México: El gasolinazo y las protestas/ Rumbo al precipicio financiero
Luis Hernández Navarro|
La imagen se ha reproducido una y mil veces como símbolo de los tiempos que corren. A la salida de una tienda departamental saqueada por una multitud plebeya, un joven carga sobre sus espaldas una enorme pantalla nueva.
Con esa pantalla se cobra el agravio de ser menesteroso en un país en el que serlo es no sólo una tragedia material sino el símbolo de una derrota social.
Instalados en la fiesta perpetua del consumo, los señores del dinero ostentan su fortuna sin recato. Exhiben sus lujos sin pudor alguno, como evidencia material de su éxito en la vida. Y, los parias, sin boleto de entrada al espectáculo del dispendio, miran el boato y la opulencia de los poderosos desde sus humildes viviendas a través de la vitrina de los programas de televisión. Hasta que les llega la oportunidad de tomar su revancha.
Con esa pantalla, su nuevo propietario tiene la ilusión de que se ha logrado colar al festín de los ricos. Cosecha de la rapiña, dos o tres veces más grande que las casi 10 millones de televisiones que el gobierno federal regaló con el pretexto del apagón analógico en 2015, su nuevo bien no compromete ni su voto ni su lealtad, como sucedió durante los comicios de ese año.
Ese televisor es, también, su personal desquite ante el atraco sin fin de los políticos. Si los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León desfalcaron las arcas estatales sin sufrir por ello castigo alguno, ¿por qué no quedarse con un bien sin tener que pagar por ello?
Esa pantalla la obtuvo quebrantando la ley. Pero ¿acaso no lo hacen así los de arriba? La arrebató en un golpe de suerte y de audacia, en un acto de rabia y rencor acumulados durante años, que el gasolinazo destapó de golpe.
Esa es una explicación de la oleada de saqueos que ha sacudido varias regiones del país, como el estado de México, Veracruz, Hidalgo y Nuevo León. Empero, hay quien la pone en duda y ofrece otra: la del complot. La rapiña –dicen algunos– fue organizada por funcionarios públicos como parte de una variante de la doctrina del shock, para justificar la intervención de la fuerza pública contra los inconformes con el aumento al precio de la gasolina, y desalentar las protestas populares.
Esta estrategia del miedo combina campañas de desinformación en las redes sociales, convocatorias públicas a atracar almacenes, ausencia de la fuerza pública resguardando comercios, grupos de pobladores a los que agentes gubernamentales y policiacos ofrecen dinero e impunidad por cometer los asaltos y la acción de provocadores como Antorcha Campesina.
En las redes sociales se han difundido abundantes testimonios y evidencias que parecen corroborar esta hipótesis, sobre todo en el estado de México y en Puebla. En más de un video puede verse a policías robando mercancías.
¿Ha tenido éxito esta estrategia? Sí y no. Sí, porque en diversos sectores de la población se ha creado un clima de temor e incertidumbre que ha inhibido su incorporación a las protestas. Sí, porque grupos empresariales que se oponían en un primer momento al gasolinazo ahora demandan mano dura para aplacar las protestas.
No, porque, a pesar de todo, lejos de disminuir, el descontento social sigue extendiéndose y no tiene visos de debilitarse en el corto plazo. La relación entre el número de protestas y el de saqueos es, según un recuento de notas periodísticas, al menos de cinco a uno. Y no, porque, la rapiña se ha extendido más allá del control de sus hipotéticos patrocinadores: más de 800 comercios según la Concanaco.
Entonces, ¿son los atracos a grandes almacenes acciones orquestadas por actores gubernamentales o son expresiones del rencor social? Muy probablemente las dos. Aunque en un primer momento hayan sido inducidos desde alguna esfera del poder, son, también, expresión de un descontento social genuino y acumulado.
La rapiña es la cara más visible de la sublevación popular en marcha, pero dista de ser la única. En todo el país se han realizado mítines, marchas, liberación de casetas de pago de autopistas y bloqueos de gasolineras, carreteras, vías de ferrocarril y centrales de Pemex. Las expresiones de solidaridad abundan. Los traileros que en Chihuahua obstruyen el tránsito vehicular dicen, mitad en broma mitad en serio, que nunca habían comido tan bien como lo hacen ahora por el apoyo popular: carne en el desayuno, comida y cena.
La protesta contra el gasolinazo es un hecho inédito, generalizado, amorfo, espontáneo, carente de dirección fija y centro organizativo. En los hechos, se trata de múltiples protestas regionales, cada una diferente a las otras.
En la primera línea de la inconformidad se encuentran los traileros, los transportistas, los taxistas, todos aquellos cuyo trabajo está directamente asociado al consumo de combustible. Son ellos quienes han organizado muchos de los bloqueos carreteros. Han pagado un alto costo. No son pocos sus compañeros detenidos.
Pero en las jornadas de lucha participan, también, agricultores de riego, campesinos, ciudadanos autoconvocados, amas de casa, profesionistas, curas y maestros. El gasolinazo le pegó a una parte de la clase media en la línea de flotación y la lanzó a las plazas públicas. La impresionante manifestación de Monterrey da cuenta de ello.
El bloque en el poder se fracturó. Los gobernadores de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas piden reconsiderar el aumento a la gasolina. El de Jalisco, fue aun más lejos y pactó un acuerdo con Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano. Con un tono aún más enérgico, lo mismo hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Y por si faltara algo, en lo que es la cereza en el pastel de esta ruptura, Coparmex rechazó el pacto económico propuesto por Peña Nieto.
Desconcertadas, una buena parte de las dirigencias opositoras tradicionales, tanto sociales como políticas, han sido rebasadas. Su pasmo camina de la mano de la incapacidad gubernamental para comprender lo que tiene enfrente. Nuevos liderazgos populares locales han emergido al calor de la lucha.
Las marchas del pasado 7 de enero, en al menos 25 estados, parecieran ser un indicador del avance de la protesta nacional. En ellas, se pasó de la exigencia de bajar el precio de los combustibles a la demanda de la renuncia del Presidente. Esas manifestaciones, unas grandes y otras pequeñas, podrían ser un punto de inflexión en la capacidad de organizar la resistencia.
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Anexo 1
Rumbo al precipicio financiero
Ulises Noyola Rodríguez | Al cierre del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México alcanzó un máximo histórico de 9.38 billones de pesos, monto equivalente a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de manifiesto la crisis estructural que padece la economía mexicana, agudizada a raíz del estallido de la crisis global en septiembre de 2008.
Desde mediados de 2014, las finanzas públicas fueron afectadas por la caída del precio del petróleo y el nivel de producción de Petróleos Mexicanos, ambos factores disminuyeron la participación del sector petróleo en el gasto público de 40 a 13% entre 2008 y 2016, con lo cual, se puso en riesgo el financiamiento de la inversión pública, el presupuesto de los estados y los programas sociales[1].
Frente a la debacle, el gobierno mexicano decidió apostar por el endeudamiento público, principalmente a través de la emisión de deuda interna (67% de la deuda pública), que se contrata con acreedores nacionales y se liquida en pesos mexicanos, lo cual disminuyó la vulnerabilidad externa ante una restricción del financiamiento externo denominado en dólares[2].
Sin embargo, la emisión de deuda pública no sirvió para impulsar el crecimiento económico sustentado en una mayor inversión pública, sino que las entidades estatales con un mayor nivel de endeudamiento público estuvieron caracterizadas por tener gobiernos con altos índices de corrupción (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz)[3].
La falta de supervisión del gobierno mexicano sobre la deuda pública permitió el endeudamiento excesivo de las entidades estatales, sin comprobar la canalización de los fondos recaudados para el financiamiento de proyectos de infraestructura, que evitaran su uso inadecuado auspiciado por la corrupción de los gobernadores estatales.
Uno de los casos más dramáticas es Veracruz, entidad que fue recientemente declarada en emergencia financiera debido a la incapacidad de la administración estatal de cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y servicios de sus funcionarios públicos; esto pone en evidencia las graves consecuencias derivadas de la adquisición de un elevado nivel endeudamiento público bajo un contexto político plagado de corrupción[4].
Por otra parte, para el gobierno mexicano será cada vez más difícil encontrar condiciones accesibles de financiamiento a través de costos reducidos en los mercados nacionales debido a la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, situación que ha provocado cinco incrementos de la tasa de interés de referencia por un total de doscientos cincuenta puntos base por parte del Banco de México durante 2016.
De esta manera, el aumento sistemático de la tasa de interés de referencia del Banco de México que se situó en un nivel de 5.75% en diciembre de 2016, elevará aún más el costo del financiamiento del gobierno mexicano en los mercados financieros; la situación será cada vez peor toda vez que se esperan tres aumentos más de la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal para el año 2017.
Las condiciones adversas de financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha hecho sentir en la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos, que afectó seriamente la disponibilidad de recursos de varias dependencias estatales (Petróleos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud)[5].
La perspectiva de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén mayores ajustes en el sector público que todavía tuvo un déficit primario de 217,570 millones de pesos (1.3% del PIB) en 2015, que se espera convertir en un superávit primario de 73,800 millones de pesos (0.4% del PIB) con el fin de fortalecer la confianza de las finanzas públicas en los mercados financieros en 2017[6].
La restricción de financiamiento público por parte de las autoridades estatales se realiza en un contexto crítico para la economía mexicana luego del triunfo electoral del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate se comprometió a construir un muro fronterizo que sostiene, será financiado por el gobierno mexicano, además de llevar a cabo una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante los primeros meses de su mandato.
La negociación para reformular los términos del TLCAN corre el riesgo de desencadenar aún más incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre Estados Unidos y México. El panorama es muy amenazante ante la posibilidad de reducir la inversión privada de origen estadounidense hacia la economía mexicana, situación que no haría sino apuntalar las tendencias recesivas sobre México ante la ausencia de un estímulo fiscal.
El desarrollo de las negociaciones sobre el TLCAN podría resultar grave para la economía mexicana, puesto que la proyección de crecimiento del PIB se encuentra actualmente en 1.9% para el próximo año, mientras que un caso adverso de las negociaciones podría suscitar una caída de 2.7 % del PIB en 2017[7], de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Por añadidura, si Donald Trump hace realidad algunas de sus amenazas en contra de México (congelamiento de las remesas, aplicación de un arancel de 35% sobre las exportaciones mexicanas, salida de Estados Unidos del TLCAN), provocará una salida abrupta de capitales, situación que reducirá considerablemente el margen de maniobra del gobierno para apoyar la actividad económica por medio del endeudamiento.
La perspectiva negativa de las calificadoras de crédito internacionales (Fitch, Standard & Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a partir del triunfo electoral de Donald Trump, apunta a la disminución de la nota asignada a los títulos de deuda pública por las calificadoras de crédito, lo cual se traducirá en mayores ajustes en el sector público a fin de conseguir un saldo positivo en las finanzas públicas en 2017.
En conclusión, el porvenir de la economía mexicana se vislumbra bastante negativo tras el triunfo electoral de Donald Trump, que indudablemente causará estragos para las finanzas públicas de México, pero solamente mostró la vulnerabilidad de la economía nacional derivada de la desarticulación del sistema productivo, la corrupción y nuestra extrema dependencia de la economía de Estados Unidos.
Notas
[1] El Economista. Ingresos petroleros tocan mínimos, solventan sólo 13% del gasto público. Fecha de publicación: 19/06/2016.
[2] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Análisis y Evolución de la Deuda Pública. Fecha de publicación: 21/06/2016.
[3] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas. Fecha de publicación: 01/04/2016.
[4] El Financiero. Veracruz declara emergencia financiera. Fecha de publicación: 12/12/2016.
[5] El Financiero. Hacienda propone otro recorte por 70 mmdp en 2017. Fecha de publicación: 09/09/2016.
[6] Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fortalecer economías y apoyar inversión, prioridad internacional en 2017. Fecha de publicación: 02/12/2016.
[7] El Economista. Cepal recorta expectativas de crecimiento para México a 1.9%. Fecha de publicación: 14/12/2016.
*Colaborador en la División de Estudios de Posgrado de Economía en la UNAM.