La política de tierras en Colombia es un monstruo más terrorífico que el del extractivismo minero-energético

Fernando Arellano Ortiz–Observatorio Sociopolítico Latinoamericano|

La sostenibilidad de la paz en Colombia dependerá de que haya un cambio sustancial en el modelo económico del país que desde la década de los años 90 está sustentado en una profunda concepción neoliberal que se traduce en la entrega de buena parte del territorio nacional a las transnacionales para explotar recursos naturales no renovables con graves afectaciones medioambientales y socioeconómicas para las comunidades.

Si no hay un cambio de enfoque lo que se viene para Colombia es “un posconflicto con mucha violencia”, habida cuenta que la imposición de este modelo económico que tiene como sustento jurídico y político el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, prevé que sigan llegando multinacionales a explotar recursos naturales y a apropiarse de amplias extensiones de tierra, lo cual va a generar una serie de choques y confrontaciones en las regiones, pues se seguirá imponiendo “una forma de control territorial”. A esta conclusión llegan los investigadores sociales Gloria Holguín Reyes y Santiago Piñeros Durán, quienes hacen parte del equipo interdisciplinario que elaboró el documentado Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Colombia (http://bit.ly/1nNkqfi), auspiciado y editado en diciembre de 2015 por la organización Pensamiento y Acción Social (PAS) y el Grupo de Trabajo Suizo-Colombia (ASK).

Este informe se concentra en denunciar, utilizando fuentes públicas y oficiales del Estado colombiano, lo que una transnacional como Glencore, cuya casa matriz está en Suiza, viene impactando negativamente con su actividad carbonífera en el departamento del Cesar, situado en la zona noreste del país, en aspectos como medio ambiente, derechos humanos, laborales, tributarios y reasentamientos involuntarios.

“Lo denominamos informe sombra porque se trata de un informe alterno al que presenta la empresa desde 2010. Lo que hicimos fue tomar los mismos aspectos sobre los que ellos informan y evaluar fuentes oficiales de manera detallada para identificar graves impactos de la actividad de la empresa que no son reportados por ellos en sus informes y que afectan a las comunidades y traen pérdidas al país en su conjunto. Además, porque nos dimos cuenta que Glencore es una empresa que opera en la sombra, casi nadie sabe, o sabía, quién es o qué hace aunque lleva 20 años en Colombia”, explica Santiago Piñeros.

Las comunidades que habitan los territorios donde Glencore realiza su actividad de explotación carbonífera han venido siendo gravemente afectadas, lo que constituye un ejemplo contundente de la manera cómo las transnacionales minero-energéticas en este caso, están fracturando a las poblaciones desde el punto de vista social y ambiental.

La investigación da cuenta además de hallazgos tan relevantes sobre los impactos de la extracción de carbón que hace Glencore en el centro del Cesar tales como la suscripción de acuerdos secretos con el Ministerio de Defensa, entre 2007 y 2013, por un monto promedio de 250.000 dólares para construir un batallón ubicado dentro de una mina, que por ese mismo tiempo estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales. El informe también identifica la implementación por parte de Glencore de prácticas de contratación que promueven la discriminación y la desigualdad, el incumplimiento en las órdenes de reasentar a las comunidades afectadas, la producción de contaminación del aire por encima de los niveles permitidos, el contagio de ríos y la desviación de sus cauces, daños ambientales no cuantificados e irreversibles, y cuantiosas sanciones tributarias por dilaciones y maniobras tributarias que afectan el fisco en Colombia. Se denuncia, igualmente que entre 2007 y 2010, Glencore ha recibido diez sanciones por parte de la autoridad ambiental por un valor de 1.5 millones de dólares.

Para analizar los alcances de este minucioso informe y hacer un ejercicio de prospectiva sobre la incidencia que tiene la presencia malsana del capital transnacional en Colombia, sobre todo en un momento histórico, cuando se está ad portas de concretar acuerdos de paz con el principal grupo insurgente como las Farc, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, invitó a dialogar a Holguín Reyes y Piñeros Durán, quienes hacen una inquietante lectura de la compleja y conflictiva realidad de este país andino que no ha logrado superar su confrontación interna que se prolonga por seis décadas y que ha generado una sociedad desestructurada.

Las afectaciones de Glencore en Colombia

– ¿Qué es PAS y que motivó la elaboración del informe?

– Gloria Holguín Reyes (GHR): Pensamiento y Acción Social (PAS) es una ONG colombiana que busca contribuir a la construcción de una paz justa y sostenible y al goce efectivo de los derechos humanos en conjunto con los sujetos sociales colectivos. Es una organización integrada por personas nacionales y extranjeras que, desde comienzos de la década del 2000, viene desarrollando propuestas y acciones estratégicas, en alianza con socios y aliados, a través de sus tres líneas de trabajo: Construcción de Paz, Seguridad y Protección y Territorios y Derechos Humanos. A finales del 2010, cuando las comunidades hacen visibles las violaciones a sus derechos fundamentales y afectaciones a sus territorios por parte de las empresas del sector extractivo en los territorios, las comunidades empiezan a manifestarnos su preocupación. Es así como desde PAS se identifica la necesidad de trabajar sobre el modelo extractivista que se encuentra en implementación en el país, ya que los conflictos socio-ambientales que se están generando en los territorios deben abordarse si realmente queremos una paz sostenible y con garantía de derechos en Colombia. Para ese momento, en 2010, nuestro aliado el grupo de trabajo Suiza-Colombia, nos propone hacer una investigación sobre las operaciones de Glencore en Colombia. Nosotros vimos esa alianza una oportunidad para crear otra línea de trabajo en PAS que es el de Territorios y Derechos Humanos. Esta nueva línea entonces tiene como objetivo desarrollar estrategias integrales para la garantía de derechos y responsabilidad corporativa en contextos de conflictos socio ambientales y de conflicto armado en los territorios acompañando a las comunidades y fortaleciendo sus capacidades para la permanencia en el territorio con garantía de derechos. No creemos que pueda haber una paz sostenible, duradera y con garantías de derechos en Colombia si no se resuelven los conflictos socio-ambientales que se están generando en los territorios a partir de la actividad extractiva.

– ¿Tras la publicación de su documentado informe han tenido algún tipo de reacción o amenazas por parte del establecimiento colombiano o por la propia Glencore?

– GHR: Nosotros no hemos recibido amenazas directamente, creemos por la estrategia que adoptamos de blindaje jurídico e institucional en la creación del informe. Además contamos con un gran apoyo tanto de las comunidades con las que trabajamos, como de instituciones internacionales que están pendientes del proceso.

– Ustedes incorporaron en su informe la visión de Glencore y para ello debieron presentarle previamente a los directivos de esta trasnacional la investigación. ¿Cuál fue la respuesta de Glencore?

– GHR: Bueno, esa es la otra medida que nosotros tomamos. Decidimos que para protegernos no solo de amenazas sino también de demandas, porque esa es la modalidad, una vez terminado el informe se lo enviamos al presidente de Glencore en Suiza y le pedimos una respuesta formal para publicarla con el informe, la cual de hecho aparece como anexo. En su respuesta Glencore busca desmentir todas nuestras inquietudes. A grandes rasgos nos dan una respuesta de 14 páginas, que generalmente no es normal. A las ONGs siempre les responden que las van a demandar y ya está, a nosotros nos dieron una respuesta tomando punto por punto del informe y lo que dicen es que todas nuestras fuentes efectivamente son oficiales pero que las malinterpretamos.

– ¿Por qué consideran ustedes que les respondieron tan abundantemente con 14 páginas?

– GHR: Porque todas las fuentes son oficiales. No son propias, son del gobierno colombiano: el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Sociedades, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Trabajo. Tal vez eso dejo una fuerte preocupación en la casa matriz.

– Santiago Piñeros Durán (SPD): En algún momento pensaron que nosotros podríamos cambiar nuestra versión de informe. Eso no era una opción para nosotros ya que lo que nos interesaba de alguna forma era visibilizar las dos versiones: la nuestra y la de la empresa, lo que entendemos como parte de la confrontación respetuosa de opiniones diferentes. Automáticamente el presidente de Glencore mandó una delegación a Colombia.

– ¿El propio Ivan Glasenberg, presidente de Glencore, envió directamente desde Suiza a Bogotá una delegación para verificar su informe?

SPD: Sí, vinieron dos delegaciones: una primera delegación para redactar la respuesta a nuestro informe y otra delegación presidida por Glasenberg en marzo de 2015 a verificar las denuncias del informe. Lo que suponemos pasó al interior de Glencore acá en Colombia fue que llegó el jefe máximo diciendo qué es esto, ¿por qué nadie me había avisado de esto? Trajeron sus abogados, redactaron la respuesta, nos la enviaron y nos dicen: por favor no publiquen. Nosotros contestamos que no nos íbamos a retractar de lo dicho en el informe. Les reiteramos que íbamos a publicarlo contraponiendo nuestra visión con la de ellos para que quien lo lea saque su propia conclusión. Esto generó que hicieran lo que ellos llamaron una misión de verificación a Colombia con los altos ejecutivos de Glencore, en la que él mismo Iván Glasenberg en persona vino con un grupo de ciudadanos suizos a reunirse con nosotros y las comunidades afectadas. Nunca habíamos visto tantos altos ejecutivos de una transnacional juntos.

– ¿Cuál fue el resultado de la reunión entre ustedes y Glasenberg con todo su staff en Bogotá?

– GHR: Hubo todo un debate porque nosotros les dijimos que no queríamos discutir el libro en Colombia porque no tenemos garantías de seguridad, sin embargo estábamos dispuestos a discutirlo en Suiza. Ante esta respuesta ellos igual hacen la misión y dicen vamos con o sin ustedes entonces nosotros decidimos acompañar la misión. Tuvimos todo un día de discusión en Bogotá donde se habló de los asuntos ambientales y laborales del informe.

– ¿Ustedes consideraban que no tenían garantías para abordar la discusión con los representantes de Glencore?

– SPD: Es de conocimiento público que la defensa de derechos es una de las labores más peligrosas del mundo. El último informe de la FIDH señala que los defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente son blancos de distintos ataques con los que se busca silenciarles, castigarles, y dañar su reputación para obstruir su labor, pues enfrentan actores muy poderosos, entre ellos grandes empresas y gobiernos. En 2014 más de 100 defensores de derechos medioambientales fueron asesinados y otro tanto criminalizados. Ante esta situación, creemos que mantener un diálogo con la empresa en Colombia eleva nuestros niveles de riesgo, sin que con ello estemos señalando que la empresa Glencore ha hecho algún tipo de amenaza en contra nuestra. Es simplemente una medida preventiva, pues en Colombia el riesgo de una agresión física o una acción penal en contra nuestra es real.

– ¿Y dónde se reunieron finalmente?

– SPD: En el Hotel Marriott de la calle 26. A esa reunión llegó la Viceministra Minas y Energía. Nosotros les dijimos: vamos a sentarnos a discutir las condiciones del diálogo que podemos tener de ahora en adelante.

– ¿El hecho de que llegara la Viceministra de Minas era garantía de imparcialidad, o por el contrario, estaba parcializada a favor de los intereses de la transnacional?

– SPD: La viceministra tiene un mandato de la Presidencia de la República dirigido a incentivar la minería e inversión extranjera en el país, pero no se presentó ningún elemento de fondo.

– ¿Y de PAS cuántas personas fueron a la reunión?

– GHR: De PAS estaban los dos abogados, pero con nosotros estaban también dos colegas del ASK. Por el lado de Glencore serían unas veinte personas, entre presidentes de una cantidad de divisiones de la empresa, más todo el equipo de abogados colombianos dedicados al tema laboral, al tema financiero, tres dedicados al tema ambiental. La discusión empezó expresando básicamente lo que muestra el informe: como una cosa dice la empresa y otra muy distinta lo que se registra en los expedientes de las autoridades colombianas. También en la reunión estuvo un grupo de ciudadanos suizos que estaba preocupado por lo que hace Glencore en otros países. Es que en 2014 fue el primer año en que Ivan Glasenberg pagaba impuestos a su cantón y los ciudadanos que se organizaron le dijeron que ellos iban a recibir solo la mitad de los impuestos que cancelaría porque la otra mitad la iban a destinar a trabajar con las comunidades impactadas por Glencore en el mundo.

– ¿Ustedes han enviado este informe a la mesa de negociaciones de paz de La Habana? ¿Consideran que este informe sería importante que se conociera en ese escenario?

– GHR: Nosotros respaldamos los diálogos en La Habana, somos partidarios de firmar el fin del conflicto armado con las guerrillas; institucionalmente estamos comprometidos con ello. Pero hay una realidad y es que el modelo minero energético no se está discutiendo ahí. Ahora en relación a como se enlaza nuestro informe con estos diálogos de paz, si uno toma lo de los convenios de cooperación entre la empresa y las fuerzas militares por ejemplo, lo puede enmarcar en violaciones a derechos humanos y debería ser considerado dentro de la justicia transicional. Pensamos que el informe tal vez contribuya más a pensar los escenarios de pos conflicto. Sí sería bueno hacerlo llegar para que vayan teniendo el panorama de lo que se viene. El gobierno no quiere discutir el modelo económico en la mesa de La Habana, y no sabemos que tanto lo vaya a querer discutir en una posible mesa con el ELN. Además de las partes en la mesa de negociación, nos parece muy importante que lo conozca la opinión pública, la academia, ONG y por supuesto las comunidades que están siendo y pueden resultar afectadas por estas prácticas.

– Cuando afirmas que ojalá este informe lo conocieran en La Habana para que se tenga muy claro que es lo que se viene, me asalta el interrogante. ¿Qué es lo que se viene?

– GHR: Nosotros vemos que va a aumentar la violencia y criminalización de defensores y defensoras de derechos, del territorio y del medio ambiente. Pero también vemos que se vendrá la imposición de este modelo económico de manera más fuerte, porque básicamente con el Plan Nacional de Desarrollo ya todo está previsto para que en Colombia lo que siga pasando es el aumento en la explotación de recursos naturales no renovables que implica más multinacionales en los territorios y ahí va a ver un choque, un conflicto con esta idea de restitución de tierras a las víctimas, por ejemplo.

– SPD: Para nosotros el modelo económico es también una forma de control territorial.

– Control territorial par parte de las transnacionales…

– SPD: De las empresas con la ayuda del Estado. Aquí ese control territorial se ha alimentado históricamente y se ha aprovechado. Se puede observar en varias zonas del país donde las transnacionales tienen un control de las zonas en conflicto. El hecho de que las Farc se vayan a desmovilizar, en nuestra opinión, va a generar una crisis de control territorial. Por un lado está la posibilidad de cesación de conflicto armado, entrega de armas y todo esto, y por otro, el ‘desarrollo’ tiene que seguir y para ello hay que controlar el territorio.

– GHR: Además que si uno piensa que parte de la raíz del conflicto armado en Colombia tiene que ver con la división y el control territorial y desaparecen los actores armados, uno podría decir, bueno, hagamos la reforma y que se discuta y concierte con las comunidades y organizaciones sociales un nuevo reordenamiento del territorio que permita la implementación de los acuerdos y la construcción territorial de la paz. Pero con este modelo lo que está pasando es que la tierra sigue siendo acaparada por unos pocos, en este caso por las transnacionales. Esto además sin entrar a pensar en el ejército anti restitución y los opositores de la paz, que también ejercen mecanismos violentos para garantizar el control territorial.

– O sea, en los siglos XIX y XX Colombia ha enfrentado prácticamente su conflicto en torno de la posesión territorial. En una época eran los gamonales, los terratenientes, los narcotraficantes. ¿Hoy la nueva modalidad de control territorial son las transnacionales?

– GHR: Las concesiones mineras son cantidades de extensiones de tierras muy grandes donde el uso del suelo se destina para la explotación de recursos naturales. Tiene una ventaja estratégica muy grande y es que todo el marco legal y la política económica del Estado colombiano dice que esto es lo que toca hacer.

– ¿Esto es una acumulación por desposesión, para utilizar los términos del geógrafo inglés David Harvey?

– SPD: Totalmente. Y peor aún, no es la única. Vienen más, nuevas formas… Como por ejemplo la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Estratégico (ZIDRES). Esa es una forma muy concreta de control de la tierra. Casi es una legalización de los abusos que se le ha dado al manejo de la tierra en varias zonas del país durante los últimos años. Y es además la contradicción total al acuerdo agrario de La Habana ya que las ZIDRES reconfiguran el régimen de baldíos y modifican el ejercicio del derecho a la propiedad, dejando en manos de particulares el deber constitucional de la reforma agraria y la democratización de la tierra, entre otros aspectos. Son cosas que se enlazan como si fueran un bloque. Se engranan. O sea lo que engrana agroindustria, apropiación de la tierra, contaminación del medio ambiente, que va a tener un impacto directo en las comunidades. Esto es el modelo pero otra cara igual o más terrorífico que el de la minería, es un monstruo más grande.

– Es el capital transnacional básicamente generando violencia. ¿Es decir, en esas condiciones y en ese contexto socioeconómico colombiano, no se puede ser optimista con el posacuerdo?

– SPD: Sería interesante pensar cuál será el papel de las empresas en el posconflicto. Por ahí es por donde podemos empezar. Además de todas las otras cosas, porque esta actividad que tiene visos de legalidad es ilegal en muchas ocasiones. Por ejemplo hoy en día, las empresas y el gobierno están trabajando en el Plan de Nacional de Acción para la política pública de empresas y derechos humanos. Esta política está encaminada en atender las necesidades de las empresas, pero no las necesidades de garantizar derechos de las víctimas y de las poblaciones donde se esperan implementar grandes proyectos mineros y agroindustriales.

– GHR: En el libro hay un capitulo que es de reasentamiento involuntario. Resulta que en el 2010, el Ministerio del Medio Ambiente, por primera vez en la historia Colombia, ordena un reasentamiento involuntario de tres poblaciones por contaminación ambiental. O sea, los niveles de contaminación de aire permitidos legalmente sobrepasaron y eso pone en posible riesgo la salud humana, por esa razón el Ministerio del Medio Ambiente ordena a las empresas de carbón en la zona mover a tres poblaciones, reubicarlas. Eso en idioma sencillo quiere decir que son los tres primeros desplazamientos forzados por contaminación ambiental.

– Por parte del mismo Estado…

– GHR: Sí, del mismo Estado, y eso es una cosa fundamental porque para el posconflicto cuánta tierra hay que devolverle a cuántos. Entonces estamos hablando de un posconflicto donde ha habido una Ley de Víctimas, una Ley de Justicia y Paz, donde se supone que hay que devolverle tierra a más o menos 6 millones de desplazados del conflicto armado. Y muchas de esas tierras que hay que devolverle a desplazados por el conflicto están ocupadas por proyectos de desarrollo, sea carbón, sea agroindustria, sea petróleo, o están en manos de narcotraficantes. Ahora, dónde vamos a meter a esa gente y qué vamos a hacer si empezamos a desplazar a otras comunidades ya no por conflicto armado sino por contaminación. Y estos son los primeros desplazados por contaminación ambiental

– El capital no tiene alma, ni corazón, ni patria, sin embargo cabría esperar cierto grado de corresponsabilidad, ciertas sensibilidades de las empresas europeas compradoras de carbón, en este caso que sean conscientes a través de este tipo de informes, del impacto en violación de derechos humanos por parte de Glencore en el departamento del Cesar. ¿O esa sensibilidad empresarial no existe y es puro cuento?

– GHR: Parte de la labor de las comunidades y las ONGs que trabajamos alrededor en este tema ha sido hacer incidencia política no solo frente a nuestros aliados sino ante los compradores. En Alemania y en Suiza, sensibilizando y ofreciendo información y análisis a los compradores de carbón por este tipo de asuntos. Es hacerle entender a los ciudadanos de estos países que ese carbón que ellos compran está vulnerando derechos, y ahí empieza a haber una presión de la industria energética en Europa a la industria del carbón en Colombia. Sin embargo están los gobiernos que van detrás a seguir apoyando esa industria.

Imposición global del modelo neoliberal de desposesión

– ¿Por qué el gobierno colombiano es reacio a discutir el modelo? ¿Es una imposición global, es una imposición del neoliberalismo?

– SPD: El gobierno colombiano se empecina en que es su modelo y no lo discute con nadie, además porque los bancos lo apoyan y otros gobiernos también, y si va a haber un tratado que vincule empresas con derechos humanos, Colombia dice no.

– GHR: Esa posición obedece a políticas que vienen de los esquemas internacionales que se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial y se han seguido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Naciones Unidas y muchas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE, a la que Colombia quiere pertenecer, que son las instituciones que dictan políticas de desarrollo para el mundo conjuntamente con los países ricos y bajo la coartada de “ayudar” a los países pobres crean los ministerios de cooperación. Como los países pobres necesitan plata el Banco Mundial le dice yo les prestó pero para ello ustedes tienen que hacer unos ajustes en su política económica y todo ese marco internacional es el que se genera a nivel global, porque no es solo Colombia sino es toda América Latina, en toda África, en toda Asia; hay una política que dice la inversión extranjera es lo que va a traer los recursos para que los países pobres se desarrollen. Con nuestro informe se puede ver que no es cierto porque ni la plata queda, ni los trabajadores quedan, ni nada queda.

– ¿El informe ha generado alguna reacción por parte de alguna agencia del Estado colombiano, algún ministerio, algún alto funcionario? ¿O el gobierno colombiano ha hecho mutis por el foro frente al informe?

– SPD: El que ha reaccionado es el Ministerio de Minas. ¿Si en favor o en contra? En contra, defendiendo a Glencore. El Ministerio del Ambiente está totalmente silenciado con este tema, no quiere saber nada, este informe es una papa caliente para ellos porque son evidentes las grandes omisiones del Estado. Ahí sus responsabilidades son directas y por eso han preferido quedarse callados.

– GHR: Las reacciones que hemos visto más palpables son la gira organizada por la Viceministra de Minas con el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y con el asesor jurídico de la ANLA junto con las tres transnacionales más grandes de Colombia que son Cerrejón, Drummond y Glencore a Europa. En esta delegación incluyeron al fiscal del Sindicato que es fuente en nuestro informe y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad a la que acompañamos. En esa gira lo que vimos es que ellos buscan desmentir todas las denuncias que hacemos en el informe. En ello el alto consejero presidencial jugó un rol importante pues cogía los mapas de Colombia y decía: en estas zonas es el conflicto armado y en estas zonas es la inversión, no tiene que ver lo uno con lo otro, estamos haciendo grandes avances en reparar las víctimas y ya los paramilitares no existen, y no tiene nada que ver la industria con el conflicto armado. Por su parte, la viceministra ponía la cara a los gobiernos de Alemania y Holanda diciéndoles que la inversión tiene que seguir y que ellos tienen a todo el apoyo del gobierno colombiano para demostrar que la industria no está violentando derechos humanos sino que, por el contrario, está contribuyendo al desarrollo del país y a la construcción de paz.