Otra periodista mexicana asesinada: investigaba el narcotráfico y los desplazados por los narcos
Gerardo Albarrán de Alba|
La reportera Miroslava Breach Velducea fue asesinada a balazos la mañana del jueves 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua, cuando salía de su casa a bordo de su vehículo para llevar a uno de sus hijos a la escuela. Este es el tercer homicidio de un periodista en México en apenas tres semanas.
A partir del 1º de febrero de 2000, la organización Article 19 ha documentado el asesinato de 103 periodistas en México, “en posible relación con su labor periodística”. Desde el 1º diciembre de 2012, cuando se inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, suman ya 30 periodistas asesinados, un promedio de casi dos por mes.
Miroslava Breach, de 54 años, comenzó a colaborar desde 2001 en el diario La Jornada. El año pasado fue directora editorial del fronterizo periódico Norte de Ciudad Juárez, que atribuyó el crimen a su labor periodística. Se especializaba en temas políticos y sociales, ambos cada vez más vinculados al crimen organizado en México. Entre sus investigaciones más recientes destacan la narcopolítica y el asesinato de 1770 personas junto al destierro de cientos de familias que han sido expulsadas de sus comunidades por bandas de narcotraficantes en la sierra Tarahumara.
“Grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de marihuana en la región”, escribió Breach el pasado 6 de agosto de 2016 en La Jornada”, para describir una crisis humanitaria que lleva tres años sufriéndose en varias zonas de la sierra Tarahumara. Quienes se resisten son asesinados.
En el pasado proceso electoral local que llevó a la gobernación al entonces senador panista Javier Corral Jurado, la periodista expuso el control del crimen organizado de las listas de candidatos a alcaldes del PRI y, en menor medida, del PAN, precisamente en algunos de los 22 municipios de la sierra Tarahumara. De paso, documentó la intimidación que sufrieron los precandidatos que querían participar e identificó un caso concreto:
“En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios”, publicó Breach en La Jornada el 4 de marzo de 2016.
La mañana de ayer, junto al cuerpo inerte de Miroslava Breach, su asesino dejó un mensaje escrito en una cartulina: “Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.
La policía recuperó ocho casquillos de baja calibre 38 tirados en la calle junto a la camioneta de la periodista, que quedó detenida a la salida de su casa, cuando empezaba a tomar la calle. Los disparos fueron hechos directamente contra la periodista a través de la ventanilla del lado del conductor.
Apenas hace cuatro días fue acribillado Ricardo Monlui Cabrera, quien manejaba el portal noticioso El Político y colaboraba en el diario El Sol de Córdoba, en el estado de Veracruz. Monlui desayunaba con familiares en un restaurante de Yanga; al salir fue interceptado por unas personas que iban en motocicleta. Recibió tres disparos en el cuerpo. Ninguno de sus familiares que lo acompañaban resultó herido.
Antes, el 2 de marzo, fue asesinado Cecilio Pineda, director de La Voz de Tierra Caliente, un periódico del estado de Guerrero, en la costa sur del Pacífico mexicano. Pineda era colaborador de otros medios locales y corresponsal del diario capitalino El Universal. Había sufrido agresiones y amenazas graves en los últimos dos años y se le otorgaron medidas de protección entre febrero y octubre de 2016, cuando el Mecanismo de Protección federal consideró de “ordinario” su nivel de riesgo. Cinco meses después fue acribillado en un autolavado en los terrenos de la Expo Feria de Ciudad Altamirano, una población fronteriza con el estado de Michoacán y sometida por el crimen organizado, donde hasta el Ayuntamiento debe pagar cuota de protección al crimen organizado.
Las plenarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República guardaron un minuto de silencio en memoria de la periodista asesinada. Los partidos políticos ahí representados aprovecharon para repartirse culpas.
En un comunicado, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “asumió el compromiso de que se esclarecerá y no quedará impune el crimen de la periodista”. Mientras, en la Ciudad de México, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, comentó que Breach no formaba parte del Mecanismo de Protección, por lo que no habían establecido medidas para salvaguardar su vida e integridad. “En ningún momento solicitó protección”, declaró Campa.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), inició la investigación de este asesinato y envió a la capital del estado de Chihuahua a un director general, un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, 10 peritos de diversas especialidades y 12 elementos de la Policía Federal Ministerial.
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Editorial de La Jornada
Los peligros del silencio
Es preciso tener claro, sin embargo, que no estamos hablando de un episodio aislado e inusual: la mezcla de rabia y congoja provocada por este nuevo asesinato viene a sumarse a la generada por la no menos brutal muerte de muchos otros compañeros de profesión y, por extensión, de otros miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La larga lista de periodistas victimados en México (de otros medios, de otras orientaciones, con otras visiones, eso es lo de menos) se debe a la arbitrariedad de un poder sombrío, difícil de identificar con precisión a causa de su propia opacidad, pero cuyo objetivo parece ser una sociedad acrítica, medrosa, callada, pasiva frente a la iniquidad y el atropello.
Ante la evidencia de una dinámica insana que día a día acaba con la vida de personas que bien podríamos ser cualquiera de nosotros –de éste y de ese lado de la página– no tenemos muchos más recursos que la protesta, la denuncia y la exigencia ante las instancias legales que tienen la obligación de poner fin a la barbarie. No parece mucho, pero si la demanda se convierte en un clamor multitudinario y apremiante, puede ser que el aparato del Estado –al menos los sectores realmente preocupados por la salud de la República– tome las medidas necesarias para desmantelar de una buena vez la maquinaria de muerte que funciona en nuestro suelo, erradicar del servicio público a quienes mantengan vínculos con los operadores de esa maquinaria y acabar con la impunidad. En este sentido, de nada sirven las condenas verbales, lo que se necesitan son acciones concretas.
Denunciar públicamente los atropellos, las componendas, los abusos que se cometen para satisfacer las apetencias de poder y económicas del narco en todas sus variantes y territorios es vital para evitar el triunfo del silencio: el asesinato de Miroslava, así como el de los restantes compañeros de los medios que fueron victimados antes que ella, prueba que sacar a la luz los manejos de la delincuencia incomoda a ésta más que los miles de operativos armados que se llevan a cabo en su contra, la mayoría de los cuales no tienen gran éxito.
Es indispensable, asimismo, cobrar conciencia de que este es un problema colectivo, no de hombres y mujeres en lo individual. Y este axioma también es válido para nuestro gremio; a estas alturas, la amenaza a un compañero de profesión debe ser tomada como lo que es: una amenaza al conjunto de los y las periodistas. O dicho de otro modo: a la libertad para informar sobre lo que pasa en el país.