Uruguay, el país que trabaja y se siente pobre

Nicolás Centurión

Casi un tercio de la población uruguaya dice sentirse pobre aunque la pobreza se sitúa en el 16,6% de la población (unas 578.665 personas) y el 13,2% de los hogares. Hay una franja considerable de la sociedad que está por encima de la línea oficial de pobreza, trabaja, cobra un salario y cumple con sus gastos básicos, pero vive con un margen tan reducido que cualquier imprevisto puede alterar por completo la economía del mes.

El 31,3% de pobreza autopercibida surge de una pregunta incorporada por el Instituto Nacional de Estadística a la Encuesta Continua de Hogares: si la persona se considera o no pobre. La cifra prácticamente duplica el 16,6% de pobreza monetaria registrada para 2025.

Ambos indicadores miden fenómenos diferentes. La pobreza monetaria establece si los ingresos de un hogar alcanzan para cubrir una canasta determinada; la percepción incorpora elementos menos precisos pero igualmente relevantes, como las posibilidades de consumo, el endeudamiento, la seguridad económica, la capacidad de enfrentar un gasto inesperado o la expectativa de mejorar en los próximos años.

La distancia entre ambas cifras permite formular una pregunta que va más allá de la discusión habitual sobre cuántos pobres hay en Uruguay: qué significa, en términos concretos, haber dejado de ser pobre. Una persona puede ubicarse algunos pesos por encima de la línea oficial y continuar viviendo en condiciones de extrema fragilidad. Puede pagar el alquiler y, al mismo tiempo, no tener capacidad de ahorro. Puede sostener el consumo básico mediante crédito o postergar consultas médicas, arreglos domésticos y compras de ropa. Puede tener empleo y no encontrar ninguna posibilidad real de independizarse.

Este problema aparece con mayor nitidez cuando se observa el mercado laboral. El Instituto Cuesta Duarte estimó que durante 2025 alrededor de 512.000 trabajadores tuvieron ingresos laborales sumergidos, cerca del 30% del total de ocupados. Entre los asalariados fueron unos 293.000, uno de cada cuatro. La referencia de los llamados “25 mil pesistas” requiere una precisión: los $25.000 líquidos utilizados por el instituto están expresados a valores de noviembre de 2022 y equivalen aproximadamente a $28.700 a fines de 2025. Es decir, más de medio millón de personas trabajaban por debajo de ese nivel de ingresos.

El dato desarma una interpretación frecuente de la pobreza como un fenómeno asociado exclusivamente a la ausencia de empleo. Una parte importante de la población vulnerable está ocupada. Trabaja en comercios, servicios, restaurantes, tareas domésticas, construcción, actividades rurales o por cuenta propia, pero obtiene por ese trabajo un ingreso que apenas permite sostener los gastos corrientes. La situación es especialmente marcada entre los jóvenes: más de la mitad de los asalariados menores de 25 años se encontraba dentro de la categoría de salarios sumergidos.

La paradoja es que esto ocurre en una economía que no atraviesa una crisis convencional. La inflación está contenida y el salario real promedio ha mostrado recuperación. No hay una pérdida generalizada del empleo ni un derrumbe del ingreso como los que Uruguay conoció en otras etapas. El problema es que los promedios dicen poco sobre quienes se encuentran en los tramos inferiores de la distribución salarial y destinan la mayor parte de sus ingresos a gastos que no pueden postergar.

Desde julio, el Salario Mínimo Nacional se ubicó en $25.383 nominales. El alquiler promedio de los contratos relevados por el INE ronda los $22.245. Naturalmente, no todas las personas que cobran salarios bajos viven solas ni pagan un alquiler de ese monto, pero la relación entre ambas cifras permite dimensionar el problema. Si dos personas comparten un alquiler promedio, cada una debe destinar algo más de $11.000 mensuales exclusivamente a vivienda.

El transporte agrega otra partida inevitable. Un trabajador que utiliza dos boletos STM por día durante 22 jornadas laborales gasta unos $2.200 mensuales una vez considerada la devolución correspondiente al usuario frecuente. Entre vivienda y traslado al lugar de trabajo ya se comprometen más de $13.000. Para una persona con ingresos cercanos al salario mínimo o al umbral de los salarios sumergidos, eso significa que aproximadamente la mitad del ingreso desaparece antes de comprar alimentos.

Una canasta alimentaria austera, construida a partir de precios relevados por el Sistema de Información de Precios al Consumidor y compuesta básicamente por arroz, fideos, pollo, aceite, verduras, pan y algunos lácteos, ronda los $6.000 mensuales. No se trata de una canasta nutricional ideal ni pretende sustituir las mediciones oficiales; simplemente permite aproximarse a lo que cuesta alimentarse con un presupuesto reducido y cocinando en el hogar.

Si a esos gastos se agregan electricidad compartida, una recarga de celular y productos básicos de higiene y limpieza, el desembolso mensual supera los $20.000. Para quien recibe aproximadamente $28.700 líquidos, el margen restante queda en torno a los $8.000.

Para una persona que se mueve cerca del Salario Mínimo Nacional, el saldo disponible puede caer por debajo de $5.000, antes de considerar agua, gas, internet, medicamentos, ropa, calzado, deudas, educación, reparaciones, ocio o cualquier emergencia.

Esa cuenta explica mejor que muchos indicadores por qué alguien que técnicamente no es pobre puede responder que se siente pobre. La cuestión no está solamente en poder pagar lo indispensable, sino en cuánto queda después de hacerlo. Una economía doméstica sin margen convierte cualquier problema relativamente menor en una crisis: una heladera que se rompe, una consulta odontológica, un medicamento no previsto, una mudanza, una garantía de alquiler o unos días sin trabajar.

La línea oficial de pobreza es una herramienta indispensable para diseñar políticas públicas y comparar la evolución social. El problema aparece cuando la discusión termina allí. Entre la pobreza estadística y una capa media con capacidad de ahorro y planificación existe una zona mucho más extensa de trabajadores que viven en condiciones de vulnerabilidad permanente. Son personas que pueden no estar dentro de las mediciones de pobreza, pero tampoco cuentan con la seguridad material tradicionalmente asociada a la clase media uruguaya.

Ese ascensor que tambalea

Durante buena parte del siglo XX, uno de los elementos centrales del imaginario uruguayo fue que el trabajo permitía ascender socialmente, independizarse y construir cierta estabilidad. Esa promesa resulta hoy bastante menos evidente para cientos de miles de trabajadores. El problema no es solamente cuánto cobran, sino cuánto pueden hacer con lo que cobran una vez pagado el costo básico de vivir.

La discusión sobre la pobreza, entonces, debería incorporar una segunda pregunta. No alcanza con saber cuántas personas logran ubicarse por encima de una línea estadística; también importa cuántas pueden sostener una vida con un mínimo de previsibilidad.

Cuando el 31,3% se siente pobre y más de medio millón de trabajadores permanece en niveles salariales sumergidos, la distancia entre ambas cosas deja de ser una cuestión metodológica y empieza a convertirse en un problema económico y político.

En este punto es donde la meritocracia flaquea, cuando las condiciones salariales y económicas erosionan la vida digna y el desarrollo tanto individual como colectivo.

El futuro se juega cada día.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)