Se reactiva intento de juicio político contra Hegseth: cargos y próximos pasos
Victoria Korn
El republicano Thomas Massie reactivó este 9 de noviembre el procedimiento de juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, con ocho artículos de acusación que cuestionan la legalidad de operaciones militares en Irán, Venezuela y Yemen, así como de los ataques contra embarcaciones vinculadas presuntamente al narcotráfico.
La iniciativa obliga a la Cámara de Representantes a abordar la resolución dentro de dos días legislativos, pero no supone la destitución inmediata del jefe del Pentágono.
La distinción es fundamental: el impeachment es la acusación que aprueba la Cámara de Representantes por mayoría simple. Para separar del cargo a Hegseth se necesitaría después un juicio en el Senado y una condena respaldada por dos tercios de los senadores presentes. Además, la Cámara puede responder inicialmente con una votación para archivar la iniciativa o enviarla a una comisión, en lugar de pronunciarse directamente sobre los cargos.
Crece la presión
Pero el movimiento tampoco comenzó este lunes. Massie había presentado una primera iniciativa en septiembre, pero el liderazgo republicano interrumpió las sesiones antes de que se votara. Su nueva presentación restablece el plazo de consideración y devuelve el asunto al Congreso tras las elecciones de medio mandato. La disputa, por tanto, no enfrenta únicamente a demócratas y republicanos: parte de un legislador del mismo partido que el presidente Donald Trump.
El núcleo de la acusación está en la guerra con Irán. Tres artículos sostienen que Hegseth condujo las hostilidades sin declaración de guerra ni autorización legislativa, mantuvo las operaciones pese a una resolución del Congreso que exigía retirar las fuerzas y sobrepasó los plazos previstos en la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Son los argumentos de Massie para fundamentar el juicio político, no conclusiones judiciales ni infracciones acreditadas por la sola presentación del documento.
El reclamo plantea una disputa sobre los límites del Ejecutivo para utilizar la fuerza militar. Massie invoca tanto la ausencia de autorización inicial como la continuación de las operaciones después del plazo legal de 60 días y de un eventual período adicional de retirada de 30 días. Su argumento busca establecer que el secretario no solo ejecutó decisiones militares controvertidas, sino que desconoció controles expresos del Congreso.
Las «narcolanchas»
Otro artículo acusa a Hegseth de sustituir las operaciones policiales marítimas por ataques militares letales contra presuntos narcotraficantes. La oficina de Massie atribuye a esa campaña al menos 243 muertes y denuncia ataques posteriores contra sobrevivientes y omisiones de rescate. Esas cifras y señalamientos forman parte de la acusación del congresista y deben distinguirse de una determinación independiente de responsabilidad.
Venezuela ocupa un apartado específico. El séptimo artículo cuestiona la operación para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores, que Massie describe como el secuestro de un dirigente extranjero sin autoridad constitucional o legal. El punto que pretende someter al Congreso es la responsabilidad de Hegseth por ordenar esa intervención. Aunque la resolución no constituye por sí misma un fallo sobre su legalidad, que se ponga en cuestionamiento la legalidad del secuestro podría convertirse más adelante en un recurso de los abogados defensores de la pareja presidencial.
Los cargos restantes incluyen el presunto incumplimiento de normas destinadas a reducir las bajas civiles, represalias contra el senador demócrata Mark Kelly por sus declaraciones sobre órdenes militares ilegales y una operación en Yemen sin autorización del Congreso. En conjunto, Massie presenta un patrón de abuso de las facultades del Departamento de Defensa, más allá de una discrepancia sobre la conducción de una sola guerra.
Hegseth declaró este lunes que no está preocupado por el intento de juicio político y anunció una rueda de prensa para el martes 10 de noviembre. El desafío inmediato será parlamentario: determinar si existe una mayoría dispuesta a aprobar la acusación. Incluso si Massie reúne esos votos, la eventual destitución dependerá de un segundo umbral, considerablemente más alto, en el Senado.