Asamblea Constituyente, puerta a la libertad

MANUEL CABIESES | Casi un cuarto de siglo de retraso tiene la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita a los chilenos decidir libremente el destino de la nación, y así poner fin al periodo de dominación oligárquica que abrió el golpe de Estado de septiembre de 1973 y que no ha terminado.

Esta deuda, que mantiene en interdicción la soberanía popular, reduciendo los derechos del ciudadano a una mínima expresión, es todavía más antigua si tomamos como referencia los compromisos que en los años 80 asumieron todos los partidos políticos, desde liberales de derecha hasta el MIR, pasando por la Democracia Cristiana y los partidos Socialista, Comunista, Radical, etc. Asimismo están las declaraciones pro Constituyente de figuras destacadas de esas colectividades, como Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Ricardo Núñez, Hugo Zepeda, etc.(1)

Para los años 80 -incluso se registraron opiniones tempranas en los 70-, todos los sectores políticos que se agrupan hoy en la Concertación de Partidos por la Democracia, más la corriente liberal que tiene domicilio en Renovación Nacional -y por supuesto el Partido Comunista-, coincidían en que al recuperar Chile el Estado de derecho “se crearían las condiciones necesarias para el más pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente integrada por las distintas corrientes de opinión y la adopción de un sistema electoral que garantice la libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciudadana” (declaración de marzo de 1983. Ver artículo de P. Segura).

No obstante, la Concertación llegó al gobierno en 1990 y permaneció 21 años en La Moneda, disfrutando de las delicias del poder sin hacer nunca amago de convocar a la Constituyente. Más bien por el contrario; los dirigentes de esa coalición -que busca retornar al gobierno este año- se convirtieron en ardientes enemigos de la Asamblea Constituyente como legítima vía de retorno a una democracia construida por voluntad libremente expresada de los ciudadanos. La excusa para este viraje es el temor de apelar a la soberanía del pueblo en cada una de las etapas del proceso constituyente (plebiscito de la convocatoria, elección de los diputados a la Constituyente y la aprobación -o rechazo- de la nueva Constitución), lo cual pondría en peligro la gobernabilidad. En buenas cuentas, una defensa cerrada del statu quo cuyos fundamentos fueron diseñados por la extrema derecha política y empresarial asociada a la corrupta dictadura militar.

La aspiración de contar -por primera vez en la historia de Chile- con una Constitución generada con participación directa de los ciudadanos, ha sido estigmatizada por politiquillos con ínfulas de repúblicos. En medio de aplausos de la derecha, han calificado esa solución cívica a la crisis institucional en marcha como “fumar opio”. En agosto del año pasado, bajo presión de la movilización estudiantil, personeros concertacionistas como el senador Ignacio Walker, presidente de la DC, y el ex presidente de la República Ricardo Lagos, admitieron la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero retrocedieron casi de inmediato, ante la airada reacción de El Mercurio -que los condenaba al ostracismo publicitario-. El socialdemócrata Lagos llegó al extremo de asegurar que si la UDI aceptaba reformar el sistema electoral binominal “¡se acabó la discusión de la Asamblea Constituyente!”.(2) El demócratacristiano Walker, a su vez, se disculpó por su herejía y aseguró que la Constituyente era sólo una “posibilidad” teórica.

Por su parte el Partido Comunista, que ha cerrado filas con la Concertación en el pacto Nueva Mayoría, también le saca ahora el cuerpo a la Asamblea Constituyente. En su reemplazo propone una “asamblea ciudadana” que elabore un pre-proyecto de Constitución. Algo así como “al de por ver”. En cuanto a la candidata Michelle Bachelet, ha manifestado que hay que cambiar la Constitución por “vías institucionales”, negándose a mencionar la Asamblea Constituyente.

La Constitución dictatorial no consulta el plebiscito y por tanto, respetar el espíritu y letra de su articulado lleva a un callejón sin salida, que es lo que se propusieron los redactores de este cepo antidemocrático. A lo sumo permite reformas superficiales, como las de 2005, que se cocinarían en una comisión bicameral de los mismos que cierran el paso a la Asamblea Constituyente. Se ha sugerido que la llave que franquearía el paso a esa fórmula elitista sería una reforma del binominal, aumentando el número de senadores y diputados para dejar contentos a todos los partidos. En los hechos se ha conformado un frente anticonstituyente de los dos bloques autodenominados de “centroderecha” y “centroizquierda” que se alternan en el gobierno. Se ha consumado lo que anticipó la ironía del poeta de Las Cruces, la unidad de derecha e izquierda.

Es difícil encontrar otro espectáculo político tan bochornoso como el que están dando los partidos “democráticos” de Chile. En nombre de la gobernabilidad se han puesto de acuerdo para impedir la libre expresión de la voluntad del pueblo. En el colmo del descaro piden respetar la institucionalidad de una Constitución ilegítima de origen. Su abolición mediante una Asamblea Constituyente debió ser el primer paso del primer gobierno después de la dictadura militar. Era -y es- la única manera democrática de poner fin al periodo de dominación oligárquica que se abrió el 73. Temer a una presunta ingobernabilidad porque se convoca al pueblo al más auténtico proceso democrático que es una Asamblea Constituyente, significa aceptar que los chilenos somos incapaces de determinar el rumbo político, social y económico del país que en forma libre e informada decidamos.

Los partidos políticos parecen ignorar que impedir la Constituyente, obstruyendo el cauce pacífico y democrático de los anhelos ciudadanos, es mucho más peligroso para la gobernabilidad que llamar a la Constituyente. La paciencia de los pueblos -y el de Chile no es una excepción- tiene un límite. Lo que se está exigiendo es reconocer -después de 40 años- que la soberanía reside en el pueblo y que es hora de poner fin al periodo que abrió el zarpazo oligárquico y del imperialismo en 1973.

Mientras los partidos continúan eludiendo este deber fundamental, los intereses que gobiernan en forma ilegítima nuestra nación aumentan su voracidad. La banca, por ejemplo, confiesa una ganancia de 1.392 millones de dólares en el periodo enero-mayo. En otro plano, el consorcio anglo-australiano BHP Billiton -que explota la minera Escondida- aventaja largamente la producción y utilidades de Codelco, haciendo sal y agua la nacionalización del cobre, máxima conquista popular de los años 70. Los grandes intereses financieros que se han adueñado de Chile saben que no les queda mucho tiempo. Porque el pueblo -en definitiva- impondrá su voluntad soberana, rescatando las instituciones y políticas públicas de su país.