciones paramilitares y narcotraficantes -muchas de ellas con sus cabezas en el extranjero-, en medio de una colosal crisis económica, y frente a una clara violencia de sesgo político no resulta tan desatinado que las instituciones quieran ordenar el panorama antes de redistribuir los cargos del Estado. Aunque la especulación sobre el retroceso que podría haber significado para el oficialismo una nueva derrota, y las críticas ante la imposibilidad de encontrar otros canales de legitimación, no dejan por eso de ser válidas.

En cuanto al restablecimiento de la división de los poderes, el Tribunal Supremo de Justicia ya había tomado cartas en el asunto suprimiendo los artículos de las sentencias que le habían otorgado los poderes que son atribución de la Asamblea Nacional. El chavismo, atravesado por la discusión entre el estadocentrísmo burocrático y los movimientos de base que insisten en el rediseño institucional hacia un gobierno participativo y comunal, entendió que por más legitimación que tuviera la decisión de la justicia venezolana la situación podría convertirse en un gol en contra, y la reacción de los organismos regionales fue evidencia de ello.

Paraguay arde
Mientras tanto el presidente paraguayo, Horacio Cartes, cobró un nuevo rechazo rotundo al llamado a una mesa de diálogo entre todos los partidos políticos sobre el polémico proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial. La propuesta había sido aprobada a escondidas, en una de las sesiones paralelas -legales en el país- que organizaron el Partido Colorado leal al presidente, el Frente Guasú del ex-presidente Fernando Lugo, y aquel sector del liberalismo que responde a Blas Llano. Una vez aprobado el paquete de reformas por los diputados de estos partidos el miércoles, el viernes se conoció su aprobación por parte de sus colegas senadores, lo cual, junto con la desmedida represión policial frente al congreso, desencadenó la furia de los sectores opositores al pacto.

Aquí también se intentó hacer pasar un conflicto esencialmente político, por una diferencia sobre una reformulación de la norma. La reelección es un tema extremadamente sensible en el país. Tras 35 años de dictadura de Stroessner, la carta magna de 1992 impuso un dibujo institucional que redujera las atribuciones del presidente -de allí, en parte, la posibilidad del golpe parlamentario que en 2012 destituyó a Lugo- y la duración de su mandato.

El continuismo, en la cultura política de los partidos tradicionales paraguayos ha sido siempre mala palabra, hasta que tres ex presidentes pusieron en juego su construcción política: Cartes (que intenta erigirse al estatus de caudillo histórico del coloradismo), Lugo (favorito en todas las encuestas con una intención de voto superior al 50%) y Duarte Frutos (que garantizaría su vuelta a las ligas mayores de la política paraguaya con una candidatura). De prosperar el proyecto los afectados directos de la enmienda serían el alcalde progresista de Asunción, Mario Ferreiro, favorito en todas las encuestas donde no tenga que competir con Lugo, y su principal aliado en la política de las élites, el liberal Efrain Alegre.

La reelección no es, entonces, una discusión sobre el marco institucional del país, sino que representa una puja entre poderes que buscan modificar el escenario político nacional a largo plazo. Y que en última instancia, sólo atañe a los dueños del Paraguay, a las grandes estructuras ligadas a intereses de patrones y clase media, que lejos están de ser la mayoría del país. Si tal fuera el entusiasmo por la defensa irrestricta de los postulados constitucionales, no se explicaría como, en 25 años, casi ninguno de los protagonistas de este conflicto haya alzado la voz por la implementación de la Reforma Agraria que tiene carácter constitucional en Paraguay. El país ha sido en 2012 objeto de largas deliberaciones y de la aplicación, por primera vez, de medidas sancionatorias por parte del Mercosur y Unasur, las famosas cláusulas democráticas. Era un momento histórico diferente y, como vemos, inclusive las herramientas institucionales del regionalismo latinoamericano se discuten de otra manera.

El regionalismo democrático
Hasta la Unasur, creación más preciada del progresismo latinoamericano, expresó su “alarma” ante laos hechos recientes en Venezuela, que “atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos”, según sostuvo en un comunicado oficial tras una reunión de la que no participaron ni Ecuador ni Bolivia. La completa debacle de la diplomacia integracionista brasilera y su intento por regionalizar sus intereses estatales a través de organismos como Unasur es la principal razón de este cambio. Si hay algo que el gobierno de Lula ha logrado, ha sido justamente la de proyectar las aspiraciones de su país (mayor libertad de movimientos en temas ligados a la seguridad, la política energética y el comercio hacia Asia y Europa) en su entorno continental, usando como plataforma las instituciones regionales (Unasur, un Mercosur revisitado y Celac).

Y si hay un país en el que hoy estas mismas instituciones deberían desconfiar y observar es justamente el Brasil de Temer, cuya política exterior y comercial se disuelve entre corrupción y una lucha estéril por el poder.

Lo que se juega entonces en buena parte de los Estados de América Latina es el valor de la institucionalidad liberal y democrática, cuestionada y defendida a conveniencia según los actores en disputa. El pretendido universalismo encarnado por las organizaciones internacionales, como la OEA o el Mercosur en este caso, apela a la norma -la constitución, la división de poderes, el calendario electoral etc…- como aséptico juez de una disputa que es en realidad política.

Conceptos como representación, participación popular, distribución del poder, control de los poderes, independencia, justicia social, están aún en una tensión que impacta directamente en el rol de las organizaciones internacionales. El “ciclo progresista” había logrado un equilibrio -en algunos casos forzado- entre aquella institucionalidad y esta necesidad de renovación de lo político, desligándose de los axiomas del liberalismo clásico de los ’90 a los que se intenta retrotraer el regionalismo latinoamericano hoy día.

Pero ningún país ha aceptado jamás en América Latina ceder aunque sea algunas atribuciones de su soberanía a una organización supranacional, limitando por un lado cualquier intento de integración regional profunda -tan alabados desde lo retórico-, y por el otro salvaguardando su derecho a rechazar la injerencia de funcionarios extranjeros en los asuntos internos. La preocupación, alarma, intención, de los organismos internacionales entonces, también debe ser vista como un mero espacio de disputa política, más allá de su rol institucional, y es en ese plano que los sectores liberales y conservadores están logrando avanzar, imponiendo modos de ver las crisis en Venezuela y en Paraguay y jugando peligrosamente con los poderes de los estados.