Masacre de Curuguaty:“Sabemos que tenemos una condena cantada”

Federico Larsen-Miradas al Sur

Faltaron vehículos, combustible y personal suficiente para entregar a tiempo más de 50 notificaciones para los testigos del juicio que este lunes iba a empezar contra los imputados por el caso Curuguaty. Con esta impensada justificación, el presidente del Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, Ramón Trinidad Zelaya, explicó el aplazamiento del procedimiento judicial para el próximo junio de 2015.

Y así, los 16 campesinos acusados por la matanza que dejó 17 muertos cumplirán tres años de prisión preventiva poco antes de que se los juzgue oficialmente. Quince de ellos ya lo hacen en forma domiciliaria, mientras que Rubén Villalba, líder de los Carperos, organización de campesinos sin tierra del Paraguay, sigue en reclusión en la cárcel de Tacumbú, Asunción.

La Masacre de Curuguaty fue el desencadenante del juicio político que en junio del 2012 destituyó, en tan sólo 24 horas, al ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo. El 15 de junio de ese año, más de 300 policías llevaron adelante el desalojo de las tierras de Marina Kue, en el departamento de Curuguaty, que habían sido ocupadas por unos 50 campesinos. Durante la operación, se desató un intenso tiroteo, que provocó la muerte de 11 labriegos y 6 policías.

La oposición al entonces mandatario paraguayo culpó al gobierno de “promover el odio y la violencia” en el país, y puso en marcha lo que ya se conoce como el Golpe Parlamentario de 2012. Basados en “los hechos que todos conocen”, como figura en el veredicto, los legisladores destituyeron a Lugo para poner al mando a su vice Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico, quien se mantuvo en el poder en medio de escándalos de corrupción hasta las elecciones que consagraron al actual presidente, el colorado Horacio Cartes en abril de 2013.

Los 16 acusados por la masacre son todos campesinos sin tierra. Sobre ellos, quedan pendientes las imputaciones de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, atentado contra la integridad física, lesión grave, asociación criminal, coacción, coacción grave e invasión de inmueble ajeno. “Hoy no pueden salir del país ni trabajar”, explicóel abogado defensor de 11 de los campesinos imputados, Vicente Morales.

“Esta suspensión no nos beneficia en absoluto. Los acusados tienen chicos, esposas, madres y padres que conviven con eso todos los días y están en una situación realmente difícil porque no pueden hacerse de los recursos para sostener a sus familias, y ahora deberán esperar ocho meses más. La situación ahora es caótica, diría que calamitosa”, dijo.

La investigación que estableció las acusaciones estuvo a cargo de la policía y el ministerio público, ya que Franco, no bien tomó el poder, desactivó la comisión independiente –que contaría con ayuda de la Organización de Estados Americanos– instaurada por Lugo para esclarecer lo ocurrido. El caso fue instruido por el fiscal Jalid Rachid, hijo de Blader Rachid Lichi, ex presidente del Partido Colorado, al igual que Blas Riquelme, dueño de la empresa Campos de Morombí, que solicitó el desalojo de Marina Kue. Para formular las imputaciones, Rachid se basó en el testimonio de 84 policías y ningún campesino.

Morales denunció “vulneraciones muy serias al debido proceso y al derecho a la defensa”. Según el letrado, “hay una fabricación de una supuesta escena del crimen, no hubo el menor cuidado de la cadena de custodia, que corresponde a las fuerzas de seguridad y al ministerio público, se introdujeron pruebas de manera ilegal, todas irregularidades legitimadas por la Justicia”.

La reconstrucción de los hechos que la acusación presentó, efectivamente, tiene serias contradicciones. Según el fiscal, los 50 campesinos habrían tendido una trampa a más de 300 policías armados con el fin de asesinar a seis integrantes de la fuerza pública. “Eso es absolutamente absurdo”, aseguró Morales al respecto. “Los policías eran más de trescientos, con ametralladoras, helicópteros, escopetas y granadas. Y los campesinos no eran más de 50, mal alimentados, enfermos, con dengue y con sus hijos de uno y tres años que supuestamente estaban siendo utilizados como carnada.”

El abogado también denunció que en la fase de instrucción “aparecieron cajas cuyo contenido la defensa desconocía. Y eso es una clara violación al debido proceso. Para resolver ese problema la jueza de garantías ordenó abrir esas cajas, y gracias a nuestra insistencia se descubrió que las cajas eran nueve y no tres. Entre esas cajas con pruebas innominadas apareció una escopeta que estuvo en el lugar del hecho y el dueño había denunciado que había sido robada una semana después de la masacre. Esa y otras barbaridades fueron admitidas por la jueza de garantías”.

Se trata de la segunda vez que se posterga el inicio del juicio. Ya en junio de este año, el mismo tribunal lo había suspendido para que se resuelvan algunas contradicciones relativas a la propiedad de la tierra tomada. Marina Kue es un terreno que perteneció a la armada paraguaya desde 1967 a 1999. Según las mensuras judiciales realizadas en los años siguientes, la empresa Campos Morombí, dueña de las hectáreas que lindan con Marina Kue, fue apropiándose progresivamente de algunas partes de lo que ya se consideraba terreno fiscal.

Estas tierras, en principio, no fueron incluidas dentro del intento de reforma agraria que esbozó tímidamente el gobierno de Lugo sobre lo que en Paraguay se denominan tierras malhabidas, unas 7.800.000 hectáreas adjudicadas de manera fraudulenta por la dictadura de Stroessner y los siguientes gobiernos colorados a amigos del poder. Entre las tierras malhabidas figuran 1.498 hectáreas entregadas al padre del fiscal Rachid en 1986, según el informe público elaborado por la Comisión Verdad y Justicia sobre los crímenes perpetrados por la última dictadura en Paraguay.

En junio de 2012, los campesinos reclamaban la inclusión de las tierras de Marina Kue en la reforma agraria y su distribución entre el campesinado, y la empresa que a fines de los ’90 se las apropió exigió el desalojo de las mismas. “Es por eso que entendemos no tenemos que ir a juicio por invasión de inmueble hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo de la propiedad de esas tierras”, apuntó Morales, que también contestó la acusación de asociación criminal, por basarse en la lista de nombres de personas organizadas en la asociación vecinal Naranjaty, apuntada en un cuaderno al que la defensa no tuvo acceso, porque según la fiscalía “se mojó y quedó desleído”.

El pasado 31 de octubre, Morales viajo a la apertura de las 147º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar “las ejecuciones que se produjeron por parte de las fuerzas de seguridad en Curuguaty y que en Paraguay la fiscalía se niega a tener en cuenta y hasta hoy nunca investigó. Solamente se investigaron las muertes de los policías y esta discriminación no es aceptable en el derecho. Tienen que investigar a cada muerte y descartar cargos para cada parte. Acá nunca se realizó una investigación completa. Nosotros ya en octubre de 2012 presentamos una denuncia formal ante el mismo fiscal por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”.

El de la ocupación de fincas en Paraguay es un proceso que se da en un contexto de altísima concentración de la propiedad de la tierra. Según datos oficiales, el 2,6% de los propietarios tienen el 85% de la tierra cultivable del país, y por ello los defensores de los imputados creen que la Justicia se inclinará, una vez más, del lado del poder. “Nosotros queremos un juicio justo, pero sabemos que va a ser una sentencia cantada. Los campesinos tienen una condena previa. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer en cuanto a reclamos, apelaciones de inconstitucionalidad hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se hayan satisfecho todos los requisitos de las instancias internas”.