Venezuela: confrontación política, renta petrolera y trabajo (1990-2026)
Crisis del salario y reconfiguración de la institucionalidad laboral del capitalismo rentístico
Orángel Rivas-Econópolis
Desde una perspectiva marxista, la fuerza de trabajo posee una característica particular: es la única mercancía capaz de crear un valor superior al necesario para su propia reproducción. Esta condición constituye el fundamento de la valorización del capital y, simultáneamente, la base de la contradicción entre capital y trabajo. La producción capitalista requiere explotar la capacidad creadora de valor del trabajo vivo, pero también garantizar las condiciones materiales, sociales e institucionales que permitan la reproducción continua de la fuerza de trabajo.
El derecho laboral surge históricamente dentro de esa contradicción. No representa únicamente una conquista de la clase trabajadora frente al capital, aunque sus instituciones son resultado de prolongadas luchas sociales; también constituye una necesidad del propio desarrollo capitalista, al establecer mecanismos de regulación de las relaciones sociales de producción, reducir la incertidumbre del proceso productivo y garantizar la continuidad de la acumulación. La estabilidad laboral, la protección frente al despido, la antigüedad y las prestaciones sociales forman parte de esa institucionalidad que vincula la reproducción de la fuerza de trabajo con las necesidades de valorización del capital.
En Venezuela, la configuración histórica del salario y del derecho laboral posee características particulares derivadas de la naturaleza rentista de su formación económica. La explotación petrolera permitió al Estado disponer de ingresos extraordinarios provenientes de la renta internacional del petróleo, lo que posibilitó financiar procesos de industrialización, infraestructura, políticas sociales y una expansión significativa de derechos laborales. De esta manera, el régimen laboral venezolano se desarrolló en un contexto donde la ampliación de derechos no dependía exclusivamente de la productividad del aparato industrial interno, sino también de la capacidad estatal de redistribuir parte de la renta petrolera.
Durante el siglo XX, especialmente entre las décadas de 1950 y 1980, se consolidó una institucionalidad laboral caracterizada por la contratación colectiva, la estabilidad en el empleo, el reconocimiento de la antigüedad y un sistema de prestaciones sociales vinculada a la antigüedad laboral y al salario. Este proceso alcanzó una expresión significativa en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, que fortaleció el concepto de salario normal como base de cálculo para diversos derechos laborales y consolidó la prestación de antigüedad como un mecanismo de apropiación acumulada y diferida del valor creado por el trabajador.
Posteriormente, la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012 (LOTTT) representaron un intento de reconstrucción jurídica de derechos laborales previamente modificados. No obstante, estas reformas ocurrieron en un contexto económico diferente, marcado por el agotamiento del ciclo expansivo petrolero, la crisis económica y la progresiva transformación del régimen salarial hacia formas de remuneración con limitada incidencia sobre los derechos laborales derivados.
La hipótesis que orienta este artículo sostiene que la crisis contemporánea del salario en Venezuela no puede explicarse únicamente por la inflación o la pérdida del poder adquisitivo del ingreso monetario. Constituye una crisis más profunda del régimen institucional mediante el cual históricamente una parte del valor creado por el trabajo se transformaba en derechos laborales presentes y futuros. En consecuencia, la disminución de la importancia del salario como base de cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y seguridad social expresa una transformación en las formas de apropiación del valor producido por el trabajo.
El objetivo del artículo es analizar la evolución histórica del salario y de la institucionalidad laboral venezolana desde una perspectiva de economía política, identificando las relaciones entre acumulación capitalista, renta petrolera, derecho laboral y reproducción de la fuerza de trabajo. Para ello se examinan cinco puntos fundamentales: primero, la confrontación política condicionante estructural del proceso bolivariano; segundo el salario y el derecho laboral como categorías históricas del capitalismo; tercero, la formación del régimen laboral asociado al capitalismo rentístico venezolano; cuarto, las transformaciones ocurridas entre 1990 y 2026; y finalmente, los desafíos actuales de la clase trabajadora frente a la crisis del salario.
1. La confrontación política como condicionante estructural del proceso bolivariano (1999–2026)
La historia política contemporánea de Venezuela no puede entenderse al margen de la disputa por la renta petrolera. La decisión del Estado bolivariano de retomar el control soberano sobre los hidrocarburos quebró el pacto histórico del capitalismo rentístico venezolano, alterando las correlaciones de fuerza entre las élites tradicionales, los actores transnacionales y las mayorías populares. A partir de esa ruptura, la política venezolana se transformó en un escenario de confrontación permanente alrededor de la distribución del excedente y la orientación soberana del Estado.
La aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene las bases normativas para la transformación del modelo social y político. Al definir al Estado como democrático, social de derecho y de justicia, consagró la propiedad estatal sobre los hidrocarburos y los yacimientos mineros, impidiendo la privatización del subsuelo nacional. El punto de inflexión definitivo ocurrió con la promulgación del paquete de 49 leyes mediante la Ley Habilitante de 2001, destacando la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Estas leyes recortaron los márgenes de ganancia del capital, asegurando que la mayor parte del excedente fuera propiedad de la república, lo que desató la reacción inmediata de la oligarquía local.
La polarización escaló violentamente hasta el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, impulsado por militares, empresarios, medios de comunicación y dirigentes de la jerarquía de la iglesia católica. Aunque derrocó temporalmente al presidente Hugo Chávez, la rápida movilización popular y militar restituyó el orden constitucional en menos de 48 horas, dejando al descubierto el carácter no democrático de las élites opositoras.
Ante la falla de la vía militar directa, los sectores dominantes recurrieron al sabotaje de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. La paralización del corazón económico del país buscó asfixiar financieramente al gobierno, provocando pérdidas millonarias y desabastecimiento severo, finalizando con la reestructuración completa de la estatal petrolera por parte del Estado. Paralelamente, la Plaza Altamira se constituyó como un centro de operaciones y trinchera mediática de militares sublevados que buscaban fracturar a las Fuerzas Armadas.
Al fracasar este foco de presión, la confrontación se encauzó temporalmente hacia la vía electoral con el Referéndum Revocatorio de 2004, en el cual la ratificación del liderazgo bolivariano legitimó definitivamente el proyecto de distribución social de la renta para pagar la deuda social.
Con el control estatal consolidado, se profundizó la agenda de reivindicaciones sociales, alcanzando su hito con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en 2012. Esta legislación devolvió retroactividad a las prestaciones sociales, redujo la jornada laboral y protegió la estabilidad laboral. Frente a la consolidación de estos avances y el fallecimiento de Hugo Chávez, la oposición desató ciclos de violencia insurreccional urbana conocidos como guarimbas en 2014 y 2017. Estos episodios buscaron generar parálisis social, destrucción de infraestructura pública y la intervención de potencias extranjeras.
Tras la victoria de la oposición en las legislativas de 2015 y desconociendo los comicios presidenciales de 2018, en enero de 2019 se instrumentó la figura del “Gobierno Interino” encabezado por Juan Guaidó. Esta estructura para institucional fue inmediatamente respaldada por el bloque imperial (encabezado por Estados Unidos y la Unión Europea), actuando como una “diplomacia paralela” dirigida a deslegitimar al Poder Ejecutivo nacional.
Con el fin de sostener jurídicamente el interinato y justificar la administración exógena de recursos, la fracción opositora decretó la “continuidad constitucional” de la Asamblea Nacional electa en 2015. Este parlamento en desacato extendió arbitrariamente su mandato, manteniendo sesionando de forma virtual a una “Comisión Delegada” e ignorando abiertamente la instalación de la nueva Asamblea Nacional legítimamente electa para el período 2021–2026.
El “gobierno de Guaidó” funcionó como la cobertura política necesaria para la intensificación del bloqueo y las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU). Por un lado, mediante restricciones financieras, se bloqueó el acceso a los mercados internacionales y se confiscaron o congelaron activos soberanos en el exterior (destacando el secuestro de la filial petrolera CITGO en EE.UU. y el bloqueo de las reservas de oro en el Banco de Inglaterra). Por otro lado, mediante restricciones petroleras, las sanciones coercitivas contra PDVSA impidieron la comercialización regular del crudo, sofocando intencionalmente la principal fuente de ingresos en divisas de la nación.
El conjunto de activos del Estado venezolano que fueron autorizados por el gobierno de los EEUU para que fueran administrados por la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y la asfixia petrolera derivaron en una devastadora crisis fiscal, donde los ingresos del Estado cayeron drásticamente. a caída de los ingresos públicos derivada de las restricciones financieras y petroleras impactó directamente sobre la política salarial, dando lugar a una profunda crisis del salario que redujo drásticamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora y limitó las condiciones materiales para la plena realización de los derechos laborales restituidos por la LOTTT.
El correlato final de esta secuencia histórica demuestra que la invención del “interinato”, la extensión ilegal de la AN de 2015 y el asedio económico no buscaron la alternancia democrática, sino la desarticulación absoluta del Estado soberano. La escalada de medidas coercitivas, el aislamiento impuesto y las maniobras de agresión externa alcanzan su punto culmen en la fase 2024–2026, porque el liderazgo norteamericano considera agotadas todas las fases intermedias (golpes militares breves, sabotaje económico, insurrección callejera y gobierno interino).
Ello lo obliga al enfrentamiento directo entre la supervivencia del Estado-nación soberano (bajo la Constitución de 1999) y la imposición forzosa de un modelo de subordinación total diseñado para tomar el control definitivo de las mayores reservas de petróleo del mundo. Especialmente, a partir del pasado 3 de enero del presente año neutralizar de manera violenta la jefatura del Estado encarnada por el Presidente Nicolás Maduro, mediante su secuestro y llevando adelante un tutelaje de tipo colonial.
2. Salario y derecho laboral: instituciones históricas del capitalismo
El salario constituye una categoría histórica propia del capitalismo. Su existencia presupone una sociedad donde los productores directos han sido separados de los medios de producción y deben acudir al mercado para vender su capacidad de trabajo a cambio de una remuneración monetaria. Esta relación social diferencia al capitalismo de otras formas históricas de organización del trabajo, donde predominaban relaciones basadas en la esclavitud, la servidumbre o formas comunitarias de producción.
En la economía capitalista, el trabajador no vende directamente el trabajo realizado, sino su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad física e intelectual para producir durante un tiempo determinado. El salario representa la expresión monetaria del valor de esa fuerza de trabajo, cuyo nivel está condicionado por el conjunto de bienes y servicios necesarios para garantizar la reproducción del trabajador y de su familia en una sociedad históricamente determinada.
Por ello, el salario posee doble forma. Por una parte, constituye el ingreso inmediato mediante el cual el trabajador accede a los medios de subsistencia necesarios para reproducir su vida cotidiana. Por otra parte, históricamente ha adquirido formas institucionales que permiten diferir una parte del valor creado por el trabajo hacia momentos futuros, como ocurre con las vacaciones, las utilidades, las jubilaciones y las prestaciones sociales.
En este sentido, el salario no debe entenderse exclusivamente como un precio determinado por el mercado laboral. Es también, una construcción institucional resultado de las luchas sociales, de la acción estatal y de las necesidades propias de la acumulación capitalista. La evolución del salario moderno está vinculada al desarrollo de un conjunto de regulaciones que viabilizan la mercantilización de la fuerza de trabajo.
El derecho laboral surge precisamente como una respuesta histórica a esa contradicción. La producción capitalista requiere trabajadores disponibles, capacitados y relativamente estables, pero la competencia entre capitales impulsa permanentemente la reducción de costos laborales. La regulación jurídica del trabajo aparece entonces como un mecanismo que regula a la explotación y, al mismo tiempo, garantiza condiciones de continuidad para el proceso productivo.
La antigüedad laboral constituye una expresión concreta de esta contradicción. Desde la perspectiva del trabajador, representa el reconocimiento del tiempo entregado a una organización productiva y una forma de salario diferido y acumulado frente a la pérdida del empleo. Desde la perspectiva del capital, la estabilidad permite conservar conocimientos, habilidades y experiencias incorporadas al proceso productivo, reduciendo costos asociados a la rotación laboral y favoreciendo incrementos de productividad.
En las economías industriales del siglo XX, la permanencia prolongada del trabajador en la empresa se convirtió en un elemento central del modelo de producción basado en la división técnica del trabajo, la especialización y la producción masiva. El conocimiento acumulado por el trabajador dejó de ser una característica individual para transformarse en un componente del proceso productivo. De allí que instituciones como la estabilidad laboral y la antigüedad adquirieran importancia económica además de jurídica.
Por tanto, el derecho laboral puede comprenderse como una institución contradictoria: es simultáneamente resultado de la lucha histórica de la clase trabajadora y una condición necesaria para la reproducción ampliada del capital. Sus instituciones expresan la tensión permanente entre la apropiación privada del excedente producido por el trabajo y la necesidad social de garantizar la reproducción de quienes producen dicho excedente.
3. La formación del régimen laboral del capitalismo rentístico venezolano
La configuración histórica del régimen laboral venezolano no puede comprenderse al margen de la estructura económica que se consolidó durante el siglo XX alrededor de la explotación petrolera. A diferencia de los procesos clásicos de industrialización capitalista, donde la expansión del mercado de trabajo asalariado estuvo impulsada principalmente por la acumulación industrial, el incremento de la productividad y la reinversión del plusvalor generado por los capitales nacionales, en Venezuela, la formación del mercado de trabajo moderno estuvo profundamente condicionada por la apropiación y redistribución estatal de la renta internacional del petróleo, expresión de una parte del plusvalor producido en la economía capitalista mundial.
El desarrollo petrolero modificó las bases materiales de la sociedad venezolana. Durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, la explotación petrolera impulsada mediante la participación de capital extranjero permitió la inserción del país en la división internacional del trabajo como exportador de una mercancía primaria estratégica. Esta transformación configuró inicialmente un patrón de acumulación primario-exportador sustentado en la apropiación de la renta internacional del petróleo, cuya dinámica ha configurado históricamente un proceso de industrialización restringido y dependiente de la renta petrolera.
La renta petrolera introdujo una particularidad en la formación del capitalismo venezolano: una parte significativa del excedente económico no provenía exclusivamente del plusvalor generado al interior del aparato productivo nacional, sino de la apropiación estatal de una renta derivada de la condición del petróleo como recurso natural estratégico dentro de la economía mundial, que captura la plusvalía generada por los trabajadores de los países destino de las exportaciones de petróleo. Esta característica otorgó al Estado un papel central como distribuidor de recursos y mediador entre los distintos actores sociales.
A partir de mediados del siglo XX, especialmente después de la nacionalización petrolera de 1976, el Estado venezolano fortaleció su capacidad de intervención económica y social. La renta petrolera permitió financiar infraestructura, empresas públicas, políticas de industrialización, expansión urbana, educación, salud y sistemas de protección social. En ese contexto se desarrolló la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, orientada a crear una base manufacturera nacional mediante la protección del mercado interno y la participación activa del Estado.
En este período se fortalecieron instituciones como la contratación colectiva, la organización sindical, la estabilidad laboral, la protección frente al despido y las prestaciones sociales. Estas instituciones no fueron únicamente resultados de concesiones estatales, sino producto de la interacción entre las luchas obreras, la expansión del movimiento sindical y las necesidades del propio modelo productivo. La acumulación industrial requería trabajadores especializados, experiencia acumulada y mecanismos que redujeran la incertidumbre propia de la relación laboral.
La Ley del Trabajo de 1936 constituye un punto de partida fundamental en la construcción del derecho laboral venezolano contemporáneo. Aunque inicialmente respondía a un contexto económico distinto al industrial desarrollado posteriormente, incorporó instituciones destinadas a regular la relación entre patrones y trabajadores, entre ellas la protección frente al despido y mecanismos de compensación vinculados a la terminación de la relación laboral.
Con las reformas posteriores se produjo una progresiva transformación la antigüedad laboral en un derecho económico acumulable. La antigüedad laboral dejó de representar únicamente un criterio para calcular una indemnización asociada al cese del vínculo laboral y comenzó a convertirse en un componente patrimonial del trabajador. Esta transformación expresa un cambio cualitativo: el tiempo de permanencia en la empresa pasó a ser reconocido como una contribución incorporada al proceso productivo.
La antigüedad laboral posee una doble dimensión histórica. Desde la perspectiva del trabajador, representa el reconocimiento del valor generado durante años de participación en el proceso productivo y una forma de protección frente a la pérdida del empleo. Desde la perspectiva empresarial, expresa la valorización del conocimiento adquirido, la experiencia técnica y la capacidad productiva acumulada dentro de la organización.
En Venezuela, esta relación entre tiempo de trabajo, estabilidad y derechos económicos adquirió particular importancia en sectores estratégicos vinculados al Estado y a la industria petrolera. Empresas como Petróleos de Venezuela y las empresas básicas de Guayana desarrollaron sistemas de contratación colectiva donde el salario no se limitaba a la remuneración directa mensual, sino que incorporaba un conjunto amplio de beneficios.
De esta manera, el capitalismo rentístico venezolano produjo una forma particular de articulación entre salario, renta petrolera y Estado. La ampliación de derechos laborales fue posible porque existía una capacidad estatal de redistribución derivada de los ingresos petroleros, pero también porque la clase trabajadora organizada logró convertir parte del crecimiento del valor en instituciones laborales permanentes.
Sin embargo, esta expansión contenía una contradicción estructural. La ampliación de derechos laborales dependía de un modelo económico cuya reproducción estaba más vinculada a la captación de renta petrolera y no a las capacidades autónomas de los capitales individuales en las distintas actividades económicas. Mientras los ingresos petroleros permitieron financiar políticas expansivas, el sistema pudo sostener una amplia institucionalidad laboral. Pero cuando comenzaron a deteriorarse las condiciones económicas del modelo rentista, emergieron tensiones entre la reproducción de los derechos laborales y las exigencias de reorganización de la acumulación capitalista.
La década de 1980 marcó el inicio de esa ruptura histórica. La caída de los precios petroleros, el endeudamiento externo, la crisis fiscal y la inflación comenzaron a erosionar las bases materiales del régimen laboral construido durante las décadas anteriores. El mal llamado “Viernes Negro” de 1983 simbolizó el agotamiento de una etapa caracterizada por estabilidad monetaria y expansión económica, abriendo un período de reestructuración del capitalismo venezolano.
En consecuencia, el régimen laboral venezolano entró en una fase de transformación. Las instituciones creadas durante la etapa expansiva del capitalismo rentístico comenzaron a ser cuestionadas bajo el argumento de la necesidad de aumentar la competitividad, reducir costos laborales y adaptar la economía nacional a las nuevas condiciones del mercado mundial. Esta disputa histórica alcanzaría su máxima expresión en las reformas laborales de las décadas siguientes.
4. Transformaciones del régimen laboral venezolano (1990-2026)
La evolución del régimen laboral venezolano entre 1990 y 2026 expresa la transición entre dos momentos históricos del capitalismo nacional. El primero corresponde a la culminación del modelo laboral asociado al capitalismo rentístico-industrial, donde el salario directo se articulaba con un conjunto amplio de instituciones laborales que permitían transformar una parte del valor creado por el trabajo en derechos acumulados. El segundo corresponde a una fase de reestructuración económica caracterizada por la flexibilización laboral, la pérdida de centralidad del salario como institución reguladora y la expansión de formas remunerativas desvinculadas del salario diferido.
Este proceso no debe entenderse como una simple sucesión de reformas jurídicas, sino como la expresión institucional de las transformaciones del régimen de acumulación venezolano. Cada modificación legal respondió a una determinada correlación de fuerzas entre capital, trabajo y Estado, así como a las condiciones económicas predominantes en cada período histórico.
4.1. La Ley Orgánica del Trabajo de 1990: consolidación del salario diferido
La Ley Orgánica del Trabajo de 1990 representa uno de los momentos de mayor desarrollo del régimen laboral venezolano construido durante el siglo XX. Su aprobación ocurrió en un contexto contradictorio: por una parte, la economía venezolana atravesaba una profunda crisis derivada del agotamiento del modelo rentista; por otra, el movimiento sindical y los trabajadores mantenían una importante capacidad de negociación orientada a preservar y ampliar derechos laborales.
La reforma de 1990 fue resultado de un largo proceso histórico de acumulación de conquistas laborales iniciadas con la Ley del Trabajo de 1936 y desarrolladas mediante reformas sucesivas, contratación colectiva y luchas sindicales. Entre los principales antecedentes se encuentran las demandas por estabilidad laboral, recuperación del salario real frente a la inflación, defensa de la contratación colectiva y protección frente al despido arbitrario.
En esta etapa, el salario adquirió una dimensión institucional más amplia. Dejó de comprenderse únicamente como la remuneración inmediata recibida por el trabajador y comenzó a consolidarse como una estructura compuesta por diferentes componentes económicos vinculados a la reproducción presente y futura de la fuerza de trabajo.
Uno de los aspectos centrales de la Ley de 1990 fue la consolidación de la prestación de antigüedad. La reforma estableció que el trabajador tenía derecho a una compensación equivalente a treinta días de salario por cada año de servicio, calculada con base en el último salario devengado. De esta manera, el tiempo de permanencia en la organización productiva se convirtió en un mecanismo de acumulación económica del trabajador.
La importancia histórica de este régimen radica en que las prestaciones sociales dejaron de ser concebidas exclusivamente como una indemnización por terminación de la relación laboral y pasaron a constituirse como un patrimonio laboral acumulado. El trabajador no recibía únicamente una remuneración por su actividad presente, sino que acumulaba derechos económicos derivados del tiempo entregado al proceso productivo.
La reforma también consolidó el concepto de salario normal como referencia para el cálculo de distintos beneficios laborales. Esto fue particularmente relevante porque el salario normal incorporaba una parte importante de las remuneraciones permanentes obtenidas mediante la contratación colectiva. En consecuencia, los aumentos salariales no solo modificaban el ingreso inmediato del trabajador, sino que tenían efectos sobre otras instituciones laborales.
En sectores estratégicos de la economía venezolana, especialmente en la industria petrolera y en las empresas básicas de Guayana, esta relación entre salario y derechos derivados alcanzó una expresión significativa. Las negociaciones colectivas incorporaron primas, incentivos y compensaciones vinculadas a la especialización técnica, condiciones de riesgo, turnos continuos y productividad.
La expansión de estas instituciones reflejaba la existencia de un trabajador industrial relativamente estable, con conocimientos acumulados y capacidad de negociación colectiva. El salario funcionaba como eje articulador de un conjunto de derechos que acompañaban al trabajador durante y después de la relación laboral.
Desde la perspectiva de la economía política del trabajo, la Ley de 1990 representó un momento histórico donde la clase trabajadora logró transformar parte del valor creado en el proceso productivo en derechos institucionalizados. El salario diferido constituía una forma de apropiación futura de una fracción del valor producido por el trabajo vivo.
No obstante, este régimen laboral enfrentaba límites estructurales. Su sostenibilidad dependía de las condiciones económicas del capitalismo rentístico venezolano, particularmente de la capacidad del Estado para redistribuir renta petrolera y sostener un modelo económico donde coexistían protección laboral, intervención estatal e industrialización orientada al mercado interno.
4.2. La reforma laboral de 1997: reestructuración del régimen de apropiación del valor creado por el trabajo
La reforma laboral de 1997 constituye un punto de inflexión en la historia del derecho laboral venezolano porque modificó la lógica mediante la cual se relacionaban salario, antigüedad y prestaciones sociales. Es la expresión político-jurídica de la reconfiguración del régimen de acumulación venezolano en el contexto de las políticas de ajuste estructural, alineadas con en el Consenso de Washington, liderizadas por el Fondo Monetario y Banco Mundial.
La reforma ocurrió en el contexto de la crisis del capitalismo rentístico, marcado por el agotamiento del modelo de industrialización protegido, la reducción de la capacidad redistributiva del Estado y la adopción progresiva de políticas económicas orientadas por la liberalización, la apertura comercial y la flexibilización de las relaciones laborales.
Mientras la Ley de 1990 representaba la consolidación del salario diferido como mecanismo de participación del trabajador en el valor creado, la reforma de 1997 respondió a una lógica distinta: reducir los costos asociados al trabajo y adaptar la fuerza laboral venezolana a nuevas condiciones de competencia entre capitales.
El elemento central de la reforma fue la modificación del régimen de prestaciones sociales. La retroactividad basada en el último salario devengado fue sustituida por un sistema de cálculo distinto, debilitando la relación entre aumento salarial, antigüedad y crecimiento del pasivo laboral.
Desde la perspectiva empresarial, la reforma buscaba reducir la incertidumbre asociada a la acumulación de obligaciones laborales futuras. Desde la perspectiva de los trabajadores, significó una disminución de la capacidad del salario diferido para proteger el valor acumulado durante años de servicio.
La reforma estuvo acompañada por un proceso de expansión de remuneraciones no salariales. Bonos, compensaciones y beneficios económicos, utilizados progresivamente como mecanismos para incrementar los ingresos inmediatos sin aumentar proporcionalmente los costos laborales asociados a prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y seguridad social.
Este proceso expresa una transformación profunda: el salario comienza a separarse de las instituciones que históricamente lo acompañaban. El trabajador puede recibir mayores ingresos monetarios inmediatos, pero pierde capacidad de acumulación de derechos futuros.
En este sentido, la reforma de 1997 no modificó únicamente una norma jurídica. Transformó el régimen de apropiación del valor creado por el trabajo al desplazar una parte de la remuneración desde formas salariales con incidencia en el salario diferido hacia formas de pago con menor capacidad de generar derechos laborales.
La reforma fue, por tanto, expresión de una nueva fase del capitalismo venezolano donde las exigencias de competitividad y rentabilidad del capital comenzaron a adquirir mayor peso dentro de la regulación laboral.
La modificación del régimen de prestaciones sociales no tuvo únicamente un propósito administrativo, sino que redefinió la institucionalidad mediante la cual una parte del valor creado por el trabajo se transformaba en derechos económicos futuros.
4.3. La LOTTT de 2012: restitución jurídica de derechos en un contexto de crisis del capitalismo rentístico
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), promulgada en el año 2012, constituye otro momento fundamental en la evolución histórica del régimen laboral venezolano. Su aprobación representó una ruptura jurídica con la reforma de 1997 al restablecer principios asociados a la protección del trabajo, la estabilidad laboral y la retroactividad de las prestaciones sociales. Sin embargo, su aprobación ocurrió en un contexto político y económico diferente al existente durante la etapa de expansión del capitalismo rentístico-industrial, lo que condicionó su capacidad efectiva para reconstruir la institucionalidad laboral previa.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 estableció un nuevo marco normativo para el trabajo, reconociéndolo como un hecho social y consagrando principios como la progresividad de los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, la intangibilidad y progresividad de los beneficios laborales y el derecho a prestaciones sociales que recompensen la antigüedad del trabajador.
La LOTTT del año 2012 retomó una concepción del trabajo como hecho social y recuperó instituciones que habían sido modificadas durante la reforma de 1997. El artículo 142 estableció que las prestaciones sociales se protegerían mediante dos mecanismos: el depósito progresivo equivalente a 15 días de salario integral por cada trimestre trabajado y, al finalizar la relación laboral, el cálculo retroactivo de treinta días de salario integral por cada año de servicio o fracción superior a seis meses, tomando como base el último salario devengado.
Esta disposición recuperó la relación histórica entre tres elementos fundamentales: tiempo de servicio, salario y derecho acumulado. La antigüedad volvió a adquirir una dimensión patrimonial, pues los aumentos salariales durante la trayectoria laboral tenían incidencia sobre el monto final de las prestaciones.
Desde la perspectiva de la economía política del trabajo, la restitución de la retroactividad significó recuperar una forma institucional mediante la cual una parte del valor creado por el trabajo presente se convertía en un derecho económico futuro. El trabajador acumulaba no solamente años de servicio, sino una participación diferida en la riqueza generada durante la relación laboral.
La LOTTT también incorporó otras modificaciones relevantes:
a. reducción de la jornada laboral;
b.fortalecimiento de la estabilidad laboral;
c. ampliación de la protección por maternidad y paternidad;
d.regulación de la tercerización;
e. fortalecimiento de la participación sindical;
f. protección frente al despido injustificado.
Estas reformas expresaban una orientación distinta a la reforma de 1997. Mientras aquella respondía a una lógica de flexibilización y reducción de costos laborales, la LOTTT se orientaba hacia la recuperación del principio protector del derecho laboral.
Sin embargo, la restitución jurídica de derechos laborales enfrentaba una contradicción estructural: La orientación del Estado que había permitido la expansión histórica de esas instituciones comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La renta petrolera seguía teniendo un papel central en el financiamiento estatal, pero la economía productiva presentaba problemas estructurales asociados a baja diversificación, dependencia importadora, limitada productividad industrial y vulnerabilidad frente a las fluctuaciones externas.
Por ello, la LOTTT expresa una contradicción histórica: mientras jurídicamente avanzaba hacia la recuperación de derechos laborales, las condiciones materiales de producción del valor comenzaban a limitar la capacidad efectiva del sistema para sostenerlos.
La diferencia fundamental con la Ley de 1990 radica en que esta última consolidó derechos laborales originados en la fase de expansión del capitalismo rentístico, mientras que la LOTTT intentó reconstruirlos en una fase de transición y crisis del modelo económico.
En consecuencia, la restitución jurídica de la retroactividad no significó automáticamente la recuperación del poder económico real del salario diferido. Para que una institución laboral funcione efectivamente requiere una base material: crecimiento económico, estabilidad monetaria, capacidad productiva. Cuando esas condiciones se deterioran, los derechos reconocidos jurídicamente pueden perder progresivamente su capacidad real de protección.
4.4. La crisis del salario: debilitamiento de la institucionalidad laboral
Desde mediados de la década de 2010, Venezuela experimentó una transformación profunda de su régimen salarial, en el contexto de la crisis del capitalismo rentístico venezolano. La caída sostenida de la producción, la reducción de los ingresos petroleros, la aceleración inflacionaria y las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), expresadas en crecientes restricciones al comercio, al financiamiento y a las transacciones internacionales, conformaron un proceso históricamente articulado que modificó profundamente las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.
La crisis del salario venezolano debe analizarse más allá de la disminución del ingreso monetario. Su característica central es el debilitamiento del salario como institución articuladora del conjunto de derechos laborales. Históricamente, el salario directo funcionaba como base de cálculo para otras formas de remuneración diferida: vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, jubilaciones y aportes a la seguridad social. La pérdida de esa función transformó la relación entre trabajo, salario y derechos futuros.
En las últimas décadas se produjo una progresiva separación entre salarios e institucionalidad laboral. El trabajador puede recibir determinados ingresos monetarios, pero estos no necesariamente generan derechos derivados. Esta diferenciación entre ingresos salariales y formas remunerativas sin incidencia laboral constituye uno de los rasgos centrales del nuevo régimen salarial venezolano.
Un ejemplo significativo es la expansión de mecanismos de compensación no salariales. Bonificaciones, transferencias monetarias y otros complementos de ingreso han adquirido importancia como mecanismos de alivio frente a la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, al no formar parte del salario con incidencia jurídica, no contribuyen proporcionalmente al fortalecimiento del salario diferido ni al financiamiento de instituciones vinculadas al trabajo asalariado.
Esta transformación puede interpretarse como un desplazamiento desde un régimen donde el salario articulaba múltiples dimensiones de reproducción de la fuerza de trabajo hacia otro en el cual predominan ingresos fragmentados, con menor capacidad de generar derechos laborales acumulativos.
En este contexto, el salario mínimo legal perdió progresivamente su función como referencia central del mercado laboral. Desde 2022 permanece establecido en 130 bolívares mensuales, mientras otras formas de compensación económica han adquirido mayor relevancia. Esta situación produce una ruptura histórica: el ingreso monetario recibido por el trabajador deja de coincidir necesariamente con el salario que genera derechos laborales.
La consecuencia es una reducción de la apropiación de los trabajadores en el valor creado por su trabajo. Al disminuir la incidencia del salario sobre prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y seguridad social, aumenta la proporción del valor producido que es apropiada por la burguesía, lo cual conlleva a un aumentos en la tasa de explotación.
Desde una perspectiva marxista, esta transformación puede interpretarse como una modificación de la relación entre capital y trabajo. La reducción del salario diferido y el deterioro del salario en general tienden a trasladar mayores costos de reproducción de la fuerza de trabajo hacia otros ámbitos sociales: hogares, redes familiares, comunidades y políticas públicas.
La crisis salarial también afecta la seguridad social. Instituciones históricamente financiadas mediante contribuciones vinculadas al salario enfrentan problemas derivados de la reducción de la base contributiva. Cuando el salario pierde centralidad, disminuyen los recursos autónomos destinados a financiar sistemas de protección social, aumentando la dependencia de transferencias públicas.
En consecuencia, la crisis contemporánea del salario expresa una transformación más amplia de la relación entre trabajo y reproducción social. La sociedad comienza a asumir colectivamente costos que anteriormente estaban parcialmente incorporados dentro del régimen salarial y de seguridad social.
Esta situación redefine los desafíos de la clase trabajadora venezolana. La disputa ya no se limita exclusivamente al aumento del salario nominal, sino a la reconstrucción del salario como institución capaz de articular ingreso presente, derechos futuros y mecanismos colectivos de protección social.
5. Principales desafíos de la clase trabajadora venezolana
La crisis contemporánea del salario en Venezuela plantea desafíos que trascienden la recuperación del ingreso monetario. El problema central no reside únicamente en cuánto recibe el trabajador por su actividad laboral, sino en la transformación del conjunto de instituciones mediante las cuales históricamente el trabajo asalariado garantizó formas de reproducción económica y social.
Durante gran parte del siglo XX, el salario funcionó como el núcleo articulador de una arquitectura institucional compuesta por contratación colectiva, seguridad social, estabilidad laboral, prestaciones sociales y otros derechos derivados. La crisis actual expresa el debilitamiento de esa articulación y el desplazamiento de parte de las responsabilidades de reproducción de la fuerza de trabajo hacia otros espacios sociales: hogares, comunidades y políticas públicas.
En este sentido, los desafíos de la clase trabajadora venezolana deben comprenderse desde cinco dimensiones fundamentales: la reconstrucción del salario como institución laboral, la transformación de las formas organizativas del trabajo, la recuperación de mecanismos colectivos de reproducción social, las limitaciones para el acceso a la información estadística y la nueva coyuntura nacional luego de la invasión del 3 de enero y la tragedia generada luego de los dos terremotos del pasado 24 de junio.
5.1. Reconstrucción del salario como institución laboral
El principal desafío de la clase trabajadora venezolana consiste en recuperar el salario no solamente como ingreso monetario, sino como institución social vinculada a derechos laborales presentes y futuros.
La experiencia histórica del capitalismo venezolano muestra que el salario tuvo una función más amplia que la simple remuneración del trabajo realizado. A través del salario normal, la contratación colectiva y las prestaciones sociales, una parte del valor creado por el trabajador se transformaba en derechos acumulados que protegían diferentes momentos del ciclo de vida laboral: enfermedad, vacaciones, desempleo, retiro y jubilación.
La transformación del régimen salarial contemporáneo ha debilitado esa función. La expansión de formas remunerativas sin incidencia sobre derechos derivados ha generado una separación entre ingreso y protección laboral. El trabajador puede recibir determinados recursos económicos, pero estos no necesariamente fortalecen su capacidad futura de reproducción.
Esta situación plantea la necesidad de reconstruir una concepción integral del salario que articule:
a. salario directo, como remuneración inmediata del trabajo;
b. salario diferido, como acumulación de derechos económicos futuros;
c. salario indirecto, expresado en servicios públicos, seguridad social y políticas de protección social.
Desde esta perspectiva, la recuperación salarial no puede reducirse a ajustes nominales periódicos. Requiere reconstruir la relación entre salario, productividad, negociación colectiva y seguridad social. El desafío consiste en superar un régimen donde el ingreso laboral se encuentra fragmentado y parcialmente desvinculado de la institucionalidad que históricamente protegió al trabajador.
5.2. Transformación de las formas organizativas del trabajo
Un segundo desafío está relacionado con las transformaciones experimentadas por la clase trabajadora como sujeto colectivo.
El régimen laboral construido durante el capitalismo rentístico estuvo vinculado a la expansión del empleo asalariado formal, especialmente en la industria manufacturera, empresas públicas, sector petrolero y administración estatal. En ese contexto, el sindicato constituyó una forma organizativa central para negociar colectivamente la distribución del valor creado por el trabajo.
La crisis económica, la reducción del empleo formal, la expansión de actividades informales y la fragmentación de las relaciones laborales han debilitado las formas tradicionales de organización sindical.
La expansión del trabajo independiente, la economía informal, las actividades por cuenta propia y diversas formas de autoempleo modifican la relación tradicional entre trabajador, empleador y Estado. Muchos trabajadores continúan dependiendo económicamente de la venta de su fuerza de trabajo, pero sin acceder plenamente a las instituciones históricas del empleo asalariado.
Esta transformación plantea nuevos desafíos organizativos:
a. construir formas de representación más amplias que incluyan trabajadores fuera del empleo formal.
b. recuperar la negociación colectiva como mecanismo de distribución del ingreso.
c. incorporar las nuevas modalidades de trabajo dentro de sistemas de protección social.
d. superar la fragmentación entre trabajadores asalariados, independientes e informales.
La cuestión central es que la clase trabajadora contemporánea ya no puede definirse exclusivamente por la figura del obrero industrial estable que predominó durante el siglo XX. La organización del trabajo actual exige comprender nuevas formas de subordinación económica y nuevas estrategias colectivas.
5.3. Reproducción social de la vida y transferencia de costos hacia la sociedad
Un tercer desafío corresponde a la reproducción social de la fuerza de trabajo. La crisis del salario ha revelado con mayor claridad que la reproducción de la vida no depende exclusivamente del mercado laboral, sino también de una amplia red de trabajos históricamente invisibilizados.
Desde una perspectiva de economía política feminista, la reproducción de la fuerza de trabajo depende no solamente del salario recibido en el mercado, sino también del trabajo doméstico, los cuidados familiares, las redes comunitarias y las políticas públicas.
Cuando el salario pierde capacidad para garantizar las condiciones materiales de existencia, estos ámbitos absorben crecientemente los costos que antes eran cubiertos por el ingreso laboral y las instituciones sociales.
El hogar, las familias y las comunidades pasan a desempeñar funciones que anteriormente estaban parcialmente incorporadas en el régimen salarial y en la seguridad social. La alimentación, el cuidado de personas dependientes, la atención de necesidades básicas y la reproducción cotidiana de la vida son sostenidas mediante trabajos no remunerados o insuficientemente reconocidos.
Este proceso implica una transferencia social de costos: una parte creciente de la reproducción de la fuerza de trabajo deja de ser responsabilidad directa del capital y del Estado, trasladándose hacia espacios familiares y comunitarios. Ello significa que la sociedad está subsidiando al capital.
Desde esta perspectiva, la crisis del salario no afecta únicamente a los trabajadores asalariados. Impacta sobre el conjunto de la sociedad porque modifica las condiciones generales mediante las cuales se reproduce la vida.
El desafío histórico consiste en reconocer que la reproducción social constituye una dimensión inseparable del proceso político. La fuerza de trabajo se reproduce diariamente mediante una compleja articulación entre trabajo remunerado, trabajo doméstico, cuidados y cooperación comunitaria, ello verifica que la reproducción del capital está soportada, subsidiada por el conjunto de la sociedad.
Los desafíos actuales de la clase trabajadora venezolana no se reducen a recuperar un nivel determinado de salario nominal. El problema fundamental es reconstruir la relación histórica entre trabajo, valor y derechos sociales.
La experiencia venezolana muestra que el salario fue una institución mediante la cual los trabajadores lograron convertir parte del valor producido en mecanismos de protección individual y colectiva. La crisis contemporánea ha debilitado esa capacidad, generando una separación entre trabajo realizado, ingreso recibido y derechos acumulados.
Por ello, la disputa por el salario en el presente no es solamente una disputa económica. Es una disputa por el tipo de sociedad que organiza la reproducción de la vida y por las instituciones mediante las cuales quienes producen la riqueza participan en su apropiación.
5.4. La crisis de información pública como desafío para la planificación laboral y social
Un desafío adicional para la reconstrucción de la política laboral venezolana está relacionado con la progresiva pérdida de continuidad de la información pública de la información estadística prevista en el artículo 143 de la CRBV y el artículo 14 de la Ley de la Función Pública de Estadística.
Desde mediados de la década de 2010 se observa una disminución en la disponibilidad, regularidad y difusión pública de estadísticas fundamentales para comprender la dinámica económica y social del país, entre ellas las correspondientes a las cuentas nacionales, la fuerza de trabajo, empleo y desempleo, remuneraciones, pobreza, salud, educación y otros indicadores vinculados con las condiciones de reproducción de la vida.
Esta situación constituye una limitación significativa para la investigación, el diagnóstico económico y la planificación de las políticas públicas. La formulación de una política salarial, laboral y de protección social requiere información sistemática sobre variables fundamentales: evolución del empleo asalariado, composición sectorial de la fuerza de trabajo, productividad, estructura de remuneraciones, apropiación del valor creado por parte de los trabajadores y condiciones de vida de los hogares.
Desde una perspectiva histórica, el Estado moderno requiere sistemas estadísticos capaces de hacer visible la estructura social sobre la cual interviene. Las estadísticas no representan únicamente instrumentos técnicos de medición; constituyen mecanismos institucionales mediante los cuales una sociedad conoce sus propias condiciones de reproducción y define prioridades de acción pública.
En el caso venezolano, la ausencia de información actualizada introduce una dificultad adicional para analizar la transformación del régimen salarial. La pérdida de centralidad del salario, la expansión de formas remunerativas no incidentes, la composición de la ocupación por categorías ocupacionales y las transformaciones de las formas de reproducción de la fuerza de trabajo requieren ser estudiadas mediante evidencia empírica que permita identificar sus magnitudes y tendencias.
Esta carencia adquiere particular relevancia en un contexto de crisis multidimensional, donde convergen transformaciones económicas, conflictos políticos y emergencias socioambientales. La reconstrucción del país requiere no solamente recursos materiales y decisiones políticas, sino también la capacidad institucional para producir conocimiento sobre la realidad social.
En consecuencia, la recuperación de la política salarial y laboral venezolana enfrenta un desafío adicional: mostrar con la publicación de las informaciones estadísticas las capacidades estatales de información y medición. Sin información estadística sistemática y sólida resulta difícil diseñar políticas públicas orientadas a recuperar el salario como institución de reproducción de la fuerza de trabajo, fortalecer la seguridad social y reorganizar la relación entre trabajo, valor creado y derechos sociales.
5.5. Terremotos en una colonia
La coyuntura actual está marcada por dos acontecimientos extraordinarios que han alterado las condiciones de
reproducción social. Por una parte, la crisis política derivada de la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026, que implicó una ruptura del orden institucional y una afectación significativa de la soberanía nacional. Por otra, los efectos del doble evento sísmico ocurrido el 24 de junio, particularmente en el estado La Guaira, que produjo graves impactos sobre viviendas, infraestructura y condiciones materiales de vida.
Sin embargo, la magnitud de los daños ocasionados por un fenómeno natural no puede comprenderse únicamente como resultado del evento geofísico. Sus consecuencias están mediadas por un modo histórico de habitar, entendido como la forma social, cultural, económica y material mediante la cual una sociedad ocupa, organiza y produce el espacio donde desarrolla su existencia. La localización de asentamientos humanos, las formas de urbanización, las condiciones constructivas, las desigualdades territoriales y la relación con los ecosistemas son determinaciones de la vulnerabilidad frente a los eventos naturales. En consecuencia, mientras persistan formas de ocupación territorial que desconozcan la fragilidad de determinados espacios y su exposición a sistemas de fallas activas, continuaremos transformando los fenómenos naturales en tragedias sociales.
En este contexto, una situación de subordinación política y una emergencia socio natural de esta magnitud obligan a redefinir las prioridades nacionales. La atención inmediata a las consecuencias del terremoto, la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de las condiciones materiales de vida adquieren una importancia central. No obstante, ello no implica relegar la política salarial, sino comprender que la recuperación del salario y la protección social constituyen componentes fundamentales del proceso de reconstrucción, en tanto garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para sostener la vida económica y social del país.
Por tanto, el desafío de la política laboral venezolana no consiste en escoger entre reconstrucción y recuperación salarial, sino en articular ambas dimensiones dentro de una estrategia integral de reproducción social, donde el trabajo, la protección social, la infraestructura y el territorio sean entendidos como elementos interdependientes de la vida colectiva.
* Sociólogo venezolano (Universidad Católica Andrés Bello), con amplia experiencia en el análisis del mundo del trabajo en Venezuela. Creyente de la Teología de la Liberación, docente universitario y senderista. Es miembro de la Junsta Directiva de Econópolis.