Escuchar el dolor que hay en México

Luis Hernández Navarro|
“Definitivamente, no nos quieren indios, nos prefieren muertos”, soltó Anabella Carlón Flores. Y añadió: México tiene sólo leyes bonitas, pero no se aplican. Anabella es abogada de la tribu yaqui. Junto a su esposo, Isabel Lugo Molina, está al frente de la defensa legal de los habitantes de Loma de Bácum contra la construcción del gasoducto Aguaprieta por parte de la empresa Ienova Sempra Energy, que atraviesa el territorio de la tribu, entre los municipios de Guaymas y Cajeme, en el sur de Sonora.

El pasado 13 de diciembre los dos fueron secuestrados por un comando. Uno de los pistoleros les advirtió: ya párenle. A Anabella la arrojaron a un canal y la dejaron en libertad ese mismo día. Pero a Isabel lo retuvieron y golpearon durante siete días. Quedó muy lastimado.

Según Anabella, la búsqueda de su marido se agilizó desde que se tuvo contacto directo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Perseguidos, con las puertas legales cerradas, la abogada amagó con la posibilidad de que el pueblo yaqui de Loma de Bácum solicite asilo político a otro país, toda vez que el gobierno mexicano no brinda las condiciones de seguridad, ni las garantías de sobrevivencia que han pedido desde que se inició el conflicto por el paso del gasoducto.

La historia de Anabella e Isabel dista de ser una rareza. Por el contrario, forma parte de un patrón de conducta extendido en todo el país. Decenas de dirigentes indígenas que resisten al despojo de los territorios y recursos naturales de sus pueblos por parte de empresas han sido amenazados, hostigados y asesinados.

El Informe anual: Los caminos de la resistencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentado hace unos días en Chiapas, documenta fehacientemente cómo la industria minera extractiva y los megaproyectos en marcha despojan territorialmente a las comunidades en esa entidad. Son una invasión destructiva por parte de las empresas y del gobierno contra los pueblos originarios de la entidad, que viven bajo constante amenaza.

Este expolio tiene en el racismo y la discriminación una de sus más poderosas envolturas ideológicas. A finales de noviembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a la activista de derechos humanos María Rosalinda Guadalajara, de 28 años y gobernadora tarahumara en la ciudad, le impidieron entrar al Club Kentucky, que presume de ser el lugar en el que se inventó el coctel Margarita. El establecimiento pretextó primero que la indígena traía huaraches y podía sufrir un resbalón, y después que no podía pedir dinero adentro.

No es el único lugar donde esto sucede en Juárez. En almacenes como Soriana y Walmart prohíben el ingreso de rarámuris, con el pretexto de que limosnean o roban.

Es tan grave la discriminación y el racismo que viven los pueblos originarios en todo el país, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó abordar el caso de los pueblos indígenas en Yucatán.

Su principal argumento fue que el modelo de desarrollo que actualmente se impulsa en la península, basado en monocultivos convencionales y transgénicos, así como en el desarrollo de megaproyectos de energía solar y eólica, está violando los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas y comenzando a generar daños graves e irreparables al medio ambiente, al tejido social y a la salud humana.

La CIDH recibió, en el último periodo de sesiones celebrado en Panamá, cerca de 300 solicitudes de audiencias temáticas. Sólo aceptó 30, cuatro de ellas de México.

Es en este contexto, en el que cerca de 3 mil delegados del Congreso Nacional Indígena (CNI) acordaron este 1º de enero que es el momento de que la dignidad gobierne, y su decisión de cerrar filas y pasar a la ofensiva, en una nueva etapa de lucha, para reconstituirse ya no sólo como pueblo, sino como nación. Es el momento de los pueblos de pasar a la ofensiva. Vamos por todo, advirtieron.

El acuerdo tiene el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tal vez sea la última oportunidad de que estos suelos no desaparezcan entre tanta muerte. Hay que escuchar el dolor que hay en México, señaló el subcomandante Moisés.

El nuevo salto en la estrategia indígena tiene como eje central la creación de un Concejo (con C) de Gobierno Indígena (CGI), como representante de los pueblos y las tribus del país. La voz del Concejo será una mujer indígena que ha acompañado a los pueblos en su lucha, que será postulada como candidata a la presidencia. Una candidata que, a pesar de estar en la boleta de 2018, se diferenciará por ser la palabra colectiva de abajo y a la izquierda.

Para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables como la represión a Anabella Carlón Flores y a Isabel Lugo Molina; para que los futuros informes de derechos humanos del Frayba y de tantos otros centros defensores no tengan que dedicar abultados capítulos al despojo y la explotación de los pueblos originarios; para que sucesos tan bochornosos como el que vivió María Rosalina Guadalajara no se produzcan más en ninguna otra parte del país; para que la CIDH no deba abordar situaciones tan desconsoladoras como los provocados a las comunidades de la península de Yucatán por los proyectos de desarrollo etnocidas; para que ninguno de estos dolores y muchos otros parecidos a ellos se vuelvan a repetir, el CNI exclamó este 1º de enero un nuevo ¡Ya Basta!

Ese ¡Ya Basta! es un orgulloso heredero del proclamado el 1º de enero de 1994 por el EZLN. Y, como aquél, será un viento fresco que sacudirá el enrarecido clima de la política nacional.

*Publicado en La Jornada