Argentina: Parlamento apurado, diferendo Justicia-gobierno, una jugada presidencial
Juan Guahán- Question Latinoamérica
El Ejecutivo y los miembros del Parlamento saben que en el 2015 no va a ser fácil que este último logre reunirse. Por eso el actual Parlamento, hegemonizado por el oficialismo kirchnerista, está recorriendo los últimos tramos de su existencia. Seguramente, el que lo sucederá, a partir del 10 de diciembre de 2015, carecerá de una fuerza que lo pueda controlar y la actual mecánica de actuar como un sitio legalizador de las políticas del Ejecutivo terminará y por dos años cada Ley deberá recorrer el largo camino de los acuerdos y consensos de diferentes bloques.
Los Diputados terminaron de aprobar el nuevo Código Procesal Penal y avanzar en la norma que prevé la elección popular de los legisladores para el Parlasur (Parlamento del Mercosur), junto a las próximas elecciones nacionales.
El Senado intentará, que la Ley de Telecomunicaciones siga su trámite en Diputados con las reformas introducidas limitando las ventajas y privilegios previstos para Telefónica. También se aprobaría que se adelante –para el 1° de agosto de 2015- la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Quedaría, para algún momento de Enero, una previsible convocatoria para aprobar una Ley que le ponga marco legal a la eventual negociación con los “fondos buitres”.
Diferendos entre gobierno y Justicia
La semana que termina ha sido pródiga en acontecimientos que alimentaron la dura confrontación entre sectores del sistema judicial con el gobierno nacional. Estos hechos preocupan a sus protagonistas y dan tema a los medios de prensa. Pero también son la comidilla de gran parte de los argentinos que los tratan al mismo nivel que los triunfos de River o la novela de moda.
El juez Claudio Bonadío está en el centro del escenario y tiene una presencia mediática semejante a la que se otorga a las andanzas de Maradona. El Consejo de la Magistratura no tenía los votos necesarios (2/3 de sus miembros) para iniciarle el juicio político demandado por el oficialismo, pero sí la mayoría simple suficiente para aplicarle una multa del 30% del sueldo de un mes. La denuncia contra las 4040 cuentas de argentinos, que habrían evadido y “lavado” dinero a través del HSBC, sigue su curso. Esa denuncia tiene su origen en datos recolectados por Hervé Falciani, un ex funcionario de ese Banco, que logró recoger la información sobre el estado de esas cuentas en el año 2006.
Falciani –luego- buscó la protección de Francia, país que firmó un convenio de intercambio con la Argentina, lo que nos permitió acceder a esa información. Así como están las cosas hay varias cuestiones en pugna. Por el Convenio firmado con Francia, Argentina no podría dar a publicidad los nombres sin orden judicial, lo cual es un tema en discusión. Otra cuestión tiene que ver con el hecho es que la denuncia, por el delito de evasión, estaría prescripta.
Quedaría en pie una investigación administrativa y la persecución penal por el delito de lavado de dinero. Mientras tanto, muchos de los denunciados están protestando alegando todo tipo de inocencias y el gobierno avanza en la constitución de una Comisión Bicameral encargada de continuar con estas investigaciones. Todo lo anterior reviste una importancia capital si tenemos en cuenta que hay más 90 mil millones de dólares que se han fugado en estos años y que sigue vigente una forma de “lavado” oficial que es la norma sobre “blanqueo de capitales”.
Necesaria y hábil jugada de la Presidenta
La Presidenta, en su aparición pública en la UIA, antes de partir en el viaje a Quito con motivo de la reunión de UNASUR, planteó dos temas. Allí hizo algunas concesiones, poco habituales en su modo de acción, pero –al mismo tiempo- descolocó a gran parte de la oposición política desarmando planteos coyunturales de la misma y dejando en el aire algunos reclamos sectoriales.
El sindicalismo, incluyendo sectores oficialistas, había decretado un paro para la semana que se inicia por reclamos vinculados al creciente descuento por el pago de ganancias, a los trabajadores. Desde el gobierno todas señales apuntaban a que no habría concesiones en ese tema. Finalmente la Presidenta tomó una medida, que pareciera ser inconstitucional aunque nadie lo haya planteado, que hizo lugar a una parte menor de las pretensiones sindicales, pero alcanzó para aliviar las tensiones y desarmar las medidas de lucha que se habían decidido.
En efecto, la Presidenta ordenó que no se descuente el Impuesto a las Ganancias, en la segunda cuota del aguinaldo, a quienes ganen menos de 35 mil pesos. Desde el punto de vista legal algunos constitucionalistas consideran que las facultades otorgadas a la Presidenta para modificar el índice para el pago de ganancias no le permiten hacer este tipo de “eximiciones”.
De todos modos nadie va asumir el rol del malo que podría impedir que cerca de 800 mil trabajadores y sus respectivas familias reciban un “regalo de Navidad”.
Lo cierto es que esta medida desmoronó el paro que habían ordenado desde varios sectores del movimiento sindical, aunque la decisión adoptada no haya modificado un ápice las escalas futuras que siguen siendo las de siempre. Queda claro que es una concesión a las presiones sindicales. Sin embargo esta medida le permitió, al gobierno, desbaratar el movimiento de fuerza ya declarado.
La otra medida apuntó a los empresarios y la Ley de Abastecimiento, muy cuestionada por diversas Cámaras patronales. La Presidenta les dijo que no iba a reglamentar esa Ley. Ahora queda la duda si la misma puede o no ser aplicable sin esa reglamentación. Los empresarios, aunque con menor convicción, siguieron su trámite ante la Justicia para declararla inconstitucional. Desde el gobierno hay voces que insisten en que igual la aplicarán aunque no tenga reglamentación.