Perú de mal en peor: El gobierno Humala acumula 57 muertos en conflictos sociales

Cecilia Remón-Punto Final
El gobierno del presidente Ollanta Humala ha acumulado 57 muertos en conflictos sociales desde que asumió el 28 de julio de 2011. Los más recientes ocurrieron en el enfrentamiento entre policías y agricultores que rechazan la presencia de la minera Southern Copper, perteneciente al Grupo México, que pretende explotar la mina Tía María en una zona eminentemente agrícola en la provincia de Islay, al sur del departamento de Arequipa.
Victoriano Huayna Nina, campesino de 61 años, murió el 22 de abril por impacto de bala disparada por un policía durante una manifestación en Cocachacra, Islay, según confirmó el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Henrry Checclla Chura, de 35 años, falleció el 4 de mayo durante una marcha pacífica en Mollendo, capital de Islay, también por impacto de bala.

Los agricultores de Islay se encuentran en paro indefinido desde el 23 de marzo contra Tía María, proyecto de explotación y procesamiento de mineral oxidado de cobre que se desarrollaría en el distrito arequipeño de Cocachacra, provincia de Islay. La mina se explotará a tajo abierto y tendrá una duración de 18 años de operaciones. La inversión está calculada en 1.000 millones de dólares para producir anualmente 120.000 toneladas de cátodos de cobre de alta pureza. El inicio de operaciones estaba planeado para fines de 2011, pero el proyecto no puede ejecutarse debido a la oposición ciudadana.

A pesar de la propaganda gubernamental y empresarial, Tía María afectará una actividad próspera, como es la agricultura. En esa zona se produce azúcar, hortalizas, papas, alfalfa, ajos y otros productos agrarios que abastecen Arequipa y otras regiones del país. Según los expertos Carlos Bedoya y Víctor Torres, “la minería a tajo abierto es la más peligrosa del mundo porque contamina con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños”. Además, “produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos producto de los residuos sólidos muy finos que pululan en el ambiente, al mismo tiempo que se afectan las aguas subterráneas o freáticas con las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento”, señalan.

El caso de Tía María se asemeja a la oposición de la población de Cajamarca contra el proyecto Conga que desarrollaría la empresa Yanacocha y destruiría cuatro lagunas que abastecen de agua a esa región de la sierra norte del país. Conga fue el gran detonante del giro de Ollanta Humala hacia la derecha cuatro meses después de iniciar su mandato.

 Adiós al diálogo

Al juramentar como presidente, Humala se comprometió a impulsar el diálogo para resolver los conflictos sociales que abundaban en el país. “El incremento desmedido de los conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, nos demuestran, día a día, que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad”, dijo en su discurso inaugural.

Cuatro años y siete gabinetes ministeriales después, los conflictos no han cesado, ni en número ni en violencia. Humala heredó del gobierno de Alan García (2006-2011) 214 conflictos sociales, de los cuales 118 eran socioambientales, particularmente contra proyectos mineros, según la Defensoría del Pueblo. Además, durante el régimen de García, 195 personas perdieron la vida a consecuencia de la violencia desatada durante los conflictos. Actualmente, en el país se registran 211 conflictos sociales, de los cuales 141 son socioambientales. Es decir, Humala no reparó injusticias, ni corrigió el rumbo ni restableció el diálogo. Por el contrario, retrocedió en todo lo avanzado en protección ambiental y reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.

Humala no se diferenció de los presidentes que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), que llegaron al poder con discursos progresistas y prometiendo cambios en la política económica neoliberal que el entonces dictador, actualmente preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos, aplicó en los 90. A decir de la revista Ideele , el actual gobernante “es el que más lejos ha llegado en la profundización del modelo”.

Humala impuso la desregulación sin precedentes de la economía peruana y ante la desaceleración de la economía desde 2014, optó por la aplicación de medidas de reactivación que desmantelan el rol regulador del Estado, debilitando al Ministerio del Ambiente y exonerando de una serie de requisitos a los inversionistas privados. “De todas las opciones, el presidente Humala ha optado por la peor: medidas de reactivación forzada que colisionan con derechos fundamentales. El gobierno ha retrocedido en todo lo avanzado en normatividad ambiental y protección de las comunidades indígenas”, señala Ideele .

La decisión de Humala de continuar y profundizar “el modelo que funciona”, como lo dijo el ex ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla -gran artífice del giro presidencial hacia la derecha neoliberal- ante corresponsales extranjeros, ha provocado que la coalición oficialista Gana Perú (que incluía al Partido Nacionalista de Humala y partidos de Izquierda), pierda 14 congresistas de los 47 que fueron elegidos en 2011, y la mayoría en el Congreso. Actualmente Gana Perú tiene 33 congresistas, frente a 35 del partido fujimorista Fuerza Popular.

 Los siete gabinetes de Humala

Además, Humala ha tenido que cambiar a siete gabinetes desde que asumió la Presidencia: todo un récord.

El primer gabinete, encabezado por Salomón Lerner, estaba conformado en su mayoría por profesionales de Izquierda. Todos salieron del gobierno con la renuncia de Lerner el 10 de diciembre de 2011 tras la decisión de Humala de impulsar el proyecto Conga, imponiendo estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones y abandonar el diálogo.

No sólo quedó en evidencia el poder del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con Castilla a la cabeza y ahora con Alonso Segura, para imponer ministros tecnócratas más sintonizados con la nueva posición del gobierno, sino que el Partido Nacionalista no tiene cuadros preparados para gobernar. De los actuales 18 ministros, ninguno pertenece al Partido Nacionalista.

El actual primer ministro, Pedro Cateriano, reemplazó a Ana Jara, quien fue censurada por el Congreso el 31 de marzo a raíz de los rastreos que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) realizó a políticos, empresarios y periodistas, entre otros. Jara, militante del Partido Nacionalista, fue elegida congresista en 2011, pero desde diciembre de ese año se desempeñó como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hasta febrero de 2014, cuando fue nombrada ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, cargo en el que se mantuvo por cinco meses hasta su designación como presidenta del Consejo de Ministros. Es considerada una de las principales operadoras políticas de Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Cateriano llegó a la cartera de Defensa en julio de 2012 por recomendación de Mario Vargas Llosa, uno de los “garantes” del gobierno de Humala y promotor de su cambio de rumbo. Abogado liberal y estrecho colaborador de Vargas Llosa en el Movimiento Libertad con el que el escritor disputó la Presidencia con Fujimori en 1990, Cateriano logró que el Congreso le diera un voto de confianza el 27 de abril.

Para el analista Carlos Tapia, el nombramiento de Cateriano como primer ministro “es una salida inteligente del gobierno porque ha logrado dejarle claro a la oposición que su adversario o enemigo principal es el Apra, buscando romper el bloque pro fujimorista en el Congreso, que en realidad ha sido levantado más por la prensa (…) Para los intereses del gobierno, el nombramiento de Cateriano es una propuesta de control de daños y de definir claramente quién es su enemigo principal: el Apra”, dijo Tapia en entrevista con el diario La República .

A Humala sólo le quedan quince meses de gobierno y ya poco podrá hacer. Además de los conflictos sociales, la corrupción y la inseguridad son dos aspectos que no ha sabido enfrentar.

Para el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, es flagrante “el silencio y la falta de liderazgo” y “la falta de voluntad política de Humala para frenar la corrupción. No hemos aprendido la lección”, agregó Ugaz, en relación a los miles de millones de dólares que robaron Fujimori, su asesor en asuntos de seguridad Vladimiro Montesinos, y sus cómplices.

 Elecciones a la vista

Las próximas elecciones están programadas para abril de 2016 y Keiko Fujimori lidera las encuestas con un 30% de intención de voto. El otro candidato de peso es Alan García, que por el momento cuenta con 11% de respaldo. Sin embargo, Keiko Fujimori carga el lastre de lo que significó el gobierno de su padre, que ha dividido al país y del que no ha querido distanciarse. García, por su parte, es investigado por el Congreso por enriquecimiento ilícito.

La atomizada Izquierda peruana, mientras tanto, sigue sin lograr aliarse en un frente único con el cual participar en los comicios del próximo año. Actualmente tres bloques progresistas pretenden participar en las elecciones del próximo año, pero sólo dos cuentan con inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, requisito indispensable para participar en las elecciones y para el cual se necesita recolectar no menos de 600 mil firmas, entre otras exigencias legales: el Partido Humanista y el Movimiento Tierra y Libertad.

El Partido Humanista (PH) ha puesto a disposición su inscripción para la conformación de la llamada Unión de Fuerzas de Izquierda, en la que participan organizaciones como el colectivo Ciudadanos por el Cambio -encabezado por el ex primer ministro Salomón Lerner y conformado por profesionales que participaron en los primeros meses del gobierno de Humala-, Fuerza Social, de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja y el Movimiento de Afirmación Social, además de una serie de organizaciones sociales, sindicales y personalidades progresistas.

Sin embargo, el PH ha tenido una trayectoria bastante sinuosa y está dirigido por Yehude Simon, quien en los años 90 estuvo preso acusado de pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En 2000 fue indultado y liberado por el gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua (2000-2001). Dos años después reinició su actividad política y fue elegido presidente del gobierno regional de Lambayeque, cargo que desempeñó hasta su nombramiento en 2008 como primer ministro de Alan García. Durante su gestión ocurrió la masacre de Bagua, levantamiento de indígenas amazónicos contra una serie de decretos legislativos que permitían el reparto de la Amazonia bajo la forma de grandes concesiones mineras, petroleras y madereras que se sobreponen a territorios indígenas y reservas naturales. Simon actualmente es congresista por la Alianza por el Gran Cambio y postuló en 2011 como vicepresidente de la fórmula encabezada por Pedro Pablo Kuczynsky, ex ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y uno de los defensores más acérrimos de la política neoliberal.

El Movimiento Tierra y Libertad (TyL), liderado por el ex sacerdote ecologista Marco Arana, ha puesto su inscripción electoral para participar como Frente Amplio con otras organizaciones de Izquierda, pero cuestiona la presencia de Simon por su participación en el gobierno de García y la masacre de Bagua, y ha rechazado cualquier alianza con el bloque que lo incluya.

Una tercera opción es el Bloque Nacional Popular (BNP) en el que participan ex congresistas y disidentes nacionalistas, pero tampoco tiene inscripción legal y tendrá que aliarse con alguna organización que la tenga. La cabeza visible del BNP es Sergio Tejada, quien en enero renunció al Partido Nacionalista. Tejada precisó que “no hemos definido aún quién será el candidato, pero la idea es contar y apoyar una candidatura que le haga frente a los postulantes de la derecha, el fujimorismo, y levante la bandera de la Gran Transformación”, en referencia al plan de gobierno original de Humala que luego abandonó para privilegiar “el modelo que funciona”.

Para el columnista del diario La República , Sinesio López, si la Izquierda va dividida “es aceptar de antemano la derrota”. López considera que los distintos grupos de Izquierda tienen el mismo sueño: “El cambio con justicia social sin menospreciar la libertad”, y si evita la fragmentación, está en capacidad de llenar un espacio al que la derecha no llega. Las diferencias políticas entre los grupos de Izquierda “son disfraces ideológicos de pequeñas ambiciones que podrán ser alcanzadas, no en la fragmentación, sino en la unidad. La fragmentación de la Izquierda es un suicidio político”, señaló López.

El periodista Raúl Wiener también va por la misma línea. “Tenemos una tremenda encrucijada por delante, y no tenemos candidato, programa consensuado y apenas si estamos forjando una base unitaria”, observó en su espacio del Diario Uno . “La Izquierda tiene que hacer aliados, aumentar al máximo el campo de los que resisten y enfrentan una ofensiva de gran escala del poder económico, el conservadurismo ideológico y la reacción política, en vez de estar inventando una diferencia sobre una palabra”.

*Publicado en Punto Final