Panorama Económico Latinoamericano- Del 12 al 19 de noviembre de 2026

¿Quo Vadis, Petroperú?

Humberto Campodónico 

Este artículo está centrado en la situación de Petroperú. Pero en verdad el tema de fondo es la transición energética hacia las energías renovables y limpias, lo cual es una tarea de muy largo plazo. También incluye la masificación del gas de Camisea, que nos independiza del alza de los precios del petróleo, pues tiene precio regulado.

Los resultados económicos y financieros de Petroperú para el periodo enero-setiembre del 2026 -que se acaban de publicar- dicen que la empresa ha obtenido una utilidad neta de US$$ 144 millones, a diferencia de la pérdida de US$ -745 millones para el mismo periodo del 2025. Asimismo, el llamado EBITDA (que mide la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones) ascendió a US$ 645 millones contra solo US$ 11 millones en el mismo periodo del 2025.

Puede afirmarse que estas cifras comienzan a demostrar que la empresa está ingresando a la fase “recuperación”, en consonancia con las proyecciones de la consultora Arthur D. Little en el 2023 y las calificadoras de riesgo Standard and Poor y Moody´s, lo que ha sido corroborado por el ministro de Economía, Elmer Cuba:

“Petroperú ha dejado atrás la grave crisis financiera que obligó al Gobierno a aprobar varios rescates. Recordó que la empresa hace un par de años tuvo pérdidas de US$ 1,000 millones, mientras que el año pasado su resultado antes de impuestos y depreciación (EBITDA) “fue de cero”. “En lo que va de este año ya cambió y ahora está US$ 600 millones en positivo. Entonces, ese hueco del cual se hablaba ya no es tal” (RPP, 24/10/2026).

Hay dos cosas que añadir al tema económico/financiero, antes de entrar a otros temas de fondo. El primero es que las utilidades y el EBITDA podrían haber sido mucho mayores si Petroperú hubiera podido refinar 82,000 barriles diarios (bd), como lo hizo en el año 2025, en lugar de los 65,000 bd de este año 2026. Esos 17,000 bd promedio hubieran generado mayor EBITDA y mayor Utilidad Neta, ya que el margen de refino se ha triplicado por la guerra en el Golfo Pérsico.

¿Qué sucedió? Que Proinversión decidió no apoyar la liquidez de la empresa, pues sus objetivos van en dirección opuesta. Debe señalarse que, para obtener ese apoyo, podían usarse los montos del IGV de la amazonía (S/. 2,142 millones) no devueltos aún a Petroperú por la SUNAT, así como permitir la recuperacion anticipada del IGV por las inversiones en los activos de la refinería (S/. 1,416 millones). En total, 3,500 millones de soles. Arthur D. Little, ya en el 2023 recomendó plantear al MEF la monetización de ese IGV para recuperar el dinero de la empresa. No sucedió. Debiera suceder.

El segundo tema es que con el nivel actual de EBITDA (y más aún con el adicional que se pudo generar este año), la capacidad de pago del servicio de la deuda externa de Petroperú – alrededor US$ 300 millones anuales- está ampliamente garantizada para los próximos años. Lo que parece que sí tranquiliza al MEF, pero no a Proinversión que insiste en fraccionar los activos de Petroperú para concesionarlos, lo que, reporta RPP, acaban declarar en la reciente reunión de InPeru en Nueva York, motivando la preocupación de los tenedores de bonos (

La fragmentación de Petroperú

El tema de fondo es el Decreto de Urgencia 010, del 31/12/2025. Plantea la reestructuración de Petroperú en bloques patrimoniales: Refinería Conchán y tanques de almacenamiento, Terminales del Sur; Terminal de Bayóvar, Pucallpa + Refinería de Iquitos; Lotes 192 y Lote 64 más el Oleoducto NorPeruano. Y la Refinería de Talara.

Según el Informe de Proinversión del 11 de febrero de 2026, estos bloques patrimoniales se constituirían en Vehículos de Propósito Especial (VPE). Se plantea que en cada uno de esos VPE ingrese capital privado hasta por un monto del 49% (que es el máximo que permite la Ley 30130 de diciembre del 2013). A cada uno de esos VPE ingresaría un socio. Según el Informe: “Cada Bloque Patrimonial será analizado y definido como una Unidad Económica Funcional capaz de operar de manera independiente o con mínima dependencia de la matriz” (página 62).

Como solo se privatizaría el 49% de estos VPE, se puede decir que los activos siguen siendo de propiedad de Petroperú. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía industrial, la cuestión central no reside únicamente en la propiedad del 51%.

La creación de patrimonios, administraciones, obligaciones e incentivos financieros diferenciados en cada uno de los VPE puede debilitar los mecanismos de coordinación propios de una empresa petrolera integrada, favorecer procesos de suboptimización entre unidades y trasladar a relaciones contractuales externas decisiones que actualmente se adoptan dentro de una misma organización empresarial.

Cuando estas decisiones se evalúan desde la perspectiva de cada VPE, antes que desde la conveniencia económica del grupo integrado, el centro de decisión deja de ubicarse exclusivamente en la empresa integrada y comienza a desplazarse hacia unidades patrimoniales con objetivos financieros propios.

Este fenómeno es ampliamente conocido en la teoría económica de la organización empresarial. Cuando cada unidad optimiza individualmente su propio resultado puede producirse un proceso de suboptimiaciòn, en el cual el desempeño conjunto resulta inferior al que habría podido alcanzarse mediante una coordinación integral de todas las actividades. No se trata necesariamente de conflictos entre los distintos vehículos, sino de un cambio en los incentivos que orientan la toma de decisiones.

Así, por ejemplo el VPE de Conchán (que opera “con mínima dependencia de la matriz”) podría decidir no recibir combustible proveniente de la Refinería de Talara pues tiene un contrato de importación de combustible con una empresa que ya ha alquilado los tanques de almacenamiento1.

La necesaria inyección de capital privado puede darse con la participación de un socio inversionista, llamémosle socio industrial, en la Junta General de Accionistas, es decir, en la Casa Matriz de Petroperú . En ese caso, se sigue manteniendo la necesaria integración vertical. Es el caso de YPF de Argentina, donde la participación del capital privado es de 49%; en Petrobras el capital privado es mayoritario pero existen las “acciones comunes” que dirigen la empresa y allí el capital estatal tiene la mayoría.

Las recientes declaraciones del presidente de Petroperú, Oliver Stark, parecen apuntar en esa dirección: “Petroperú tiene previsto vender una participación minoritaria en bolsa a principios del próximo año, informó su presidente a Bloomberg, quien afirma que la empresa va por buen camino para registrar su primera utilidad neta desde 2021” (29/10/2026, www.gatoencerrado.net).

La necesaria intervención del Congreso 

El DU 010 2025 fue aprobado a las 10 y 30 de la noche del 31 de diciembre por el gobierno de José Jerí. ¿Es que refleja la posición del actual gobierno? Pareciera que sí. Desde nuestro punto de vista los diputados y senadores del nuevo Congreso debieran ser los que dicten la política y el destino de la más importante empresa pública del país. Este DU ha proseguido su camino hasta ahora a pesar de que tiene una denuncia de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional desde enero de este año. Pero aún no se ha pronunciado. Con igual o mayor razón, los Congresistas deben ser aquellos que tomen cartas en el asunto. El futuro energético está en juego y no puede ser dejado en las manos de los técnicos de Proinversión que, como ha dicho el Colegio de Ingenieros del Perú no son un ente competente en materia de política energética.

La geopolítica ya llegó a los hidrocarburos 

El contexto mundial ha cambiado de manera sustancial. Ha terminado la etapa en que predominaba la idea de que los mercados internacionales siempre estarían plenamente abiertos, las cadenas globales de suministro estables y habría disponibilidad permanente de petróleo en cualquier lugar del mundo. Con la guerra de EEUU e Israel contra Irán, se ha creado un escenario de crecientes tensiones geopolíticas (Estrecho de Ormuz), conflictos armados, sanciones económicas y riesgos sobre las rutas internacionales de abastecimiento, con implicancias de largo plazo.

*Economista, profesor de la UNMSM. Miembro del consejo directivo de OtraMirada. Fue presidente de Petroperú

La minería metálica en Panamá: el caso de la mina de cobre de Donoso

Pedro Rivera Ramos

El proyecto minero a cielo abierto que Cobre Panamá desarrollaba en el distrito de Donoso (tan ilegal como la minería ilegal propiamente), se estimaba valorado en 10,000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las minas más grandes del mundo, con una planta propia de generación eléctrica de 300 megavatios e ingresos reportados en el 2023 de 2,513 millones de dólares por ventas, hacia sus dos destinos principales de exportación: China y Japón.

Desde la época precolombina, hace aproximadamente unos 1700 años atrás, los pueblos originarios de Panamá trabajaban de manera muy rudimentaria metales como el cobre, la plata y el oro, tal como eran encontrados en la naturaleza y sin provocar alteraciones químicas importantes en los sitios de extracción, así como tampoco daños irreversibles en esos ecosistemas.

No fue sino a partir de las décadas 50-60, cuando arrancó en todo el territorio nacional la minería industrial a gran escala, impulsada por todos los gobiernos que se fueron sucediendo, convencidos firmemente que el país debía desarrollar la actividad extractivista minera, como una fuente y puntal importante y decisiva del progreso y desarrollo nacionales, destacándose entre esos gobiernos los de Endara, Balladares, Mireya, Martín, Martinelli, Varela y ahora este último presidido por José Raúl Mulino.

En el caso de la minería de cobre y otros metales en el distrito de Donoso, provincia de Colón, fue el gobierno de Juan Carlos Varela que, en el año 2016, decidió extender por 20 años adicionales hasta el 2037, la concesión minera que el gobierno Balladares había otorgado en 1997 a la empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., mediante Contrato-Ley No. 9 de ese año por 20 años y dos prórrogas automáticas por igual período.

Esta empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., que tomó el nombre de Petaquilla del cerro de igual nombre ubicado en Donoso y que contaba con depósitos de oro y otros metales en cantidades importantes, desarrolló este proyecto minero hasta el año 2013, bajo el mando del consorcio canadiense Inmet Mining Corporation, cuando este por oferta pública en Canadá es adquirido por First Quantum Minerals, que continuará ahora a través de su filial Cobre Panamá, con la construcción y explotación de minerales en este cerro y áreas aledañas, bajo la misma concesión otorgada por el Estado panameño en 1997.

Sobre ella pesaban dos demandas de inconstitucionalidad (en 1998 y 2009) ante la Corte Suprema de Justicia, tomándole a esa corporación más de 20 años para declarar el 25 de septiembre de 2018, la inconstitucionalidad del contrato otorgado. ¡Qué asombrosa celeridad por parte de la Corte! Pero eso no terminó allí. Pasaron entonces tres años para que este fallo fuera publicado en Gaceta Oficial, ya que desde el poderoso bufete Morgan & Morgan hicieron todo lo posible por dilatar su publicación. A pesar de todo ello, la mina de cobre entró en operación a mediados del año 2019, pasando abiertamente por encima de la Constitución nacional y el pronunciamiento de la Corte Suprema.

De ese modo, la mina de cobre a cielo abierto que Minera Panamá o Cobre Panamá comenzó a explotar en el distrito de Donoso, provincia de Colón, comprende una concesión total de más de 130 km2, con una intervención de 59 km2 y una excavación principal que cubre alrededor de 300 hectáreas.

Se estima que en el área concesionada existe aproximadamente 3,000 millones de toneladas de reservas probadas y probables de cobre, que, junto a otros metales como oro, plata y molibdeno, forman parte de la producción comercial de esta mina. Aunque geográficamente este territorio es colonense, el acceso principal a la minera en cuestión, se produce por el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.

Donoso, el distrito donde Cobre Panamá venía operando una mina a cielo abierto en base a un contrato inconstitucional, posee una superficie total de 1700 km2 y según estimaciones del año de operación (2019), la población total de habitantes se estimó en 14,798.

Por ser un sitio de una gran riqueza biológica que está dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, donde las principales actividades económicas de su población se reducen a la agricultura de subsistencia, la pesca artesanal y la pequeña ganadería, no podría aspirar a que su único activo económico local fuera un yacimiento de cobre, que los ha llevado a perder sus dinámicas territoriales tradicionales, destruir su biodiversidad y sus bosques, degradando sus suelos y contaminando sus principales fuentes de agua; asunto este último que se agrava, cuando en este distrito se encuentran las cuenca de los ríos Coclé del Norte, Miguel de la Borda y Belén, así como varias microcuencas y ríos costeros.

Es decir, claro que una región que dependía principalmente de la agricultura y la pesca, tema lógicamente por los perjuicios a la salud, a sus animales y plantas alimenticias, que la actividad minera industrial vaya a causarles.

Estas preocupaciones, que incluyen hasta el hecho que muchos médicos se cuiden de diagnosticar enfermedades relacionadas con venenos o por la polución que hay en el ambiente, serían abordadas de manera diferente, si el yacimiento minero estuviera ubicado cerca de los vecindarios donde viven muchos políticos, millonarios y altas autoridades de este país. Por eso todo esto es posible en la nación, menos correr el peligro que sus lujosas propiedades de varios millones fueran devaluadas, por la proximidad de una explotación minera. Y eso sí que no.

Lo anterior viene a demostrar con mucha claridad, la diferencia que pueden existir en las miradas de las áreas mineras, según si los ojos pertenecen a inversionistas, beneficiarios o a los habitantes de Donoso. Unos ven un entorno con respeto, amor y un alto grado de intimidad, mientras otros solo ven, cuánta importancia hay allí para satisfacer el lucro y el afán de riqueza material.

A estos últimos se le unen en sus sueños y ambiciones, los que nutren las instalaciones temporales de las minas, que semejando campamentos militares los tienen sin arraigo ni amor alguno por el lugar, convencidos que pasado un tiempo se encontrarán en otro lado u otra mina lejana. En esos campamentos se dan todos los servicios que los hombres allí alojados necesitan (hasta la facilitación de mujeres), aunque ellos procuran ahorrar dinero suficiente para irse lo más lejos posible de esos parajes devastados, donde los nativos o locales les queda el inmenso hueco de la excavación y todos los problemas ambientales y de salud asociados.

Por eso los conflictos con la minera y los habitantes de Donoso no son solo un problema de carácter socioambiental, también lo es en el ámbito económico, cultural y político.

El proyecto minero a cielo abierto que Cobre Panamá desarrollaba en el distrito de Donoso (tan ilegal como la minería ilegal propiamente), se estimaba valorado en 10,000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las minas más grandes del mundo, con una planta propia de generación eléctrica de 300 megavatios e ingresos reportados en el 2023 de 2,513 millones de dólares por ventas, hacia sus dos destinos principales de exportación: China y Japón.

Con su cierre a fines de ese mismo año, la empresa estimó que dejó de percibir 6,000 millones de dólares y se perdieron 54,000 empleos indirectos, aunque solo aseguró haber despedido a 4,000 empleados del total contratado. Por otro parte, las principales autoridades del país aseguraron que este cierre causó en la economía, que el PIB de Panamá cayera un 5%, cifra irrelevante o de poca importancia, cuando la alarma que quieren que despierte, jamás compensará la gran devastación medioambiental ya causada en Donoso y que más temprano que tarde terminará por mostrar sus evidencias en la salud de las personas que viven y trabajan allí.

De allí que no tiene nada de raro que la explotación de la mina de cobre en esta parte del país, se parezca mucho al robo de nuestras materias primas en tiempos de los imperios del siglo XV y que la lucha de ahora se interprete como parte integral de la resistencia global, contra la colonización extractivista.

Como era de esperarse, ante el cierre de sus operaciones, la minera en Donoso no se ha quedado de brazos cruzados. Impulsó una fuerte e intensa campaña de relaciones públicas para supuestamente reducir la desinformación y las aseveraciones carentes de datos científicos y cargadas, según ellos, de mucha mala fe.

La cooptación de algunos de los llamados “influencer” y otras figuras públicas relacionadas con el deporte, el arte y la cultura en general, parecen ser frutos de esta campaña, cuando muchos de ellos pasaron de la noche a la mañana, de una aparente apatía por este asunto, a levantar sus voces en defensa de la minería “sostenible”, que practica en Donoso la empresa canadiense Cobre Panamá.

Forman parte también de esta ofensiva minera, los programas de protección de áreas ricas en biodiversidad en el Parque Nacional de Santa Fe y el Parque Nacional Omar Torrijos, que son patrocinados por esta empresa, quizás tratando de justificar con ello, la destrucción ambiental en una zona con la compensación en otras áreas del país.

Asimismo, la empresa amenazó de inmediato al país con demandas multimillonarias, no en los tribunales panameños, sino ante mecanismos internacionales que han sido creados como concesión a las empresas transnacionales. De ese modo, se le da visos de legalidad al disparate de concederle prerrogativas a empresas extranjeras, para emplazar ante la justicia a Estados nacionales.

Otra concesión, además de la anterior que alcanzan dichas empresas, en este caso las mineras, reposa en la ampliación del plazo de duración de la concesión con opciones renovables. Con cierta frecuencia participan directa o indirectamente en la redacción de los textos mineros de los países y los someten con la protección que les otorgan los tratados de inversión, que obliga al arbitraje internacional en el llamado CIADI y otros mecanismos similares, con su alto costo y la imposibilidad que las comunidades afectadas se vean representadas.

Por eso es que definitivamente una exigencia que hay que incluir en la lucha contra los proyectos mineros o extractivistas, es la anulación o derogación de esos tratados o reformularnos en beneficio de los intereses nacionales. Para ello hay que apoyarse en gran medida en los avances de la revolución digital y las redes sociales como espacios para la articulación de acciones, demandas y mantenimiento de las protestas y movilizaciones en el tiempo.

Claro está que esas manifestaciones no pueden sustituir las acciones colectivas reales, solo las complementan. Pero antes hay que buscar el mayor consenso sobre los peligros y las amenazas de los proyectos extractivistas, con el fin superior de conformar a mediano plazo, un proyecto poscolonial que supere la dependencia excesiva en la extracción y exportación de minerales como el cobre.

Para la legislación panameña vigente, la minería es definida como el conjunto de actividades de exploración y extracción de los yacimientos minerales de toda clase, existentes en el territorio nacional; todo muy escueto y sin profundizar mucho, mientras que, por otro lado, una gran parte de nuestra legislación sobre el ambiente responde a interpretaciones más bien de carácter comercial, o en último caso, son verdaderos instrumentos comerciales.

Esa debilidad tan marcada en nuestras normas que suelen ignorar los peligros que entraña este tipo de actividad extractiva, junto al convencimiento de que representan para la economía lo más parecido a una tabla de salvación, explica a la perfección que las empresas mineras gocen desde el principio como prebendas para saquear la naturaleza, de una serie de ventajas tributarias a través de incentivos y exenciones del Estado: reducción del impuesto sobre la renta, flexibilidad laboral, pésimos controles ambientales, eliminación de otras formas de impuestos, entre ellos el que debieran pagar por los subproductos mineros que exportan y no declaran.

Entretanto, en los acuerdos pactados tienen la precaución de mantener alejada a la clase obrera de cualquier participación en los ingresos, así como a las comunidades y autoridades del municipio de Donoso.

Esta conducta sirve también para explicar porqué prefirieron ignorar la necesidad de un plan de ordenamiento territorial, donde se estableciera una delimitación entre las actividades agropecuarias y mineras, tomando en consideración el uso del agua y la tierra, el control del nivel de gases en la mina y sus potenciales efectos en los seres humanos y, sobre todo, en los niños del lugar; lo mismo que el desarrollo de proyectos alternativos sustentables que no implicaran la devastación del medioambiente o la contaminación de los suelos y las aguas.

Naturalmente que la explotación de la mina en Donoso no es independiente de los proyectos mineros que se desarrollan en toda el área centroamericana, como la mina de oro Cerro Blanco en Guatemala, la mina de óxido de hierro en Corpus, Honduras, el proyecto El Dorado en Cabañas, El Salvador. A estos se le pueden agregar el crecimiento de los proyectos mineros en Perú y los proyectos de fracturación hidráulica o fracking que avanzan con rapidez en países como Argentina (proyecto como Vaca Muerta) y Chile (en la región de Magallanes y Tierra del Fuego).

Estas grandes aventuras mercantiles llevaron hace poco al presidente de la Alianza Minera de América Latina de visita en Panamá, a que afirmara que la región de América Latina y el Caribe concentran una cartera de inversiones mineras por el orden de los 300 mil millones de dólares, donde Chile y Perú aparecen como los países que tienen los porcentajes más elevados de esa inversión. Mientras que, sobre el cierre de la mina en Donoso, este intrigante personaje remató sus opiniones, asegurando que prohibir la minería legal estimulaba la ilegal y al detener esas operaciones lo único que se consiguió fue aumentar el desempleo y la caída del PIB. Se le olvidó a este “experto” recordarnos que la minería en Chile produce alrededor del 50% de las exportaciones de ese país, pero solo genera el 1% del empleo directo.

Con un Estudio de Impacto Ambiental realizado en septiembre de 2010 por la consultora Golden Associates y con una sentencia de inconstitucionalidad del contrato-ley No. 9 en 2018, publicado en Gaceta Oficial solo en el año 2021, la empresa First Quantum Minerals Ltd (también conocida como Minera Panamá o Cobre Panamá), consiguió en octubre del 2023 que el gobierno de Laurentino Cortizo accediera a otorgarle un segundo contrato por otros 20 años, para continuar con la explotación de cobre en la mina a cielo abierto ubicada en el distrito de Donoso. Así las cosas, el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el 20 de octubre el polémico proyecto de ley #1100, sobre un contrato de concesión actualizado entre Minera Panamá S.A. y el gobierno nacional, con una votación de 44 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. Un dato muy curioso que rodea a este contrato y la actuación de la Asamblea, es que fue devuelto al Órgano Ejecutivo con una serie de recomendaciones, violando de ese modo la normativa que los obliga solo a aprobar o rechazar este tipo de propuestas.

Menos de un mes tardó el Ejecutivo para volver a presentarlo a la Asamblea, que ahora entre el 18 y el 20 de octubre lo aprobaba en la Comisión de Comercio. Ese mismo día 20 de octubre el presidente de la Republica lo sanciona y en horas de la tarde es publicado en Gaceta Oficial, convirtiéndolo así en la Ley No. 406 de la República. ¿Qué asombrosa celeridad no?

Esto y la evidente impopularidad del gobierno de turno, fueron el detonante perfecto para las masivas protestas que se produjeron por todo el país. Las consecuencias finales a la vista: la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, declaró inconstitucional el contrato renovado con la Ley No. 406, la empresa minera cesó sus operaciones y el gobierno se vio obligado, además, a declarar una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional (Ley No. 407 de noviembre de 2023).

Y es que el contrato renovado ahora estaba redactado de manera más lesiva a los intereses nacionales que el original de 1997, hasta el punto que había un énfasis muy pronunciado de los beneficios económicos y derechos excesivos para la empresa minera, en detrimento de las comunidades, pueblos y sociedad panameñas y de sus intereses ambientales.

Realmente las primeras manifestaciones y protestas contra la actividad minera, se iniciaron en nuestro país en julio del 2023 y continuaron creciendo en intensidad entre agosto, septiembre y octubre, hasta llegar a la pausa victoria del 29 noviembre de ese año. Transcurrieron un poco más de 40 días de protestas masivas y sostenidas, que incluyeron hasta una vigilia en la Corte Suprema de Justicia. Todas las provincias participaron, sin excepción.

Decenas de lanchas con manifestantes protestaron en el mar cerca al Puerto Rincón de la Minera, conocidos después como los “guerreros del mar”. Lo cierto es que el rechazo fue contundente. Jóvenes convocados por el esquema “Sal de las Redes”, salieron a protestar ante lo que consideraban un daño irreparable al ambiente. Otros sectores pertenecientes a casi toda la sociedad panameña alzaron también su voz: campesinos, obreros, educadores, trabajadores del banano, indígenas, sectores estudiantiles y ciudadanos en general.

Estas presiones del movimiento popular y juvenil junto a las claras violaciones a la Constitución del contrato perverso, hicieron que la Corte nuevamente se pronunciara en contra de los intereses mezquinos de la minera, que eran los mismos que los del gobierno de turno, cuando el día 28 de noviembre declaró inconstitucional la Ley No. 406 y con ello obligaba al cese de sus operaciones.

Tanto el fallo de la Corte Suprema de Justicia y su declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, por su número considerable de violaciones a preceptos de nuestra Constitución nacional, por sus impactos potenciales en el medioambiente junto a los escuálidos beneficios que recibiría el Estado, van a representar, sin dudas, para los movimientos y organizaciones populares, sociales y ambientalistas, un triunfo inobjetable de la razón y los intereses patrios.

No basta con tratar de justificar la devastación de nuestros recursos naturales con la imposición de un contrato leonino, solamente porque según los gobernantes, significaba una excelente oportunidad para generar empleos e ingresos para el país. Naturalmente que el cierre de operaciones de la mina impactó directamente a las comunidades que han tenido su sustento en esa actividad, pero los costos ambientales y sociales de la explotación minera no se pueden ocultar, ni tampoco la contaminación de los recursos naturales y la destrucción de la biodiversidad que nos quedan para siempre.

Ahora bien, después de todo esto la mina de cobre en el distrito de Donoso debiera estar siendo sometida, a un plan de cierre definitivo ordenado y seguro y no buscándose alternativas para que la misma empresa canadiense, controle una reapertura con el intento muy claro de mantenerla activa todo el tiempo posible.

Todos los pasos que está dando el actual gobierno desde su llegada en julio del 2024 hasta la fecha, parecen estar destinados a garantizar con la reactivación de la mina, el negocio fenomenal que vislumbra el poder político panameño. De allí que los sectores más conscientes y comprometidos con la protección de los recursos ambientales del país, consideren que existe el peligro inminente de una imposición gubernamental de reapertura de la mina y la explotación de minerales.

Ya desde los inicios del año 2025 el gobierno de Mulino, se mostraba muy dispuesto a negociar con First Quantum Minerals Ltd, la reapertura de la mina bajo la condición primero, de que se suspendieran las demandas de arbitraje presentadas en tribunales internacionales, donde exigían al Estado panameño más de 20,000 millones de dólares como compensación. La empresa accedió a desistir formalmente de los arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

A mediados de junio del 2026 se entregó al gobierno actual, lo que se calificó como el “Informe Final de Auditoría Integral de la Mina de Cobre Panamá”, que una Comisión Interministerial de alto nivel conformada por tres ministros de Estado, les correspondió revisar y analizar. El 30 de septiembre de este año la comisión entregó a la presidencia un informe final con sus recomendaciones. De todo esto se colige que el gobierno valora seriamente iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá/First Quantum Minerals Ltd, para buscar, según sus declaraciones, un cierre progresivo y ordenado, sin costos para el país y sin posibilidades de prórroga de contrato.

Naturalmente que en esta perspectiva tan interesada sobre el futuro de la mina, vuelven a aglutinarse en torno a ella, no solo los que se benefician directamente, sino también los que tratan de manera sospechosamente ingenua, de embellecer un discurso sobre una reapertura que ahora sí considere mayores y mejores beneficios para el Estado, que tendrá la responsabilidad de destinarlos a infraestructura social y sectores como educación y salud; reparar los daños ambientales ya causados y las afectaciones a las personas, tomar medidas para impedir daños ambientales y sociales en el futuro  y garantizar mayor participación de las comunidades afectadas; todo esto suena nuevamente a promesas conocidas que nunca llegan después a cumplirse.

El tipo de prosa anterior es muy similar a la que sirve para justificar el “robó, pero hizo”, que en este caso se traduce, dejarle al pueblo los desechos, las contaminaciones, la devastación de la biodiversidad, así como las afectaciones y complicaciones de salud permanentes que arrastrarán por el resto de sus vidas, las personas expuestas a sus venenos. Tampoco podríamos dejar por fuera de esta abigarrada mezcla, a los peores: los que hubiesen preferido la continuación sin interrupción de la actividad minera, aun cuando eso significara la violación de importantes preceptos constitucionales, y están, por último, los otros, los que sueñan todas las noches con convertirnos en colonia no reconocida del poder estadounidense.

Así que la insistencia por reactivar la explotación minera del cobre demuestra con claridad meridiana, que al gobierno de turno poco le importa que a raíz del terremoto ocurrido el 9 de octubre pasado, el propio ministro de MiAmbiente reconociera que se produjo un deslave en la  antigua mina de oro Remance, de la empresa Greenfield Mining inactiva desde 1999 y localizada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas y que por su cercanía al río San María, corriente de agua fundamental en el abastecimiento de agua potable, existe una gran preocupación que se contamine con esos desechos venenosos junto a los suelos y el resto de los ecosistemas de esa región.

Tampoco parece importar mucho que la misma empresa con la que pretenden negociar la reactivación de la mina de cobre en Donoso, haya sido multada desde el año 2020 (a solo un año de inicios de operaciones) por violaciones reiteradas a la normativa ambiental, que abarcan desde contaminación de fuentes hídricas y suelos, hasta transgresiones e incumplimiento del estudio de impacto ambiental. Y lo peor de toda esta posible ambivalencia gubernamental, parece perfeccionarse cuando el presidente panameño acude a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de este año, para invitar a otros jefes de Estado a que lo acompañen en los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos universales de la naturaleza.

¿En serio? ¿Cómo espera el gobierno panameño que debemos interpretar esta extraña postura “ambientalista” de defender, por un lado, los derechos de la naturaleza como equivalentes de los derechos humanos fundamentales, cuando por el otro, pretende es mismo gobierno imponernos contra viento y marea la continuación de la expoliación y devastación minera en Donoso?

De todos modos, es bueno recordar aquí que el futuro de la mina de cobre en el distrito de Donoso, afortunadamente no dependerá solo de las decisiones que adopte el gobierno central. Ese futuro dependerá principalmente de la fuerza y organización de los grupos de poder, tanto en la provincia de Colón como en el mismo distrito, de las comunidades que allí viven, así como también de la conciencia colectiva sobre los intereses comunes y los bienes públicos compartidos, que ha crecido considerablemente en el país y que pueda dar una gran y poderosa sorpresa.

Uruguay: los exportadores a seis meses del acuerdo con la UE

Empresarios y productores vinculados a la carne, el arroz y la miel coinciden en que la falta de consenso para el reparto de las cuotas dentro del Mercosur ha generado dificultades en la negociación con los importadores europeos.

El domingo 1° de noviembre se cumplieron los primeros seis meses de la entrada en vigor del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Aunque el período de implementación todavía es acotado para “evaluar el impacto estructural de un tratado de esta magnitud”, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que los primeros datos “permiten trazar un panorama inicial sobre el aprovechamiento de las preferencias comerciales”. Al respecto, la diaria consultó a representantes de los rubros que concentraron más de la mitad de las colocaciones uruguayas en el bloque europeo: carne bovina, arroz y miel.

Entre mayo y setiembre, las exportaciones de bienes con destino a la UE alcanzaron los 860 millones de dólares, lo que representa un incremento de 12% en comparación con el mismo período del año anterior. De ese total, unos 38 millones se canalizaron al amparo del tratado. En el marco de las cuotas de acceso otorgadas por la UE, las exportaciones en carne bovina refrigerada, carne bovina congelada, arroz y miel explicaron más de la mitad –54%– del valor total exportado por Uruguay en el marco del acuerdo. El 46% restante “correspondió a productos que ingresaron aprovechando el acceso preferencial directo”, entre los que destacan los cítricos, el pescado y la carne equina.

Los volúmenes de las cuotas con arancel cero para carne bovina, arroz y miel tienen un crecimiento progresivo durante los primeros cinco años de la puesta en marcha del acuerdo. Durante 2026, la UE le otorgó al Mercosur cupos por 6.050 toneladas de carne refrigerada, 4.950 toneladas de carne congelada, 6.667 toneladas de arroz y 5.000 toneladas de miel.

Ante la falta de consenso entre los países del Mercosur sobre la distribución de las cuotas sin aranceles, estas se han asignado hasta ahora según el criterio de “primero llegado, primero servido”, por lo cual tienen prioridad quienes presenten primero la solicitud de cupo de exportación. El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey; el gerente general de Saman, Diego Nicola, y el presidente de la Asociación de Exportadores de Miel, Christophe Lhéritier, coincidieron en que la falta de un criterio para el reparto de las cuotas a la interna del bloque regional no es el “escenario más óptimo”, aunque Uruguay lo haya aprovechado coyunturalmente en algunos casos.

Nicola señaló que es “bastante difícil” la asignación bajo “primero llegado, primero servido”, porque, “al no saber si te va a tocar o no la cuota libre de impuestos, no podés negociar con el cliente”.

Normey, por su parte, consideró que el Mercosur “no ha estado a la altura de las circunstancias” en la distribución de las cuotas, cuyo reparto ordenado daría “más certeza”. Señaló que Uruguay ha corrido con ventaja porque “había hecho los deberes para poder ingresar a Europa y tenía las condiciones de aprovecharlas”, pero “hay que tener claro y ser conscientes de que, así como está, el poder de negociación más fuerte lo tiene el importador europeo”. Por eso, el presidente de la Federación Rural sostuvo que una distribución de las cuotas entre los socios del Mercosur “va a generar un aprovechamiento mucho más cabal del valor que se puede captar”.

El impacto del acuerdo en los principales sectores

El sector apícola uruguayo se hizo con el 20% de los certificados de exportación hacia la UE que correspondían al año, algo más de 1.000 toneladas. Lhéritier señaló que se estuvo “dentro de los números normales” de exportación del sector a Europa.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Exportadores de Miel señaló que “una cosa es obtener el certificado y otra cosa es poder beneficiarse con ese 0%”. Explicó que, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, “se empezó a dar todos los certificados que correspondían al cupo total del año, pero del lado europeo ellos iban tomando por trimestre”, por lo que los exportadores “no los podían utilizar en el momento que los recibían” y algunos no llegaron a obtener el beneficio de la quita del arancel.

“Todavía no tuvo un impacto en la apicultura, en los precios, en nada; todavía es muy incipiente y los volúmenes son muy chicos como para decir que pueda tener un impacto”, afirmó Lhéritier. Con relación “a todo lo que exporta Uruguay, lo que se pudo obtener de certificados por la Unión Europea es poca cantidad”, subrayó.

Con todo, señaló que para la gremial “lo deseable” es que el acuerdo “se pueda sentir en la cadena apícola”, que “le llegue realmente al productor y tenga un impacto en poder desarrollar aún más la apicultura”. Lhéritier consideró que el próximo año “va a ser un poco distinto” gracias al aumento previsto del volumen de la cuota y “porque ya se ve que hay mucho interés de parte de Europa de hacer negocios”.

En el sector industrial arrocero, en tanto, el balance que se hace de los primeros seis meses es similar. En el caso del arroz, en los primeros 20 días del acuerdo, Uruguay cubrió el 63% del total de la cuota de 6.667 toneladas. Nicola también sostuvo que los volúmenes aún son “muy bajos”, por lo que no tienen “un impacto numérico” en el total de las exportaciones. “Uruguay exporta en torno de las 200.000 toneladas por año, y lo que sacamos sin impuestos fueron 6.000”, apuntó. El gerente general de Saman mencionó que tampoco “hubo un aumento de ventas” a los países europeos, porque la región ya era uno de los principales mercados de las exportaciones de arroz de Uruguay.

En cuanto a la carne vacuna, según supo la diaria, Uruguay ha utilizado alrededor del 30% de la cuota, aunque este dato ha estado impactado por la variabilidad del mecanismo de “primero llegado, primero servido”. Además, en los primeros días de setiembre, la UE suspendió la importación de carne vacuna y otros productos de origen animal desde Brasil, tras concluir que el país sudamericano incumple las reglas de la comunidad europea sobre el uso intensivo de antibióticos en la industria ganadera.

Normey destacó el “crecimiento notorio y significativo de las exportaciones a Europa” en comparación con los números del año pasado, especialmente “en un contexto en el que las exportaciones uruguayas no crecen”. Aunque también consideró que es muy pronto para realizar un balance definitivo, el presidente de la Federación Rural afirmó que el acuerdo “genera expectativas” y, por ahora, es “más que positivo”. En cuanto a las ganancias del sector cárnico producto de la reducción arancelaria que otorga el tratado, Normey señaló que el arancel de 0% “fue un impacto directo sobre la cadena”.

El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó en una conferencia de prensa que, en términos generales, la reducción arancelaria del acuerdo “significó un ahorro, una ganancia de los exportadores, de más de 40 millones de dólares”. Consultado al respecto, Normey señaló que el ahorro global “hay que mirarlo en términos relativos”, porque “no es que sea un ahorro directo, sino que sea más bien ingresos a un mercado, que, quizás, antes se ingresaban en otro lado y con precios similares o un poquito por debajo”.

En 2027, las cuotas se ampliarán y serán de 18.150 toneladas para la carne refrigerada, 14.850 toneladas para la carne congelada, 20.000 toneladas para el arroz y 15.000 toneladas para la miel.

¿Podría Brasil ser una potencia en energía de fusión nuclear?

Sputnik Brasil

En la actualidad, China lidera la carrera por la energía de fusión nuclear. En Brasil, para impulsar este tema, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) establecieron el Programa Nacional de Fusión Nuclear en 2025. Brasil es el único país del hemisferio sur que posee un reactor Tokamak, necesario para generar energía de fusión.

Este reactor es capaz de alcanzar una temperatura de 150.000.000 °C, superior a la del Sol, que llega a los 15.000.000 °C. Por ello, se le conoce como un «sol artificial».
En una entrevista con Sputnik Brasil, el Dr. Julio de Oliveira Jr., coordinador y profesor del Departamento de Ingeniería Nuclear Igor Kurchatov del Instituto Soyuz, afirma que un tokamak es un anillo metálico que calienta plasma en su interior, capaz de generar condiciones de presión y temperatura equivalentes a las de una estrella.

«Realmente parece un sol, alcanza más de 150 millones de grados Celsius, hace muchísimo calor. Y esto provoca que los átomos de hidrógeno empiecen a fusionarse, igual que en las condiciones de una estrella, por lo que se replican las condiciones de una estrella localmente en la Tierra», explica.

Según explica, el Programa Nacional de Fusión Nuclear es un proyecto para desarrollar nuevos reactores de fusión experimentales, incluido uno en la ciudad de Iperó, en São Paulo, junto al reactor multipropósito brasileño, que es un reactor de fisión experimental para la investigación y producción de radiofármacos.

«Brasil aún no puede alcanzar a los principales actores del mercado, pero eso no significa que esté fuera de la carrera, ya que hemos realizado mucha investigación en este campo. Brasil cuenta con tres tokamaks, los únicos en el hemisferio sur, por lo que estamos por detrás de los principales actores, pero por delante de prácticamente el resto del mundo en términos de fusión nuclear», afirma Oliveira.

Añade que Brasil es un terreno muy fértil en cuanto a recursos intelectuales e investigación, pero carece de una mayor industrialización para alcanzar a las grandes potencias del sector.
«Necesitaríamos mayor mecanizado de materiales, producción de hierro, litio, tierras raras […] Brasil tendría que dar los pasos tecnológicos necesarios para llegar a China, Estados Unidos e Inglaterra y, por lo tanto, superarlos en fusión nuclear. Es posible, pero llevaría tiempo. A diferencia de ellos, que tienen expectativas comerciales para 2040, en Brasil probablemente sería para 2050».

Según Oliveira, actualmente China lidera la carrera por la energía de fusión nuclear, «siempre a la vanguardia en casi todo tipo de tecnología», y tiene previsto inaugurar un reactor de fusión a escala comercial para 2030.

«Estados Unidos e Inglaterra también son actores destacados, principalmente porque cuentan con una ventaja que Brasil aún no tiene: las iniciativas privadas para el desarrollo de la fusión nuclear. Así que no solo las universidades y los institutos de investigación realizan [investigaciones], sino que también hay empresas que invierten dinero en la producción de reactores de fusión», señala el experto.

Leonam Guimarães, doctor en ingeniería naval y oceánica por la Universidad de São Paulo (USP), coordinador del Comité Científico y Tecnológico de Amazul y director técnico de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de Actividades Nucleares (ABDAN), cree que la fusión nuclear representa una de las perspectivas más prometedoras para el futuro de la energía.

«Se trata de la posibilidad de producir grandes cantidades de electricidad con muy bajas emisiones de carbono, alta densidad energética y disponibilidad independiente de las condiciones climáticas», afirma.

Según Guimarães, si se logra la viabilidad comercial, la fusión nuclear podría complementar las energías renovables y la propia generación por fisión nuclear.

Sin embargo, es importante distinguir entre el potencial científico y la realidad industrial. Si bien se han logrado avances extraordinarios en los últimos años, todavía no existe ninguna central de fusión que produzca electricidad a escala comercial.

Afirma que aún quedan desafíos tecnológicos por superar, pero la fusión ofrece importantes ventajas en materia de seguridad y puede reducir ciertos problemas asociados a los residuos radiactivos de la fisión, si bien no está completamente libre de materiales radiactivos. Por lo tanto, subraya que no debemos considerar la fusión como una solución inmediata para la transición energética.

«En las próximas décadas, tendremos que seguir ampliando las fuentes bajas en carbono ya disponibles, incluida la energía nuclear convencional. La fusión debe entenderse como una oportunidad estratégica a largo plazo, capaz de transformar profundamente el sistema energético mundial si se superan sus desafíos técnicos y económicos», señala.

Otra razón que Guimarães aduce para mantener un optimismo moderado con respecto a la energía de fusión es el hecho de que el tritio es el principal combustible utilizado por el Tokamak para generar energía de fusión nuclear.

El tritio no existe en la naturaleza en estado libre. Debe producirse, y esta producción puede realizarse en reactores de fisión nuclear o en el propio reactor de fusión. Al optar por producirlo en el reactor de fusión, se genera un problema de balance energético; se termina consumiendo más energía para producirlo de la que el reactor genera. Por lo tanto, la búsqueda de un balance positivo, que lleva décadas en marcha, aún está lejos de haber concluido.

En lo que respecta a Brasil, Guimarães afirma que el país tiene el potencial de alcanzar una posición significativa en el desarrollo de la fusión nuclear, pero esto no sucederá de forma espontánea.

«Hemos acumulado conocimientos científicos en física de plasmas, ingeniería nuclear, materiales avanzados y superconductividad, así como instituciones de investigación y una base tecnológica que puede movilizarse para este fin.»

Considera poco realista pensar que Brasil pueda competir de inmediato con los principales programas internacionales en el desarrollo integral de una central eléctrica de fusión comercial.

En opinión de Guimarães, una mejor estrategia sería identificar nichos tecnológicos en los que el país pueda desarrollar capacidades de primer nivel, como sistemas magnéticos superconductores, electrónica de potencia, instrumentación, control de plasma, materiales especiales e ingeniería de sistemas complejos.

Según él, estas tecnologías tienen aplicaciones que van más allá de la fusión nuclear en sí misma y pueden generar beneficios industriales y económicos mucho antes de que las primeras centrales eléctricas comerciales entren en funcionamiento.

En vista de esto, Brasil no necesita ser necesariamente el primero en construir una planta de fusión para ser relevante en este sector. El país puede alcanzar una posición estratégica como desarrollador y proveedor de tecnologías esenciales para esta nueva industria.

«El mayor riesgo no es que nos retrasemos en la construcción de las primeras centrales eléctricas, sino que no aprovechemos la oportunidad, a partir de ahora, de desarrollar tecnologías y formar a los profesionales que determinarán nuestro papel en la industria energética del futuro», concluye el experto.

México: El ‘boom’ exportador de la inteligencia artificial

Karina Suárez 

Las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron un 20% en los primeros nueve meses de 2026 y alcanzaron el récord de 481.586 millones de dólares

Nuevos vientos soplan para la economía de México. Después de un arranque de año errático, la segunda economía de América Latina apunta a crecer un 2% en 2026 debido al impulso de las exportaciones y a la reactivación de la inversión pública. A pesar del muro arancelario impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México ha logrado sortear las tarifas bajo el amparo del TMEC.

De enero a septiembre, los envíos al otro lado del Río Bravo rompieron el récord de los 481.586 millones de dólares, lo que supuso un alza del 20,6% respecto al mismo periodo del 2025. Solo en septiembre pasado, las exportaciones a Washington superaron los 62.241 millones de dólares. El crecimiento de las exportaciones, principalmente de equipo de cómputo, se atribuye a la creciente demanda de dicho equipo por parte de Estados Unidos para sus centros de datos.

A pesar de las declaraciones estridentes de Trump en contra de México en materia de seguridad y migración, de los aranceles sectoriales aún vigentes en el acero y el sector automotriz, así como de la negociación en curso sobre el futuro del TMEC, la relación comercial binacional se ha afianzado en lo que va del año. México es el principal socio comercial de EE UU con una participación del 17% de las importaciones estadounidenses, superando a Canadá, Taiwán y China, según las cifras del Departamento de Comercio estadounidense.

Con estas cifras, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) perfila que las ventas del país al extranjero rebasen los 800.000 millones de dólares en 2026. Francisco González, vicepresidente del Comce, reconoce que, aunque se esperaba un crecimiento de los envíos en el ámbito tecnológico, la magnitud de la demanda ha sido sorpresiva. “Como en el resto de las exportaciones, sí dependemos mucho de que en Estados Unidos crezca la infraestructura de centros de datos”, dice.

Puertas adentro, el empresario advirtió que, para que el crecimiento de las exportaciones se sostenga a lo largo de los años, se requieren certezas en materia de energía eléctrica, facilidades fiscales y certidumbre respecto de nuevas regulaciones. “Estamos en el camino, tenemos que acelerarlo y las inversiones vienen”, añade González optimista.

La mayoría de los expertos en comercio exterior y finanzas están reajustando sus pronósticos del PIB de México al cierre del año, dados los buenos resultados del segundo y tercer trimestre. Solo de julio a septiembre, la economía mexicana creció 0,9% respecto al trimestre anterior y 3,2% a tasa anual, su mayor avance en los últimos tres años. Para que la economía cierre el año con un crecimiento de 2%, solo necesita avanzar 0,2% en el cuarto trimestre, lo cual parece factible dada la tracción mostrada por el desempeño de la industria, la manufactura y los servicios.

Al presentar su más reciente informe de Finanzas y Deuda Pública la semana pasada, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, proyectó que el crecimiento del PIB este año se ubicará en un 2% si se mantiene el desempeño de la economía observado en los primeros nueve meses del año. En esta misma línea, la encuesta de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México dio cuenta de que la expectativa de crecimiento económico para 2026 subió de 1,4% en septiembre a 1,6% en octubre.

Las exportaciones de manufacturas y de equipo de cómputo han dado un nuevo brío a la economía mexicana. Sin embargo, no es el único motor para México. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, explica que la inversión fija en el país se reactivó a medida que el Gobierno aceleró los proyectos de infraestructura, lo que ha estimulado la inversión privada en construcción. En agosto pasado, la inversión fija bruta en el país creció un 5,7%, a tasa anual, hilando cinco meses de crecimiento, según las cifras oficiales. Durante el octavo mes de este año, la inversión pública aumentó más del 11%, mientras que los desembolsos privados se elevaron un 4,8%.

El especialista indica que el desempeño de la economía mexicana también se ha sustentado en el crecimiento del consumo. En este renglón, el consumo siguió beneficiándose del aumento de las transferencias del Gobierno a los hogares, de la ampliación de las pensiones y del alza de los salarios mínimos, factores que, en conjunto, han fortalecido el poder adquisitivo, según su análisis. “El desafío radica en la capacidad del país para sostener la recuperación de la inversión como principal motor del crecimiento. Las perspectivas para 2027 parecen mejorar, pero dependen en gran medida del fortalecimiento de la acumulación de capital productivo, más que de estímulos de política para el consumo y el gran pendiente continúa siendo la consolidación fiscal”, zanjó.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, explicó recientemente en una conferencia de prensa que el crecimiento brutal de las exportaciones en equipo de cómputo está requiriendo más materia prima y eso se ve reflejado en las ventas al por mayor y está requiriendo también vehículos pesados, camiones y esto se ve reflejado también en las ventas al por mayor.

La analista añadió que el riesgo de este inédito crecimiento es que no sea generalizado ni sostenido. Además, advirtió de que la mayor parte de los insumos utilizados en México para el equipo de cómputo provienen de Asia, principalmente de Taiwán. La vecindad entre México y EE UU ha abonado para que el país latinoamericano sea un candidato idóneo para exportar componentes para este tipo de tecnología. De acuerdo con los datos de Banco Base, solo en la partida de equipo de cómputo a agosto de este año, las exportaciones mexicanas han crecido más de 200%. Con esta nueva perspectiva, la institución financiera elevó sus expectativas de aumento del PIB del 1,7% al 1,9% para 2026.

La nueva veta tecnológica de exportación para México se posiciona en medio de la revisión del TMEC que sigue en curso y tiene un destino incierto. En la antesala de la cuarta ronda de negociaciones bilaterales sobre el acuerdo comercial de Norteamérica, el país latinoamericano sigue obteniendo réditos de una estrecha relación comercial con Washington y ya se encamina a un alza económica del 2% este año.

Panorama internacional

1.En sigilo, investigación sobre geoingeniería avanza en América Latina

Emilio Godoy *

En la película surcoreana de ciencia ficción “Snowpiercer (El expreso del miedo)”, de 2013, un experimento de alteración climática sale mal y manda al planeta de vuelta a la Edad del Hielo, como hace unos 100 000 años. Los sobrevivientes hallan refugio en un tren que recorre las tierras congeladas.

Más allá de los vericuetos de la ciencia ficción climática, universidades públicas de Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y México efectúan investigaciones de modelación y percepción pública sobre las tecnologías de la controversial geoingeniería, que enfrenta críticas desde las primeras luces del siglo presente desde organizaciones de la sociedad civil y la propia academia.

Soledad Vogliano, investigadora argeNtina del no gubernamental Grupo ETC, atribuyó esa ola a las necesidades financieras universitarias, empatadas con el interés de instituciones del Norte global interesadas en la promoción de estos temas.

“Tiene mucho más que ver con la inyección de fondos para proyectos de este tipo que de un interés que emerja de la agenda de investigación. No hay vínculo de priorización de la agenda climática pública en estas instituciones (financiadoras). La universidad está desfinanciada, entonces es una buena forma de capturar investigadores de carrera”, dijo a IPS desde la noroccidental ciudad argentina de La Rioja.

La especialista explicó que, desde los primeros proyectos que aparecieron, hubo “un trabajo bastante consistente” de algunas de estas organizaciones promoventes de acompañar la carrera de investigadores puntuales para hacer carrera en espacios de mayor visibilidad en la política internacional climática.

La geoingeniería consiste en la manipulación intencionada y a gran escala de los sistemas naturales del planeta, como el suelo, los océanos y la atmósfera, para paliar temporalmente el cambio climático. Se produce mediante técnicas de manejo de la radiación solar, remoción de gases efecto de invernadero vía sistemas sintéticos o naturales, como plantaciones forestales o de algas, y modificación climática.

La tecnología abarca la remoción de gases de efecto invernadero de la atmósfera (CDR, en inglés) y la gestión de la radiación solar (SRM, en inglés). Incluye técnicas desde pintar una azotea de blanco para reflejar los rayos solares hasta inyectar aerosoles a la estratosfera.

Algunas se basan en procesos naturales, como la plantación de bosques para que absorban dióxido de carbono (CO2), el gas generado por las actividades humanas y responsables del recalentamiento planetario.

Otras, como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, involucran el cultivo de plantas para la obtención de combustible y energía, y la consiguiente captura de CO2. Otras son puramente tecnológicas, como la captación y almacenamiento de carbono en el aire, que consiste en su extracción por vías químicas y su posterior concentración.

La SRM, también llamada modificación de la radiación solar, se refiere a intervenciones tecnológicas a gran escala que reflejan la luz solar de regreso al espacio. Estas propuestas van desde el lanzamiento de aerosoles en la estratosfera hasta la modificación de nubes, plantas y hielo para hacerlos más reflectantes.

La inyección de aerosoles estratosféricos (SAI, en inglés) es el enfoque SRM más destacado y busca la imitación de efectos de enfriamiento registrados después de grandes erupciones volcánicas. Consiste en el rocío de grandes cantidades de pequeñas partículas reflectantes como aerosoles de sulfato en una capa superior de la atmósfera terrestre para reflejar la luz solar de regreso al espacio.

Estas tecnologías han sido blanco de críticas que las acusan de “falsa solución”, pues no abordan el origen de la catástrofe climática, la adicción global a los combustibles fósiles y que ha situado las emisiones contaminantes en unos 38 000 millones de toneladas de CO2.

Su tendencia es al alza y América Latina representa aproximadamente 10 % de ese volumen total.

Diversidad

En el mundo hay 1433 proyectos de geoingeniería, de los cuales 917 consisten en la absorción de CO2, 63 en modificación del clima, 19 en gestión solar y 434 de diferentes tipos. Del total, 28 se han realizado en Brasil, 13 en México, ocho en Chile y cinco en Argentina.

Actualmente ejecutan 10 proyectos investigadores de las universidades públicas de Buenos Aires (Argentina) federales de Santa Catarina, Itajubá y São Paulo (Brasil); de Concepción y de la Frontera (Chile), de las Indias Occidentales (Jamaica) y la Nacional Autónoma de México (Unam).

Son financiados por la no gubrnamental Iniciativa Grados, con sede en Londres, y las pesquisas versan sobre modelación sobre los impactos potenciales de SRM en temas como huracanes, olas de calor y energía renovable, así como las conexiones entre SRM y la economía, la salud y las visiones de los diferentes interesados. Para justificar su participación, la Unam anunció en 2024 que “por su relevancia, estudios climáticos de la Unam reciben financiamiento internacional”.

Hasta 2030, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, recibirá 600 000 de la gubernamental Agencia de Investigación Avanzada e Invenciones de Reino Unido, la Universidad de Buenos Aires, 513 000; y la Unam, 400 000 dólares, según una revisión de IPS de la base de datos de la no gubernamental SRM.

Mientras, la Universidad Federal de Santa Catarina será la receptora de 210 000 dólares; la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica, 114 000; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina de 100 000; el gubernamental Instituto Brasileño del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, de 72 000, y la Universidad Federal de Itajubá, de 105 000.

Grados es financiada predominantemente por fundaciones filantrópicas operadas por multimillonarios tecnológicos y financieros, algunos de los cuales han financiado experimentos al aire libre y la comercialización de tecnologías de geoingeniería.

Los resultados de los proyectos de la modelación climática han sido conservadores, pues la evolución real de fenómenos como el deshielo polar o la potencia de los huracanes ha rebasado las proyecciones. Por ello, no sería diferente las investigaciones sobre tecnologías de geoingeniería.

Una prueba de la startup estadounidense Making Sunsets con globos inyectados con partículas de dióxido de azufre a la atmósfera para bloquear luz solar, lanzados desde el norteño estado mexicano de Baja California Sur sin permiso alguno, suscitó un escándalo en 2023.

Entonces, el gobierno azteca denunció que el experimento se realizó “sin previo aviso y sin consentimiento”. Si bien prometió una prohibición de estas técnicas, ese veto no se ha materializado hasta ahora.

La SRM representaría riesgos serios y probablemente irreversibles para los ecosistemas y medios de vida si alguna vez se desplegaran a gran escala, en tanto que SAI está asociada con peligros e incertidumbres potenciales significativos, incluyendo daños a la salud humana, los ecosistemas y la capa de ozono, rendimientos agrícolas reducidos y cambios significativos en los patrones de lluvia.

Ola opuesta

Los países han establecido moratorias a estas técnicas, en virtud del principio precautorio, mediante la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que cuenten todavía con una prueba científica definitiva.

En 2008, el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó en su 9 Conferencia de las Partes (COP09) una moratoria a la fertilización oceánica, una técnica de geoingeniería, y dos años después, en la COP10 otra a la modalidad como tal, y que se han mantenido hasta ahora.

Mientras, los signatarios del Protocolo de Londres sobre Vertimiento de Desechos al Océano de la Organización Marítima Internacional acordaron un veto a las actividades de fertilización oceánica diferentes de la “investigación científica legítima” y un marco legal para otras actividades de geoingeniería marina, incluyendo las de investigación científica.

Paso a paso han surgido más posturas críticas en torno al uso de la geoingeniería. En 2023, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resaltó que estas tecnologías no pueden considerarse medidas viables de mitigación o adaptación, pues su mayoría no está comprobada, no está disponible e inviable a gran escala, y las catalogó de “especulativas”.

A esto se suma el reporte de 2023 del relator especial de Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, el chileno Marcos Orellana, quien advirtió de “enfoques tecnológicos no comprobados que podrían agravar los daños existentes”.

La investigadora Vogliano cuestionó que las investigaciones legitiman el impulso a estas tecnologías, aun y cuando carezcan de resultados concretos y que colocan los riesgos en los países del Sur global que no se benefician, porque favorecen a los países contaminantes del Norte desarrollado.

“Se usa la idea de la gobernanza para bajar el tono a las prohibiciones de estas tecnologías. Esta agenda de formas de gobernanza, marcos de análisis de tecnología, sus percepciones, tiene más que ver con deteriorar los fuertes frenos de los gobiernos, y menos con una agenda local con perspectivas de desarrollar tecnologías para la acción efectiva”, criticó.

La región latinoamericana está atorada en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero mientras las investigaciones sobre geoingeniería caminan sigilosamente, a diferencia de un tren perdido entre tierras gélidas en el cine de ciencia ficción…

2.-Movimientos sociales del Norte Global, su importancia

Ana María Aragonés

La crisis de 2008-2009, lejos de resolver las profundas contradicciones que la desencadenaron, se han profundizado. Las políticas impulsadas por las élites del capitalismo neoliberal favorecieron una obscena concentración de la riqueza, el deterioro de las condiciones laborales y el debilitamiento de los sistemas de protección social.

Los movimientos sociales que hoy observamos en Francia, Bélgica, Italia, Alemania, España y otros países europeos, y que están adquiriendo proporciones cada vez mayores, muestran el creciente rechazo de amplios sectores de la población a un modelo económico y político que sacrifica sus condiciones de vida para preservar los privilegios del gran capital.

Por otro lado, cada vez hay una mayor claridad de que las guerras iniciadas por Estados Unidos e Israel, con el apoyo de los gobiernos de la Unión Europea, son ilegítimas y, por lo tanto, consideran inaceptables los sacrificios económicos impuestos a los pueblos.

El genocidio contra el pueblo palestino, así como la complicidad estadounidense con el gobierno de Benjamín Netanyahu, han generado un profundo rechazo. Los gobiernos occidentales no pueden justificar su discurso sobre la defensa de los derechos humanos mientras respaldan acciones que los vulneran gravemente.

Durante décadas, las sociedades del Norte Global disfrutaron de importantes conquistas sociales. Sin embargo, las políticas neoliberales fueron desmantelando progresivamente esas conquistas, mientras los capitales financieros y los nuevos magnates tecnológico-digitales concentraban enormes fortunas y adquirían una capacidad extraordinaria para influir en las decisiones políticas, favoreciendo proyectos autoritarios y de ultraderecha.

A ello se suma la expansión de los fondos especulativos invertidos en la vivienda desalojando a miles de personas de sus hogares. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en España y fallecida poco después, representa las terribles consecuencias humanas de un sistema que privilegia las ganancias sobre los derechos sociales. Y los gobiernos europeos imponen recortes sociales mientras destinan recursos crecientes al rearme y sostienen políticas militares impulsadas por Estados Unidos y la OTAN.

Todo ello se vincula con el poder hegemónico en declive de Estados Unidos, que subordina a sus aliados mediante la fuerza militar, una posición internacional cada vez más cuestionada, con el fin de robar recursos estratégicos, como pasó con el infame secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y por el cual Donald Trump se pavonea sin el más mínimo pudor afirmando que “el vencedor se lleva el botín”, es decir, el petróleo de ese país. Asfixiando y cometiendo verdadero genocidio en Cuba, no sólo redoblando el bloqueo que lleva casi 70 años, sino impidiendo que lleguen apoyos para paliar el sufrimiento de la población, porque quiere “cambiar el régimen”.

Y en América Latina, los líderes espurios y algunos cuestionados, como el presidente de Ecuador, que ha sido considerado delincuente exportador de drogas, se entregan al imperio, y permiten la militarización de la región, la entrada de miembros de las Agencias de Seguridad estadunidenses y prestos a comprar la justicia para encarcelar a los líderes opositores.

En este contexto, las movilizaciones europeas adquieren una significación que trasciende sus demandas inmediatas. En Francia cientos de miles de personas han salido a las calles contra el deterioro de las condiciones de vida, los bajos salarios y la insuficiencia de los servicios públicos. En Bélgica, Italia, España y Portugal se multiplican las protestas por las pensiones, la vivienda, la educación, el encarecimiento de la vida y las políticas de austeridad. Sus demandas expresan un creciente cuestionamiento de las prioridades establecidas por sus gobiernos.

En este contexto hay un aspec-to que merece especial atención. Ha sido la constante que los gobiernos y las fuerzas de ultraderecha han utilizado a los migrantes como chivos expiatorios para desviar la atención del sistema, elverdadero culpable de los conflictos que sufren las poblaciones.

Mexicanos, árabes, musulmanes, africanos, y otras poblaciones migrantes, han sido presentados siempre como los responsables de las dificultades económicas, ocultando las verdaderas causas estructurales de esos problemas. En este sentido, las actuales movilizaciones muestran que el descontento alcanza sectores cada vez más amplios de las propias sociedades europeas, lo que podrían estar señalando que cuestionan el orden neoliberal y la hegemonía imperialista.

¿Podrían estos movimientos sociales representar el comienzo de una ruptura con los discursos nacionalistas y xenófobos que du-rante tanto tiempo han servido para dividir a los trabajadores ypreservar los privilegios del capi-tal? ¿Podría abrir la posibilidad, inédita, por cierto, de una convergencia entre las luchas sociales del Norte y del Sur Global, no por-que sus condiciones sean idénticas, sino porque enfrentan contradicciones de raíces comunes?

La trascendencia de estos movimientos cuyos cuestionamientos se presentan cada vez más con una renovada intensidad y que provienen del interior de los propios países centrales, contra un modelo económico que ha profundizado la desigualdad, las guerras y, de forma importante, la expulsión de poblaciones del Sur Global, sería la coyuntura posible para construir nuevas formas de solidaridad internacional y, si bien por ahora parece estar lejos de una transformación consumada, no hay duda de que sería la oportunidad histórica que no debería ser desestimada.