Inflación: palabra ayer prohibida en Argentina, hoy el gran problema
Juan Guahán |
Hay varios funcionarios del kirchnerismo que han reconocido que la palaba “inflación” formaba parte de aquellas que no debían pronunciarse. Ello puede ser cuestionable desde el punto de vista de la ética política y también se puede discutir su eficacia práctica. De todos modos no quedan dudas que la metodología de no trasmitir “pálidas” hizo que muchas cuestiones no llegaran a ser conocidas, o tuvieran un impacto amortiguado, respecto al gran público.
El nuevo gobierno, al menos por ahora, ha decidido que muchos datos negativos sean conocidos como informaciones oficiales. El tema de la inflación es uno de ellos. Inclusive la urgencia por conocer esos datos ha producido un serio choque que motivó que fuera “renunciada” Graciela Bevacqua, la misma funcionaria que había echado Guillermo Moreno, recientemente reincorporada y nuevamente colocada de “patitas en la calle”. Cosas de las necesidades políticas.
Resulta más que claro que esta urgencia por trasparentar datos negativos tiene que ver con que –ellos- todavía se cargan, en buena medida, sobre las espaldas del kirchnerismo. Habrá que ver si el macrismo mantiene la misma voluntad por las trasparencia cuando pasen estos primeros meses de gobierno.
Independientemente de estas cuestiones políticas o de politiquería, lo cierto es que la inflación, que estaba rondando el 25% anual, está pegando saltos –desde diciembre- y hoy anda por el 30%. Ahora la inflación media mensual va del 3 al 4% y esas cifras deben ser revertidas, de lo contrario vamos camino a una hiper inflación.
Es por eso que la inflación, que se viene constituyendo en la mayor aflicción de la mayoría de las familias argentinas, se ha transformado en el principal problema político del gobierno.
Por ahora el macrismo no parece haber encontrado el rumbo adecuado a los fines de bajar efectivamente la inflación. Para beneficiar las exportaciones, el dólar sigue subiendo, arrastrando los precios. Para reducir los subsidios se incrementó el precio de la energía, agregando más presión a la inflación.
Pareciera que el único mecanismo para hacerla bajar sea con el ajuste de reducir personal y hacer que los salarios pierdan la carrera respecto a los precios. Ese camino es peligroso porque lo que puede hacer es fortalecer la recesión.
En el gobierno parecen no percibir lo que está a la luz de todo el mundo. La brutal concentración que se ha venido produciendo en estos últimos años. Esto hace que estas grandes empresas se queden con la parte del león perjudicando a toda la población y –en última instancia- quitándole gobernabilidad a la nueva administración.
Tal vez sea éste el punto más débil de los CEO (Gerentes) de empresas puestos a manejar la administración del Estado. Su propia perspectiva es la que han adquirido desde el manejo de las empresas de las que formaron parte. Es posible que el caso más simbólico sea justamente el del Secretario de Comercio, Miguel Braun, el heredero –en el cargo- de Guillermo Moreno uno de los que contribuyeron durante varios años a esta concentración.
Ahora es Braun quien debería asegurar que las cosas lleguen lo más barato posible a toda la población, pero no puede desprenderse del hecho de ser un miembro de la familia Braun Menéndez. Su tío Federico preside “La Anónima” una de las empresas más antiguas del país en materia de supermercados y de mayor crecimiento en los últimos años. Empresa nacida en la Patagonia que hoy se extiende por la mayor parte del país. ¿Podrá Miguel Braun violentar moralmente a su tío y la familia que lo admira, exigiéndoles que dejen de acrecentar su fortuna a costa de perjudicar a la mayoría del pueblo?
Dominar la inflación es tarea de todos, cargar las tintas de su costo en los principales afectados no es el mejor remedio. Las cargas deberían ser parejas.
Otras medidas
En el gobierno perciben que la inflación puede carcomer su credibilidad. No es casual que las encuestas de esta semana hayan desplazado al Presidente del primer lugar de popularidad, colocándolo en el tercero, detrás de María Eugenia Vidal y Sergio Massa.
No quedan dudas que varias medidas, que se hicieron públicas el día jueves, son una especie de compensación al avance de ese flagelo.
Elevar, de 15 a 30 mil, el mínimo de ingresos de los trabajadores para pagar ganancias es la más publicitada. Con todo ello tuvo “gusto a poco” para la mayoría de la dirigencia política del PJ y el resto de la oposición. Ese monto ni siquiera se calcula sobre el ingreso de bolsillo, sino sobre el bruto. Además los trabajadores solteros que por un Decreto del 2013 no pagaban ganancias, por tener –a esa fecha- un ingreso inferior a los 15 mil pesos, muchos de ellos ahora lo harán. Es por eso que, afinando la punta del lápiz, surge que los que dejan de pagar no son mucho más que los que ahora deberán sumarse. Claro está que muchos de los que pagaban y lo seguirán haciendo lo hará en un porcentaje menor. Quedó para el 2017, vía parlamentaria, un reajuste general de este impuesto.
Junto a esta medida hubo otras, también compensatorias, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Por ellas se ampliará el universo de las asignaciones por hijo y se reajustará su monto. Allí el beneficio será menor pero llegará a millones de niños y sus familias.
Pero esas medidas compensatorias no fueron las únicas dictadas en los últimos días. El mismo jueves la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich hizo público el “Protocolo antipiquetes”. En él se otorgan mayores facultades a las fuerzas de seguridad, se prohíben los palos y capuchas y pareciera quedar en manos de las fuerzas de seguridad la posibilidad de detener personas sin orden judicial. También queda un margen de dudas sobre la posibilidad de utilizar armas de fuego y se fijan plazos perentorios (de 5 a 10 minutos) para cumplir la orden de desalojar una calle o ruta. Desde organizaciones políticas y sociales hubo cuestionamientos a dicho Protocolo por los riesgos físicos y sociales que entraña, ante las perspectivas represivas. Pero también se cuestionó la dudosa constitucionalidad de algunas de sus disposiciones, como el límite a la protesta social. Desde diversos lugares se objeta la norma que coloca al derecho a la circulación por encima de los derechos al reclamo social, a la seguridad y libertad de las personas.
Sin lugar a dudas ese Protocolo traerá mucha cola, sus efectos y el debate sobre el mismo y sus consecuencias recién empieza.
Pero si el tema del “Protocolo antipiquetes” es motivo de debates y cuestionamientos no lo es menos la reciente medida por la cual se quitan las retenciones a las actividades mineras. Esa medida orientada a promover esa actividad extractiva ha recibido varias objeciones.
Los sectores ambientalistas lo hacen porque –según ellos- promueve del saqueo de bienes comunes o recursos naturales y deja un sinnúmero de problemas.
Opositores políticos como Massa, lo hacen porque estiman que lo que el Estado deja de percibir por esta disposición permitiría eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores.
Desde el punto de vista legal esta norma es de dudosa constitucionalidad. Según varios juristas debería ser sometida a la consideración parlamentaria, del mismo modo que se hizo con la Resolución 125 sobre las retenciones sojeras.
Por último es destacable que dicha quita de retenciones, anunciada en San Juan, se haya hecho con el aval de varios gobernadores peronistas y haya sido uno de los puntos de acuerdo entre Macri y sectores del justicialismo.