Argentina: El arte de navegar entre tiburones
Juán Guahán – Question Latinoamérica
Cuando estalló la crisis en los inicios de este año, que culminara con la devaluación del 23 de enero, el gobierno adoptó una estrategia para los 686 días que le restaban de gestión. En medio de problemas y presiones económicas, que mostraban sus uñas, el gobierno quería asegurar que durante ese tiempo mantendría firmes las banderas de sostener empleo y consumo.
Ya comenzaban algunos problemas que cuestionaban el éxito del doble superávit: El comercial (mayores exportaciones que importaciones) y el fiscal (mayores ingresos que egresos de Caja). Ambos ya no eran tan fuertes.
El comercial, aunque más débil, continuaba, pero el fiscal comenzaba un raudo incremento negativo. En ese marco el gobierno tomó el camino de resolver esos problemas apostando al ingreso de dólares, ya sea bajo la forma de inversiones privadas, estatales o préstamos internacionales. Con esos recursos pensaba salvar los nubarrones que aparecían en el horizonte. Avanzando en esa dirección, adoptó una serie de medidas destinadas a resolver viejas cuentas pendientes. Pagó juicios del CIADI (de la época de la crisis del 2001/2002); arregló con REPSOL, haciendo efectiva la expropiación de una parte del paquete accionario; abonó al Club de París, viejas e improbables deudas.
Cuando creía que podía presentarse ante el mundo con su promocionado “desendeudamiento” y mostrar las cuentas normalizadas, vinieron las sentencias por los “Fondos Buitres” y la Suprema Corte de los Estados Unidos, no le dio al gobierno los plazos que esperaba. Quedó firme el fallo que abría el camino a un reclamo inmediato. Los dimes y diretes de esta nueva situación ya son conocidos. El ingreso -más o menos inmediato- de dólares, en inversiones o préstamos, se esfumó. Sólo hubo una excepción, fue la posibilidad de China con sus inversiones (en represas y ferrocarriles) y la perspectiva de un juego financiero canjeando pesos por yuanes.
Lo que importa señalar es que toda esta nueva situación fue creando las condiciones para un cambio de estrategia.
La nueva estrategia
La Presidenta, ante una negociación muy compleja y de resultados imprevisibles, vio la oportunidad de colocar en el centro del debate el tema de la defensa de la soberanía nacional. La ejercería contra, lo que consideraba, esa minúscula y desprestigiada porción del capital financiero internacional representado por esos “Fondos Buitres”.
El 30 de julio de este año, cuando faltaban 498 días para el fin de la actual administración, puede considerarse como la fecha del cambio de estrategia. Ese día vencía el plazo de gracia para pagar los bonos que habían entrado en el canje y que no podría concretarse por la orden del Juez Thomas Griesa a la institución pagadora, el Banco de Nueva York. Esa tarde Axel Kicillof, nuestro Ministro de Economía, anunció que no hubo acuerdo.
No solo eso, también hizo público que el gobierno se “despegaba” de los eventuales “acuerdos entre privados” (un grupo de bancos que podrían comprar los bonos y luego negociarlos con el gobierno argentino, operación que había sido promovida por sectores del propio gobierno). Además insinuó, lo que al día siguiente avalaría la Presidenta, que en enero se le volvería a ofrecer, a esos “buitres”, un pago igualitario respecto a lo recibido por los demás bonistas y no lo que Griesa ordenó abonar.
A partir de ese día tomaron vuelo las denuncias contra los “Fondos Buitres”, acompañadas de críticas al propio Presidente Barack Obama. El acto del martes pasado en el Luna Park bajo la consigna “Patria o Buitres” es una prueba de esa política. Las encuestas de opinión parecen ser favorables y fortalecen la continuidad de esta respuesta. 
En esta semana se han producido algunos hechos que muestran la escalada de esta confrontación. El martes los “Fondos Buitres” dieron por clausurada toda posibilidad de acuerdos para que bancos privados adquieran los bonos en conflicto. Ese mismo día, Cam Ferenbach, un juez de Nevada, a 2565 kms. de Griesa y Nueva York, hizo lugar a que uno de los “Buitres” pueda iniciar investigaciones sobre bienes de Lázaro Baez para embargarle dinero y cobrar parte de la sentencia de Griesa.
Este Juez lo fundamentó en que “no hay dudas de que Báez malversó fondos de Argentina y que un malversador o ladrón no adquiere título de propiedad sobre aquello que roba”. Esta acusación roza al gobierno en el centro de su dispositivo. Lo que dice, el juez norteamericano, está fundamentado en una investigación realizada por el Fiscal José María Campagnoli, a partir de las denuncias periodísticas sobre el “lavado de dinero” que allí se habría realizado a través de 123 empresas fantasmas, para luego viajar rumbo a las Islas Seychelles y –posiblemente- reingresar al país. Esta agraviante denuncia fue rotundamente rechazada por Jorge Capitanich, en nombre del gobierno.
El jueves hubo una fuerte respuesta del gobierno. Fue producida por la propia Presidenta. Anunció que pediría el procesamiento de los directivos de la empresa gráfica norteamericana Donnelley, que habían solicitado la quiebra dejando en la calle a más de 400 trabajadores. Lo significativo del caso es que se los denunciaría en virtud de la aplicación de la Ley Antiterrorista “por alteración al orden económico y financiero, al crear un estado de quiebra que no es tal, para estafar o generar temor en la población”.
La escalada siguió el viernes cuando el Jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, hizo saber que si se avanza en este proceso se podría perseguir y pedir el congelamiento de esos “Fondos Buitres” en otras partes del mundo.
Cuando terminaba la semana un cable desde Nueva York informaba que el próximo 18 de setiembre nuevamente la Cámara de Apelaciones de Nueva York (el superior de Griesa) tendría una audiencia solicitada por Argentina y el Citibank con vistas a que los bonos que dicho Banco debe abonar no sean bloqueados por Griesa.
Se ha abierto una ventana, para desandar la escalada.
El rumbo, para el gobierno argentino, es claro y rotundo. Se trata de sostener el enfrentamiento con los “Fondos Buitres” y procurar mantener consumo y empleo emitiendo dinero. De esa manera esperan llegar hasta el fin del mandato. La posibilidad de hacerlo, en el marco de esta realidad económica es la variante a la que el gobierno no puede perderle pisada.
la evolución de las variables internas
En el orden interno hay situaciones económicas, institucionales y judiciales cuyo desenvolvimiento va afectar el desarrollo de la confrontación señalada y determinará las características del final que tendrá esta administración estatal. 
En lo económico, hay algunos hechos positivos producidos esta semana que han sido opacados. La ratificación del plan PROCREAR, es uno de ellos. Se trata de la construcción de 105 mil viviendas en 4 años, con créditos que llegan hasta los 350 mil pesos, a 20 y 30 años y con tasa de interés que van del 2 al 17%.
Otra gran posibilidad se da con la posible apertura del mercado ruso a productos argentinos, con motivo del veto de ese país a importaciones de Europa y Estados Unidos, por la crisis política que atraviesa con los mismos por la cuestión de Ucrania.
En YPF destacan el hallazgo de otro pozo petrolero y tomó estado público una importante compra de acciones (3,5% del total) por parte del multimillonario George Soros. Mientras se agudiza el debate con algunas provincias petroleras (Neuquén, Mendoza y Chubut) por la adjudicación de áreas que estas provincias reclaman para sí y que la Nación aspira a controlar. Ese fue otro tema del fuerte discurso presidencial del jueves, donde Cristina sostuvo “que no quede en manos del gobernador de turno, a quien le da las áreas y a quién no”.
El gobierno sabe que el tema del empleo se ha instalado como una de las cuestiones críticas. La denuncia a la empresa gráfica Donnelley es una muestra de ello. Pero el problema es mucho más extendido. Hasta el oficialista Cristóbal López ha decidido que desde el lunes y hasta el 9 de setiembre la planta Paraná Metal (Villa Constitución) permanecerá cerrada con el personal suspendido.
La acería Acindar, de capitales hindúes, también se encuentra en una situación semejante. Como parte de una recesión instalada, las terminales automotrices de Wolkswagen, Fiat, Peugeot, Citroën e Iveco, continúan con suspensiones parciales y programadas en diversas plantas del Gran Buenos Aires y Córdoba.
En materia de precios, la medición del INDEC, para el mes de julio, registra un aumento del 1,4%. La que resulta del promedio de las consultoras privadas da un incremento del 2,47%, con lo que redondea un 40% de inflación en el último año (de julio a julio).
El gobierno tiene en trámite legislativo, en Senadores, la polémica Ley de Abastecimiento. La oposición y las Cámaras de Comercio se oponen a la misma y desde la Casa Rosada reivindican que favorece a consumidores y pymes. Es evaluada como un importante instrumento para disciplinar a los empresarios y poner frenos a la inflación.
Son varias las provincias y la Capital Federal que temen por la continuidad de este “default selectivo”. Si el mismo sigue se hará muy difícil allegar recursos provenientes de créditos internacionales. Ellos aparecían como la salida para arreglar los desajustes presupuestarios. Estas autoridades se quejan porque las provincias no tienen la posibilidad de la emisión monetaria a la que tiene acceso el gobierno nacional, con el expediente de hacer funcionar la “maquinita”.
Por último, mientras la Justicia Federal acecha al gobierno con los procesos a Amado Boudou y la efedrina, el dólar paralelo -negado por el gobierno pero usado como referente por comerciantes e industriales- volvió a instalarse por encima de los 13 pesos, cifra que no alcanzaba desde la crisis de enero.
La desunión de UNEN
Siempre se especuló con las dificultades de mantener ese conglomerado de 5 fuerzas, conocido como FAP-UNEN. Esta semana recordaban el primer aniversario de su triunfo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año pasado, en la Capital Federal. Lo que debía ser un día de festejo terminó en un escandaloso “pase de facturas” que todos ellos temían.
Fueron “verdugos” de esa situación el “matrimonio político” constituido por Elisa “Lilita” Carrió y Fernando “Pino” Solanas. Pino Solanas agitó su mano y dijo, con la elocuencia que lo caracteriza “UNEN está amesetado (…) se le ha hecho mucho daño. En este espacio no hay espacio para la derecha moderna”. Todo ello en obvia alusión a los mimos de algunos de sus miembros –Lilita entre ellos- con Mauricio Macri.
Lilita tomó su cartera y se retiró, después diría que “hay silencios que dicen más que muchos discursos”. Su explicación racional y política fue clara. Si van a elecciones 4 fuerzas: Scioli, Massa, Macri y FAP-UNEN, la segunda vuelta será entre peronistas (Scioli vs. Massa) y no habrá cambio posible. Solo se puede evitar eso con un acuerdo entre FAP-UNEN y el PRO de Macri.
Las cartas están echadas falta “dar varias manos más”, antes que el juego termine.