Ana Rodríguez asumió la titularidad del ministerio de Cultura y Patrimonio en Ecuador el 3 de marzo de 2016, sucediendo a Guillaume Long, quien es el nuevo titular del ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Rodríguez ejercía el cargo de vice ministra y su designación refleja el interés del presidente Rafael Correa en promover la continuidad de las políticas públicas en materia de cultura.

Rodríguez es licenciada en Estética y Ciencias del Arte y realizó la maestría de Artes Plásticas y Filosofía Estética en la Universidad de Paris I – Pantheón –Sorbonne; y cursó la maestría de Estudios Culturales de la Universidad Andina del Ecuador. De un fuerte perfil técnico y teórico, su trabajo fue esencial para que en menos de un año la gestión de cultura pudiera avanzar en la reformulación del Sistema Nacional de Cultura (SNC) de acuerdo a los lineamientos indicados por la presidencia en relación a la racionalización y modernización del Estado, tanto como en la confección del proyecto de ley de las Culturas que debería ser votado por la Asamblea Nacional en 2016.

Conversamos con Ana Rodríguez a propósito del SNC, la nueva Ley de Culturas, las políticas de fomento y la nueva concepción del Patrimonio Cultural que han desarrollado en el año que llevan de gestión en el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

-¿Cuál es la situación del trabajo que vienen haciendo en relación con el sistema nacional de cultura sobre el que ha tenido mucha participación como vice ministra?

-El Sistema Nacional de Cultura se nombra en el art. 377 de la Constitución. En él se lo menciona y describe sus componentes principales: la memoria, el patrimonio, la creación, el arte, el espacio público. El SNC es esencial para la promoción de la unidad nacional en la diversidad.

Lo que hemos tenido hasta hoy no se ha construido como una estructura sistémica. Es una suma de instituciones, de normativas, de procesos, que en distintos períodos y de modos más o menos desordenados en función de distintas voluntades políticas, han ido configurando una institucionalidad de cultura. No se ha trabajado desde el Estado en reglamentar el sistema. Es un conjunto de nombres y componentes, funciones, objetivos, metas y procesos que no constituye un sistema.

Lo primero que hicimos cuando llegamos con Guillaume fue tratar de entender lo que está pasando en este momento y que había pasado en los últimos años. Teníamos que entender qué competencias se estaban ejerciendo y cuáles no, desde que lugares se lo hacía y con que marcos normativos e institucionales. Las competencias que el Estado te permite, rectoría, regulación, control, planificación, ejecución y evaluación, estaban dispersas por todas partes y no se ejercían de una manera mínimamente organizada.

Nos encontramos con una suma de instituciones adscriptas. Podemos nombrar el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con 40 años de un trabajo sostenido en investigación, protección, salvaguarda y gestión del patrimonio. Las sinfónicas nacionales que son cuatro: Las de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. El conjunto nacional de Danza, que está en Quito pero tiene alcance nacional. Las Casas de la Cultura, que son 24 espacios con autonomía, encargados de la creación, la producción, la gestión de las artes, pero con repositorios, museos, bibliotecas. Las 24 direcciones provinciales del ministerio de cultura que lo que hacen es coordinar territorialmente la política pública del gobierno central.

El Consejo Nacional de Cinematografía (CNCINE), que nace hace 10 años con la ley de cine aprobada en 2006. Las entidades operativas desconcentradas como el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional y finalmente algunos espacios como el Consejo Nacional de Cultura y el Foncultura, que necesitan ser transformados en instituciones muy dinámicas del fomento. Existe por ley, por ejemplo una cámara de libro con potestad de rectoría, una cámara. Esto es algo absolutamente inconstitucional. Hay leyes que sobreviven de la larga noche neoliberal, que aunque sean letra muerta no han sido reemplazadas ni derogadas.

Reorganizamos todo este caos de competencias e instituciones en dos grandes subsistemas. Uno de la Memoria social y el patrimonio cultural y otro de la Innovación, la Creación y las Artes. A partir de allí reorganizamos competencias, atribuciones, funciones y modos de relacionamiento, atendiendo también a lo que no se había hecho, como el modelo de desconcentración y descentralización en el marco de la transformación democrática del Estado que comenzó hace 8 años.

-¿Esta nueva organización está vinculado con el proyecto de Ley de Culturas que se supone que en el curso de este año va a ser aprobado?

-El proceso de implementación del SNC se puede comenzar pues no depende de la ley, muchas de las transformaciones no requieren un régimen normativo sino que con parte de un procedimiento administrativo.

Pero para poder completar la transformación del SNC si es necesaria la ley, sobre todo cuando hablamos sobre el caso de la Casa Nacional de la Cultura, que tiene una ley orgánica que hay que reformar o las leyes de cine y patrimonio. Esas leyes tienen que ser derogadas por la nueva ley de Culturas.

-Entendemos que partir de este nuevo proyecto habrá un cambio importante respecto de la autonomía y autarquía de estos institutos ¿Cuál es el nuevo escenario que se plantean respecto de estas cuestiones?

-Esa ha sido una disputa ya de varios años e incluso quizás una de las razones por las cuales la ley quedó un poco archivada en la Asamblea Nacional. La resistencia por ejemplo de la Casa de Cultura a perder su autonomía, que era algo que venía de los proyectos de ley anteriores. Guillaume ha tenido en relación con eso una actitud a favor de hacer acuerdos en el marco de la importancia histórica de la Casa de la Cultura. En ese espíritu dijo que trabajáramos en el marco de conservar la autonomía de esas instituciones, pero que sea una autonomía de programación y decisión con rendición de cuentas con criterios de eficiencia administrativa, de calidad de gestión, que mida acceso y diversidad de público.

En el caso del CNCINE pasar de ser Consejo a Instituto le da mucha fuerza. Al transformarse en Instituto ampliará su ámbito, su campo de intervención. De la cinematografía que es lo que le asigna la ley, al audiovisual en su conjunto, teniendo además del fomento, que es lo que le corresponde ahora, las competencias de regulación y control.

-El CNCine acaba de atravesar una crisis con la renuncia de Juan Martín Cueva ¿Cuál es la situación actual respecto del Consejo?

-En la última sesión se resolvió aceptar la renuncia de Juan Martín y encargar a algún funcionario de CNCINE la dirección hasta que estén definido el resultado de la convocatoria pública. De este modo intentamos bajar un poco la tensión que logró la presión de los medios sobre la carta que hizo Juan Martín por su renuncia al consejo, y que evidentemente se filtró a los medios y ha generado mucho malestar en el sector.

Juan Martín Cueva esgrimió dos razones en su renuncia. La primera tiene que ver con la dificultad que él ve de seguir al frente del CNCINE con un recorte del 50% de los recursos,  aún cuando es el recorte más pequeño en Cultura. En el Estado hemos tenido recortes de hasta el 60% por razones que son conocidas en el mundo entero. Con el precio del petróleo actual, la voluntad del presidente Correa ha sido que ni los Gastos de los municipios ni la salud ni la educación sufran bajas en sus presupuestos. Para Juan Martín ese es un problema difícil de enfrentar, a pesar de que habíamos hecho acuerdos de que uno no se baja del barco cuando se acaba la plata. El segundo punto, a pesar de que habíamos trabajado juntos en los insumos que entregamos a la Asamblea Nacional para la ley de las Culturas, es no tener confianza ni seguridad de que va a pasar con esa ley respecto del cine y si la Asamblea va a tener en cuenta todos esos insumos. Aunque han tenido una actitud muy importante de apertura, recepción y cuidado del texto, sin embargo Cueva ha tenido mucha presión del sector al respecto y prefirió renunciar.

Esta crisis nos ha servido para repensar el rol y los objetivos de la gestión tanto del Consejo del Cine como de su dirección ejecutiva. Pretendemos que la nueva institucionalidad las nuevas atribuciones que tendría el instituto de cine y los grandes lineamientos que tendría la política pública, el CNCINE continúe con el fomento por la financiación de proyectos, pero también asuma la política pública de circulación, de protección de los mercados nacionales, de incentivos y una serie de mecanismos que no pasan únicamente por la entrega de recursos, sino que son complementados por otras gestiones, como la aplicación correcta de la ley de comunicación.

-A partir de esta definición completa del nuevo SNC y la ley de Culturas ¿Habrá modificaciones en los mecanismos de otorgamiento de fomentos?

-Los debates al respecto están relacionados con el modelo de fomento que ha desarrollado el cine, que ha dado grandes pasos en relación con otros ámbitos de la cultura. Por tener una economía de carácter industrial mueve recursos de otras proporciones. Se logró que desarrollen una ley específica y un carácter asociativo distinto. A la vez que saber que iremos a un nuevo modelo ha generado cierto temor en el sector, esto es acompañado de la presión de otros sectores, las escénicas, la danza, las artes visuales, la música, por tener un tipo de atención parecida. Esto derivó hace años en un debate inmanejable en términos de institucionalidad –se llegaron a proponer 14 institutos- con lo cual se generó una discusión sin fin. Hemos preferido mantener la discusión en un nivel más acotado y debatir con toda la apertura que una discusión de este tipo requiere, con los distintos sectores sobre la real pertinencia de un instituto para cada disciplina posible. Si entendemos el carácter particular del cine como industria y tenemos un instituto de fomento de las artes que funcione adecuadamente con consejos que representan a los distintos actores, debería ser posible tener una racionalidad y una organización adecuada del fomento en el sistema.

Creo que en la mayoría de los casos la reacción ha sido totalmente positiva. Hemos encontrado con la comisión de la Asamblea en los distintos espacios un apoyo muy importante. La gran mayoría de artistas, gestores y ciudadanía que revisa en la Asamblea el articulado, los insumos técnicos que hemos aportado, encuentran que la ley es una propuesta importante para el sector.

En todo este ejercicio de racionalizar la institucionalidad y el fomento, entendiendo el fomento no solo como la financiación, sino también la protección, los incentivos, las condiciones, el acceso a medios de producción, hay que decir si bien la ley de cine creaba un fondo de fomento para el cine, ese fondo como tal nunca se implementó. Durante todos estos años lo que ha lanzado como fondos concursables que han dependido de la voluntad del gobierno. No hay en realidad un fondo como tal que sobreviva a esas decisiones y  a esas voluntades políticas. No ha estado institucionalizado el fomento a más largo plazo y de un modo más permanente. Por ello propiciamos la ley que busca fortalecer un gran fondo de fomento. Un mecanismo de fomento que se nutre de distintas fuentes, además del presupuesto nacional del Estado. Esto permitirá efectivamente tener un programa permanente de fomento y financiamiento.

Esto es fundamental. Tenemos desde el año 1984 el Consejo Nacional de Cultura que ha sido un pequeño grupo de gente que ha distribuido el Foncultura al que hay que volverlo ciudadano e incluirlo en un proceso de transparencia y democratización.

–El año pasado Guillaume Long manifestó la voluntad de trabajar con mucha fuerza en la recuperación y administración del patrimonio cultural, material e inmaterial, y han hecho un trabajo que es muy visible en ese sentido ¿Cómo están viviendo este momento en relación con la situación del patrimonio nacional, después del trabajo tan intenso que han realizado?

-Estamos trabajando en esos frentes de dos maneras. Una, es institucionalizar procesos y crear entidades operativas. En el caso de las reservas y la memoria social, se va a crear un instituto. Necesitamos mejorar la gestión de los repositorios y la tecnificación de las reservas para la investigación. Por otro lado trabajamos en proyectos específicos de desarrollos locales ligados a la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. Tenemos una larga ruta de recuperación de bienes, inmuebles patrimoniales en el Ecuador, en lo que somos una suerte de referencia en la región y en los últimos años –en este último año particularmente- en la política pública del reconocimiento del patrimonio inmaterial.

Nos hemos planteado sostener muy fuertemente el tema de la lucha contra el tráfico ilícito y sostener este frente que es difícil pero tremendamente importante que es el de la repatriación de los bienes culturales. Hemos contabilizado cerca de 6000 bienes repatriados. Algunas de esas cosas tienen repercusiones en los ámbitos de la investigación, porque necesitamos generar investigación asociada a nuestras reservas nacionales, a nuestro inventario patrimonial.

Pero también tenemos que trabajar mucho en la capacidad de la gestión, participación y apropiación de las comunidades locales de su patrimonio. Ahí tenemos todavía un camino que recorrer.

Hemos inaugurado recientemente el centro de investigaciones patrimoniales dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que va de la mano con la capacidad que le estamos entregando a los gobiernos autónomos descentralizados y juntas parroquiales y provincias, para la gestión del patrimonio. El estado central transfiere en el marco del código orgánico de descentralización, mientras se fortalece a nivel central la capacidad de la gestión del inventario patrimonial y las declaratorias en relación con todas las convenciones internacionales. Es importante distinguir claramente el ámbito de lo local de lo nacional y que no disputemos espacios, sino que tengamos una clara complementación en la gestión del patrimonio.

Lo que se ha hecho por un lado reconociendo patrimonios y generando procesos técnicos de formales como las declaratorias, y a su vez la capacidad de que eso sea entregado a la puesta en valor y a la participación de las comunidades locales. No es fácil, pero es una de las cosas que consideramos más importantes en la gestión de este ministerio, porque además es una de las cosas más importantes en los imaginarios de este país.

-Habla de imaginarios y mencionó que dentro de los dos subsistemas que componen el SNC Patrimonio está vinculado a la noción de Memoria ¿Cómo están pensando el trabajo patrimonial en relación con la recuperación de las memorias y las identidades en el Ecuador?

-Ese es uno de los retos. ¿Cuál es el reto de esas colecciones reíficadas? Debemos trabajar para que esos “meros objetos” que tenían a veces simplemente valores estéticos, valores objetuales, se transformen para poder ser leídos desde la memoria del presente. Vamos a realizar en pocos días un taller en el que se va a trabajar la idea de colecciones, archivos y patrimonios. Cómo se gestionan esas listas, esos inventarios, esas acumulaciones a veces enciclopédicas, a veces artísticas, a veces patrimoniales arqueológicas y como se relacionan con la vida misma del museo, qué debe preguntarse por su sentido que lo constituyó durante el siglo XX, en el marco de un Estado que se define como plurinacional, intercultural y diverso.

Entonces uno de los centros de este debate, de un museo que se relee. Nos hemos empezado a hacer preguntas que tienen que ver con la apropiación simbólica, con los imaginarios, pero también con desarrollo local, turismo comunitario. Pensar cómo lograr que esos saberes se transformen en herramientas de lucha, herramientas de transformación social, herramientas de economías populares, alternativas y solidarias. Estamos empezando a pensar en todos aquellos mecanismos que permitan que haya una apropiación del patrimonio mucho más amplia y que justamente se enmarque en la articulación entre patrimonio y memoria.

Pensar el patrimonio por fuera de la memoria del presente ya no es posible.

Esta apropiación requiere una participación comunitaria activa

Exactamente. Estamos trabajando para que la política pública de la cultura se construya en función de la demanda de la ciudadanía, no del sector cultura pensado como actores y gestores. No pensamos esto en un sentido abstracto sino en relación con las comunidades, a través de plataformas organizadas, de movimientos de jóvenes, de comunidades de investigadores, es decir, de una serie de grupos de la sociedad que realmente están interesados en participar en la construcción colectiva, como siempre es la construcción de la memoria.

-¿Cómo está la situación de la integración en materia de cultura en la región?

A veces siento que la integración en materia cultural es una enorme promesa pendiente. Más allá de todas las voluntades que hemos encontrado en el marco de la Unasur, aun muchas cosas dependen de la voluntad política de los gobernantes de cada país más que en la capacidad de transformar nuestros marcos normativos nacionales para adecuarlos a un acuerdo multilateral.

Siempre hay mecanismos que hacen muy difícil la coordinación. Pongo un ejemplo: la circulación de los libros latinoamericanos al interior de la región. Si en cosas tan sencillas y en las que todos estamos de acuerdo, como los planes de lectura y el fomento del libro, no hemos logrado los acuerdos necesarios para que nuestros libros puedan resistir a las grandes transnacionales, cómo haremos con cuestiones más sofisticadas.

Mientras no se tomen las medidas que pongan a la cultura realmente como un campo estratégico más allá del discurso, no capacidad real de transformación. Tal vez hay demasiados intereses en juego como para que la cultura adquiera una dimensión más estratégica.

Pienso que todavía hay un largo camino por recorrer