Panorama Económico Latinoamericano – Del 5 al 12 de agosto de 2026
México: Proyectos solares vs comunidades mayas, en nueva etapa
Durante al menos siete años, grupos mayas de las comunidades San José Tipceh y Planchac lucharon contra los proyectos privados de energía solar Ticul A y B, situados en el municipio de Muna, en el sudoriental estado mexicano de Yucatán.
En abril, obtuvieron la cancelación del permiso del proyecto a gran escala, propiedad de la privada compañía Vega Solar 1 y de 414 megavatios (Mw) de capacidad instalada sobre una superficie de 738 hectáreas –en su mayoría selva–, de las que la empresa a cargo planteaba talar de árboles 384, de tres municipios yucatecos.
Los opositores argumentaron la violación al derecho de consentimiento libre de presiones, previo al diseño y construcción de las obras y con información integral y oportuna, así como daño territorial. Pero la amenaza de los proyectos de energía renovable a gran escala para las comunidades persiste, ahora impulsada por el nuevo esquema de plantas de inversión mixta que promueve el gobierno mexicano. “Todo se hace a nuestras espaldas. Nos preocupa la insensibilidad con la que tan fácilmente justifican destruir la selva que nos da vida para sembrar fotoceldas que benefician a los ya privilegiados” dijo: Cecilia Uh.
Bajo las nuevas disposiciones, aparecen en el horizonte dos parques solares en Campeche, uno en Quintana Roo y siete en Yucatán, estados que integran la península de Yucatán, un territorio que alberga el segundo macizo selvático de América Latina, detrás de la Amazonia.
Una de ellas es la Planta Solar Haab Kiin, a cargo de la empresa Desarrollos y Soluciones Energéticas Arce y de 155 Mw de capacidad, situada entre los municipios yucatecos de Umán y Hunucmá, a unos 1300 kilómetros de Ciudad de México. La maestra indígena maya Cecilia Uh, fundadora de la Escuela de Agricultura Ecológica U Neek’ Lu’um, cuestiona la falta de información de los megaproyectos para las comunidades afectadas.
“Todo se hace a nuestras espaldas. Nos preocupa la insensibilidad con la que tan fácilmente justifican destruir la selva que nos da vida para sembrar fotoceldas que benefician” a los ya privilegiados, criticó para IPS desde Hunucmá.
Estas iniciativas forman parte de la Primera Convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto, que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que rige el sector, y la Secretaría (ministerio) de Energía lanzaron en febrero para diseñar, financiar, construir, operar y mantener proyectos renovables.De esa cuenta, CFE adjudicó en junio 37 parques solares a 31 empresas privadas.
Nuevas obras, viejos problemas
Para Rodrigo Patiño, miembro del colectivo Articulación de Energía Sustentable de Yucatán, los proyectos solares y eólicos derivados de la reforma energética de 2013 del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió al capital privado los sectores de hidrocarburos y electricidad, son antecedentes de la nueva ola de emprendimientos.
“La preocupación es que los proyectos avancen de manera arrasadora. Siendo el gas fósil un problema histórico de desabasto en la península, el esquema de renovables se vuelve atractivo, pero no deja de representar impactos para los ecosistemas y las comunidades de la región”, señaló a IPS desde Mérida, la capital yucateca.
A su juicio, la adjudicación de 10 megaproyectos es demostración de una planeación de arriba abajo, “como lo fue con los proyectos derivados de la reforma energética de 2013, sin considerar la vocación ni la capacidad de carga socioambiental del territorio a nivel regional”.
Si bien el despliegue de proyectos renovables puede impedir la proliferación de instalaciones que queman fósiles para la generación eléctrica, esta sustitución debe apegarse a los principios de la transición energética justa, como el respeto a los derechos de la naturaleza, la consideración de daños territoriales y la observancia de derechos durante dicha transición.
IPS revisó las evaluaciones de impacto ambiental de las plantas en la península y halló, entre los impactos más importantes, la remoción de cubierta vegetal (selva baja y vegetación secundaria), el riesgo de erosión, la modificación de la capacidad de infiltración hídrica, la alteración o fragmentación del hábitat.
Además, el autor de este reportaje corroboró la existencia de vegetación mediante la revisión de imágenes satelitales de la ubicación de los proyectos. Por ejemplo, la instalación de la central Haab Kiin significa el corte de 250 hectáreas de selva. “La preocupación es que los proyectos avancen de manera arrasadora. Siendo el gas fósil un problema histórico de desabasto en la península, el esquema de renovables se vuelve atractivo, pero no deja de representar impactos para los ecosistemas y las comunidades de la región”, señaló, por su parte, Rodrigo Patiño.
Los 10 parques fotovoltaicos totalizan más de 950 Mw sobre unas 1900 hectáreas. Zonas de Campeche y Yucatán poseen alto potencial de energía solar.En la península, habitada por 5,25 millones de personas, operan tres centrales solares y tres eólicas.
La instalación de paneles solares residenciales está en alza en México desde 2017, con una capacidad acumulada superior a 5000 Mw. Yucatán ocupó el décimo lugar en 2025, con casi 31 000 solicitudes de interconexión con una capacidad de 208 Mw, en una lista que encabezan el occidental estado de Jalisco y los norteños de Nuevo León y Chihuahua.
Debido a su ubicación geográfica y la creciente demanda, que impulsan el crecimiento poblacional y el turismo masivo, la península de Yucatán se ha transformado en la nueva frontera energética nacional.
Con limitaciones para expandir la red eléctrica, de por sí frágil e insuficiente, y así trasladar electricidad de otras zonas, el gobierno mexicano construye dos plantas de generación que queman gas y evalúa la instalación de una barcaza de gas para ese mismo propósito frente a las costas de Quintana Roo, idea que rechazan organizaciones ambientales.
Desde marzo de 2025 ha habido al menos tres apagones masivos que dejaron a la península a oscuras y paralizaron las actividades durante horas. El Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones 2025-2030 de Yucatán cita transición justa 10 veces, pero menciona derechos solo dos. Las empresas promotoras de las iniciativas deben presentar una Evaluación de Impacto Social (Evis), que enlista los efectos de sus obras, las acciones de mitigación y planes de gestión social.
Ambiciones
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, quiere revivir la transición energética que su predecesor y mentor político Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sumió en la penumbra.
Si bien ambos han coincidido en privilegiar la explotación del gas y el petróleo, la presidenta pretende que convivan con las alternativas energéticas limpias.
En 2025, la matriz energética mexicana dependió del gas (60 %), carbón (8 %), petróleo (7 %), hidroelectricidad (7 %), solar (7 %), eólica (6 %), nuclear (3 %), biomasa y geotermia (2 %).
El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 agregaría 22 000 Mw renovables a la matriz energética nacional, para alcanzar 37,8 % de energía limpia, desde el actual 22,5 %, de modo que CFE, la entidad dominante del sector, posea 54 % del mercado y el resto, lo hagan actores privados.
El gobierno de Sheinbaum destinará 12 300 millones de dólares para generación eléctrica, 7500 millones para infraestructura de transmisión y 3600 millones para producción fotovoltaica descentralizada o distribuida en las viviendas.
“La forma más rentable a nivel económico de los proyectos de energía renovable es a través de sistemas centralizados de gran escala. Este esquema demuestra que la energía es para los grandes consumidores, como la industria, y no para las comunidades locales que ciertamente son beneficiadas de proyectos descentralizados de pequeña escala por su bajo consumo energético”, resaltó Patiño.
Entre las necesidades energéticas de la península de Yucatán y los derechos de las comunidades, el gobierno busca más emprendimientos. En mayo lanzó la Convocatoria para la atención de proyectos estratégicos de generación y almacenamiento de energía eléctrica, alineados a la planeación vinculante bajo esquemas para el desarrollo mixto, con capacidad igual o mayor a 0,7 Mw. La región peninsular atrajo propuestas por 140 Mw y capacidad de almacenamiento en baterías de tres horas.
Argentina, la economía del miedo
Claudio Scaletta
El modelo no funciona y lo grita. El mercado de trabajo es una lágrima. La destrucción de empleo formal bate récords, lo que se encuentra en la raíz de la pérdida generalizada de poder adquisitivo de los salarios. Según el último informe de la consultora C-P –“La crisis del empleo formal ¿Del cambio al ajuste estructural?”– el empleo formal ya acumula once meses consecutivos de caída.
La flexibilización legal para despedir acompañó el proceso. Desde 2023, la pérdida de puestos de trabajo registrados superó los 230.000, una caída similar a la de la crisis posdevaluatoria de 2018-19, durante la larga agonía del macrismo primigenio.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo, mientras que en el cuarto trimestre de 2023 existían 568 mil empresas empleadoras, dos años después la cifra se había reducido a 540 mil. Pero, además, no solo se registró cierre de empresas y destrucción de empleo en los sectores más castigados, sino que el empleo también retrocedió en los sectores dinámicos. Dicho de otra manera, la economía no crea empleo en ningún sector. Siempre según C-P, la tasa de apertura de nuevas empresas se encuentra en niveles comparables con los de la crisis de 2001-02, con los de la peor crisis de la historia económica reciente.
Cabe preguntarse, entonces, qué ocurrió con los 230 mil trabajadores que perdieron sus empleos formales. El informe de C-P sostiene que quienes consiguieron un empleo en negro perdieron el 14 por ciento de su poder adquisitivo, mientras que quienes se transformaron en “emprendedores” y se autoemplearon perdieron el 28 por ciento de sus ingresos reales. El resultado fue la profundización de la crisis de bajos ingresos, que se encuentra en la raíz de la caída de la demanda interna.
Entre las consecuencias de la baja de los ingresos se destaca la mora crítica de las economías familiares. La secuencia era previsible. Primero se consumieron los ahorros; después se recurrió a la tarjeta; luego llegó la mora y, de ahí en adelante, ya no habrá crédito ni siquiera para administrar la escasez. No habrá “gustitos”, ni siquiera con la perdida tarjeta: el sueño del propagandista oficialista Luis Majul, aunque impuesto a punta de pistola por la realidad.
Destrucción del empleo y derrumbe del mercado interno
Sin demanda, las empresas que venían resistiendo a la espera de un cambio de ciclo económico empezaron a cerrar. Es el círculo perfecto de la retroalimentación del estancamiento interno. Si hasta comienzos de 2025 se hablaba de los efectos expansivos de la estabilización, esa proyección ya quedó en el recuerdo. Si se les pregunta a los economistas que simpatizan “con el lado del capital en la lucha de clases” cuáles serán los sectores que impulsarán la reactivación, lo máximo que se animan a responder, agotada la vía.
El descontento ya era evidente antes de las elecciones de medio término y el resultado de la primera vuelta en la provincia de Buenos Aires fue la señal más clara. Sin embargo, el Gobierno supo volver a agitar los fantasmas del pasado. La extorsión oficialista consiste en blandir la amenaza de que “estamos mal, pero podría ser mucho peor”. Esa amenaza, que puede convertirse rápidamente en realidad, es la corrida cambiaria. Todos quienes desean el éxito del programa, empezando por el FMI, saben que lo único que podrá contrarrestarla es la acumulación de reservas, algo que parece cada vez más difícil.
Pero el mecanismo es perverso: a mayor malaria, mayor riesgo de un triunfo opositor; a mayor riesgo de un triunfo opositor, mayor probabilidad de una corrida y, por lo tanto, de una devaluación y de una nueva caída del poder adquisitivo. Para quienes viven de ingresos fijos, el resultado es el miedo. Si todo le sale bien al oficialismo, Milei podría ser reelecto por miedo, lo que augura un día después horroroso, ya que la reelección no resolverá ninguna de las deficiencias de la economía real. Pero la extorsión existe, es palpable y no se vislumbran alternativas.del crédito, es “la inversión”. Algunos proclaman que el RIGI constituye una gran política industrial. En cierto sentido lo es: elige ganadores.
Los actuales sectores dinámicos no alcanzan y las perspectivas son desalentadoras. No hay creación de empleo y el efecto multiplicador de los hidrocarburos y la minería resulta, para el conjunto de la economía, muy limitado. La explotación de los recursos naturales es un instrumento indispensable para una economía que dispone de ellos y necesita desesperadamente generar divisas. Diversificar los sectores que las proveen también amplía los grados de libertad política del Estado, al reducir la dependencia del complejo agroexportador. Pero la clave para el buen funcionamiento de un modelo basado en los recursos naturales reside en su capacidad de derramar sobre otras actividades.
Las actividades extractivas no son, per se, importantes generadoras de empleo. En el caso de la minería, por ejemplo, la mayor demanda de mano de obra se produce durante la etapa de construcción de las minas. Pero si, además, el RIGI exime del pago de una parte de los impuestos, libera de la obligación de liquidar divisas a partir del tercer año y, para colmo, elimina cualquier ventaja para los proveedores locales, al punto de que se
importan hasta los obradores, cuesta imaginar cuáles serían sus virtudes para el conjunto de la economía. No habrá contribución para paliar el déficit fiscal ni para aliviar la restricción externa. Tampoco, a diferencia de países tan disímiles como Argelia y Noruega, se crearon instrumentos para capturar al menos una porción de esas rentas extraordinarias, como los fondos soberanos. Después de la extracción, el diluvio. La única captura adicional de renta se produce, y apenas parcialmente, a través de unas pocas empresas mineras provinciales.
Lo que se destaca es que lo único que funciona en el actual modelo son las economías de enclave. No existen contrapartidas en el mercado interno, que se transformó en un desierto. En semejante escenario, cualquier gobierno más o menos normal estaría pensando en cómo reactivar, aunque fuera parcialmente, el resto de la economía. Una vía rápida y archiconocida siempre fue la construcción. El problema es que el mileísmo considera que la obra pública es “un robo”, mientras que la privada alcanzó costos en dólares estrambóticos, otra maravilla del mismo tipo de cambio que disfrutan los viajeros. El resultado es que la obra privada es escasa y la pública nula, incluso hasta el absurdo de no mantener
la infraestructura, como las redes viales. Mientras tanto, lo único que se le ocurre al Gobierno es privatizar. Quizá ello contribuya, en el mediano plazo, a mejorar el mantenimiento de algunos corredores de alto tránsito y, por lo tanto, rentables, aunque aumentando, al mismo tiempo, el “costo argentino”. Difícilmente alcance para compensar el déficit de infraestructura.
Sin derrame y con incertidumbre
Imagine el lector, por un momento, que es un inversor extranjero. ¿Invertiría en un país con mala infraestructura, con un mercado interno deprimido, sin horizonte de recuperación y sobre el que, además, pesa el fantasma de la inestabilidad política? No se trata aquí del “riesgo kuka” agitado por los operadores oficialistas. Ojalá existiera una oposición organizada, con liderazgo y programa unificados. El verdadero riesgo político está en otra parte: en la malaria generalizada y en la desazónque las encuestas registran desde hace meses, incluso entre muchos de quienes votaron al oficialismo.
En una economía donde ni los analistas más creativos imaginan cuál podría ser el motor de la recuperación y en la que solo se espera una profundización de la contracción del mercado interno, que es donde viven las mayorías, solo cabe esperar que el descontento siga profundizándose. Un “riesgo kuka” real no consistiría en la inestabilidad, sino en una salida con dirección previsible, con prescindencia de cuánto pueda gustarles a los mercados financieros. El riesgo verdadero es la profundización de la malaria y del descontento, sin una oposición organizada y viable, porque la salida puede producirse hacia cualquier dirección.
El descontento ya era evidente antes de las elecciones de medio término y el resultado de la primera vuelta en la provincia de Buenos Aires fue la señal más clara. Sin embargo, el Gobierno supo volver a agitar los fantasmas del pasado. La extorsión oficialista consiste en blandir la amenaza de que “estamos mal, pero podría ser mucho peor”. Esa amenaza, que puede convertirse rápidamente en realidad, es la corrida cambiaria. Todos quienes desean el éxito del programa, empezando por el FMI, saben que lo único que podrá contrarrestarla es la acumulación de reservas, algo que parece cada vez más difícil.
Pero el mecanismo es perverso: a mayor malaria, mayor riesgo de un triunfo opositor; a mayor riesgo de un triunfo opositor, mayor probabilidad de una corrida y, por lo tanto, de una devaluación y de una nueva caída del poder adquisitivo. Para quienes viven de ingresos fijos, el resultado es el miedo. Si todo le sale bien al oficialismo, Milei podría ser reelecto por miedo, lo que augura un día después horroroso, ya que la reelección no resolverá ninguna de las deficiencias de la economía real. Pero la extorsión existe, es palpable y no se vislumbran alternativas.
Empleo juvenil aún no recupera niveles de 2019 en Perú
El desempleo en este segmento está por encima del promedio nacional, por lo que analistas consideran que se deben tomar algunas acciones.
En su primer mensaje a la nación como presidenta del Perú, Keiko Fujimori reveló que como parte de las políticas de Estado centrarán los esfuerzos en la población joven. Es así que impulsarán la inserción de estas personas en el mercado laboral, ampliarán las becas y promoverán los programas para fortalecer las capacidades laborales de este segmento.
“Quiero dirigirme a los jóvenes, para decirles desde aquí, desde este lugar y desde este momento de mi vida, que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos, que la resiliencia y la perseverancia las construimos día a día, porque créanme que siempre podemos volver a levantarnos para volver a comenzar”, fueron sus palabras.
Y es que, tras la pandemia, el empleo en este segmento retrocedió y aún no logra recuperar las cifras porque poco se ha hecho para que esto suceda. Es así que en 2019 se registraban casi 4.4 millones de trabajadores de entre 15 y 29 años y hoy no llegan ni a 4.1 millones, según información del Instituto Peruano de Economía (IPE).
A esto se suma que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo de las personas de entre 14 y 24 años se encontraba en 9.6%, por encima del promedio nacional, que llega al 5.1%. En tanto, la informalidad en este segmento se encuentra en 84.8%, también muy por encima de lo que se registra en el Perú, que es 69.8%.
En cuanto a las ganancias, la información que tiene el INEI muestra que hay una gran diferencia. Así, quienes tienen entre 14 y 24 años cuentan con un ingreso mensual proveniente del trabajo de alrededor de S/1,232.4, mientras que el promedio en el Perú es de S/1,925.9.
Al respecto, la economista sénior del IPE, Paola Herrera, explicó que en los últimos años el mercado laboral ha reaccionado de manera más cautelosa al momento de contratar trabajadores jóvenes y ha preferido apostar por personas con más edad y experiencia.
“Hoy la mitad de egresados universitarios trabaja en un puesto donde no se requiere la carrera que siguió. Ellos apostaron por una profesión donde no hay demanda o esta es muy baja”, detalló.
La representante del IPE consideró que, para que existan más oportunidades, tiene que haber más inversión y una mejora en la oferta educativa, desde donde también se brinde más información sobre las carreras con mayor demanda.
“También se requiere que se brinde la opción, como hacen en algunos lugares, de que los jóvenes puedan conectar la educación teórica con prácticas. Es decir, convenios a través de los cuales las empresas puedan tener en sus filas a estudiantes que van acordes con la línea de negocio y así puedan poner en práctica sus habilidades”, aseguró.
Por su parte, el laboralista Jorge Toyama señaló que actualmente el sistema es tan burocrático que no estimula la contratación de estas personas. “Hay más oferta de trabajadores que de puestos de trabajo, entonces los jóvenes terminan en la informalidad, con sueldos bajos y aceptando el trabajo que se les ofrece”, añadió.
Una de las opciones que planteó es la contratación de estas personas con todos los beneficios de ley, pero que el costo que significa Essalud sea asumido por el Estado. De esta manera, no se afectan los derechos laborales y se reducen los sobrecostos.Otra de las propuestas que formuló es la aplicación de exoneraciones si se contrata a personas que recién están ingresando al mercado laboral y que muchas veces no resultan atractivas por su falta de experiencia en el sector donde quieren trabajar.
En tanto, el laboralista Ricardo Herrera manifestó que una de las alternativas es que se promueva en el Estado una cuota de empleo para jóvenes.“También debería permitirse que las empresas puedan contratar por un periodo de un año a estas personas para plazas que son permanentes. Además, se les pagarían también sus beneficios de ley”, indicó y recordó que los contratos temporales son para cosas específicas como para atender una campaña, un proyecto, el reemplazo de una persona o el arranque de una nueva empresa.
Del mismo modo, precisó que se tiene que hacer un análisis del impacto de la Ley 31828, Ley del Joven Empresario, que fue promulgada en 2023. “Por lo que vemos en las cifras, esta norma no habría tenido mucha repercusión”, agregó.
Mientras Trump ataca a Lula, el FMI elogia su plan económico
A contramano de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Fondo Monetario Internacional (FMI) trazó una evaluación ampliamente favorable sobre la marcha de la economía brasileña bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al concluir la revisión anual del Artículo IV, en la que resaltó la «resiliencia» del país frente a un contexto internacional adverso, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la solidez del sistema financiero y los avances en la agenda de reformas.
En su informe, el organismo sostuvo que Brasil logró atravesar con éxito una sucesión de shocks externos y que se encuentra relativamente protegido del impacto del encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio, gracias a su condición de exportador neto de crudo y a una matriz eléctrica basada mayoritariamente en fuentes renovables.
Qué proyecta el FMI sobre Brasil
El FMI proyectó que la economía crecerá 2,4% en 2026 y que, tras una desaceleración transitoria en 2027 por la política monetaria restrictiva destinada a reducir la inflación, retomará un ritmo cercano al 2,5% en el mediano plazo. Entre los factores que sostendrán esa expansión mencionó la implementación de la reforma tributaria aprobada en 2023, la normalización gradual de la política monetaria y el aumento de la producción de hidrocarburos.
Uno de los aspectos más destacados por el Directorio Ejecutivo fue la evolución social del país. Los directores celebraron explícitamente la disminución de la pobreza y la desigualdad, al tiempo que valoraron los mecanismos de protección social y el marco de políticas económicas implementado por las autoridades brasileñas.
En materia financiera, el FMI señaló que el sistema bancario permanece sólido, con entidades bien capitalizadas, elevada liquidez y riesgos sistémicos bajo control. El Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) de 2026 concluyó además que el sistema financiero mantiene una elevada capacidad de resistencia frente a eventuales shocks.
El organismo también reconoció el compromiso de la administración de Lula con la consolidación fiscal de mediano plazo. Si bien recomendó profundizar los esfuerzos para asegurar una trayectoria descendente de la deuda pública, destacó positivamente las iniciativas orientadas a mejorar las cuentas fiscales y consideró que una mayor disciplina presupuestaria contribuirá a facilitar futuras reducciones de las tasas de interés.
Respecto de la política monetaria, el FMI respaldó la estrategia del Banco Central de Brasil y consideró apropiado mantener una normalización gradual de las tasas de interés en un escenario internacional caracterizado por una elevada incertidumbre. También valoró la existencia de un tipo de cambio flexible y un nivel adecuado de reservas internacionales como elementos centrales para absorber shocks externos.
El Directorio Ejecutivo también elogió el avance de las reformas estructurales impulsadas durante la actual gestión. En particular, destacó la implementación de la histórica reforma del IVA, las iniciativas para mejorar el clima de negocios, el fortalecimiento institucional y las políticas destinadas a incrementar la participación laboral, especialmente de las mujeres.
En el plano internacional, el FMI reconoció el liderazgo de Brasil en materia climática mediante el Plan de Transformación Ecológica, así como los avances para ampliar y diversificar sus relaciones comerciales. Los directores también elogiaron el compromiso del país con el multilateralismo y con la defensa de un sistema de comercio internacional abierto y basado en reglas.
La inflación, protagonista en la crisis económica de Cuba
Daniel Pradas -IPS
La inflación en Cuba, que tendía a la desaceleración en los últimos años, evidencia ahora un importante repunte tras el bloqueo petrolero y las sanciones financieras de Estados Unidos. Con el aumento de los precios, el costo de la vida en la isla ya se ha incrementado y, para la recta final de 2026, promete acelerarse.
“Los alimentos están carísimos: las frutas, verduras, el arroz, el aceite, los cárnicos, todo sube y sube. Lamento no haber comprado todo antes”, dijo Jennifer Capote, una cocinera de 34 años que trabaja en un restaurante privado en La Habana.
En la capital aumentan, semana tras semana, los precios de productos esenciales como el arroz —la principal fuente de carbohidratos en la dieta del cubano—, cuyo kilogramo subió de 1 a 1,5 dólares en los últimos tres meses, o el litro de aceite de girasol o soja, que duplicó su precio hasta llegar hoy a casi tres dólares.
El precio del aceite comestible y otros productos básicos alimenticios estuvieron topados desde 2024 por el gobierno, si bien en la práctica la norma era violada por los vendedores, o simplemente dejaban de vender estos bienes.
Pero desde junio se derogó la medida y se cambió por una nueva política de desregulación de precios mediante métodos administrativos. A partir de la segunda semana de junio, cuando se aprobó en el unicameral parlamento local un paquete de 76 reformas económicas que abrazaría un mercantilismo inédito dentro del sistema socialista cubano, los precios pasaron a regularse por las reglas de la oferta y la demanda.
“Es probable que los próximos meses estén marcados por presiones inflacionarias superiores a las observadas hasta ahora en Cuba”, señala Ricardo González. Carla García, una habanera que se dedica a cuidar su hogar de 43 años, teme que, con la escasez vista en los últimos meses de algunos productos, la desregulación provoque un aumento desmedido de los precios.
“Me pregunto si quitar los topes resolverá el problema realmente. Dicen que, a largo plazo, lo hará, pero la urgencia es que los alimentos sean más baratos, y que lo sean ahora, no en unos meses o en años”, dijo . En medio de reiterados apagones de más de 20 horas diarias, problemas con el abastecimiento de agua y el acceso a servicios elementales como la salud, una nueva escalada de los precios atormenta aún más a la población cubana.
“La inflación es uno de los problemas económicos que más preocupa hoy a la población cubana… Es probable que los próximos meses estén marcados por presiones inflacionarias superiores a las observadas hasta ahora en Cuba”, dijo el economista cubano Ricardo González, en el artículo Inflación en 2026: ¿entra Cuba en una nueva fase?, escrito para IPS este mes de julio.
La inflación ha alcanzado niveles tan alarmantes que el Banco Central de Cuba puso en circulación dos billetes de más denominación —de 2000 y de 5000 pesos cubanos, el equivalente a unos tres y ocho dólares, respectivamente— para hacer frente a la demanda de grandes cantidades de papel moneda.
Otro economista, Omar Everleny Pérez, dijo a medios locales que sostener hoy un hogar promedio de dos personas en Cuba cuesta 61 710 pesos cubanos (unos 95 dólares), sin incluir gastos como ocio o situaciones familiares que conlleven gastos extras.
Este monto resulta 36 % más caro que el costo de vida estimado por este mismo experto a inicios de 2025. Asimismo, resulta distante de los 11 dólares mensuales que representa el salario medio estatal, un sector que emplea a 68,5 % de los 4,1 millones de personas ocupadas en Cuba, de una población total de 9,7 millones.
Costo de la vida en aceleración
“Antes de que comenzara 2026, Cuba era ya una economía con una inflación elevada”, escribió González en su artículo, quien explicó que los cubanos han vivido en una economía inflacionaria desde enero de 2021 con la implementación de un programa de ajuste monetario y cambiario, conocido como Ordenamiento Monetario.
Para el cierre de 2025, el índice de precios al consumidor (IPC), que calcula la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), marcó un aumentos de los precios en aproximadamente 15 % con respecto al año pasado.
El IPC es un indicador oficial, pero ante la existencia de múltiples mercados segmentados y precios informales en Cuba, algunos economistas la desestiman o incluso realizan sus propios cálculos de la inflación interna.
El economista cubano Pavel Vidal, por ejemplo, situó la inflación en 70 % en 2025.De acuerdo a González, la inflación en esta nación insular caribeña obedece principalmente “a los desequilibrios monetarios acumulados, la persistencia de déficits fiscales elevados, las dificultades del sistema financiero para recuperar la confianza de la población tras el Ordenamiento Monetario y unas reformas insuficientes que no lograron acelerar el crecimiento económico”.
Pese a ello, la inflación había estado desde 2021 desacelerándose. Al menos, hasta que llegó 2026. Dos órdenes ejecutivas firmadas el 29 de enero y el 1 de mayo por el presidente estadounidense Donald Trump, para bloquear la entrada de combustibles y amenazar a inversionistas extranjeros, respectivamente, dieron entrada a nuevas variables que modificaron la inflación en Cuba, sumadas a la incertidumbre de una escalada militar.
De esas medidas se derivó la interrupción de las operaciones de navieras en mayo, —como Hapag-Lloyd y CMA CGM—, la salida de salida de Visa y MasterCard en junio, y la retirada de inversionistas en el turismo, la minería, la energía, así como la reducción de rutas de vuelos internacionales.
La escasez de combustibles limita el transporte y la producción, un menor financiamiento externo reduce el flujo de importaciones y presiona sobre el mercado cambiario de la isla, y dificultades en pagos internacionales encarecen las operaciones comerciales, acotó González.
“Un entorno de incertidumbre creciente suele terminar reflejándose en las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas. La combinación de estos factores presiona al alza los precios domésticos”, agregó.
Según este economista, incluso si las sanciones de 2026 no hubiesen ocurrido, los precios probablemente habrían continuado creciendo, aunque manteniendo su tendencia a la desaceleración: su propia predicción apuntaba a una inflación de 11,8 % para diciembre de 2026 si mantenía las prerrogativas de 2025.
El IPC más reciente mostraba que hasta mayo de 2026, la inflación acumulada alcanzó 9,16 %, mayor que el acumulado en igual periodo de 2025 (7,45 %), y que la proyección de González si hubiera continuado la desaceleración de años atrás (6,2 %).
González señaló que los precios “crecieron más rápido de lo esperado”, y que “una parte de las presiones inflacionarias que hoy enfrenta la economía todavía no se ha trasladado plenamente a los precios”. El segundo semestre de este año tendrá la última palabra.
Augurios de estanflación
El economista Pedro Monreal advirtió en su blog que el producto interno bruto (PIB) cubano podría caer 15 % en 2026, lo cual, sumado a las cifras alcistas del IPC hasta mayo, “indicaría una estanflación incontenible”.“Una eventual estabilización macroeconómica a corto plazo en Cuba, en la que la reducción de la inflación es un indicador clave, es inviable sin un rediseño del esquema de inserción internacional y eso pasa por una negociación con Estados Unidos”, dijo.
Las presiones económicas de Estados Unidos en 2026 podrían no haber desencadenado aún todo su peso sobre el desempeño de la inflación. “Podría ser solo el comienzo de una espiral que se expresará con mayor énfasis en el segundo semestre”, dijo González.
De acuerdo a este especialista, existen distintas variables causales de la inflación desarrollándose simultáneamente: la depreciación del peso cubano en el mercado informal —de 20 % entre mayo y junio—, que repercutirá en los precios internos durante los próximos meses.
Asimismo, ha habido un aumento continuo de los costos de producción y de distribución, por “las interrupciones energéticas, las dificultades logísticas, el encarecimiento del transporte, el mayor costo financiero y las restricciones para acceder a insumos importados”, cuya repercusión podría demorar en reflejarse totalmente en los precios.
Por otra parte, se anticipa “una caída drástica de los ingresos públicos y, como consecuencia, una ampliación considerable del déficit fiscal”, así como una “elevada incertidumbre” marcada por la posibilidad de nuevas sanciones de Estados Unidos,
Además, la reforma económica aprobada por el parlamento en junio, centrada en gran medida en la desregulación de precios y costos en el sector estatal y una transición hacia mecanismos de mercado, podría tener efectos de corto plazo “económicamente y políticamente desestabilizadores”.
“Los procesos de liberalización de precios suelen generar tensiones macroeconómicas y distributivas significativas durante las primeras etapas de implementación. La magnitud de este impacto sobre la inflación dependerá, naturalmente, de la velocidad y profundidad con que avance el programa”, dijo González.
Disputa por las tierras raras: oportunidad económica para Chile
Pese a su nombre, las tierras raras pueden encontrarse en todos lados, tanto en su distribución en la tierra como en distintos productos tecnológicos usados día a día, como computadoras, celulares, vehículos, entre otros.
Se trata de 17 elementos químicos que no son raros en el sentido estricto de la palabra -el cerio es más abundante que el cobre-, sino porque es difícil hallarlos concentrados en un solo lugar, por lo que su extracción es más laboriosa al encontrarse dispersos en minerales, según explicó a Deutsche Welle (DW) Sergio Ticona, investigador de la Universidad Nacional de San Agustín, en Perú.
Estos, a su vez, son los protagonistas de una carrera de recursos por parte de las grandes potencias, con China dominando tanto en número de yacimientos como en capacidad de refinado.Con todo, diversos países de Latinoamérica, incluido Chile,
Tierras raras: ni tierras ni raras, pero apetecidas por China y EEUU
La lista de tierras raras se compone de 15 elementos del grupo de los lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. Su definición de “tierra” responde a que previamente, los químicos llamaban tierras a los óxidos, lo que finalmente terminó por conformar el término que ya todos conocen. Ticona agregó que el desafío en este sentido no es solo encontrar las tierras raras, sino identificar aquellas concentraciones cuya extracción sea económicamente viable “y desarrollar la tecnología para separarlas de forma ambientalmente responsable”.
Para muestra un botón: el praseodimio, neodimio, disprosio y terbio tienen propiedades magnéticas, ópticas y electroquímicas únicas, sirviendo para fabricar baterías, pantallas, chips e imanes permanentes de alto rendimiento con usos en motores eléctricos, turbinas eólicas, drones y sistemas de defensa, entre otros. Por ello no sorprende que, en medio de la nueva guerra comercial entre China y EEUU, el gigante asiático haya endurecido los controles a la exportación de tierras raras. El país tiene más del 70% de la extracción y más del 85% del refinado, junto con la mina Bayan Obo, la más grande del mundo en cuanto a tierras raras.
Latinoamérica en medio del tablero global
En medio de esta disputa queda Latinoamérica, con solo un país realizando extracción activa de tierras raras y otros como Chile dando sus primeros pasos en la cotizada industria.
Sin embargo, esta fiebre por entrar a encontrar nuevos yacimientos “sigue siendo una pelea entre enanitos contemplada plácidamente por el gigante que es China”, según dijo Antoni Camprubí, responsable del Grupo de Investigación de Mineralogía, Yacimientos Minerales y Geofluidos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En este lado del mundo, Brasil es el único productor activo de estos elementos químicos, con extracción en Goiás, un proyecto en Minas Gerais y también se han logrado identificaciones en los estados de Amazonas, Sao Paulo y Paraná, entre otros. Según el Servicio Geológico de EEUU (USGS), el país tiene 21 millones de toneladas métricas en óxidos de tierras raras.
Chile es, dentro de la región, uno de los países con más avances hacia una industria extractiva, con Penco como el protagonista del principal proyecto local de tierras raras.
El proyecto minero de extracción de arcillas de Aclara Resources -y donde también está relacionado CAP- tuvo el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en mayo de este año, y luego a inicios de junio la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región del Bío Bío lo aprobó de forma unánime.
Se trata de una inversión de US$130 millones y generaría 2.200 empleos directos e indirectos por un período de 9 años. Se prevé que la iniciativa tenga una capacidad de 3.100 toneladas húmedas anuales de concentrado, equivalentes a 1.700 toneladas secas anuales de concentrado de tierras raras mediante una extracción solo con maquinarias, sin explosivos.
Y por otro lado, el Gobierno firmó a fines de julio el llamado Pax Silica, la iniciativa de EEUU con que busca ahondar en las cadenas de suministro de silicio -la base de los microchips- y tierras raras con sus aliados, además de temas de investigación y colaboración.
Mientras otras economías latinoamericanas estudian proyectos de extracción, mientras en otros se conocen de depósitos posiblemente explotables, Ticona dijo que lo principal es “evitar que la región se limite a exportar concentrados y después importe, a mucho mayor precio, los productos tecnológicos hechos con los mismos minerales”.
Irene del Real, geógola de la Universidad Católica de Chile, agregó que “mientras no haya políticas para incentivar el desarrollo de esta actividad, una empresa minera siempre va a optar por la solución que le entregue más beneficios, que en la mayoría de los casos es exportar concentrado mineral a China”.
Por otro lado, estos proyectos también levantan cuestionamientos y críticas en las comunidades donde se levantan. Si bien del Real recalcó que los depósitos de “regolito o arcillas iónicas –como los de Brasil y Chile– no dejan residuos radioactivos; este es un mito importante de aclarar”, agregó que no toda la producción global de tierras raras va solo a ordenadores o centros de datos, sino también a material bélico y que “hasta donde sé, no existe una trazabilidad al respecto”.
En el caso del proyecto en el Bío Bío, el movimiento “Penco sin mineras” dijo tras la aprobación del proyecto que “vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas, también vamos a articularnos como movimiento para hacer toda la presión social que se requiera” para manifestar su descontento ante la decisión de las autoridades.
Panorama internacional
1.Una guerra comercial entre la UE y China parece inevitable
Tucídides pensaba que las potencias emergentes tienden a provocar conflictos. Si hubiera sido economista y hubiera observado el auge de las exportaciones chinas hacia Europa, quizá habría previsto una guerra comercial. Muchos analistas comparten hoy esa visión. La cuestión ya no es si Europa levantará algunos puentes levadizos, sino cuántos y con qué rapidez lo hará, y cómo afrontará las consecuencias.
Lo que está en juego es evidente. Las quiebras empresariales en la Unión Europea han alcanzado niveles no vistos desde 2015, Alemania perdió 143 000 puestos de trabajo en el sector industrial en 2025 y, en gran parte de Europa, el crecimiento es lento y la producción industrial está en retroceso. En Francia y Alemania, los partidos de extrema derecha lideran las encuestas. En una cumbre que se celebrará el 18 de junio, los líderes de la UE debatirán cómo afrontar el desafío que plantea China en un contexto económico mundial cada vez más sombrío.
¿Es realmente China la responsable de los problemas económicos de Europa? En 2025, el déficit comercial de la UE en bienes con China ascendió a unos 1000 millones de euros (1160 millones de dólares) diarios, aproximadamente el doble que antes de la pandemia. Alemania, en particular, ha experimentado un aumento constante de las importaciones procedentes de China y un acusado descenso de sus exportaciones a ese país. Algunos ven en ello indicios de competencia desleal. La OCDE, integrada principalmente por países desarrollados, constató que entre 2005 y 2024 las empresas chinas recibieron entre tres y ocho veces más subvenciones que sus competidoras de los países miembros. Algunas ni siquiera sobrevivirían sin ese apoyo: el 32 % de las empresas industriales chinas registran pérdidas.
Quienes se muestran escépticos a la hora de responsabilizar a China sostienen que los verdaderos problemas son los elevados costes energéticos en Europa, la lentitud burocrática y la falta de innovación o integración. Peor aún, argumentan que obstaculizar las importaciones de materiales y componentes chinos perjudicaría a las empresas europeas situadas en los eslabones posteriores de la cadena de valor, reduciendo su competitividad en lugar de reforzarla. Además, la lista de sectores considerados «estratégicos» y protegidos ya es extensa.
Francia, anfitriona de una cumbre del G7 el 15 de junio, pone el foco en los desequilibrios macroeconómicos. La moneda china está infravalorada entre un 15 % y un 30 %, lo que abarata sus exportaciones. Sin embargo, la causa más profunda reside en el excedente de ahorro con respecto a la inversión, la otra cara de cualquier superávit exportador, un fenómeno sobre el que el proteccionismo poco puede hacer salvo desviar las exportaciones hacia otros mercados. Curiosamente, este modelo resulta bien conocido para los europeos. Alemania lo perfeccionó durante la década de 2010 y su superávit por cuenta corriente sigue situándose en el 4,5 % del PIB, una cifra comparable a la de China.
Aun así, la UE ha respondido. El 21 de abril autorizó a Lisboa a continuar con un proyecto de tren ligero tras vetar a una empresa contratista china que, según la UE, recibía subvenciones que distorsionaban la libre competencia; la empresa china fue sustituida por otra polaca. Una investigación sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos desembocó en la imposición de aranceles en 2024. El 8 de junio se aprobaron también aranceles sobre el acero. El año pasado, además, el bloque prohibió la contratación pública de productos sanitarios procedentes de China en represalia por la exclusión de los productos europeos por parte de Pekín. Y la lista de medidas sigue creciendo.
«Enfrentarse a China va a salir caro»
Para muchos, sin embargo, esto no basta. Se está conformando un consenso en torno a que la amenaza supera los riesgos derivados de posibles represalias. «Enfrentarse a China va a salir caro de cualquier manera, pero cuanto más esperemos, más caro resultará», afirma un representante de la industria alemana. Las medidas de coerción económica adoptadas por China, como su dominio del refinado de tierras raras, han contribuido a aumentar esa percepción.
La primera opción para la UE consiste en utilizar con mayor firmeza las herramientas de defensa comercial existentes. Los instrumentos antisubvenciones y antidumping requieren investigaciones detalladas caso por caso, susceptibles además de ser impugnadas ante los tribunales. Un alto cargo los compara con «utilizar una cucharita para achicar el agua de un barco». La UE estudia aplicarlos a categorías más amplias de productos o incluso invertir la carga de la prueba: si los datos macroeconómicos sugirieran la existencia de subvenciones excesivas, correspondería a las empresas demostrar que no las han recibido. Una segunda posibilidad consiste en desarrollar barreras más sólidas frente a aumentos repentinos de las importaciones.
Desde hace tiempo, los altos cargos europeos hablan de crear un «instrumento contra el exceso de capacidad», aplicable cuando un país produzca más de un determinado bien de lo que puede justificarse económicamente. Sin embargo, el concepto resulta difícil de definir y podría acabar siendo inviable. Como alternativa, el bloque podría recurrir con mayor frecuencia a medidas de salvaguardia, similares a las ya aplicadas al acero, aunque estos aranceles deberían aplicarse a todos los países y son de carácter temporal.
Por su parte, Sander Tordoir y Brad Setser, en un análisis para el think tank Centre for European Reform, proponen crear una versión europea de la herramienta estadounidense conocida como «Sección 301», que permite imponer aranceles generales para contrarrestar prácticas consideradas perjudiciales para el comercio nacional.
Una tercera opción consistiría en complementar las medidas comerciales defensivas con la política industrial. «La combinación de instrumentos comerciales con políticas de inversión e industriales representa un cambio intelectual significativo», sostiene Shahin Vallée, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. La UE propuso recientemente condicionar determinadas contrataciones públicas al uso de contenido local, mientras que su paquete de soberanía tecnológica impulsa el fortalecimiento de la cadena europea de suministro de semiconductores. En paralelo, los gobiernos nacionales están incorporando sus propios programas de subvenciones.
La gran incógnita sigue siendo la respuesta de China: Pekín podría responder con restricciones a las exportaciones que privaran a la industria europea de materiales o componentes esenciales. «China tiene un exceso de confianza, pero eso la convierte en un socio difícil en las negociaciones», sostiene un veterano observador. El país muestra poca paciencia ante las críticas europeas sobre las subvenciones o el exceso de capacidad, que interpreta como una manifestación de debilidad. El 11 de junio, China canceló dos reuniones de alto nivel con la UE. Su enfrentamiento comercial con Estados Unidos parece haber reforzado la confianza de sus dirigentes. Aun así, es probable que opte por respuestas firmes pero adaptadas al contexto europeo, evitando una guerra comercial a gran escala.
El consenso dentro de Europa es frágil y resulta poco probable que se adopten medidas que vayan mucho más allá de ampliar las herramientas existentes y reforzar las políticas de «compre productos europeos». Son pocos quienes creen que el continente esté dispuesto a soportar represalias chinas o a activar su potente instrumento anticoerción como respuesta. Alemania y España desempeñarán un papel decisivo. Alemania, que no ha sido hasta hace poco que ha empezado a endurecer su postura hacia China, teme que las posibles represalias paralicen parte de su industria. España, por su parte, mantiene una posición pragmática: considera que el nuevo orden mundial debe acomodar a una China fuerte y que las medidas solo deberían dirigirse contra prácticas que puedan demostrarse claramente como desleales.
«La prioridad debería ser reducir las dependencias cuanto antes; de lo contrario, las amenazas de recurrir a instrumentos de defensa comercial perderán credibilidad», afirma un alto cargo alemán. Maroš Šefčovič, Comisario de Comercio de la UE, ha propuesto obligar a las empresas a diversificar sus cadenas de suministro, es decir, más allá de China. Los dirigentes chinos se opondrán firmemente a esta idea, según Max Zenglein, del Conference Board, una organización empresarial internacional. Los recientes decretos chinos sobre las cadenas de suministro y las medidas extraterritoriales adoptadas por otros países dejan claro que Pekín pretende mantener al mundo en una posición de dependencia. En materia de política comercial, la UE y China parecen dirigirse hacia una colisión de gran envergadura.
Trump impone arancel de 50 por ciento a los productos canadienses
La medida desataría una nueva ola de caos económico
El presidente de Estados Unidos Donald Trump impuso aranceles de 50 por ciento a la mayoría de los productos canadienses, declarando que Canadá ha discriminado injustamente contra los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadunidenses.
Esta medida podría desatar una nueva ola de caos económico, con riesgos de mayor inflación y un mayor deterioro de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente unidas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.
El funcionario del gobierno que adelantó la medida, afirmó que Canadá fue una de las pocas naciones, además de China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debe rendir cuentas por ello.
Un día antes, Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos. En el encuentro también estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien comentó que “fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial”.
El funcionario que reveló la medida insistió en permanecer en el anonimato durante una llamada con periodistas para adelantar las acciones del republicano y afirmó que Trump firmó tres proclamaciones para imponer los aranceles en virtud del artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930.
Varios legisladores demócratas propusieron el año pasado derogar dicho artículo, argumentando que Trump podría utilizarlo para desestabilizar la economía.
Los aranceles de 50 por ciento excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero incluirían bienes anteriormente exentos de impuestos a la importación por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario añadió que Trump había solicitado a sus asesores que estudiaran la posibilidad de imponer aranceles adicionales a Canadá pues sus incendios forestales perjudican la calidad del aire de Estados Unidos.