Panorama Económico Latinoamericano – Del 9 al 16 de setiembre de 2025

Transporte eléctrico, la ilusión de las urbes medianas en México

Emilio Godoy-IPS

La cuidadora del hogar Marta Chávez toma los nuevos autobuses eléctricos para su traslado de la populosa zona norte al centro de la sudoriental ciudad mexicana de Chetumal. “Son cómodos, espaciosos y tienen aire acondicionado”, relata a IPS Chávez, de 36 años y madre de dos niños.

Las unidades en cuestión pertenecen a la única ruta operativa por ahora de las 10 del Sistema Integrado de Transporte del Estado de Quintana Roo, conocido popularmente como Mobi, y que entró en operación formal el lunes 31 de agosto, después de recorridos de pruebas desde junio en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo y situada a unos 1320 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

“Con las combis (furgonetas operadas por particulares), uno gasta más y tarda mucho”, aseguró Chávez, luego de bajar del autobús.“Hay ausencia de planeación integral. El ecosistema nacional de electromovilidad está fragmentado. Frente a ello, el arreglo institucional permitió aterrizar el proyecto en Quintana Room señala Naomi Varinois.

Por ahora solo circulan cinco unidades eléctricas de la marca Taruk, fruto de una alianza de electromovilidad entre la Secretaría (ministerio) de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación (Secihti) y las empresas privadas mexicanas Dina, responsable del chasis, y MegaFlux, encargada de las baterías eléctricas.

La tarifa ronda el dólar, pero estudiantes y adultos mayores pueden solicitar un precio subsidiado de 50%. Cada vehículo tiene capacidad para 60 pasajeros y un recorrido de 340 kilómetros por carga. Su color guinda o cereza recorre en silencio las calles soleadas de Chetumal, mientras los pasajeros buscan algún resquicio de sombra mientras esperan su arribo.

El caso de Chetumal, cabecera del municipio de Othón P. Blanco y donde viven unas 180 000 personas, ejemplifica los retos de las ciudades medianas, donde la percepción popular sobre el transporte público atraviesa las palabras “caro”, “inseguro”, “ineficiente” y “contaminante”.

Las periferias de esas ciudades son las más vulnerables e inseguras y con las peores opciones de transporte. Muchas de ellas carecen de sistemas de transporte público formales, pues son servicios otorgados en concesión a particulares en un esquema donde un conductor maneja un bus, cobra en efectivo y gana por pasajero trasladado.

El director general del gubernamental Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rafael Hernández, lo resumió bien durante un foro sobre la experiencia del municipio.“Si se pudo en Chetumal se puede en todos lados. Teníamos todos los elementos en contra para realizar este proyecto. No se cuenta con demanda, no existía transporte público, atribuciones municipales débilmente definidas”, explicó.

En México, el transporte público traslada a más de 21 millones de personas diariamente mediante corredores de autobuses de tránsito rápido en carril confinado (BRT, en inglés), trenes, teleféricos, autobuses, trolebuses y vagonetas. Más de 50 % de los viajes diarios se hacen a pie o en transporte público

Paso a paso

Las autoridades de Quintana Roo, uno de los estados de la península de Yucatán y emblemático en las costas del Caribe mexicano con balnearios como Cancún, pusieron piedra a piedra las piezas de un esquema históricamente complejo donde conviven políticos y empresarios, mientras los usuarios quedan como la carne del sándwich.

En 2023, el Congreso legislativo de Quintana Roo reformó la Constitución local para incluir el derecho a la movilidad y la Ley de Movilidad en 2025 definió responsabilidades en el transporte

Un diagnóstico de 2025 sobre la situación del servicio descubrió un gasto promedio diario de los usuarios superior a cuatro dólares para llegar a su destino y estimó 34 370 viajes por día en transporte público. Además, trazó un escenario de demanda mínima de 19 600 usuarios al día.

Cuando en ese mismo año el gobierno federal presentó el modelo Taruk, “correcaminos” en lengua indígena yaqui, Chetumal ocupó el primer lugar en la fila y ordenó 66 unidades, en la primera gran adquisición municipal de esos vehículos y un espaldarazo a los planes de modernización del transporte.

La iniciativa, emprendida desde 2023 y con un presupuesto de unos 900 000 dólares, busca acelerar la introducción de esas unidades mexicanas con tecnología autóctona, reforzar la industria nacional de vehículos eléctricos mexicanos y apoyar el crecimiento de este segmento, ante la urgencia de limpiar el transporte, que aporta un cuarto de las emisiones contaminantes totales de este país latinoamericano.

El costo de cada autobús es de unos 375 000 dólares. Para su financiamiento, el gubernamental Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) aportó más de ocho millones de dólares para la construcción de la infraestructura de carga y un parque fotovoltaico de dos megavatios de capacidad y uno de almacenamiento con baterías que aportarán al menos 75 % de la energía necesaria para la recarga.

Ambas instalaciones operarán en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, uno de los 15 parques industriales que el gobierno federal construye a lo largo del país. Por otra parte, la gubernamental Nacional Financiera y el banco alemán Kfw financian a los concesionarios del servicio mediante el Fondo de Renovación Vehicular, dirigido al transporte urbano de pasajeros y de carga ligera, del Programa de Transporte Sostenible.

En este siglo, Banobras ha financiado al menos 33 proyectos de transporte público en este país latinoamericano de 130 millones de habitantes, incluyendo dos iniciativas eléctricas en Mérida, capital del sudoriental territorio de

Urgencias y carencias

La historia de Taruk y Chetumal apunta al centro de la discusión sobre la transición del transporte a formas menos contaminantes, considerando temas como la calidad del aire urbano, enrarecido generalmente por material particulado 2.5 (PM2.5, por el tamaño de cada partícula), proveniente de la quema de combustibles en vehículos.

“Hay ausencia de planeación integral. El ecosistema nacional de electromovilidad está fragmentado. Frente a ello, el arreglo institucional permitió aterrizar el proyecto” en Quintana Roo, precisó para IPS Naomi Varinois, coordinadora de Finanzas y Política Pública del no gubernamental Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

México está a la zaga en la electrificación del transporte público en comparación con países latinoamericanos como Brasil, Chile o Colombia, destaca ese instituto internacional con su sede regional en Ciudad de México.

Solo 10 de sus urbes tienen unidades de ese tipo. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres principales del país, reportan un avance significativo en ese campo, pero fuera de ellas el ruido de la calle pide a bocinazos una solución.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de 2022, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042 y la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano apenas mencionan la electrificación del transporte. Por su parte, la Estrategia Nacional de Electromovilidad, a cargo de la Secretaría (mnisterio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sigue en elaboración.

Este instrumento es fundamental, pues determinará la integración de autobuses eléctricos en las principales ciudades, el desarrollo de infraestructura pública, así como la promoción de mecanismos de financiamiento para proyectos piloto.

El despliegue de motores eléctricos enfrenta la falta de infraestructura de carga, altos costos iniciales, políticas públicas insuficientes y resistencia del sector transporte a la modernización.

El emprendimiento debe considerar algunas lecciones recientes. En 2025, el municipio de Toluca, en el estado de México –vecino Ciudad de México–, abandonó sus intenciones de adoptar Taruk por los altos costos y la ausencia de infraestructura de recarga.

El gobierno de Yucatán introdujo en Mérida el sistema eléctrico tipo BRT Ie-tram, parte del Sistema Metropolitano de Transporte Amable y Sostenible Va-y-Ven, a finales de 2023. Este último está estancado, pues el nuevo gobierno estadual que asumió en 2024, de otro partido político, frenó la sustitución de unidades obsoletas, lo que rebota directamente en el despliegue del sistema Ie-tram.

En este contexto, las norteñas ciudades de Zacatecas y Mexicali introdujeron este año autobuses eléctricos. Mientras, esta última espera la entrega de unidades Taruk, al igual que Chetumal, para completar su flota.

Los vaivenes no son ajenos a pasajeras como Chávez, para quien “ojalá que los nuevos autobuses lleguen pronto”, para que su espera en las calurosas calles de Chetumal no sea tan penosa como los traslados en el transporte convencional.

Chile: ¿Puede subir más el cobre?

El metal rojo alcanzó un nuevo máximo histórico, superando la barrera de los US$14.500 la tonelada. Según Cochilco, la cotización alcanzó los US$14.540, equivalentes a unos US$6,595 la libra, con una variación diaria del 1,18%. Las sucesivas alzas del cobre han significado una buena noticia para el país, al ser el principal productor de este material clave para la electrificación y aplicaciones tecnológicas, las empresas reciben cuantiosos ingresos y el Estado también aumenta su recaudación sobre la gran minería -algo clave en la previa a la presentación del Presupuesto 2027-.

Ante el escenario marcado por factores geopolíticos y de restricciones de oferta, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, detalló las cuatro condiciones que debieran mantenerse para continuar con la racha alcista.

Como primer punto, está la tensión en la disponibilidad física, donde más de la mitad de las existencias en Londres (un total de 234 mil toneladas) están comprometidas para retiro, mientras que Shanghái registra su menor nivel desde comienzos del 2024 con 63 mil toneladas. Por el contrario, COMEX -EEUU- concentra un récord de 696 mil toneladas.

“Esto muestra que existe cobre en el sistema global, pero está distribuido de manera muy desigual y la disponibilidad fuera de Estados Unidos sigue siendo reducida. Mientras esa distorsión continúe, el precio puede mantener soporte”, explicó la experta. Otro punto es el llamado “backwardation”. Esto es, cuando los compradores pagan más por recibir el cobre ahora que dentro de unos meses.

El diferencial entre contado y entrega a tres meses superó US$430 por tonelada a mediados de agosto, y en la última semana fue de alrededor de US$74: “Para que la ruptura de máximos gane mayor respaldo físico, sería favorable que esa backwardation se mantenga o vuelva a ampliarse, porque indicaría que los compradores siguen valorando especialmente el metal disponible hoy.

Oferta minera y el fantasma del arancel

Dentro de las razones que han impulsado el valor del “sueldo de Chile”, están los recortes en las proyecciones de algunos de los productores más importantes del mundo. Así lo recordó el head of research de XTB, Ignacio Mieres, quien apuntó que Codelco y Freeport han hecho anuncios en esa línea. Ambas compañías enfrentan disrupciones producto de tragedias en El Teniente y Grasberg, respectivamente.

Esto, explicó Mieres, “refuerza la percepción de una oferta más ajustada de cobre refinado y concentrados”, lo que se ve incrementado “frente a una demanda que mantiene fundamentos estructuralmente sólidos, sostenida por la expansión de las redes eléctricas, las energías renovables y el rápido crecimiento de los centros de datos”.

Emanoelle, por su parte, apuntó que Chile produjo 403.424 toneladas en julio, un 9,4% que un año antes, afectado por las condiciones climáticas y mantenciones en minas.

“Al mismo tiempo, la escasez de concentrados ha llevado los cargos de tratamiento de las fundiciones a niveles históricamente bajos, incluso negativos en el mercado spot. Eso refleja una competencia intensa por materia prima y limita la capacidad de que una mayor producción refinada responda rápidamente al aumento del

Finalmente, hay un punto que sigue levantando temores e incertidumbre entre los inversores y la industria minera: la posibilidad de que Donald Trump extienda los aranceles hacia el cobre refinado. “Este es probablemente el factor que más está amplificando el movimiento de corto plazo”, advirtió Emanoelle. Con esta posibilidad sobre la mesa, se explica cómo los inventarios COMEX alcanzan niveles históricos, ya que un eventual arancel continúa incentivando el traslado del metal hacia el mercado estadounidense.

“Mientras no exista una definición que elimine ese incentivo, los flujos pueden seguir distorsionando el equilibrio físico mundial”, sentenció, aunque también la analista de XTB agregó que una baja en la incertidumbre arancelaria podría hacer que los inventarios acumulados en EEUU vuelvan al mercado global, quitando presión a los precios.

Otra posibilidad que podría hacer tambalear el avance es que los inventarios asiáticos se reconstruyan con rapidez. “En ese caso, una parte de la prima que hoy refleja escasez regional podría revertirse incluso sin que cambie la historia estructural de largo plazo del cobre”, prevé Emanoelle.

60% de los argentinos admite que su economía “está empeorando”

Seis de cada diez argentinos afirmaron que su economía «está empeorando» y de ellos, casi la mitad, el 48,9% «está sufriendo» esa situación a nivel personal. Si se suman ambos números, la evaluación pesimista alcanzó el 58,9%, cifra que se encuentra cuatro puntos por arriba del 54% registrado por esta misma encuesta entre finales de mayo y comienzos de julio.

De acuerdo a esta encuesta, esa suba refleja que la mirada negativa sobre el rumbo de la economía creció en agosto cuatro puntos más.

En agosto el 5,3% de los encuestados sostuvo que la economía «está estancada». Si se suma ese porcentaje más el número actual, aproximadamente el 64% de los consultados no ve que la economía esté mejorando.

En cuanto a la percepción positiva de la economía argentina, la encuesta realizada por el consultor político Jorge Giacobbe reveló que el 28,5% considera que «está mejorando y lo estoy sintiendo», mientras el 7,3% indicó que «está mejorando pero no lo estoy sintiendo». En total, la visión optimista reúne un 35,8%.

Al preguntarles sobre el plan económico del presidente, Javier Milei, el 47,8% señaló que el programa del oficialismo está «equivocado», lo cual lleva a que «la gente sufra sin sentido». Únicamente el 16,8% piensa que el ajuste no es «tan grande» y que «vamos bien» y un 22,4% dijo que «hay que aguantar» con la esperanza de que «en el futuro vamos a estar mejor». Por su parte, un 3,6% afirmó que el ajuste «tiene sentido», pero advirtió sobre la capacidad de la sociedad argentina para «soportar la crisis».

Al mismo tiempo, un 8,7% respondió que no entiende el programa económico de la libertaria La Libertad Avanza, por lo que manifestó sus dudas respecto a que genere resultados positivos. Por último, el 0,7% expresó su indecisión.

Pemex busca acelerar su plan estratégico con inversión privada

Petróleos Mexicanos (Pemex) busca impulsar su plan estratégico con el apoyo de la inversión privada para garantizar el crecimiento y la modernización de su cadena productiva, señaló su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, ante empresarios.

Al participar en el Foro en Infraestructura, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que la prioridad es acelerar el plan estratégico presentado en 2025. “Lo fundamental que necesita el plan para avanzar es la relación con el sector privado. Se diseñaron contratos mixtos para exploración y extracción, y necesitamos acelerar su implementación, incluso más allá de lo que prevé la Ley de Hidrocarburos, siempre dentro de lo que permite la propia ley de Pemex”, dijo.

El directivo detalló que los contratos mixtos y la colaboración privada se enfocarán en “exploración, aguas profundas, desarrollo sísmico, reprocesamiento de información, extracción, nuevas tecnologías para aumentar el factor de recuperación, mantenimiento y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, petroquímica e incluso en logística, almacenamiento e infraestructura”.

Carpio Fragoso enfatizó que el modelo busca esquemas de “participación mixta para ampliar la capacidad de inversión en desarrollo, operación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, compartiendo riesgos, costos y beneficios, sin ceder el control del interés público”.

Adelantó la creación de mesas de trabajo para atender las inquietudes del sector. “Queremos mesas estratégicas y operativas para resolver adeudos y definir esquemas contractuales a la medida de cada proyecto. En los próximos días nos organizaremos porque el siguiente cuatrimestre será fundamental para la empresa y para lo que pueda aportar al país en los próximos años”, indicó.

Carpio Fragoso recordó que los ingresos de la empresa alcanzaron 876 mil millones de pesos en el primer semestre de 2026, el mayor nivel desde 2022, mientras que la utilidad operativa sumó 125 mil millones de pesos, el doble que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas nacionales crecieron 17 por ciento y “la deuda a junio de 2026 se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 11 años, 20 por ciento menor respecto a 2024, con un perfil de vencimientos optimizado y menor riesgo de refinanciamiento”, subrayó.

El directivo enfatizó que la disciplina financiera y el trabajo conjunto con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda han sido clave. “El regreso exitoso de Pemex al mercado local en febrero pasado, luego de nueve años, y el pago de más de 830 mil millones de pesos a proveedores y contratistas entre 2025 y el primer semestre de 2026, fortalecen la liquidez de la cadena productiva”, señaló.

Merlin Cochran, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), explicó en entrevista que México consume actualmente cerca de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, y alcanzar la autosuficiencia mediante recursos no convencionales requeriría un desarrollo intensivo de 24 proyectos en el norte del país. Este escenario implicaría una inversión cercana a los 108 mil millones de dólares, equivalente a 1.4 veces la inversión que generó la reforma energética de 2013. El directivo destacó que se trata de un ejercicio hipotético, pues su viabilidad dependerá de ajustes en el marco fiscal y contractual para atraer capital.

Según Amexhi, los proyectos no convencionales en otros países operan con cargas fiscales promedio de 60 a 65 por ciento, mientras que en México los contratos mixtos actuales implican regalías de hasta 85-90 por ciento.

UE cierra la puerta a la carne de Brasil por el uso de antibióticos

El Gobierno de Lula negocia a contrarreloj para revertir el veto, que entra en vigor tras cuatro meses de aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Brasil, el mayor productor de carne bovina del mundo, el país del churrasco, se queda fuera de uno de sus principales mercados. Desde este jueves, encontrar un filete brasileño en las estanterías de los supermercados europeos será misión imposible. Entra en vigor la decisión de la UE de prohibir la entrada en su territorio de carne y otros productos de origen animal procedentes de Brasil. La medida se justifica por razones sanitarias.

El bloque europeo alega que Brasil no logró demostrar un uso responsable de antimicrobianos en la cría de su ganado, lo que además de los antibióticos engloba a antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. Bruselas lo enmarca en una estrategia de salud global para acabar con la creciente resistencia a los antibióticos entre la población, que se está convirtiendo en un problema de salud pública de primer orden.

El veto se anunció en mayo, cuando Brasil quedó fuera de la lista de países aptos a exportar a la UE, por no haber aportado garantías suficientes. Desde entonces, los esfuerzos negociadores del Gobierno brasileño no han surtido efecto. El veto afecta básicamente a la carne roja, carne de aves, huevos, pescado y miel, pero la carne bovina es el punto más sensible. El golpe para la economía brasileña no es menor, y puede que también lo sea para el bolsillo de los consumidores europeos

El año pasado, Brasil fue el segundo mayor proveedor de carne bovina en las mesas de la UE, por detrás del Reino Unido. Exportó casi 370.000 toneladas, unos 1.800 millones de dólares. Los principales compradores son España, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos. El mercado europeo no es poca cosa para el sector ganadero de Brasil, tan solo China está por delante.

El disgusto para los empresarios llega poco después de que en mayo entrara en vigor, de forma provisional, el acuerdo comercial entre Brasil y el Mercosur, que se llevaba negociando más de 20 años y se aprobó con todo el sector del campo europeo en contra. En Brasil, desde ciertos círculos políticos y empresariales, no deja de verse en este veto una estrategia de Bruselas, un guiño interno para calmar los ánimos, a pesar de que, sobre la mesa, los argumentos son exclusivamente técnicos. De hecho, el resto de países del Mercosur pueden seguir vendiendo su carne a la UE sin problemas.

La Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne expresó en un comunicado su preocupación con la medida y alertó de que sustituir el mercado europeo no es algo que se haga de un día para otro, por lo que confían en que el veto caiga cuanto antes. Aseguran que han creado un protocolo privado de control de los antimicrobianos al que se han sumado todas las empresas que exportan a la UE. Según el sector, la pelota ahora está en el tejado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que, con todos los datos en la mano, es quien está negociando directamente con Bruselas.

Hay cierto optimismo con el caso de la carne de aves y la miel, ya que esta semana terminará una auditoría que podría volver a abrirles las puertas. El caso de la carne bovina se aventura más complejo, porque a pesar de los eventuales ajustes a las exigencias europeas el ciclo de producción es más largo, lo que puede retrasar más los embarques.

Las autoridades europeas confían en que el impasse se resuelva pronto. “Podemos confiar plenamente en Brasil y en su compromiso de resolver esta cuestión, para que podamos retomar las importaciones cuanto antes”, dijo esta semana en una comparecencia de prensa la portavoz de la Comisión Europea Paula Pinho. En Brasilia el tema se trata como un asunto de Estado. El ministro de Agricultura y Ganadería, André de Paula, decía hace poco que el veto es “inadmisible” y que en las negociaciones participa también el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la supervisión del presidente Lula.

Intento de CEPAL por volver al proyecto industrialista y de integración

Ello resulta difícil por la propia responsabilidad que en décadas anteriores le cupo a la CEPAL, cuando aceptó, sin mediaciones, la globalización comercial, inversionista y financiera. Fue su propuesta de regionalismo abierto la que racionalizó sus coincidencias con el Consenso de Washington. Así, pasó al olvido el proyecto desarrollista, industrialista y de integración regional, que tan elocuentemente impulsara Prebisch en los años sesenta y setenta desde la CEPAL.

Recuperar lo perdido además es de dudosa viabilidad, con la generalización de gobiernos de extrema derecha en el continente, defensores del neoliberalismo y, al mismo tiempo, complacientes con la agresiva ofensiva política, comercial y militar sobre América Latina del gobierno de Donald Trump, quien ha reeditado la doctrina Monroe de “América para los EE. UU.”

CEPAL reconoce en su documento la dramática realidad económico social que hoy vive la región con un crecimiento per cápita de apenas 0,9% entre 2014 y 2023, inferior incluso al de la década perdida de los años ochenta; la persistencia de una alta desigualdad y débil cohesión social; y, con gobernanza poco efectiva.

Sin embargo, en ese diagnóstico doloroso no reconoce la responsabilidad que tuvo la misma CEPAL en aceptar una globalización radical y desigual, que profundizó la dependencia de la región ante las grandes potencias y desindustrializó las economías de la región.

Ahora dice que esa globalización ha llegado a su fin y junto con ello se ha erosionado el multilateralismo, mientras la competencia multipolar entre EE. UU. y China se muestra como la nueva realidad geopolítica mundial. Pero olvida que ella misma no quiso o no se atrevió a desafiarla.

Parece que el neoproteccionismo de Trump está ayudando a esta nueva reflexión de CEPAL.

Funda su optimismo en los activos de gran importancia con que cuenta la región, entre los que destacan: la dotación de recursos estratégicos, como la energía, los alimentos, los minerales críticos y la biodiversidad; las capacidades productivas, humanas y financieras; el tamaño del mercado y la red de mecanismos de integración y cooperación de la región.

El argumento central es que si esos activos se aprovechan de forma inteligente la región  tendría un enorme potencial para generar oportunidades y avanzar al desarrollo.

Aquí es donde CEPAL se equivoca, porque gran parte de esos activos ya estaban presentes en décadas anteriores y precisamente la globalización y el regionalismo abierto los debilitó, les impidió potenciar el desarrollo.

Con la apertura radical al mundo y los Tratados de Libre Comercio (TLC) se redujeron las capacidades productivas nacionales en la región Se radicalizó la producción para la exportación de recursos naturales, a costa de un repliegue industrial y de deterioros medioambientales. Se reprimarizaron las economías, no hubo inversión en ciencia y tecnología, el sector financiero se desnacionalizó, la educación de calidad se concentró en los sectores de altos ingresos, aumentó la informalidad y no hubo empleo de calidad.

Por otra parte, la apertura indiscriminada al mundo debilitó la integración regional, que en Prebisch era fundamental para el rediseño de la estructura de producción de las economías y asegurar el establecimiento de actividades de carácter industrial en un mercado ampliado.

La CEPAL nos dice que la dotación de recursos y las capacidades productivas son clave para impulsar el crecimiento económico, la transformación económica y la mejora del nivel de vida y, al mismo tiempo, sugiere una política nacional y regional de no alineamiento para desafiar la competencia geopolítica en torno a los minerales críticos, porque estos recursos son estratégicos en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la IA.

Sin embargo, junto con el debilitamiento de las capacidades productivas la región se encuentra con serios problemas políticos para impulsar el desarrollo. Por una parte, los gobiernos en curso han sido explícitos en la defensa de políticas neoliberales, con estados domesticados por los mercados. Por otra parte, los gobiernos actuales ya han suscrito memorandos de entendimiento para vender los minerales y tierras raras, sin agregación de valor a los países desarrollados, en particular a EE. UU.

En consecuencia, con los gobiernos actuales difícilmente se podrán implementarán políticas de desarrollo productivo en la agricultura y con los minerales críticos y la energía, porque precisamente (como dice la misma CEPAL) han adquirido importancia estratégica en el contexto mundial actual; y, a consecuencia de ello están siendo monopolizados bajo la forma de recursos naturales por el gobierno estadounidense.

Así las cosas, también resulta dudoso que el estado mínimo destine mayores recursos para potenciar la educación, la ciencia y tecnología, lo que impedirá aumentar la productividad, diversificar la producción y fortalecer la agregación de valor.

El asunto no es fácil. Sólo un cambio político de envergadura y una visión económica que rompa con el pensamiento hegemónico podrán hacer viable las propuestas de desarrollo sugeridas en Rupturas y Oportunidades. De otra forma no son más que buenas intenciones.

Al mismo tiempo, la autonomía nacional, el no alineamiento y la integración regional, aunque fundamentales para avanzar el desarrollo, se ve difícil su implementación, tanto por la política agresiva del actual gobierno estadounidense, como por la complacencia de los gobiernos de la región, con contadas excepciones que desafíen esa política.

El documento de la CEPAL Rupturas y Oportunidades debe ser valorado como un buen diagnóstico de la actual realidad económica, social e internacional de América Latina. Sin embargo, sus propuestas, aunque interesantes, encuentran escasa viabilidad en el actual cuadro político nacional e internacional. Probablemente servirá a políticos y economistas valientes, con real voluntad transformadora.

*Exministro y exembajador de Chile, exdecano Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile, exrector Universidad Academia Humanismo Cristiano, exconsultor de CEPAL, ALADI y UNCTAD.

Panorama internacional

El abismo entre la agricultura y la biodiversidad

Ricardo Abramovay *

Amenazada por el alto coste de los insumos sintéticos y las condiciones climáticas extremas, la agroindustria necesita incorporar la transición ecológica y los bioinsumos para evitar su propio colapso.

1.Existe un marcado contraste entre la seriedad con la que las organizaciones multilaterales, los gobiernos, los movimientos sociales, la filantropía e incluso las empresas abordan la erosión de la biodiversidad en las zonas forestales protegidas, y el silencio casi absoluto que rodea la destrucción de las fuentes de vida en la producción agrícola.

«La crisis mundial de biodiversidad en la agricultura se descuida en comparación con la de los sistemas naturales», afirman investigadores de los Jardines Botánicos Reales de Kew en un artículo publicado en Nature Sustainability en 2024. Por muy importantes que sean los bosques, el futuro de la seguridad alimentaria mundial no puede lograrse sin la agrobiodiversidad.

La brecha entre agricultura y biodiversidad es una de las expresiones más claras de una característica central de las técnicas y los programas científicos que sustentan el crecimiento agrícola contemporáneo. Para asegurar que los rendimientos de los cultivos estuvieran a la par de la creciente demanda, a partir de la década de 1960, el método consistió básicamente en modificar el paisaje utilizando semillas cuyo potencial productivo se revela mediante el uso de fertilizantes sintéticos y la aplicación de pesticidas, es decir, productos destinados a destruir organismos vivos que amenazan los cultivos.

El fortalecimiento de la biodiversidad en estos paisajes no formaba parte de los programas de investigación, las políticas públicas ni siquiera de las prácticas de los agricultores. Esta profunda separación es la característica fundamental y constitutiva del sistema agroalimentario contemporáneo: la agricultura por un lado, la biodiversidad por el otro.

Es cierto que este modelo de producción cumplió una función civilizadora crucial, al permitir un mayor suministro y, en consecuencia, allanar el camino para la reducción del hambre en el mundo. Sin embargo, el constante aumento de las cosechas (y de la producción animal) no puede ocultar tres reveses recientes que demuestran que este modelo se encamina hacia el colapso.

El primer impacto es geopolítico y afecta no solo a Brasil, sino también a Argentina y Estados Unidos. La apuesta por una mayor liberalización del comercio, para promover la expansión de la producción de cereales y la construcción de infraestructura que permitiera exportaciones más baratas a China, ha llegado a un punto muerto.

2 .Los recientes conflictos armados y la determinación de China de reducir su dependencia de la soja procedente de América reflejan un fenómeno más general en el que la liberalización del comercio y las largas cadenas de valor asociadas a ella están siendo sustituidas por la defensa de la soberanía alimentaria. La idea, ampliamente difundida, de un mundo con escasez de calorías y proteínas, cuya demanda solo podía satisfacer América, ha perdido respaldo geopolítico.

El segundo impacto es tecnológico. Si bien los métodos de producción introducidos por la Revolución Verde aumentan la productividad del suelo (mayor producción por unidad de superficie cultivada), no se puede decir lo mismo de los insumos de los que depende la producción. En los últimos treinta años, la producción mundial y brasileña de cereales ha dependido (por unidad de producto) del uso de cantidades cada vez mayores de pesticidas y fertilizantes sintéticos.

La consecuencia no es solo un aumento de la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de la biodiversidad, sino también mayores riesgos y costos para los agricultores. Riesgos, porque estos insumos son mayoritariamente importados. Costos, porque son cada vez más caros. La resistencia de los mismos organismos que los plaguicidas pretenden combatir exige su uso creciente, lo que supone una gran carga para las finanzas de los agricultores.

El contraste entre los beneficios de las grandes corporaciones que suministran estos insumos y el número récord de agricultores que se acogen a la protección por bancarrota revela el agotamiento de un modelo que hoy representa la mayor amenaza para la seguridad alimentaria mundial.

El tercer impacto es climático. El territorio donde tuvo lugar la revolución agrícola más importante del mundo tropical, el Cerrado brasileño, presenta condiciones cada vez más desfavorables para la producción con las técnicas que permitieron su transformación. Un estudio liderado por Ludmila Rattis, del Instituto de Investigación Amazónica, y publicado en la revista Nature en 2021, predice que el 50% de la superficie destinada a la producción de cereales en el Cerrado dejará de ser apta para este cultivo en pocos años, debido tanto a fenómenos meteorológicos extremos como a la deforestación, que agrava sus impactos.

Brasil es pionero en innovaciones tecnológicas destinadas a abordar estos desafíos, como la siembra directa, la adopción de la agricultura en contorno y el uso de inoculantes a base de Bradyrhizobium, que aumentan la fijación biológica de nitrógeno, incrementando así la productividad de la soja.

Sin embargo, estas innovaciones no alteran los fundamentos de los modelos de producción dominantes, cuya dependencia de insumos contaminantes, importados y costosos limita los ingresos de los agricultores. Es fundamental que la innovación tecnológica avance en la dirección opuesta a la que impulsó la Revolución Verde; es decir, que convierta la biodiversidad no en un enemigo, sino en la infraestructura más importante del abastecimiento agrícola.

No se trata de una utopía lejana ni de una ambición confinada a laboratorios de investigación, sino de un conjunto de logros y prácticas científicas que ya se aplican, no en nichos o producciones especializadas, sino en el corazón mismo del cultivo de soja brasileño. Hace diez años se fundó en Rio Verde (GO) el Grupo Asociado para la Agricultura Sostenible (GAAS) , una organización que ahora tiene alcance nacional e impulsa el movimiento de transformación ecológica más ambicioso de la agricultura brasileña.

La ambición es muy similar a la que surgió con los movimientos sociales vinculados a la agroecología en la década de 1970, pero con una base científica mucho más sólida y que abarca no solo a los agricultores familiares, sino también a las grandes explotaciones productoras de cereales.

Un paso fundamental para acelerar la transición del sistema agroalimentario reside en la tecnología. La ley de bioinsumos, aprobada en 2024, es única a nivel mundial por separar las regulaciones sanitarias y de control de estos insumos de las que rigen el uso de plaguicidas. La regulación de esta ley se encuentra actualmente en debate.

La amplia participación en este debate (cuyo alcance no se limita a un solo sector) es crucial para garantizar que el aumento del suministro de bioinsumos por parte de agricultores, cooperativas y empresas no se vea obstaculizado por medidas que retrasen su adopción y aumenten aún más el poder de las empresas ya establecidas.

*Catedrático titular de la Cátedra Josué de Castro en la Facultad de Salud Pública de la USP (Universidad de São Paulo). Es autor, entre otros libros, de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible

 

¿Quién asumirá los costos de un ajuste del comercio mundial?

Germán Alarco *

Sin menoscabo de los graves problemas que nos aquejan en la actual coyuntura, el nuevo Poder Ejecutivo continua en la senda de los anteriores, sin visión de país, enfocándose exclusivamente en el corto plazo y en mirarse al ombligo soslayando los serios retos internacionales. La lista de estos últimos es larga, misma que nos obliga a trabajarlos desde ahora.

Los desequilibrios comerciales que caracterizan la economía global son fundamentalmente insostenibles. China, Alemania y algunas otras economías mantienen grandes y persistentes superávits comerciales, mientras que EE.UU absorbe gran parte de estos superávits registrando el mayor déficit comercial del mundo. Tarde o temprano, algo tendrá que ceder, afirma Pettis.

Para una economía avanzada y con abundante capital como la de EE.UU, un déficit comercial prolongado conllevará un aumento del desempleo o de la deuda, ninguno de los cuales es sostenible en el largo plazo.

El autor del artículo que da origen a esta nota es de Michael Pettis, investigador senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Experto en la economía china, Profesor de finanzas en la Escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Beijing. Este se publicó en Foreign Affairs el 28 de agosto de 2026.

Teoría y realidad

Pettis inicia señalando que, en teoría, las principales economías con superávit y déficit podrían acordar un ajuste coordinado en el que los países con superávit expandirían la demanda interna y los países con déficit reducirían gradualmente su dependencia del consumo financiado con deuda, permitiendo que los desequilibrios disminuyan sin una fuerte contracción de la demanda global; eso sería lo sensato.

Sin embargo, dado que los principales actores discrepan sobre las causas de los desequilibrios, es improbable que lleguen a una solución. China los atribuye al consumo excesivo y a los déficits fiscales de Estados Unidos; EE.UU culpa a las políticas industriales, comerciales y cambiarias extranjeras; y Europa aún no ha llegado a un diagnóstico coherente.

Soluciones contradictorias

Como resultado, todos han propuesto soluciones contradictorias. Beijing quiere que los países con déficit ahorren más y sin modificar su modelo de crecimiento. Washington quiere que los países con superávit reduzcan sus excedentes redistribuyendo la renta al sector de los hogares y aprecien sus monedas. Los líderes europeos siguen abogando por la cooperación multilateral y el comercio basado en normas.

La historia demuestra que los desequilibrios comerciales de esta magnitud casi siempre terminan de forma dolorosa, y que el impacto del ajuste no se distribuye de manera uniforme. Un alto nivel de deuda, combinado con una baja productividad, aumenta la probabilidad de que un país soporte la carga de un ajuste comercial, pero el poder económico y político también le proporciona las herramientas para transferir esa carga a otros.

Entre los tres principales actores económicos actuales, China —según Pettis— sería el más vulnerable, EE.UU tiene la mayor capacidad para reducir su exposición, y Europa posee un poder latente, pero una dudosa capacidad para utilizarlo. Ninguna de sus maniobras para protegerse probablemente reducirá el riesgo ni el costo total de una crisis. La pregunta es quién sufrirá las peores consecuencias cuando esta llegue.

Historias recientes

Pettis recuerda que, durante el último siglo, han surgido periódicamente grandes y persistentes desequilibrios comerciales, y rara vez son benignos. Un episodio de este tipo ocurrió durante la década de 1920, cuando un aumento en la productividad estadounidense no estuvo acompañado de un aumento de los salarios (problema distributivo). La producción superó con creces el consumo y EE.UU registró enormes superávits comerciales. Europa registró los déficits correspondientes que se financiaron con deuda para reconstruir sus economías devastadas por la guerra y el pago de reparaciones de guerra en el caso Alemania.

La deuda interna estadounidense también aumentó rápidamente, en gran parte para financiar el consumo y la especulación con activos (que generó una gran burbuja que explotó, misma que comentamos la semana pasada). Ante la persistencia de los desequilibrios y la expansión de la industria manufacturera estadounidense a expensas de la europea, las presiones proteccionistas se intensificaron. Francia devaluó su moneda en 1927, el Reino Unido abandonó el patrón oro en 1931, y Alemania impuso restricciones a las importaciones y racionó el acceso a divisas extranjeras.

El ajuste se produjo en forma de un colapso del comercio mundial durante la Gran Depresión en los 1930s. Casi todas las principales economías sufrieron la contracción, pero no por igual. Aquellas con grandes déficits, como el Reino Unido, se recuperaron más rápidamente y sufrieron dificultades financieras menos graves que EE.UU, que absorbió una parte desproporcionada de los costos. Las exportaciones estadounidenses cayeron más rápido que las importaciones, la inversión nacional se desplomó, los bancos quebraron y las quiebras se dispararon. Los desequilibrios comerciales a gran escala casi siempre terminan de forma dolorosa.

Años 1950-1960

Según Pettis durante las décadas de 1950 y 1960, EE.UU volvió a registrar superávits muy elevados, mientras que Europa y Japón presentaban déficits correspondientes. Al igual que en la década de 1920, estos déficits financiaron la reconstrucción de las economías de posguerra.

Sin embargo, a diferencia del período anterior, los gobiernos mantuvieron estrictos controles sobre los flujos de capital e importaron capital principalmente para financiar inversiones que generaran suficientes ingresos futuros para cubrir las obligaciones asociadas. Como resultado de estas condiciones inusuales, los desequilibrios comerciales desaparecieron gradualmente sin que ningún país sufriera graves consecuencias.

América Latina y Japón

Otro episodió ocurrió en América Latina a partir de las crisis petroleras de los años setenta recuerda Pettis. Los petrodólares se prestaron a América Latina y otras economías en desarrollo, lo que finalmente condujo a monedas sobrevaloradas y grandes déficits comerciales. A principios de la década de 1980, el aumento de las tasas de interés mundiales hizo que su deuda fuera insostenible. Las crisis de deuda resolvieron los desequilibrios comerciales, pero dejaron a los países con déficit con grandes problemas. Los costos del ajuste fueron: recesión, inflación, austeridad y décadas de crecimiento perdido.

El siguiente caso se desarrolló a finales de la década de 1970 y 1980. El crecimiento de la productividad japonesa superó el de los salarios durante este período, y el país comenzó a registrar enormes superávits comerciales. Lo mismo ocurrió en Alemania, lo que permitió que su sector manufacturero se volviera cada vez más competitivo a nivel internacional. Como contrapartida Reino Unido y EE.UU registraron déficits.

Las presiones proteccionistas aumentaron progresivamente, culminando en el Acuerdo Plaza de 1985, en el que las principales economías del mundo acordaron apreciar el yen y el marco alemán frente al dólar en un esfuerzo por reducir los desequilibrios comerciales. Sin embargo, una verdadera solución a estos desequilibrios no llegó hasta la crisis económica de Japón en la década de 1990, que provocó el desplome de los precios de los activos, una deflación persistente y años de estancamiento.

Crisis asiática y europea

El capital extranjero fluyó hacia un grupo de economías del este de Asia. Estas economías desarrollaron grandes déficits comerciales, que se compensaron con superávits en Japón, países europeos y China. Si bien su deuda interna y externa aumentó rápidamente, el proteccionismo se mantuvo limitado. Aun así, cuando la confianza de los inversores se quebró en 1997, el ajuste fue rápido y brutal.

Finalmente, entre 2002 y 2008, Alemania acumuló grandes superávits tras implementar reformas laborales que redujeron el crecimiento salarial en relación con el crecimiento de la productividad y provocaron un enorme aumento del ahorro. Exportó cada vez más a Grecia, Portugal, España, que a su vez acumularon déficits financiados por una deuda creciente. Cuando la crisis financiera mundial de 2008 desencadenó la crisis de la eurozona, los países con déficit sufrieron crisis de deuda soberana, desempleo, austeridad y un estancamiento prolongado.

Lógica y opciones

Pettis anota que, si un país con superávit utiliza sus elevados ahorros para financiar inversiones productivas tanto a nivel nacional como internacional, el desequilibrio puede persistir durante muchos años sin causar graves trastornos económicos. Pero si el exceso de ahorro financia inversiones improductivas o impulsa un elevado consumo de los hogares, burbujas de activos o déficits fiscales persistentes en las economías de sus socios comerciales, todo el sistema se vuelve cada vez más inestable.

Que sean las economías con superávit o déficit las que asuman esos costos también puede depender de qué parte tenga mayor capacidad para utilizar políticas comerciales, financieras o cambiarias para obligar a la otra a ajustarse. Los países con déficit suelen soportar los costos cuando son políticamente débiles e incapaces de financiarse de forma independiente, defender sus monedas o restringir los flujos de capital y comercio sin desencadenar una crisis financiera.

Los países con superávit corren riesgo, por otro lado, cuando los países con déficit tienen economías y sistemas políticos lo suficientemente fuertes como para reducir sus propios déficits restringiendo las importaciones, limitando las entradas de capital, depreciando sus monedas o impidiendo de otro modo que los países con superávit exporten sus ahorros excedentes.

La principal conclusión para los gobiernos hoy en día es doble. Primero, el país donde la deuda ha aumentado más sin un incremento correspondiente en la capacidad productiva es el que corre mayor riesgo. Segundo, los países involucrados en el desequilibrio comercial pueden tomar medidas para trasladar los costos del ajuste a otros, pero su éxito depende en gran medida de su poder económico y de su capacidad para ejercerlo.

El ajuste

Los desequilibrios comerciales globales actuales son inusualmente grandes, y el ajuste que se avecina probablemente será difícil. China parece ser — según Pettis— el país más vulnerable. Su carga de deuda ya se encuentra entre las más altas del mundo y ha financiado inversiones que han generado rendimientos económicos cada vez menores, incluyendo un exceso de bienes raíces residenciales, infraestructura subutilizada y una capacidad de producción que supera con creces la demanda.

Es casi seguro que China intentará trasladar la mayor parte posible de esta carga a sus socios comerciales. Tiene todos los incentivos para mantener el mayor superávit comercial posible durante el mayor tiempo posible, permitiendo que el exceso de producción se absorba en el extranjero en lugar de forzar una contracción de la producción y el empleo nacionales. De este modo, China puede distribuir el ajuste a lo largo de muchos años a medida que se va reduciendo gradualmente.

Que Beijing pueda transferir los costes del ajuste depende de la disposición del resto del mundo a absorberlos. EE.UU tiene el poder económico para reducir su déficit (aunque afectando a sus consumidores en el corto plazo). Asimismo, si utiliza la política industrial para expandir la capacidad manufacturera nacional y ejerce un mayor control sobre su comercio y los flujos de capital mediante aranceles y otras medidas restrictivas, China y otras grandes economías con superávit no podrán mantener sus superávits.

Tendrían que reducir esos superávits con una dolorosa contracción de la producción nacional o encontrar nuevos importadores entre los países que sigan dispuestos y capacitados para absorberlos —con aumento de la deuda, desindustrialización o menor crecimiento—. China y los otros superavitarios se enfrentarían a una combinación de menor crecimiento, mayor desempleo, caída de la inversión y dificultades financieras que también nos afectarían a todos.

Colofón

Pettis profundiza en la posibilidad de una crisis global a partir de China, pero soslaya su gran capacidad de reconversión —desde 1978—, desarrollo tecnológico y un gran potencial de su mercado interno. En cambio, en EE.UU los atisbos de política industrial de Trump son recientes, luego de denostar los realizados por Biden.

Sirva esta reflexión final para recordarnos otra fuente de crisis económica internacional que nos obliga a mirar hacia y desde adentro. Así como para que el Perú mantenga el balance con las grandes potencias del mundo y reformule la naturaleza de sus relaciones con estos, a diferencia de lo que hicieron desafortunadamente los gobiernos anteriores recientes y que continúa el actual.

Los desequilibrios comerciales que caracterizan la economía global son fundamentalmente insostenibles. China, Alemania y algunas otras economías mantienen grandes y persistentes superávits comerciales, mientras que Estados Unidos absorbe gran parte de estos superávits registrando el mayor déficit comercial del mundo. Tarde o temprano, algo tendrá que ceder. Para una economía avanzada y con abundante capital como la de Estados Unidos, un déficit comercial prolongado conllevará un aumento del desempleo o de la deuda, ninguno de los cuales es sostenible.

En teoría, las principales economías con superávit y déficit podrían acordar un ajuste coordinado en el que los países con superávit expandirían la demanda interna y los países con déficit reducirían gradualmente su dependencia del consumo financiado con deuda, permitiendo que los desequilibrios disminuyan sin una fuerte contracción de la demanda global. Esa sería la solución sensata.

Pero dado que los principales actores discrepan sobre las causas de los desequilibrios, es improbable que lleguen a una solución. China los atribuye al consumo excesivo y a los déficits fiscales de Estados Unidos; Estados Unidos culpa a las políticas industriales, comerciales y cambiarias extranjeras; y Europa aún no ha llegado a un diagnóstico coherente. Como resultado, todos han propuesto soluciones contradictorias. Pekín quiere que los países con déficit ahorren más y prefiere no modificar el modelo de crecimiento de China.

Washington quiere que los países con superávit reduzcan sus excedentes redistribuyendo la renta al sector de los hogares. Los líderes europeos siguen abogando por la cooperación multilateral y el comercio basado en normas. Esto reduce considerablemente las posibilidades de una respuesta coordinada. Y como escribió el analista económico Martin Wolf en el Financial Times a principios de este año, si hay pocas perspectivas de acción preventiva, «la segunda mejor opción es prepararse para una crisis».

Las economías individuales están haciendo precisamente eso. La historia demuestra que los desequilibrios comerciales de esta magnitud casi siempre terminan de forma dolorosa, y que el impacto del ajuste no se distribuye de manera uniforme. Un alto nivel de deuda, combinado con una baja productividad, aumenta la probabilidad de que un país soporte la carga de un ajuste comercial, pero el poder económico y político también le proporciona las herramientas para transferir esa carga a otros. Entre los tres principales actores económicos actuales,

China es el más vulnerable, Estados Unidos tiene la mayor capacidad para reducir su exposición, y Europa posee un poder latente, pero una dudosa capacidad para utilizarlo. Ninguna de sus maniobras para protegerse probablemente reducirá el riesgo ni el costo total de una crisis. La pregunta es simplemente quién sufrirá las peores consecuencias cuando esta llegue.

La historia se repite.

Durante el último siglo, se han producido periódicamente grandes y persistentes desequilibrios comerciales, que rara vez son benignos. Un ejemplo de ello ocurrió en la década de 1920, cuando el auge de la productividad estadounidense no se vio acompañado de un aumento de los salarios. La producción superó con creces el consumo, y Estados Unidos registró enormes superávits comerciales. Europa, por su parte, sufrió los déficits correspondientes, ya que muchos países se endeudaron considerablemente en el extranjero para reconstruir economías devastadas por la guerra. Alemania, en particular, contrajo grandes deudas para financiar tanto el crecimiento interno como el pago de las reparaciones de guerra. La deuda interna estadounidense también aumentó rápidamente, en gran medida para financiar el consumo y la especulación con activos.

Ante la persistencia de los desequilibrios y la expansión de la industria manufacturera estadounidense a expensas de la europea, las presiones proteccionistas se intensificaron. Francia devaluó su moneda en 1927, el Reino Unido abandonó el patrón oro en 1931, y ese mismo año Alemania impuso restricciones a las importaciones y racionó el acceso a divisas extranjeras. Incluso Estados Unidos, cuyos fabricantes y agricultores se quejaban de que la débil demanda amenazaba la producción y el empleo nacionales, aprobó la Ley Arancelaria Smoot-Hawley en 1930.

El ajuste se produjo en forma de un colapso del comercio mundial durante la Gran Depresión de principios y mediados de la década de 1930. Casi todas las principales economías sufrieron la contracción, pero no por igual. Aquellas con grandes déficits, como el Reino Unido, se recuperaron más rápidamente y sufrieron dificultades financieras menos graves que Estados Unidos, que absorbió una parte desproporcionada de los costos. Las exportaciones estadounidenses cayeron más rápido que las importaciones, la inversión nacional se desplomó, los bancos quebraron y las quiebras se dispararon.

*Profesor e investigador a tiempo completo de Pacífico Business School de la Universidad del Pacífico