Argentina: ¿para cuándo algo nítido en la oposición?
Eduardo Aliverti
La ventaja que sacó el Gobierno al lograr el blindaje de su dichoso decreto y el ninguneo de las notables marchas en casi todo el país, gracias a la represión en Buenos Aires, se llevaron la marca. Será tan transitoria o tan contundente como lo sean la actitud y aptitud opositora para articular, o no, una respuesta que verdaderamente le duela al oficialismo.
También es elemental, pero forzoso, remarcar algunas características de lo que, otra vez, fue mucho más una cacería que un operativo de prevención.
El relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria dio cuenta de al menos 550 personas afectadas por más de 120 granadas de gas lacrimógeno, junto con centenares de disparos con postas de gomas y químicas. Dieciséis integrantes del propio organismo recibieron impactos de ese tipo. La trabajadora de prensa Laura Quispe, de Telesisa, recibió siete balazos antitumulto en cadera y cintura. Y Guido Piotrkowski, fotógrafo de Página/12, recibió un disparo de bala de goma en el pecho mientras efectuaba la cobertura.
Al margen de provocadores individuales o de tribus sueltas, que le hacen el juego a las “fuerzas de seguridad”, pocas veces o ninguna estuvo tan clara la acción de infiltrados. Se los registró a cámara plena, incluyendo que varios de ellos portaban máscaras antigases mientras “agredían” a los efectivos situados tras las vallas delante del Congreso.
En forma simultánea, como Melisa Molina destacó aquí, los influencers de la patrulla digital que encabeza Daniel Parisini, el Gordo Dan, compartían un video realizado con IA en el que se ve jocosos a los Caputo Toto y Santiago, a más de El Hermano, fumando en la playa y apostando en un casino.
¿Alguna novedad?
No. No lo es la represión desembozada ni esa gastada de los energúmenos virtuales de los Milei, aunque sí podría serlo la reaparición de los segundos tras cierto período de desvanecimiento surgido en cripto-Adorni.
Tampoco es novedoso que una marcha multitudinaria, gracias a las minorías intensas e imprescindibles, sufran la ausencia de convocatorias unificadas y liderazgos políticos claros. Conducción, en definitiva, para exceder a la bronca y reclamos desperdigados.
Reiterativo y políticamente incorrecto: si una concentración masiva es organizada y prevenida como se debe, con una cabeza dirigencial al frente que intimide a ese aparato represivo cuyas cuitas se saben de largo, con un acto central manifiesto y protagonistas de peso, no hay maquinaria ni dispositivo que puedan impedir su éxito o trascendencia.
Sí puede (volver a) interrogarse si no sería factible y pertinente instalar una sede física de la protesta, a eventual altura de lo que fue la Carpa Blanca durante el segundo lustro del menemato.
¿No sería más conducente, permitiendo la adhesión explícita de referentes varios, artistas, comunicadores, intelectuales, etcéteras, en lugar de sólo convocar cada tanto a marchas que, invariablemente, concluyen en este loop de services, camiones hidrantes y escenarios difusos?
Por otra parte, complementaria, se suma que ya era conocida la imposibilidad opositora de lograr el quórum para impedir que el Gobierno se saliera con las suyas.
¿Hubo trabajo previo en la imputación de quiénes serían los legisladores dispuestos a favorecer el horizonte oficial? ¿No podía hacerse nada más sobre los santafesinos, cordobeses, jujeños, chubutenses, neuquinos, salteños, misioneros, que no bajaron a sus bancas en canje por beneficios personales o de sector que el tiempo se encargará -o no- de revelar?
Quizás, esto último obvie a dos miembros de Unión por la Patria que se ausentaron sin estar en los cálculos de ¿nadie?: Agustín Tita, fueguino ex jefe de Gabinete del gobernador Gustavo Melella; y Estela Mary Neder, seguramente la sorpresa más grande de todas porque responde a Gerardo Zamora, santiagueño, senador, ex gobernador y uno de los nombres que sigue resonando como eventual “delfín” o candidato de CFK.
De paso, esto da lugar a cierto debate que se esquiva permanentemente y de resolución complicadísima.
Hablamos del hiper-provincialismo, mediante el cual basta con “arreglar” a un número equis de miembros parlamentarios (el entrecomillado del verbo deja espacio a la interpretación que cada quien quiera) para que los principios sean éstos o estos otros.
Lo concreto es que, en nombre del federalismo y de oponerse al volumen porteño o ambacéntrico, aspectos fundamentales del funcionamiento político-institucional quedan en manos de unos ignotos diputados y senadores.
Unos que ni siquiera tienen relevancia en sus propias provincias, y de actuación inerte en su labor legislativa nacional. ¿Acaso se trate, como señala Germán Martínez, de que se debe ser mucho más cuidadosos en requisar la integridad de quienes componen las listas?
No es objeto de este artículo proponer soluciones a semejante quid pero, aceptemos, sí enlaza con lo que debiera ser un debate más profundo acerca de a qué le llamamos “democracia”.
Asimismo para el caso, resulta que al Gobierno “democrático” se le ocurre desconocer alegremente la resolución parlamentaria y judicial respecto de cumplir la ley de financiamiento universitario. Y que, por incumplirla, multaron a la jefatura de Gabinete con 100 mil pesos diarios.
¿Este chiste se oblará desde los fondos reservados que cobran funcionarios de variada índole? ¿Habladurías?
Como fuere, ni tan sólo tendrán que pagar esa propina, hoy en bolsillo de Diego Santilli, porque la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la resolución del juez Martín Cormick.
El lenguaje empleado por los camaristas para “salvar” al Gobierno de la multa dispuesta por incumplir la ley es un summum de terrorismo sintáctico y de significantes crípticos, que excede al infinito como luego intentaremos apreciar.
“En la especie, la apelación intentada por la recurrente resulta formalmente procedente, pues –dado el alcance de la resolución cuestionada y, sin que lo que, por el presente se decide, importe adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar impuesta en autos-, lo cierto es que la decisión tomada por el a quo de denegar el recurso de apelación –en subsidio a la revocatoria-, es susceptible de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada”.
El gravamen irreparable son los 100 mil pesos (ver artículo de la siempre estupenda Luciana Bertoia, en la edición de este viernes).
En ese mamarracho inconcebible se concentra lo que de enroscado tiene sólo el lenguaje: hay un Gobierno al margen de la ley, pasivo en efecto de ser definible como “régimen”, que además de su aparato mediático-judicial tiene plácemes, aceptación o resignación de un grueso, amplio, de la sociedad.
Ese grueso en condiciones de creer que el enemigo está en el pobre de al lado y no en los ricos del upgrade que se timbean el oro por error, omisión o corrupción. Por favorecer continuar endeudándose al solo objetivo de seguir debiendo. Por alentar y ejecutar el milagro de que el gran país de clase media, que estipuló la gran diferencia con el resto latinoamericano, pase a ser uno de clase media gracias si aspiracional.
Es notable que referentes de la propia derecha ya adviertan sobre una Argentina con carácter de enclave. No, eso sí, a niveles africanos…
Salarios bajos con empleo de calidad prácticamente desaparecido y, si se requiere como largo botón de muestra, un secretario de Trabajo –palabra que ya no requiere Ministerio, al igual que Educación- apellidado Cordero, quien acaba de afirmar que el ingreso medio es de 1500 dólares y que ser monotributista es una utopía conseguible más apta que pretender algún empleo estable.
Va de suyo que hay cambios tecnológico-civilizatorios en las relaciones laborales y en el concepto de “clase obrera”. Y ya que estamos, en la influencia algorítmica para segmentar el voto de acuerdo con el perfil específico de cada voluntad auténtica o promovida.
Pero: de ahí a que no pueda organizarse la rebeldía de quienes no caen en la trampa de esos desafíos inconmensurables, que en este pueblo resistente son muchos, hay diferencias significativas.
En lo que quiera denominarse como “oposición auténtica” cabe el derecho y la táctica de no apurarse a definir candidaturas, establecer un programa de acuerdos mínimos y no anticipar medidas o movimientos con los que el macrimileísmo se haría un festín.
Sin embargo, tampoco asoma como efectivo que no haya definiciones de ninguna naturaleza. Algo nítido debería haber, o empezar a surgir, contra lo que representa este modelo.
Según recuerda Jorge Alemán en su nota de hoy, en este diario, hace ya tiempo que las derechas están monitorizadas y rigurosamente supervisadas por los grupos de poder, mientras las izquierdas y movimientos nacionales y populares quedan librados a la confrontación de egos, al narcisismo de las pequeñas diferencias y a las disputas sin consistencia ideológica.
Vale, entonces, esa pregunta de si será posible una nueva imaginación que conecte voces y movilizaciones de la calle con los responsables de la representación política.