Ecuador, hacia el fin de la política de amnesia

HERNANDO CALVO OSPÍNA| En mayo 2007, cuatro meses después de haber asumido la presidencia de Ecuador y cuando nadie lo esperaba, Rafael Correa decretó la conformación de una Comisión de la Verdad. ¿El objetivo? “Investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos violentos y violaciones a los Derechos Humanos atribuidos a agentes del Estado”, particularmente en el periodo 1984 y 1988 bajo el gobierno de León Febres Cordero.

La mayoría de ecuatorianos apenas recordaba esos tenebrosos años. A nivel internacional la creación de la Comisión no mereció atención. Al interior, la derecha y un sector de los organismos de seguridad reaccionaron virulentamente.

Febres Cordero gobernó a Ecuador con mano fuerte y revolver al cinto, como si estuviera en una de sus haciendas. Impulsado por su gran “amigo”, el presidente estadounidense Ronald Reagan, desde su llegada al gobierno empezó a imponer las drásticas medidas neoliberales que el Fondo Monetario Internacional le propuso. Se sabía que esto traería el rechazo popular. Entonces, pretextando el combate a las nacientes y poco poderosas guerrillas, lanzó a los servicios de seguridad a una escalada represiva sin precedentes. Toda persona y organización que oliera a oposición política fueron declaradas objetivos. Se aplicó la estrategia de guerra al “enemigo interno”, esa que había dictado la Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense en los años sesenta. En resumen, la receta aplicada por este gobierno fue la de las tres «P»: plata para los amigos, palo para los indecisos y bala para los enemigos.

Después de tres años de investigaciones, el 7 de mayo del 2010 la Comisión entregó su informe al Presidente Correa.1 Ahí estaban detalladas 831 violaciones de derechos humanos, que afectaron a 456 víctimas. También los nombres de los principales oficiales responsables de torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y asesinatos. Aunque con los gobiernos posteriores esas prácticas continuaron, al mantenerse las mismas estructuras represivas, el 70% fueron cometidas durante el gobierno de Febres Cordero.

El informe mencionó lo que era un secreto a voces: durante ese gobierno existió un grupo clandestino que se encargo del trabajo “sucio”. Este estuvo instalado al interior del entonces Servicio de Investigación Criminal, la policía secreta, y se denominó SIC-10. Aún en ese momento su existencia siguió siendo negada por los servicios de seguridad y los responsables políticos de derecha. Elsie Monge, presidente de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, y quien estuvo al frente de la Comisión de la Verdad, dijo: “Así se niegue que existió ese ente, la realidad es que fue un grupo de lo más represivo que ha existido”. 2

El presidente Correo pidió perdón, a nombre del Estado, a todos quienes habían sido afectados.

El Informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que asumiera el respectivo proceso. Casi tres años después, en febrero último, cuando se creía que la impunidad iba a cubrirlo, el fiscal Galo Chiriboga ordenó la incautación de unos 150.000 folios que estaban guardados en las bodegas de la Policía Judicial. Después, el 5 de junio, anunció públicamente: “Tenemos información evidente de la existencia de la organización clandestina SIC-10, que a su vez era estatal. Y lo más importante es que tenemos los nombres de los integrantes originales del SIC-10”. Así mismo aseguró que se encausaría judicialmente los implicados en 136 casos por violaciones a los derechos humanos, además de 456 asesinatos políticos, de los investigados por la Comisión de la Verdad.

Por el testimonio de las víctimas -siendo el que escribe esta nota una de ellas 3 – se sabía que desde 1985 existía un aparato clandestino de represión. Que su actuar estaba en coordinación con las Fuerzas Militares y de policía, pero también con Interpol. No solo eso: que coordinó muchos operativos con los gobiernos de Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y España, entre otros. O sea, una copia de lo que había sido el Plan Cóndor, instaurado en el Cono Sur, liderado por el general Pinochet y respaldado por Washington.

Las investigaciones que realizó el periodista Rolando Panchana, a fines de los años noventa, no solo empezaron a certificar lo anterior. Ellas fueron demostrando que el SIC-10 se había creado por orden expresa del presidente Febres Cordero y que respondía directamente al entonces ministro del Interior, Luis Robles Plaza. La Comisión de la Verdad certificó buena parte de todo ello.

En sus declaraciones, el fiscal debió reconocer que ha pedido explicaciones a las altas esferas de la Policía Nacional sin encontrar eco. “La respuesta ha sido el silencio y en el caso del SIC-10 el silencio y la negativa”.4

Algunos miembros del SIC-10 han muerto. Los principales responsables políticos también: Febres Cordero y Robles Plaza. Muchos de ellos están retirados, incluidos sus principales jefes operativos, pero siguen contando con el apoyo político de la derecha y de sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía, pues lograron escalar hasta los más altos cargos. Por ejemplo, Byron Paredes llegó a coronel (y cayó preso por narcotraficante); Fausto Flores ascendió a coronel y jefe antinarcóticos en una provincia; Enrique Amado Ojeda, quien fuera el jefe del SIC en la Provincia de Pichincha, ascendió hasta general de la Policía; Edgar Vaca, quien fue el jefe del SIC-10, llegó a Comandante general de la Policía; y Mario Pazmiño ascendió a director de Inteligencia del Ejército, hasta que el presidente Correa lo destituyó por ser el hombre de la CIA.5

Aunque no profundiza en el tema, la Comisión de la verdad deja en claro que el SIC-10 había sido creado “ bajo el concepto paramilitar israelí” (en la forma de combatir a la resistencia palestina). Mientras que un ex miembro del SIC-10 contó que fueron ex oficiales de la seguridad de ese país, MOSSAD, con el respaldo de la CIA estadounidense, quienes los instruyeron en las técnicas de tortura: “estos cursos de entrenamiento transformaron al personal en máquinas para el exterminio de gente”. Y siguió contando: “la crueldad” de los israelitas “llegó a tanto, que para las clases prácticas utilizaban de conejillos de indias a seres humanos que habían sido detenidos […] nos ordenaban la crianza de animalitos domésticos (perros), a los que luego de algunos meses de criarlos, nos obligaron a que los matáramos, como muestra de lealtad, ordenando que después de abrirles el estomago con un puñal, les saquemos con la boca un órgano cualesquiera del cuerpo del animalito (…), así mismo, se utilizaban siluetas de madera o cartón con los nombres de nuestras madres, para que disparemos sobre ellas”. 6

Ahora la palabra la tienen los tribunales de justicia. El presidente Correa, durante la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad, expresó que “los actos violentos son imprescriptibles y no son susceptibles de indultos o amnistías, para construir una sociedad cuya bandera de lucha contra la impunidad permita que Ecuador sea territorio de paz”.7

Notas:
1 “Sin verdad no hay justicia”. Informe de la Comisión de la Verdad. Quito, mayo 2010.
2 Elsie Monge, «En archivos de policia judicial consta listado de integrantes del SIC-10», Quito, 07 junio 2013.
3 Leer su testimonio en «Calla y Respira». Ediciones El Viejo Topo. Barcelona, junio 2013.
4 «Respuesta policial ha sido el silencio en el caso SIC-10», El Telégrafo , Quito, 13 junio 2013.
5 «Pazmiño, uno de los “cercanos” a LFC, CIA y DAS», El Telégrafo , Quito, 8 junio 2012.
6 Hugo España Torres. “El Testigo”. Ediciones Abya-Yala, Quito, 1996.
7 «Crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, advierte el Gobierno», ANDES, Quito, 08 mayo 2010.

*Periodista y escritor colombiano, residente en Francia y colaborador de Le Monde Diplomatique.