Colombia: Zancadillas a la paz
Federico Larsen
No es la primera vez que se busca estropear este proceso histórico, y la sociedad colombiana salió con fuerza a defenderlo.
Desde hace dos años, la agenda política colombiana está marcada por el comienzo de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). En septiembre de 2012 el mandatario colombiano anunció el comienzo de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana desde octubre de ese año, prometiendo una solución final al conflicto armado que lleva más de medio siglo, “en pocos meses”.
Su predicción no se cumplió, pero el apoyo generalizado al proceso no se ha dejado desanimar por la duración del diálogo. “50 años de guerra no se resuelven en dos”, ha escrito recientemente la ex senadora y defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba, sobre esta dilatación. Y la opinión pública colombiana parecería estar de acuerdo y aguardar con paciencia. Jamás en la historia de Colombia se había llegado tan cerca a una paz efectiva y duradera.
En estos dos años el proceso de paz ha resistido varios embates. Ya desde el comienzo, y de la mano del propio Santos, que se niega tozudamente a aceptar un alto al fuego bilateral para facilitar las negociaciones, a pesar de que las FARC-EP hayan declarado ya el parate de sus operaciones militares. Luego con la dura campaña del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su candidato a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, que en plena campaña para las elecciones legislativas y presidenciales que se desarrollaron en el primer semestre de 2014 atacaron repetidas veces el proceso, proponiendo la vuelta a la política militar del aniquilamiento de las fuerzas insurgentes.
Varios funcionarios colombianos han hecho lo imposible también para ensuciar el contexto. El todopoderoso procurador de la República, Alejandro Ordoñéz, quien supo destituir al alcalde de Bogotá, el progresista y ex guerrillero Gustavo Petro, e inhabilitó a la misma Córdoba, se pronunció en más de una ocasión contra los diálogos de paz, minando de entrada el post-acuerdo ya que tiene la posibilidad de impedir el acceso a la vida política civil de los que se desmovilicen.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, intentó atisbar aún más los ánimos semanas atrás, tratando de demostrar que el máximo comandante de las FARC, alias Timochenko, había viajado a escondidas a La Habana. Y a eso se le suman las escuchas e interceptaciones realizadas sobre los teléfonos y cuentas de correo electrónico de representantes de ambos equipos negociadores, o las denuncias de sabotaje al proceso de paz aún bajo investigación.
Pero así y todo, los diálogos siguieron y cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, esa misma que le permitió a Santos contar con un mandato más con tal de que llevara a buen puerto el proceso. Hasta ahora.
La primer gran crisis de este proceso se dio el pasado domingo, cuando el gobierno recibió la noticia del secuestro del general del Ejército Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en el Chocó, la región más pobre del país y una de las zonas más calientes del conflicto colombiano.
Alzate es uno de los oficiales del Ejército colombiano más experimentado en situaciones de combate contra los insurgentes. Actualmente es comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán, un cuerpo antiguerrillero activo desde principios de este año en esa misma zona. Fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil n° 5, denunciada en reiteradas ocasiones entre 2010 y 2012 por violaciones a los derechos humanos de campesinos, indígenas y combatientes. Un militar muy experimentado, que según la reconstrucción de los hechos se largó de civil y desarmado, rompiendo todos los protocolos castrenses, en una zona donde se encuentra activo el Frente 34 de las FARC, uno de los grupos al que él mismo está llamado a combatir.
El primero en conocer y difundir la noticia del secuestro fue el ex presidente Uribe, que publicó un mensaje en evidente código militar a través de las redes sociales. Solamente dos horas después, el gobierno confirmó la noticia con la publicación del mismo texto. De inmediato, el presidente Santos ordenó a los representantes del gobierno en la mesa de paz, que se aprestaban a partir rumbo a La Habana, de suspender de inmediato el viaje, levantando de hecho y por primera vez, los diálogos con las FARC.
En las últimas horas, los representantes de Cuba y Noruega, garantes de los diálogos en La Habana, dieron a conocer un comunicado en el cual se explicitan los pormenores de la liberación de las tres personas en manos del “Bloque Iván Ríos”, que a través de un comunicado oficial expresó el pasado lunes que había capturado a “personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra”. Se espera que en las próximas horas las tres personas capturadas sean liberadas en pos de la reanudación de la mesa.
Desde que se conoció la decisión gubernamental de suspender los diálogos, miles de personas en todo el país tomaron las calles para exigir al gobierno que los reanude de inmediato. Efectivamente, con esta decisión Santos incumplió el Acuerdo General que suscribió con las FARC en agosto de 2012 y que dio el marco general dentro del cual se desarrollan las negociaciones. Allí se estipuló que ningún acontecimiento en Colombia debía interrumpir el proceso en Cuba. El mismo Santos, pocos días antes de anunciar la suspensión, había asegurado que en 2015 se llegaría a un acuerdo para poner fin a la guerra que desde 1958 ha causado más de 220 mil víctimas fatales y cinco millones de personas afectadas directamente por desplazamiento, destrucción de hogares o heridas permanentes.
Es en este marco que hoy las organizaciones sociales, los Foros de Víctimas -incluidos en los diálogos a través de la la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”- reclaman el cese bilateral del fuego. A partir del alto al fuego unilateral decretado por las FARC, las hostilidades se han reducido en más de un 52% en el último año según la Fundación Paz y Reconciliación. Sin embargo, el Estado aún se niega a hacer lo mismo. Por esto la guerrilla, a través de un comunicado oficial aseguró que “no es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se le toquen a sus soldados y generales”.
Aún entre vaivenes y zancadillas interesadas, el apoyo a la paz en Colombia sigue siendo altísimo entre la población. Se trata sin embargo de un proceso delicado, difícil de asimilar y comprender hasta por sus propios protagonistas y, evidentemente, quienes se ven desfavorecidos por la posibilidad de su triunfo, siguen poniendo bastones entre las ruedas.