Honestidad revolucionaria, una propuesta para transformar el Estado
RESISTENCIA ANTIMPERIALISTA| Hoy, cuando los revolucionarios hemos sido convocados a discutir sobre la trasformación del Estado con vistas a la profundización socialista y el avance hacia el Estado Comunal, se hace necesario un profundo debate sobre el Estado y las formas de transformarlo.
“… la corrupción es todo una operación contrarrevolucionaria que está dentro de la revolución; el burocratismo es toda una corriente contrarrevolucionaria que está dentro de la revolución. Hay que apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario”
(Comandante Hugo Chávez, 2007)
La transformación del Estado requiere de una verdadera Revolución en la Revolución, que pasa por romper con la cultura política imperante, con el Estado rentista y clientelar heredado, rompiendo con la forma de hacer política que ha prevalecido hasta ahora. La ética y la honestidad deben convertirse en valores imprescindibles en este proceso y en el actual escenario de luchas, es por esto que el tema de la Transparencia debe pasar al primer plano.
Tal como lo sostiene Simón Andrés Zúñiga, uno de los campos de batalla principales de la guerra económica es la pugna por la renta petrolera tanto en la generación de dólares (PDVSA) como en su distribución (control de cambio). Siguiendo esta línea, agregamos como un ámbito relevante a considerar la Redistribución de esta renta a través del Estado (ya convertida en bolívares). Del ingreso nacional generado por la renta petrolera, una vez distribuida entre los factores de poder macroeconómicos, la parte que le corresponde al Estado es redistribuida en su interior y hacia el pueblo como gasto administrativo y social (ministerios, misiones, fondos públicos, etc.), siendo buena parte de este gasto público desangrado por la corrupción, la burocracia y el clientelismo.
Es en este ámbito de la redistribución de la renta donde creemos que también debemos avanzar, en dos sentidos complementarios, debilitando los vicios, la cultura, estructuras y antivalores del viejo Estado heredado, por un lado, y expandiendo, fortaleciendo y consolidando las instancias del poder popular, es decir, las bases del nuevo Estado Comunal por nacer.
Dentro de las iniciativas para avanzar en este sentido es que planteamos la necesidad de una ley de honestidad, transparencia e información pública que sirva para enfrentar el desfalco del ingreso nacional tanto por parte de los sectores capitalistas como al interior del propio Estado.
La demanda por las lista de las empresas que recibieron dólares del Estado lleva tras de sí una cuestión fundamental ¿y acaso esta información no debiese haber sido pública desde un comienzo; acaso el pueblo no tiene derecho a saber qué se hace con los ingresos de la Patria? Sabemos que instituciones como Transparencia Internacional y otras financiadas desde el Norte se esfuerzan por recalcar que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, como parte de la estrategia norteamericana de desprestigiar y deslegitimar al proceso revolucionario, pero esta “maniobra del imperialismo yanqui” no debe hacernos olvidar que la corrupción es un tema de primer orden y que debe ser enfrentado como tal. La transparencia de la información, del uso y destino de los recursos del pueblo, es una herramienta que puede servir para ponerle freno a los vicios del viejo Estado y fortalecer las capacidades contraloras del poder popular contra los males de la burocracia, la corrupción y el clientelismo.
Burocracia, burocratismo, corrupción y clientelismo
Desmantelar el viejo Estado para sustituirlo por un Estado Comunal de carácter socialista y sustentado en el poder popular, significa enfrentarse a un sector social (clase social) amarrado al propio Estado: la burocracia. De manera general podemos decir que el objetivo de la burocracia es recibir la mayor cantidad de ingresos sin trabajar; su poder reside en el control de la redistribución del ingreso nacional; su mecanismo más rápido de enriquecimiento es sustrayendo recursos de forma ilícita (corrupción); su cultura política es el burocratismo, la ineficiencia y la ineficacia; su ideología de izquierda es el reformismo; su forma de accionar político es el clientelismo; su sustento y origen: el rentismo petrolero.
Debemos entender que en el capitalismo la burguesía como clase social no se encuentra sola. En el bloque capitalista dominante debemos considerar también, al menos, a otro sector o clase social que cumple una función vital dentro del capitalismo y que es lo que en términos generales podríamos llamar “burocracia”.
En el capitalismo actual existe una diferencia en lo referente a la propiedad de los medios de producción, debido a que no es lo mismo la posesión legal de los medios de producción que el control real y efectivo sobre estos. En la sociedad industrial, el burgués había reunido ambas condiciones, pero en el capitalismo contemporáneo el burgués muchas veces sólo es el propietario legal ya que el control real está en manos de directivos y gerentes (la burocracia empresarial). Son estos últimos los que controlan el proceso productivo, obteniendo grandes ganancias por ello. En nuestro caso podríamos decir lo mismo, el pueblo o la Nación puede ser la propietaria formal de los medios de producción, de los recursos naturales o del ingreso nacional, pero quienes los controlan son los altos funcionarios del Estado.
Estos burócratas jurídicamente son asalariados, pero no reciben su salario de la misma forma que el proletariado. Este último obtiene un salario a cambio de vender su fuerza de trabajo, que es igual a lo que socialmente se considera como necesario para producir y reproducir esta fuerza de trabajo. Con los directivos y gerentes (en las empresas privadas) y los altos funcionarios del Estado ocurre algo distinto, su salario excede largamente este costo social. La particularidad de la burocracia es que no es propietaria de los medios de producción, pero sí usufructúa de la plusvalía generada por el proletariado (y en el caso venezolano, además, de la renta petrolera). Esto, porque la burocracia posee un recurso de carácter organizacional: domina y controla a los trabajadores y la división del trabajo en la que están insertos así como la redistribución del ingreso del Estado (para el caso de la burocracia estatal).
De esta forma, podríamos considerar a la burocracia como una clase particular, en una relación de interdependencia respecto al proletariado y la burguesía. La burocracia es un tipo de asalariado que participa de la explotación del resto de los asalariados usufructuando de paso de las ganancias de la burguesía, es decir, vive de ambos. En teoría sus intereses debiesen ser contradictorios tantos con los del proletariado como con los de la burguesía, pero en la vida real se desenvuelven junto a la burguesía, con la que está vinculada tanto por el interés de aumentar la explotación sobre el proletariado como por relaciones de carácter familiar y político. Hoy la alianza entre distintos sectores de la alta burocracia estatal con el poder financiero, agroindustrial, terrateniente y comercial importador, constituye uno de los principales enemigos a combatir por los revolucionarios.
En el caso venezolano, el papel del petróleo en la estructura política, con un Estado con enormes ingresos producto de la renta del oro negro ha generado una situación particular en donde la burguesía ha surgido en buena parte por obra del Estado, y no al revés. Es más, las clases y sectores sociales se estructuran en buena medida a partir del porcentaje que logran sustraer de la renta petrolera.
La burocracia encargada de administrar y controlar el Estado se ha encontrado con un botín a saquear con el cual se han convertido en prósperos capitalistas, siendo las prácticas ilícitas el medio más recurrente para materializar ese prodigioso ascenso social. Vivir como sanguijuelas de la renta petrolera ha sido una práctica extendida en diversos niveles al resto de la sociedad generando una cultura de la improductividad, de la corrupción y de la ineficiencia. Todos tratan de sacar su trozo de la renta y mientras menos esfuerzo esto requiera tanto mejor.
Esta realidad estructural-cultural generada por la renta petrolera ha convertido al Estado en un generador de riqueza para quienes lo controlan, de ahí que sea casi un resultado inevitable el surgimiento de una nueva burguesía (lo que algunos han llamo “boliburguesía”) al calor del proceso revolucionario.
Si de lo que se trata es de obtener reales con un mínimo de esfuerzo no es de extrañar que la lógica reinante en el aparato público sea el burocratismo convertido en cultura de la ineficacia y la ineficiencia (qué mejor para no trabajar ni compartir el presupuesto nacional que la dictadura del papeleo). El burócrata vive para no trabajar, vive y existe para sí, secuestra al Estado vistiéndose sin escrúpulos de adeco un día, de chavista otro, según sea necesario. La reconversión política de los burócratas supera todo límite de velocidad y hoy tenemos con sus camisetas rojas-rojitas a una enorme cantidad de falsos reconvertidos que asechan como mosquitos el presupuesto nacional para succionarlo.
En estos años de revolución el uso de la renta petrolera para saldar la enorme deuda social heredada ha significado la expansión del gasto público y del volumen del Estado, convirtiéndose este en el mayor generador de empleo, con lo cual la burocracia se ha multiplicado, al igual que su perversa lógica y cultura. Todos sabemos que para muchos el mayor regalo que pueden recibir es un empleo en el Estado, ya que ahí dicen se trabaja poco y se gana mucho, sobretodo si sobre el ingreso legal se puede hacer uno que otro negocio. Ser funcionario de partido, concejal, alcalde, trabajador de PDVSA, es una buena oportunidad si de hacer dinero se trata, “si todos lo hacen, por qué yo no”.
A la hora de operar políticamente la burocracia, sea del color que sea, usa un mecanismo particular: el clientelismo. El “autoritarismo” no está solo en las dictaduras militares, existen relaciones políticas verticales que no son democráticas pero que no se rigen por el uso primordial y evidente de la coerción como en los regímenes autoritarios. Y, dentro de las situaciones autoritarias, una de las más características en los sistemas políticos latinoamericanos es el clientelismo.
El clientelismo es el control social de los electores, caracterizado por una relación entre dos partes de posición desigual, un intercambio de bienes y servicios no homogéneos y una relación interpersonal. Esto significa que existen necesidades y bienes y/o servicios escasos o de difícil acceso (vivienda, créditos, mercado, etc.), los cuales son o podrían ser controlados por determinados grupos (partidos políticos, entidades públicas, etc.); estos grupos ofrecen a los electores el acceso a alguno o a parte de estos bienes o servicios a cambio de que estos últimos le entreguen el voto. Es una relación asimétrica basada en la carencia que tiene el pueblo y que no implica un cambio igualitario, ya que son los partidos los que definen qué, cómo y cuándo intercambiarán algo y lo que pedirán a cambio: voto, fidelidad, trabajar para la campaña, repartir propaganda, ir a las concentraciones, etc.
Esto es realidad cotidiana antes de cada elección. El clientelismo puede ser efectivo desde punto de vista electoral, pero no construye consciencia ni fuerzas sociales revolucionarias, lo que construye son rebaños, lealtades superficiales al mejor postor.
La ideología del burócrata que se dice revolucionario es el reformismo. No quiere empoderar al pueblo, pues esto significar limitar la expansión burocrática y reducir sus privilegios. Al burócrata le gustan las reformas, pues sabe que cada reforma trae consigo más leyes, más instituciones, con las cuales puede expandirse. Es por esto que cada vez que se habla de mejorar la gestión pública no se discute cómo hacer más eficaz y eficiente lo que ya existe, sino que inmediatamente se propone crear más estructuras, más comisiones, más instituciones. El reformismo burocrático es así un enemigo acérrimo del poder popular y si dice apoyarlo es sólo para burocratizarlo y generar una cadena de intermediarios que succionen hasta la ultimá gota de recursos destinados a los concejos y comunas.
Cuando pensamos en combatir los vicios del viejo Estado pensamos en hacer frente a esta realidad. Si la burguesía se constituye a partir del presupuesto nacional, si la corrupción se ha hecho cultura, si el clientelismo se ha vuelto normal, si reina el reformismo, debemos desarrollar iniciativas que las eliminen o, al menos, le pongan trabas, entendiendo que estos males nunca se superarán completamente mientras no se supere el rentismo petrolero.
Un derecho del pueblo bolivariano
Venezuela es uno de los países latinoamericanos en donde el derecho a la información está considerado como un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución Bolivariana.
En la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5453, Extraordinario del 24 de marzo del 2000), se establece que:
“Se consagra a favor de los ciudadanos el derecho a la información oportuna y veraz por parte de la Administración Pública. Este derecho adquiere suficiente amplitud y precisión, ya que abarca lo relativo a las actuaciones de los cuales sean interesados, así como el conocimiento de las resoluciones definitivas que se dictasen, y acceso a los archivos y registros administrativos, salvo las excepciones legales. Como complemento a esta disposición se establece la prohibición absoluta de censura a los funcionarios públicos en su relación con su deber contemplativo al derecho a la información consagrado en esta disposición.”
En relación a esto, el Articulo 28 de la Constitución establece que toda persona podrá “… acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas.”
En los articulados sobre la Administración Pública la Constitución define que “La Administración Publica está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” (Artículo 141) Y que “Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a estar informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Así mismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a la seguridad interior y exterior, a la investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, con conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen asuntos bajo su responsabilidad.” (Artículo 143)
Así mismo, otras leyes, incluida la Ley de Administración Pública, establecen criterios de transparencia y acceso a la información.
En el propio Plan de la Patria, hoy convertido en ley de la República, se establecen objetivos y principios que justifican una ley de transparencia e información pública: el objetivo de que pulverizar la forma de Estado burgués heredado, por un Estado social y democrático, de derecho y justicia; fortalecer y defender los poderes públicos del Estado; el manejo soberano del ingreso nacional; el preservar los valores de la honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo contra antivalores como la corrupción y el burocratismo; el fortalecer la contraloría social; y el garantizar el derecho al acceso y libre ejercicio de la información y comunicación veraz. Objetivos legados por nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y que deben seguirnos como guía para enfrentar la corrupción y el burocratismo.
Si bien la transparencia y el acceso a la información pública cuentan con un marco de sustento, no existe ninguna ley específica sobre la materia, por lo que las declaraciones y principios quedan en el papel.
A discutir una ley de transparencia y acceso a la información pública
Alfredo Maneiro nos hablaba de eficacia política y calidad revolucionaria. Esta, sin duda, no podrá lograrse bajo un Estado corrupto y burocrático. Hoy, cuando el presidente Nicolás Maduro cuenta con poderes especiales otorgados por la Ley Habilitante para la lucha contra la corrupción y la defensa de la economía, creemos necesario poner en discusión la necesidad sobre una ley de información pública, transparencia y honestidad que supere las propuestas ya existentes y se inserte dentro del objetivo de construcción del socialismo y del Estado Comunal.
Para enfrentar la corrupción y la burocracia se hace necesaria una ley que permita a los ciudadanos y al poder popular acceder gratuitamente a toda la información de los órganos e instancias públicas (con la excepción a aquellas que pasen a llevar los derechos de las personas, el normal funcionamiento de los organismos públicos y la seguridad interna y externa). Como existe en otros países, esta ley debe permitir el derecho a requerir por escrito a los organismos respectivos información en cualquier formato, con la posibilidad de reclamar ante la justicia en caso de que dicha información sea negada de forma injustificada (con sanciones para los funcionarios responsables de otorgar dicha información).
El pueblo tiene derecho a conocer los presupuestos de los distintos organismos, los contratos que estos realizan, la cantidad de funcionarios que poseen, quiénes son, cuánto perciben, qué funciones realizan, orgánicas y estructuras, gastos administrativos y de personal, etc., es más, se debiese avanzar, aprovechando la Ley de Infogobierno, en la informatización de toda la información y su disponibilidad en los diversos sitios web para todo el pueblo.
El pueblo tiene derecho a saber cuánto, cómo, quién, con qué objetivo, con qué autoridad, se gasta hasta el último bolívar del presupuesto nacional. Con transparencia y el rol fiscalizador del pueblo se puede luchar de mejor manera contra la corrupción.
Los sujetos de esta ley deben ser el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano, electoral, los poderes públicos estatales, municipales y el poder popular, así como las personas jurídicas de derecho público con participación en empresas del Estado y los privados que hacen contratos o convenios con el Estado. También deben integrarse instituciones como el Banco central, universidades estatales, las empresas socialistas, institutos y establecimientos públicos, los CDI, infocentros, etc., la transparencia debe ser total. ¿Por qué no integrar también a las empresas privadas estratégicas para el país y de esta forma evitar que acaparen y especulen? ¿Por qué no integrar bajo este marco a los partidos políticos y sus dirigentes nacionales y estadales y que el pueblo sepa donde veranean y que intereses económicos poseen? Recordemos a Gramsci cuando nos decía que la distinción entre público y privado es una diferenciación interna del derecho burgués, y lo que tiene interés público y nacional va más allá del aparato de Estado, sobretodo cuando lo llamado “privado” afecta a millones de personas.
Todo recurso entregado por el Estado debe ser de público conocimiento. Si el Estado entrega dólares a una empresa se debe saber quiénes los entregaron, con qué autoridad, cuánto entregaron, a quiénes lo entregaron, en qué se gastaron y quienes están a cargo de esa empresa.
Hay que superar las mezquinas propuestas impulsadas desde la NED y la Usaid a través de Transparencia Internacional, nosotros estamos en guerra y en ese contexto hay que afrontar al enemigo tanto dentro como fuera del Estado. Debemos desarrollar una ley que sea una herramienta para que el poder popular ejerza sus labores de contraloría y un elemento de disuasión para las prácticas deshonestas.
Trasparentando todo, obligando a todos los funcionarios y órganos públicos a declarar y justificar sus ingresos y gastos, se podría una valla importante a la corrupción y al poder burocrático y sus negocios con el poder económico. Esa sería una verdadera Revolución dentro del Estado.
Dentro de esta ley también debe establecerse la obligatoriedad de una declaración jurada de patrimonio para todos los cargos de elección popular y para los altos funcionarios del Estado, mejorando lo que se viene intentando hacer desde el 2009. A esto debe agregarse una declaración jurada de intereses y establecerse el concepto de “conflicto de interés” para evitar el enriquecimiento ilícito a través de los negociados entre autoridades y altos cargos y sus propias empresas o las de sus familiares o amigos.
El pueblo no quiere más dólares regalados sin que nadie sepa por quién, a quiénes y para qué, no quiere más tractores que simplemente desaparecen sin que nadie sepa nada, no quiere más negocios entre los alcaldes y las empresas controladas por sus familiares, no quiere tener que mendigar más su voto a cambio de derechos que debiesen ser para todos, no quiere ver más camionetas regaladas a personajes que solo las usan para fines personales, el pueblo no quiere más corrupción ni maniobras oscuras, quiere funcionarios y autoridades honestos como lo fue el Comandante Chávez. El pueblo quiere transparencia, quiere información, porque saber es poder y un poder popular sin información no es poder.
Si vamos a luchar contra la corrupción y los males del viejo Estado hagámoslo en serio, aunque se genere una verdadera guerra interna contra la burocracia corrupta y el reformismo. Nuestro pueblo merece la construcción de un socialismo ético, honesto y transparente y una verdadera revolución sería que Venezuela pase de ser considerado uno de los países más corruptos del mundo a ser uno de los más honestos y transparentes, un socialismo ejemplar que nuestro pueblo a gritos exige y merece.