La política argentina, atravesada por el duro ajuste
Juan Guahán-Question Latinoamérica|
Ya no quedan dudas que la política local tiene una problemática central, el ajuste, de la cual derivan las demás. La “herencia” que va trascendiendo y la corrupción existente en el gobierno anterior prueban que la población aceptaba tales desvaríos mientras se mantenía o mejoraba el consumo.
Un viejo “filósofo”, que solía vestir traje de “General” (Juan Domingo Perón) y fue tres veces electo Presidente, solía decir que “la víscera más sensible es el bolsillo”. La gran genialidad de Cristina (Fernández xe Kirchner) consistió en mantener, en sus grandes líneas, el nivel de consumo hasta el último día de su gobierno. Eso, más allá que pueda ser cuestionado -por sus efectos futuros- por periodistas, economistas y documentos de la Iglesia, es una verdad que está instalada en el alma colectiva y será reivindicado por buena parte de la población por un largo tiempo.
Es por eso que el gobierno de Mauricio Macri buscó instalar otras variantes para que el sistema mediático pose sobre ellas la mirada que luego sería trasmitida a los millones. Esos ejes eran: La corrupción y la escasa disposición al diálogo, junto a una débil valoración de las “instituciones republicanas”, por parte del gobierno anterior.
Sin embargo sus resultados son bastante moderados. Las causas por las cuales ello no está logrando el efecto deseado tiene dos principales aristas o razones. Una tiene que ver con que la situación económica de los argentinos que se fue deteriorando seriamente y ello no ayudaba a darle mayor importancia a los otros aspectos del discurso oficial.
El otro motivo de la debilidad de esas propuestas del gobierno tiene que ver con el hecho que el Presidente dinamitara las bases de su propio discurso. Mientras proclamaba el republicanismo y la división de poderes intentaba designar a miembros de la Corte Suprema mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Eso fue un mazazo al corazón de su argumentación sobre la anterior falta de respeto a la institucionalidad. Algo parecido o aún más grave ocurrió con las cuestiones de la trasparencia y corrupción.
La publicación de los “Papeles de Panamá”, con la existencia de empresas en la que el Presidente figuraba, junto al posterior reconocimiento a la existencia de fondos en cuentas del exterior, fue otro golpe difícil de asimilar. Esos hechos no salvan la responsabilidad de los funcionarios del gobierno anterior, pero sí entierran la perspectiva que la ciudadanía crea en la “pureza” del nuevo elenco gobernante.
Hechos posteriores, como las posibles incompatibilidades de varios funcionarios por sus cargos actuales y lo que antes tenían en empresas privadas, se agregan a esta lista. Hay 22 funcionarios sujetos a “investigación” por esta situación. Ni hablar de “negocios” difíciles de explicar como los que hace el ex funcionario de la Shell y actual Ministro de Energía, con la empresa de la que era un Ejecutivo y ahora sigue siendo un socio. Todo ello hace que la relación entre la mayoría del pueblo y el gobierno tenga solamente al ajuste como principal cuestión.
El gobierno está metido en un berenjenal del cual no encuentra la forma de salir.
Una de las cuestiones que lo preocupa es el tema de la Justicia. Tanto “batió el parche” de su autonomía que ahora se encuentra ante múltiples problemas. Ellos abarcan los más diversos aspectos. Aquí vamos a señalar cuatro cuestiones que atañen a la Justicia y tienen a mal traer al gobierno: La integración de la Corte Suprema; los jueces y el Papa Francisco; el qué hacer con Cristina y la corrupción; la Justicia y los tarifazos.
Integración de la corte suprema:
Le va a costar mucho dinero -en transferencias a las provincias- y otras varias concesiones, el feriado del lunes 17 es una de ellas, la aprobación de los pliegos que ahora pastorean en el Senado. Incluso no tiene garantía que sus dos candidatos logren salvar esa valla. Horacio Rosatti tiene mejores posibilidades que su colega Carlos Rosenkrantz para alcanzar ese objetivo. Seguramente el gobierno también tendrá que negociar la ampliación del Supremo Tribunal y acordar algunos nombres o pautas para llenar esos casilleros.
Los jueces y el papa Francisco
Lo último que el gobierno esperaba era tener que lidiar cuestiones judiciales con el mismísimo Papa Francisco. El macrismo suponía que ésa era un área de su exclusiva incumbencia. Pero no… Ahora hay otro protagonista metido en el medio. De ese modo los instrumentos con los que cuenta el Ejecutivo no se pierden pero reducen su influencia. Para colmo de males las dos relaciones más significativas que Bergoglio privilegió –en una reciente visita a Roma- tienen que ver con dos personalidades claves, estos momentos, Ricardo Lorenzetti, Presidente del Supremo Tribunal y Sebastián Casanello. Este último –un juez muy apreciado por el kircherismo en tiempos recientes- no solo ocupó en ese universo el rol del devaluado Norberto Oyarbide, sino que tiene en su despacho las causas más resonantes, entre ellas algunas algunas que involucran a Cristina y Mauricio.
¿Qué hacer con la corrupción?
El gobierno sabe que tiene que dar señales que está dispuesto a sancionar a los corruptos de la gestión anterior. Pero también sabe que si la Justicia avanza demasiado es posible que el barro deje algo más que salpicaduras sobre los trajes de integrantes de la actual administración. En la punta del iceberg de este “problemón”, los “talibanes” de un lado la quieren a Cristina presa; los de la otra vereda suponen que si la Justicia se pone los pantalones largos puede producir acusaciones ellas aportarían elementos más que suficientes para que un juicio político al Presidente empareje las cargas.
La justicia y los tarifazos
El tema de la “suspensión” a los tarifazos que la Justicia viene produciendo preocupa al gobierno por la perspectiva que el dinero que debería entrar a las empresas, reduciendo los subsidios estatales, se va a posterga al menos por un tiempo. En este marco el gobierno paga por los efectos sociales y políticos de su decisión pero no recibe el beneficio económico de tal medida.
Hay una avalancha de reclamos, amparos y variados recursos judiciales que están dificultando los cobros de las nuevas tarifas. Es muy posible que rápidamente este tema recale en la Corte Suprema. Ése será un buen momento para ver el estado de las relaciones de Lorenzetti y el Ejecutivo que preside con Macri. Un fallo en contra tiraría abajo buena parte de la estrategia económica y no parece que sea lo más esperable, pero la Justicia tampoco le va a “regalar” gratuitamente un fallo que al gobierno le resulta imprescindible y a la Corte muy costoso.