Eliminar el ministerio de ambiente es un gol en contra
“No puede haber una auténtica revolución ecológica que no sea socialista; no hay auténtica revolución socialista que no sea ecológica” John Bellamy Foster
Gustavo Márquez Marín – Aporrea
En ese sentido señaló: “En la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, nos activaremos en un conjunto de revoluciones que permitan seguir la nueva dinámica y asumamos las grades tareas del momento histórico que vivimos, que están consustanciados de una forma de gobernar, con la capacidad y eficiencia en la gestión y en todas las políticas públicas”. Especificó luego que son cinco revoluciones dentro de la revolución: la Revolución Económica-Productiva, la Revolución del Conocimiento, la Revolución de las Grandes Misiones, la Revolución Política del Estado y la Revolución del Socialismo Territorial.
Estas estrategias deberían ser consistentes con los objetivos del Programa de la Patria planteados desde la perspectiva ecosocialista, en contraposición con el paradigma desarrollista extractivista que comparten el capitalismo y las experiencias fallidas del socialismo del siglo XX. Por ello, esta formulación estratégica debería estar dirigida a la aceleración del proceso de transformación revolucionaria, enfocado en los cinco objetivos históricos del Programa de la Patria, teniendo en cuenta que el objetivo 5 es transversal porque acota todos los demás como se evidencia de su formulación: Construir e impulsar el modelo productivo ecosocialista, basado en la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”.
Los cambios en la estructura organizativa institucional deberían estar en sintonía con los objetivos históricos del Programa de la Patria legado por el Comandante Chávez, para vencer el burocratismo que convierte las instituciones en un fin en sí mismo y no en un instrumento de gestión enfocado en los objetivos del plan. Esta debe adecuarse a la dinámica del proceso de transformación y no a la inversa. Por lo tanto, debería basarse en un balance autocrítico de la gestión para identificar los errores y aciertos, en un análisis de la situación actual y de la correlación de fuerzas existentes en el escenario político nacional e internacional. Ese balance debería objetivar los logros y fracasos de la revolución en materia ambiental y responder interrogantes que generan incertidumbre sobre la autenticidad del enfoque ecológico de la revolución, como por ejemplo: ¿Por qué, tal como lo revela el informe de la FAO 2000-2010, Venezuela fue incorporada al grupo de países que más desforestan en el mundo, con un promedio de pérdida de 288.000 Ha/año llegando a una disminución neta de 11.1% del total de sus boques en solo 10 años, teniendo en promedio apenas una persona para supervisar 600.000 ha de bosques a pesar de disponer de una de las más alta biodiversidad del mundo? ¿Por qué solo el 14,4% de las fuentes emisoras de efluentes industriales no poseen sistema de tratamiento según el PNUMA (2010) y apenas el 32% de las aguas residuales reciben algún tratamiento afectando la salud pública? ¿En cuánto hemos avanzado realmente en el manejo de desechos sólidos y peligrosos, siendo este uno de los problemas ambiental más importantes del país? … y pare usted de contar. Hay que sincerar el diagnóstico de los problemas ambientales y avanzar en la ejecución de un plan de largo aliento, acompañado de un plan de inversiones y la territorialización de la gestión que lo haga viable, lo cual hace indispensable mantener y fortalecer el Ministerio del Ambiente como autoridad única del sector.
Un criterio clave en el diseño de la estructura institucional es que la función reguladora y de control debería estar separada de la función ejecutora en la administración pública. No se puede ser juez y parte, especialmente en áreas estratégicas como el ambiente. Ha sido un error unificar bajo el mismo mando a quienes dirigen empresas estatales y entes ejecutores de las políticas públicas y Ministerios afines responsables de la formulación y seguimiento de las mismas. Una de las debilidades del gobierno bolivariano es precisamente la falta de seguimiento de los planes, de la gestión y de las políticas públicas, lo cual ha llevado a desviaciones, despilfarro, corrupción, deterioro de los servicios públicos y baja productividad de las empresas del Estado.
La batalla contra el burocratismo resistente al cambio del modelo de Estado burgués reproductor del sistema capitalista podría perderse, si se liquidan espacios institucionales que históricamente han servido de interlocución al movimiento popular en su lucha por la vida y como mecanismos de control y contrapeso, a la presión que ejerce el proceso de acumulación capitalista sustentada en la superexplotación del trabajo y de la naturaleza. La legislación ambiental constituyen un acervo histórico de carácter estratégico, cuya aplicación y desarrollo requiere de una arquitectura institucional fuerte y efectiva, que desde el Estado se articule con el Poder Popular para potenciar y acelerar la transformación revolucionaria. Por ello, la eliminación del Ministerio del Ambiente decretada en el contexto de la reestructuración del gobierno, es una medida que contradice el discurso político ecosocialista, porque objetivamente debilita la función reguladora y contralora del Estado en materia ambiental, al subordinarla o condicionarla a una actividad objeto de su propia acción reguladora, como es el desarrollo urbanístico del cual es responsable el Ministerio del Poder Popular de la Vivienda y Hábitat. Quien regula, al actuar a la vez como ejecutor de una actividad sometida a su propia regulación, actúa de hecho como juez y parte, lo cual podría ser determinante cuando se toman decisiones sometidas a la presión de la coyuntura política y de los intereses económicos que giran en torno a las contrataciones públicas y en general a la actividad productiva o de servicios. Además, la materia ambiental es de carácter transversal, estratégico, transdisciplinario e intergeneracional, la cual por condicionar las demás, necesariamente debe mantener su autonomía, especialmente cuando la gestión pública, está sometida a permanentemente a las presiones de intereses económicos que pugnan en el territorio por la captura de la renta petrolera, mediante la explotación de los recursos naturales y el uso de la tierra, bajo la lógica del capital, en la búsqueda de maximizar las ganancias a corto plazo con el mínimo costo, donde el eslabón más débil es precisamente el ecológico por estar referido al futuro y a derechos difusos comunes. Al contrario, la decisión de designar a funcionarios distintos para ejercer la cartera de Energía y Petróleo y la presidencia de PDVSA, separando la dirección del ente regulador y la del ejecutor, se dio un paso importante en esa dirección, que luego paradójicamente se contradice con la “fusión” del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat. Empero, por ser las competencia del Ministerio de Ambiente transversal a las de todos los demás, no conviene encasillarlo en un Ministerio objeto de su regulación y control en una materia específica como es el desarrollo urbanístico y habitacional, creando una asimetría respecto de los otros Ministerios que tienen también ámbitos de competencias específicos sobre actividades sensibles al tema ambiental -como son, la minería, la infraestructura y el transporte, la industria, la agricultura y el petróleo entre otros- difícil de manejar en una gestión que tiene como foco principal y proyecto de grandes dimensiones como es la Gran Misión Vivienda y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que implica la intervención de grandes espacios del territorio nacional. Además de “autocontrolarse” el MPPVHA deberá controlar y regular desde el punto de vista ambiental a ministerios pares y sectores con los cuales compite en el territorio por el uso de la tierra, el agua y los recursos naturales enfocados en actividades que por su naturaleza deben intervenir los espacios naturales como son la minería, la explotación petrolera, la explotación agrícola y pesquera, la industria, el turismo, el desarrollo urbano, la infraestructura energética y de transporte entre otras.
Se ha justificado la eliminación del Ministerio de Ambiente para disminuir la burocracia, sin embargo, la experiencia ha demostrado que cuando se ha hecho “reingeniería” de la estructura institucional con ese propósito, a veces queriendo restar se multiplica la burocracia y las ineficiencias. Es así como en 1999 el Presidente Chávez fusionó el antiguo Ministerio de Industria y Comercio con el Ministerio de Agricultura, creando el Ministerio de Producción y Comercio, pero esa medida, además de eliminar el ministerio responsable de la seguridad y soberanía alimentaria, dio lugar a crear dos nuevos viceministerios y sus estructuras correspondientes. Una decisión que al poco tiempo fue revertida por el Presidente Chávez, al cerciorase de que esta medida debilitaba la acción del gobierno en un sector estratégico como es el agrícola. En el diseño de la arquitectura institucional es fundamental valorar la eficiencia, la pertinencia y las políticas sobre las cuales se sustentará su gestión. Pertinencia con las políticas de territorialización de la gestión pública con enfoque ecológico y holístico hacia la construcción del nuevo modelo productivo endógeno ecosocialista. La vía para reducir la burocracia es a través de la territorialización de la gestión pública.
El Ministerio de Ambiente como autoridad única, además de formular las políticas públicas y regular las actividades que se desarrollan en el territorio con el propósito de preservar el equilibrio ecológico, tiene una función de planificación estratégica territorial que es la base del Plan de Ordenamiento del Territorio que debe estar articulado con el Plan de Desarrollo Territorial de la Nación o sea, con el Plan de la Patria. Este Ministerio es el responsable de hacer el seguimiento de las actividades que se desarrollan en el territorio, para que éstas no rebasen los límites de sustentabilidad y resiliencia de los ecosistemas, para conservar las cuencas hídricas y ríos, los bosques, las playas y mares, los recursos naturales, la biodiversidad y el hábitat. Para que estos, se preserven para las generaciones actuales y futuras, sin los cuales se haría inviable la Nación misma, de ahí su importancia estratégica para la seguridad nacional. Para realizar esta función cuenta con un acervo histórico acumulado durante 40 años de leyes y normas conservacionistas que alcanzan más del 40 % del territorio nacional bajo la figuras de ABRAE (Áreas Bajo Régimen Especial) como Parques Nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, reservas de la biosfera y zonas protectoras entre otras.
El Ministerio del Ambiente es fundamental por tener una misión estratégica para la revolución ecosocialista bolivariana, por su función reguladora, contralora y planificadora en materia ambiental, necesaria para impulsar el Plan de Desarrollo Territorial Endógeno Ecosocialista, para derrotar la lógica depredadora del capital e implantar la lógica del Buen Vivir. A nivel de gobierno debe ser un motor para desterrar de la gestión pública la lógica desarrollista de la cual está impregnada, contribuyendo a que no se rebasen los límites de los equilibrios ecológicos. De ahí la importancia de que se mantenga su condición de Autoridad Única con participación permanente en la toma de decisiones del alto gobierno.
Venezuela tiene una de las legislaciones ambientales más desarrolladas y completas de América Latina y el mundo. Habiéndola acumulado en cuatro décadas, constituye un robusto marco legal que nace del preámbulo y del exclusivo capítulo IX sobre los Derechos Ambientales de la Constitución. Además está conformado por la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Ley de Bosques y Gestión Forestal, la Ley de Aguas, la Ley de Protección de la Fauna Silvestre, la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Pesca, además de 67 leyes aprobatorias de Tratados Internacionales, más de 180 Decretos y 250 Resoluciones. Este bagaje jurídico tiene esas dimensiones por el carácter complejo, transdisciplinario y transversal del tema ambiental, cuyo alcance parte del propio proceso de planificación territorial y toca todos los aspectos asociados a la vida social y política de la Nación y a nivel de gobierno, requiere de una autoridad rectora, con suficiente autonomía, capacidad tecno-política y fuerza legal para garantizar su ejecución. La aplicación de esta amplia normativa y la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial con un enfoque ecológico requiere sin duda de un Ministerio del Ambiente con capacidad real para ejercer el seguimiento, la regulación y el control de las políticas públicas y proyectos que conforman el Plan de la Patria. Por lo tanto, con su eliminación sin justificación alguna y en contravía a la tendencia mundial y latinoamericana, el gobierno se metió un autogol a favor de los ecocidas y enemigos de la revolución que pugnan por la preservación del capitalismo depredador.
Lo peor que pudiera ocurrir es que con su eliminación el Ministerio de Ambiente termine siendo descuartizados como una res después de ser “beneficiada” en el matadero, dispersando sus funciones en distintos ministerios y entes públicos, con lo cual se habrá consumado su entierro definitivo, para satisfacción de los funcionarios corruptos y empresarios que desde ahora tendrán manos libre, para invadir parques nacionales, privatizar las fuentes de agua, destruir las reservas forestales y de fauna silvestre, modificar el paisaje, atizar la explotación minera que corroe la entrañas de la madre tierra liquidando las fuentes de agua que alimentan nuestros ríos y los sistemas hidroeléctricos que sustentan la matriz energética nacional, divorciar las políticas pública de las restricciones que impone el equilibrio y la resiliencia de los ecosistemas. Al desarticular las funciones del Ministerio de Ambiente, se crearían las condiciones para la inaplicabilidad de las leyes y normas ambientales, debida a que estas conforman un sistema jurídico interdependiente que requiere de un órgano especializado para soportar las decisiones. Su ausencia las convertiría definitivamente en letra muerta y el discurso ecosocialista también.
Si el propósito de la reestructuración del gobierno es avanzar en la transformación del Estado, para ponerlo en sintonía con el Programa de la Patria que nos legó el Comandante Chávez, conviene la aplicación de las 3R en el caso de la eliminación del Ministerio de Ambiente. Una revisión que incluya un balance de la gestión ambiental de la revolución, una rectificación para refundar el Ministerio del Ambiente con un enfoque ecosocialista y su reimpulso mediante el fortalecimiento de la capacidad en áreas con la guardería ambiental, el sistemas de seguimiento de los sistemas ambientales y de las políticas públicas desde la perspectiva ambienta, planificación y estudios de impacto ambiental, para que pueda asumir los grandes desafíos implícitos en las cinco revoluciones planteadas por el Presidente Maduro. Con ese fin, proponemos restaurar y fortalecer el Ministerio del Ambiente y adscribirlo a la Vicepresidencia de Planificación, con el cual debe trabajar armónicamente para viabilizar el Programa de la Patria, articulando el Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan de Desarrollo Territorial, avanzando en la territorialización de la gestión pública a través de la construcción de un sistema de planificación territorial participativa basado en “El Buen Vivir”.