EEUU tutela el diálogo en Venezuela, sin elecciones a la vista

Álvaro Verzi Rangel

Venezuela inicia un incierto y poco claro proceso de diálogo auspiciado y vigilado por la Administración Trump: es el primer acercamiento entre gobierno y oposición desde que Estados Unidos atacase el país el 3 de enero y secuestrara al presidente Nicolás Maduro. Y pasaron ya seis semanas del doble sismo que estremeció al costa caribeña, dejando muerte y desolación en el país.

Después de años de negociaciones fallidas y profundas fracturas políticas, Venezuela vuelve a encontrarse frente a una mesa de diálogo. Aunque el encuentro presencial previsto para el 1 de agosto finalmente no se realizó, el simple hecho de que la conversación comenzara mediante una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, representante del oficialismo, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, representa el primer contacto formal entre ambas partes en un escenario político completamente distinto al de procesos anteriores.

El encuentro continuó el viernes, en un hotel en Sabana Grande, en Caracas, que ya fue escenario de intentos de diálogo anteriores. De nuevo, sin declaraciones a la prensa. Solo fotos.

Figuera a la cabeza
La delegación opositora aterrizó el miércoles en el aeropuerto General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, a unos 300 kilómetros al este de Caracas, y viajó por carretera hasta la capital. Figuera, que salió del país en 2018 y vive en Valencia, España, llegó con los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Matheus, Ramón López, Jorge Millán y Sergio Vergara, casi todos residentes fuera del país. Del lado oficialita negocian, junto a Jorge Rodríguez, el excanciller Jorge Arreaza y la ministra Ana María Sanjuán, entre otros.
Rubio es quien manda
El negocio primero
El orden de los factores delineadas por Rubio no es casual: lo primero, para EEUU, es un marco legal que permita a los inversores «entrar e invertir de manera segura». Hoy es Washington la que administra el esquema de licencias que decide qué compañías pueden operar en Venezuela y adónde va el crudo, y reparte los ingresos con Caracas a través de un fondo gestionado desde Estados Unidos.
Delcy Rodríguez debió reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en enero y reglamentada en julio, para permitir por primera vez en cinco décadas que empresas privadas exploren, produzcan y comercialicen crudo mediante contratos con el Estado, rompiendo el monopolio que hasta ahora tenía la petrolera estatal PDVSA. La Casa Blanca dice priorizar el pragmatismo sobre la ideología. Para controlar los recursos venezolanos y reducir la influencia de China y Rusia  no hace falta descabezar al chavismo; basta con controlarlo. Y necesita, al menos a corto y medio plazo, un aparato institucional y económico que el oficialismo sigue ocupando por completo.
Las grietas que deja el proceso
El diálogo ha vuelto a evidenciar las grietas de una oposición nunca homogénea. Respaldan el mecanismo Primero Justicia, el partido de centroderecha del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonki, que lo presenta como una oportunidad para avanzar hacia elecciones libres sin renunciar al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González; Voluntad Popular, la formación fundada por el también excandidato presidencial Leopoldo López; y Un Nuevo Tiempo, el partido del exgobernador del Zulia Manuel Rosales.
Chavismo originario

Prioridades

El diputado opositor a la Asamblea Nacional, Felipe Mujica, señaló que el diálogo no debería centrarse en defender «intereses personales», sino en «defender los intereses de los venezolanos». «Hoy los intereses de los venezolanos son muy claros: necesitamos restituir la calidad de vida, necesitamos que haya salarios dignos, necesitamos que haya la posibilidad de que la democracia se ejerza, que la alternabilidad funcione», explicó. Además, destacó que el diálogo debe incluir a todos los sectores de la sociedad venezolana.

La agenda de la mesa de diálogo deberá responder simultáneamente a varios desafíos: recuperar la independencia de los poderes públicos, organizar elecciones libres con observación internacional, garantizar el regreso seguro de los exiliados políticos, atender la emergencia social agravada por los terremoto y reconstruir la economía para recuperar no solo la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, sino para garantizar una vida digna a la oblación.

El presidente del partido Soluciones para Venezuela, el exalcalde socialdemócrata de Caracas, Claudio Fermín, afirmó que la situación actual del país no corresponde a un proceso de transición  política, sino a una «ocupación a la fuerza» del territorio nacional que violenta flagrantemente la legislación internacional. El dirigente político fijó posición sobre las recientes acciones ejecutadas por la administración estadounidense. «Para el presidente Trump, para el Secretario de Estado Marco Rubio, para Stephen Miller no hay ninguna transición; ellos ocuparon un territorio militarmente», aseveró Fermín.

Fermín calificó de «barbarie» la operación militar desarrollada por las fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano y el Caribe, la cual culminó con el secuestro del mandatario Nicolás Maduro. «Mataron 100 personas, posiblemente inocentes, todos en el Caribe, sin rendirle cuenta a nadie», fustigó Fermín, al tiempo que cuestionó la doble moral de la diplomacia global al señalar que ningún mecanismo internacional «que vaya a censurar un error que haya cometido alguno de ellos sirve».

Finalmente, el líder de Soluciones para Venezuela alertó sobre las consecuencias económicas y de seguridad que padece la nación tras la incursión extranjera. «Ocuparon el territorio nacional, se apoderaron del petróleo nacional, y amenazan mediante mecanismos de terrorismo, porque la amenaza y la intimidación son actos terroristas», puntualizó.
Aprobación

El más reciente estudio de opinión realizado por Hinterlaces revela que la gestión de Delcy Rodríguez para atender la emergencia tras los dos terremotos del 24 de junio ha recibido una aprobación ciudadana del 61%. Según el estudio correspondiente al 6 de agosto de 2026, el 61% de los encuestados califica su labor como positiva o muy positiva, frente a un 37% que la desaprueba.