Ramón Lobo: ¿el ministro de la democracia económica?/Salarios: la subestimada variable/Los controles de precios

15 y Último -Editorial |

Ramón Lobo: ¿el ministro de la democracia económica?

En 2002 el sociólogo alemán Ulrich Beck, director del Instituto de Sociología de la Universidad de Múnich, catedrático de la London School of Economics y célebre por su obra La sociedad del Riesgo, publicó un libro de entrevista con el singular título de Libertad o Capitalismo.

Y decimos singular porque el título, siendo el mismo Beck bastante conservador, invierte de manera irónica el famoso postulado de la tradición conservadora Libertad o Socialismo, tan propio de los años de la Guerra Fría y del sentido común neoliberalizado, planteando una nueva dicotomía: la humanidad debe elegir no entre las rigideces del socialismo real y las libertades supuestas de la sociedad de mercado capitalista, sino entre la libertad y la democracia como prácticas propiamente tales y un capitalismo tardío imbuido de un liberalismo totalitario sumamente peligroso.

La crisis de las hipotecas de 2008 terminaría por confirmar las predicciones de Beck. Aquello de que existían empresas y bancos demasiado grandes para caer (too big to fail), no era más que la prueba empírica de su mayor temor: el capitalismo de hoy día es uno donde los poderes económicos fácticos imponen sus intereses sobre el resto de la sociedad, de manera no democrática y a menudo despiadada.

Lo ocurrido en Grecia en 2015, cuando la voluntad del pueblo griego de no acatar las órdenes de la troika fue aplastada por el Banco Central Europeo y el ministro de economía alemán, ha sido una de las exhibiciones más recientes del carácter no democrático del capitalismo de estos tiempos. Ni hablar de lo que ocurre en Brasil tras el golpe de Estado a Dilma Rousseff. O en Argentina, donde al ritmo del ajuste económico corre y se impone el apriete policial-judicial-mediático contra la disidencia. Y lo que el presidente Chávez en su momento llamó guerra económica es precisa y exactamente eso: la resistencia de los grupos de poder coludidos y especulativos, corruptos y corruptores, no elegidos por la sociedad sino impuestos sobre ella, a ceder en sus intereses ante el avance de la democracia participativa y protagónica –es decir: la democracia real, en el viejo sentido griego en cuanto gobierno del pueblo– que para terminar de ser y perdurar, necesita que la base material de la sociedad –lo que solemos llamar su economía– sea igualmente democrática y participativa.

El principal reto del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, será este. No digamos derrotar la especulación, el desabastecimiento inducido, ni el paralelo, ni el bachaquerismo, el contrabando, la corrupción ni recuperar el malogrado poder adquisitivo de la población, etc. Será derrotar –para derrotar lo anterior– los grupos de poder propios y extraños, externos e internos, negados a que la democratización alcanzada en los últimos años en la esfera política, social y cultural tenga su correlato en la esfera económica.

Y es que en Venezuela habita desde siempre una estructura de poder mafiosa basada en el control monopólico/oligopólico de sectores de importancia estratégica para el conjunto de la economía y por tanto de la sociedad. Estas relaciones de poder constituyen un nudo gordiano históricamente opuesto tanto al desarrollo nacional como a la inclusión social sustentable de la mayoría. La especulación descontrolada, el acaparamiento, la corrupción, el contrabando, las corridas bancarias y cambiarias y la fuga de capitales, son los látigos con los cuales estas mafias fustigan al resto de la sociedad cada vez que sus intereses se ven afectados cuando alguien intenta desatar o cortar dicho nudo.

Eso es lo que estamos padeciendo como sociedad al menos desde 2013. Pero que ya hemos vivido antes también: en 1830, 1863, 1902, 1945, 1948, en octubre de 1958, en 1983, 1989, 1996, 2002…

Y es exactamente lo mismo, como dijimos, que están padeciendo otras sociedades y con lo cual están lidiando otros gobiernos, incluso de derecha y bien neoliberales. Por eso, entre otras razones, es la norma que los ministros de economía duran tan poco en estos tiempos. El drama de Prat Gay en Argentina fue justo este: que luego de aplicar la receta de ajuste económico completa que le exigieron los grupos económicos dominantes para tener confianza e invertir, esos mismos grupos se abstienen ahora de hacerlo espantados por los resultados de dicho ajuste –fundamentalmente la caída del consumo– pero a su vez exigiendo aún más ajuste. De allí que los famosos “brotes verdes” de la economía no llegaron en el primer semestre de 2016, ni luego en el segundo y luego ya fueron diferidos por Macri hacia un impreciso 2017. Es el mismo drama que abrasa lentamente la gestión económica de Peña Nieto y sofoca la de Temer.

La buena noticia es que a dichos poderes ya se les ha derrotado antes. Chávez y la mayoría democrática los derrotó al menos en 1998 y entre 2002 y 2003. Y en 2005 en Mar del Plata (a los regionales) y en 2006 y luego entre 2008 y 2010, cuando la conjunción de caída de precios petroleros, crisis climática y corridas bancarias especulativas. Y luego lo volvió a hacer en octubre de 2012. Y el presidente Maduro ya los derrotó en tres ocasiones: en abril de 2013, entre noviembre y diciembre de ese mismo año y luego cuando las guarimbas de 2014.

La enseñanza derivada de todas estas ocasiones, tanto de las que la democracia salió victoriosa como de aquellas en que salió derrotada, es que la clave de que la balanza se incline hacia uno y otro lado está en si el gobierno cede o no al chantaje de los grupos mafiosos. Si cede, los resultados para la sociedad y para el propio gobierno son nefastos, entre otras cosas porque para las mafias ceder en sus exigencias es síntoma de debilidad y, como los animales de presa, se lanzan por más sin contemplaciones, partiendo del principio de para qué compartir lo que puede ser solo suyo. Si no lo hace y se mantiene del lado de las mayorías, habrá naturalmente turbulencias, pero es la única forma de garantizar un desenlace feliz.

La decisión de fusionar Economía y Finanzas en un solo ministerio rector –así como la de separar la gestión operativa de PDVSA de la más estratégica del ministerio– es una buena señal. Ramón Lobo es, a todas luces, un hombre honesto, de compromiso político probado y con experiencia técnica, lo que juega a su favor. Si es capaz de armonizar una política económica más certera en los cortos tiempos que demanda la realidad actual, será un gran logro.

En octubre de 2013, al solicitar los primeros poderes habilitantes para derrotar la guerra económica, el presidente Nicolás Maduro citó en su discurso un texto del filósofo italiano Giorgio Agambem, todavía con una gran vigencia. El texto se llama Crédito fe y futuro y en él Agamben dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Gobernando el dinero se gobierna no solo el mundo, sino también el futuro de los hombres, un futuro que la crisis hace cada vez más corto y decadente. Y si hoy la política no parece ya posible es porque de hecho el poder financiero ha secuestrado por completo la fe y el  futuro, el tiempo y la esperanza”.

De lo que se desprende que la condición para que la política sea posible, la democracia triunfe y se recuperen la fe, el futuro y la esperanza, es no dejando que el dinero y los señores del dinero gobiernen. Amanecerá y veremos.

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Anexo 1

Salarios: la subestimada variable clave de la economía venezolana

Luis Salas Rodríguez| El que los expertos no sean capaces de ver algo no significa que ese algo no exista. La demostración empírica de eso la estamos viendo con el caso del mesenterio, el “recién descubierto” órgano del cuerpo humano. Y lo ponemos entre comillas pues si bien es la última novedad de la anatomía humana, ya Leonardo da Vinci lo había mencionado. Es decir, pasó al menos 500 años desapercibido a los ojos de los expertos, aunque siempre estuvo allí, o peor aún, ninguneado como un simple pliegue que une la pared abdominal con el intestino

Algo similar puede decirse del salario a los ojos de los economistas convencionales. Siempre ha estado allí, al menos desde que el capitalismo es capitalismo. Pero su vital importancia para el funcionamiento de la economía es ignorada por quienes suelen privilegiar las ganancias y las rentas (beneficios del capital) por encima del mismo, ninguneándolo como un “costo” que se debe disminuir.

Habrá que esperar se avance en nuevos estudios para determinar qué dramas se causaron o pudieron haberse evitado, si la orgullosa medicina moderna hubiera sabido darle al mesenterio su verdadero estatus. Pero sobre los desastres causados por los economistas convencionales y empresarios/comerciantes al ningunear el salario sí existen amplios registros, tanto en el mundo como en nuestro país, siendo el que actualmente estamos viviendo el más reciente de todos.

El costo de considerar costo al salario: el aniquilamiento del mercado interno

En un artículo publicado en este mismo portal, el analista José Gregorio Piña demuestra que históricamente en nuestro país, los lapsos en los cuales el Ingreso Mínimo se incrementa y mantiene por encima del crecimiento del IPC, son aquellos de crecimiento real significativo de la economía, medido por el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). Y al contrario, la pendiente de incremento del PIB se aplana cuando se observan las caídas del poder adquisitivo real y, recíprocamente, aumenta la pendiente de incremento del IPC (INPC desde 2008).

De lo que se desprende que cuando a los asalariados y asalariadas de nuestro país les va mejor (es decir, cuando disminuye el desempleo, aumenta el empleo formal y mejoran las remuneraciones, tal y como ocurrió durante la década ganada de 2003 y principios de 2013), a la economía como un todo le va mejor. Y a la inversa, cuando a los asalariados y asalariadas de nuestro país les va mal, (bien porque aumenta el desempleo y la informalidad del mismo y/o porque se disparan los precios), a la economía como un todo le va mal, incluyendo a los empresarios y comerciantes, que al disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores, ven caer sus ventas y por tanto sus ganancias.

Y esto es justamente lo que demostramos en un estudio hecho a varias manos bajo la coordinación del equipo editorial de 15 y Último y el Centro de Estudios de Economía Política de la UBV, a publicarse en los próximos días bajo el título 2016: el año del sincericidio.

Veamos algunos datos preliminares del mismo. A comienzos del año 2013, para una familia promedio de cuatro (4) personas, el costo representado por el precio mensual de la Canasta Básica Alimentaria equivalía a cerca de un 13% de su ingreso mensual, tomando como referencia el Ingreso Mínimo Legal Familiar (salario mínimo nominal + beneficio de alimentación de dos adultos perceptores de ingreso). Para estas mismas fechas, y tras toda la campaña de desacato de precios contemplada en el ajuste de facto efectuado por los comerciantes y empresarios con el propósito de “sincerar” la economía, tomando como referencia los precios levantados por el mencionado estudio en establecimientos privados de los municipios Libertador y Sucre de Caracas (lo que no incluye precios CLAP ni Red Pública, pero tampoco bachaqueros ni demás vendedores ambulantes), esa misma familia, suponiendo consuma las mismas cantidades de alimentos por persona, necesitaría un ingreso familiar mensual 25% superior al actual.

Este simple dato, que metodológicamente en cuanto al tamaño de la muestra no calza para considerarse un representativo real del consumo de la familia venezolana, pero sí expresa cuál es su tendencia, nos indica varias cosas: en primer lugar, que en la gran mayoría de los hogares opera actualmente una profunda recomposición de su consumo, en la medida que las cantidades de alimentos consumidas forzosamente se han visto afectadas no solo por la no disponibilidad física de algunos, sino también por el elevado precio de lo disponible. Lo que implica que al subir la participación del gasto en alimentos, necesaria y lógicamente, disminuye el que se realizaba en otros rubros, particularmente los menos sensibles o más fácilmente prescindibles, como por ejemplo: textil y calzado o recreación. De tal suerte, y esto es lo tercero, es fácilmente demostrable que la hiperespeculación observada en los últimos años se ha convertido en el principal factor recesivo de la economía y no al revés: es decir, no se disparan los precios porque estamos en recesión, entramos en recesión y nos cuesta salir de ella principal y fundamentalmente por el nivel hiperespeculativo de precios.

Un dato que sirve para considerar lo anterior en mejor perspectiva y nos aclara lo último, es que en el caso de los productos cuyos precios están regulados y contemplados dentro de la mencionada canasta (12 de los 20), entre diciembre de 2012 y el 15 de diciembre de 2016, el ajuste de precio autorizado por el gobierno y publicado en gacetas oficiales ha sido de un 543%. No obstante, esos mismos productos, a los precios que en promedio encuentra el público en las redes privadas formales de abastecimiento, han sufrido un ajuste vía desacato –no decretado por el gobierno– (en el mismo lapso) de un astronómico 19.160%.

Un ejemplo paradigmático de lo anterior es la harina de maíz. A finales de 2012 tenía un precio de Bs. 6 el kilogramo. A principios de 2016 ya se ubicaba en Bs. 19. En marzo del mismo año se autorizó un aumento a Bs. 190, mil por ciento más, con lo cual, en comparación con 2012, se colocaba el kilogramo 3.104% por encima en precio. Pero a finales de 2016 se autorizó un nuevo aumento a Bs. 639, lo que supone que en el lapso contemplado sufrió un ajuste por la vía oficial de 10.550%, bastante más que la inflación registrada en el mismo período.

Sin embargo, al parecer no fue suficiente, pues en diciembre pasado por obra y gracia de los dueños de los establecimientos privados de la ciudad de Caracas, el kilo en promedio costaba Bs. 2.000, esto es 33.233% más que hace cuatro años atrás.

Ahora, lo cierto del caso es que como todas y todos las venezolanas y venezolanos somos testigos, esta serie de aumentos oficiales o extraoficiales no se han traducido en un aumento de la disponibilidad de la harina de maíz (de hecho, ha sido justo lo contrario: ahora se consigue menos). Pero en lo que sí se han traducido es en un aniquilamiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y por esa vía del más importante avance en materia económica logrado en la última década, como la conformación de un mercado interno dinamizado por la democratización del consumo. Y este aniquilamiento ya no solo afecta a los consumidores cuyo poder adquisitivo depende de su salario, al causar una violenta transferencia regresiva de ingresos desde estos hacia las ganancias y rentas de capital, sino que también ahora y cada vez más está afectando a los empresarios y comerciantes, de manera muy especial a los pequeños y medianos menos concentrados y sin posición dominante en las áreas claves de la producción y/o comercialización de bienes y servicios, dado lo cual acaban siendo víctimas de sus “hermanos de clase” monopólicos y oligopólicos, que sí lo están y mucho, y por tanto terminan desplazándolos.

Recuperar el mercado interno no es solo un problema de mayor producción y disponibilidad de bienes

El sentido común neoliberal que habita en la mayoría de las mentes de los analistas asegura que la recuperación de la economía pasa por recuperar la producción. Sin embargo, dicho “razonamiento” choca con la realidad olímpicamente ignorada de que no existe aumento de producción posible para un mercado sin poder adquisitivo. Lo que no deja de ser asombroso, pues esos mismos “analistas” son los que nos ilustran a toda hora con aquello de que los empresarios no producen a pérdida, es decir, si los precios regulados no les garantizan tasa de retorno. Pues bien, si esto es así: ¿no es más lógico aún que no van a producir productos adicionales para un mercado donde saben que no podrán colocarlos, pues la demanda está deprimida?

En un mercado como el nuestro actualmente, donde a la gran mayoría le alcanza apenas para comprar comida y pagar servicios, suponiendo que en una exhibición histórica de altruismo y sentido patrio los empresarios privados se pongan a producir y los comerciantes a vender mejorándose el abastecimiento, lo que puede ocurrir es que derivemos a una situación de anaqueles llenos, pero de productos que nadie pueda comprar, como de por sí ya pasa con algunos rubros, lo cual nos dejaría en una situación al menos tan mala como la que tenemos ahorita, no solo económica, sino también política. Y es que la disponibilidad de un bien no solo pasa porque esté en el anaquel, sino porque sea accesible a la población en la medida en que la relación precio-salario se lo permita.

En ese sentido, el aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro este domingo 8 de enero de 2017 se justifica sobremanera, pues apunta en la dirección de aumentar el poder adquisitivo para procurar el combustible necesario para que los famosos motores prendan y activen la economía. Sin embargo, la experiencia última nos demuestra ampliamente que sin medidas complementarias en materia de control de precios y de disponibilidad real de productos el mismo se diluirá rápidamente por la vía de la especulación en un escenario con una fuerte inercia especulativa. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que el aumento se produjo antes de la reunión con los empresarios, así como de posibles anuncios en materia cambiaria, por lo que muy probablemente estos soliciten nuevos ajustes de precios, como ya lo ha anunciado el presidente de Fedeindustria insistiendo en el mismo error que está ahogando por la vía del sub consumo al gremio que dice representar.

Como se ha planteado en anteriores ocasiones, para salir de manera justa y equitativa del escenario de puja distributiva que vivimos, además de un Estado lo suficientemente hábil con voluntad de colocarse del lado de la mayoría asalariada (que lo tenemos), pero con suficiente habilidad como para imponer reglas de juego claras y respetadas por todos los actores (que no siempre), se requiere hacer entender a los comerciantes y empresarios pequeños y medianos que al conspirar contra los asalariados-consumidores, terminan conspirando económicamente contra sí mismos, pues no solo está claro que la carrera especulativa en la cual se involucran finalmente la van a perder frente a los oligopolios y monopolios, sino que al correr contra el salario y ayudar a deprimirlo están deprimiendo la fuente sobre la cual se sostiene su actividad, en la medida en que sus bienes y servicios solo se pueden vender si hay salarios que puedan comprarlos. Pero lo que la mentalidad de pulpero que habita en muchos de ellos no les permite ver es precisamente eso: que pagar salarios pobres y “baratos” termina resultándoles más caro que pagar buenos salarios, que lo que se “ahorran” abaratando la mano de obra o subiendo los precios, lo padecen deprimiendo el consumo.

De lo que se desprende finalmente que para salir de una vez de esta situación urge avanzar más agresivamente en la democratización de la producción y la distribución con nuevos actores y sujetos productivos que tengan relaciones de producción distintas a las actualmente dominantes, que es lo único que en el mediano y largo plazo garantiza el equilibrio de la economía venezolana, no solo porque se diversifican las fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, sino además porque a través de dicha diversificación se hace contrapeso a los monopolios, oligopolios y especuladores con poder de fijación de precios en el mercado nacional.
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Anexo 2
Los controles de precios

Juan Carlos Valdez G.| Los controles de precios son tan antiguos como el comercio en las civilizaciones. El primer control de precios lo encontramos en el Código de Hammurabi, en el siglo II antes de Cristo. En cuanto al “control de precios” establecía, por ejemplo, lo que podía cobrar un médico según fuesen las enfermedades. De mismo modo establecía precios “máximos” para los productos de consumo ciudadano, fijando además el salario que debía cobrar un obrero, en general, peones de campo.

Según el antiguo testamento, también el pueblo de Israel estableció control de precios para las 12 Tribus de Israel. Siglos después, el Emperador Romano Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto estableció el “Edicto de Precios Máximos” o “Edictum De Pretiis Rerum Venalium”. Más tarde y durante la Revolución Francesa, la Convención Nacional Francesa establece la “Ley del maximun general” o “Loi du maximum général” de 1799, en particular para el precio del trigo para panificar.

Lo antiguo de esta medida nos dice que siempre ha habido la necesidad de controlar el afán de lucro de quienes, estando en una posición ventajosa, frente a la mayoría consumidora, por ser oferentes de bienes y servicios, pretenden a través del precio de sus productos apropiarse de los ingresos de sus congéneres. En este sentido podemos ver que en el fondo existe un problema ético en la aplicación de esa medida.

La economía nació como un desprendimiento de la moral y la ética; la profesión de economista es muy reciente. Las primeras reflexiones sobre temas económicos trataban de contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el precio justo? ¿Es justo cobrar interés por un crédito? ¿Es lícito el comercio? Las primeras reflexiones sobre economía no respondían a las preguntas: ¿Qué es un precio?, o ¿cómo se determina un precio? Lo que preocupaba a los primeros pensadores era la justicia. Los temas económicos eran una parte de largos tratados de justicia y ética. Más concretamente, el tema económico era: la justicia en los cambios.

Los temas de valor y precio fueron los primeros en llamar la atención de los filósofos morales. El precio justo y la usura (o cobro de interés) eran los más importantes en la vida cotidiana, por lo tanto no es sorprendente que hayan sido los primeros en ser abordados por estos pensadores. A medida que se trataba de dar una respuesta más refinada a qué es el “precio justo”, los pensadores se vieron forzados a contestar las preguntas: ¿Qué es y cómo se determina un precio?, y ¿por qué el precio de un bien sube o baja? Así, paulatinamente la teoría se fue introduciendo en el campo de la moral y la justicia. Luego, poco a poco la teoría económica fue creciendo hasta que solo daba respuesta a las relaciones de causa y efecto con independencia de los juicios morales. Si entendemos que la moral y la ética procuran un respeto y una convivencia pacífica entre los que cohabitamos este planeta, es alarmante cómo se puede separar de los valores éticos y morales la economía, sobre todo cuando esta tiene que ver directamente con  la satisfacción de las necesidades humanas; vale decir, con la calidad de vida y hasta con la existencia misma de las personas.

Retomando el tema específico del control de precios, los detractores de esta medida siempre han esgrimido dos argumentos:

1.- Que el control de precios puede hacer que los costos de producción superen el precio y que la actividad productiva termine generando pérdidas.

2.- Que el control de precios estimula el consumo y eso genera una escasez, y en consecuencia un mercado negro y una subida de precios.

En el primer caso, de darse el supuesto que se tome la medida sin el estudio previo de los costos de producción, pudiese, efectivamente, colocar al productor en una situación de pérdida; sin embargo, en la actualidad existen los suficientes conocimientos técnicos para calcular los costos de producción y respetar los márgenes de ganancia de los productores. De manera que es poco probable que este supuesto se materialice. En todo caso, de haberse materializado esta posibilidad, lo raro es que nunca ha salido un empresario afectado, demostrando cuál es su estructura de costos. Eso no ha ocurrido, porque dejarían al descubierto los precios especulativos.

En el segundo caso, se evidencian  los valores del capitalista-liberal. No es cierto que el control de precios estimule el consumo. El control de precios se implementa para frenar los precios abusivos. En todo caso, sirve para mantener el consumo. Si se permiten subidas de precios abusivos, cae la demanda por la imposibilidad de muchos consumidores de adquirir los bienes con precios elevados. Eso, en términos reales, se equipara a una escasez, con la diferencia de que el producto existe, solo que salió del alcance de la mayoría de los consumidores.

Decir que el control de precios genera mercados negros es un sofisma con el que se intenta satanizar el control. El control de precios genera mercados negros, tal como la ley penal crea delitos. Si no hubiese leyes que tipificaran determinadas conductas como delitos, no habrían delitos; entonces ¿hay que eliminar las leyes penales para que no hayan delitos? Ese es el razonamiento de quienes satanizan el control de precios, culpándolo de la existencia del mercado negro. Es impresionante cómo la conducta avara y, por avara, antisocial de algunos productores de bienes y servicios, es justificada por los teóricos del capitalismo-liberal. En ese momento nos damos cuenta de que el problema es ético.

Los elevados precios de los mercados negros no se dan más que por una máxima del capitalismo-liberal: ante una situación de escasez, los consumidores, movidos por la necesidad y amenazados por el miedo están dispuestos a pagar más por el producto que satisfaga su necesidad, y de eso se aprovecha el oferente avaro. Cuando se refiere a la economía, los liberales y neoliberales justifican cualquier conducta antisocial y, en consecuencia, atacan cualquier acción gubernamental que intente detenerla o regularla.
En Venezuela los detractores de los controles son aún más descarados que los propios liberales, porque ante la falta de argumentos válidos para atacar los controles que impone el gobierno, terminan diciendo: “Fíjense que los controles no han evitado que ocurra lo que se supone debían evitar”. Lo cual nos lleva a nosotros a decir: “Precisamente, porque no se ha controlado”.

*Publicado en 17yUltimo