La presidencia como hacienda: atrofia democrática en el Ecuador de Noboa
El 24 de mayo de 2026, a un año de haber asumido Daniel Noboa el segundo mandato presidencial en Ecuador, encuentra al país sumido en una profunda crisis de seguridad, con persistentes niveles de violencia vinculada al crimen organizado, deterioro institucional, crisis energética, precarización social y creciente desconfianza hacia las instituciones políticas, desde la Asamblea -controlada por el Poder Ejecutivo-, hasta la propia figura presidencial.
El gobierno de Daniel Noboa atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste político y cuestionamiento público. Este desgaste comenzó a reflejarse crecientemente en los estudios de opinión pública. Tras haber iniciado su mandato con niveles extraordinarios de aprobación superiores al 70%, distintas encuestas nacionales registran actualmente una caída sostenida de su legitimidad política, con desaprobaciones que en algunos estudios superan el 65%.
A los pésimos resultados de gestión, se suman denuncias y controversias que han erosionado la legitimidad gubernamental: acusaciones de corrupción asociadas al caso PROGEN -investigado por la Fiscalía del Estado por presunto peculado para la provisión de energía durante la aguda y reciente crisis eléctrica-; la vinculación de empresas familiares del presidente de Ecuador con contratos estatales; la condonación, por medio de una ley diseñada a la medida de los grandes grupos económicos, de una deuda millonaria de la familia-grupo económico Noboa.
Además,; el cuestionado título académico obtenido recientemente en una universidad privada por parte de la esposa del mandatario, Lavinia Valbonesi; denuncias de persecución política y uso discrecional de instituciones estatales, además de crecientes señalamientos sobre tendencias autoritarias, prácticas de concentración del poder y de amedrentamiento de la oposición política.
En este contexto, distintos sectores de la sociedad civil comenzaron a impulsar iniciativas para recolectar firmas orientadas a un eventual proceso de revocatoria de mandato, hecho inédito para un gobierno con apenas un año en funciones y revelador del acelerado desgaste de su legitimidad política y social.
Fue en medio de este escenario de deterioro institucional, avance del autoritarismo y creciente deslegitimación gubernamental que Noboa difundió el 21 de mayo una carta pública dirigida “al país”. Sin embargo, lejos de ofrecer explicaciones, asumir responsabilidades o transmitir certidumbre frente a la crisis nacional, el mensaje intensificó la polémica y generó incluso indignación en distintos sectores sociales y espacios de debate público.
Esta carta no puede leerse únicamente como un intento de respuesta coyuntural a críticas políticas o mediáticas. Su importancia radica en que condensa, de manera casi ejemplar, un modo oligárquico de concebir el poder: la fusión entre familia, propiedad, Estado y autoridad política.
Esta misiva no constituye un episodio aislado. A lo largo de su paso por la presidencia, Daniel Noboa ha respondido reiteradamente a cuestionamientos públicos mediante intervenciones orientadas a defender a su familia, su patrimonio y el ‘apellido Noboa’. Desde la reivindicación pública del Grupo Noboa y sus empresas, hasta las respuestas frente al caso Olón, las denuncias de su ex esposa, Gabriela Goldbaum, o los cuestionamientos sobre bienes y conflictos de interés, emerge un patrón discursivo persistente: la dificultad para separar la esfera pública estatal de la defensa privada de la familia y la empresa.
En lugar de hablar como jefe de Estado frente a una sociedad atravesada por una profunda crisis institucional, social y de seguridad, Noboa habla como heredero de una familia empresarial que se siente agraviada. La carta desplaza el centro de la discusión pública desde los problemas nacionales hacia la defensa de su trayectoria familiar, su patrimonio, su esposa, sus títulos y sus autos. Ese desplazamiento no es menor: expresa una concepción patrimonial del poder, donde la investidura presidencial aparece subordinada a la autoprotección del linaje.ldo de
Desde una perspectiva histórica, las oligarquías latinoamericanas no han sido simplemente grupos ricos, sino fracciones dominantes que han convertido su poder económico, territorial, familiar y simbólico en capacidad de mando político. Desde la sociología política latinoamericana, el concepto de oligarquía remite a formas históricas de dominación ejercidas por grupos reducidos de familias y élites económicas capaces de concentrar simultáneamente poder económico, político y simbólico, subordinando el Estado a sus intereses particulares.
A diferencia de una mera élite económica, la oligarquía implica una estructura de poder relativamente cerrada, basada en la reproducción familiar, el control de la tierra, las finanzas, el comercio o sectores estratégicos, y en su capacidad de influir directamente sobre gobiernos, instituciones y políticas públicas. Sociólogos latinoamericanos como Agustín Cueva, señalaron que en la región las oligarquías constituyeron históricamente bloques de poder que limitaron la democratización efectiva del Estado y preservaron formas excluyentes de organización social.
En una línea similar, René Zavaleta Mercado mostró cómo las élites oligárquicas latinoamericanas construyeron “Estados aparentes”, incapaces de integrar plenamente a las mayorías populares y profundamente escindidos de la sociedad real. Desde esta perspectiva, la oligarquía no constituye un residuo del pasado, sino una forma persistente de articulación entre capital, familia y Estado que continúa moldeando las democracias latinoamericanas contemporáneas.
El tono de la carta revela también una forma de soberbia política propia de quienes han habitado históricamente posiciones de privilegio. La apelación a los títulos universitarios, a la “disciplina”, a la historia familiar, a los bienes adquiridos o a los impuestos pagados no construye un argumento público robusto; más bien exhibe una comprensión estrecha de la legitimidad democrática. La legitimidad de un presidente no proviene de su patrimonio, de sus credenciales privadas ni de la narrativa “heroica” de su familia, sino de su capacidad de gobernar conforme a principios democráticos: rendición de cuentas, responsabilidad pública, respeto institucional y respuesta efectiva a las demandas sociales.
En democracia, la crítica al poder no es una amenaza ni una injuria: es una condición básica del control ciudadano, elemento que se ha perdido en los últimos años en Ecuador. Esta atrofia democrática se ha profundizado en el gobierno de Noboa, basta con ver alcaldes siendo presos políticos, autoridades electas perseguidas, dirigentes sociales criminalizados.
La carta muestra, además, un preocupante antiintelectualismo. Su nivel argumentativo es paupérrimo. No hay diagnóstico complejo del país, no hay reconocimiento de responsabilidades estatales, no hay reflexión institucional. Hay, en cambio, una sucesión de frases moralizantes, acusaciones genéricas, apelaciones emocionales y respuestas fragmentarias a temas sensibles. Esto refuerza la impresión de un poder que concibe el Estado como extensión de una empresa familiar o, más precisamente, como si gobernar un país fuera equivalente a administrar una hacienda bananera: mandar, ordenar, disciplinar, castigar, exigir obediencia y descalificar a quienes cuestionan.
El problema más grave es el contexto en que esta nota presidencial aparece. En medio de una debacle estatal marcada por violencia, precarización social, crisis energética, deterioro institucional y creciente desconfianza pública, el presidente decide intervenir no para explicar políticas, asumir responsabilidades o rendir cuentas, sino para defender su apellido, su círculo íntimo y su trayectoria privada.
La carta, por tanto, debilita el principio democrático fundamental: en lugar de someterse al escrutinio público y rendir cuentas, el mandatario desplaza la discusión hacia una narrativa de victimización personal. Así, la crítica 
ciudadana aparece como odio, calumnia o resentimiento, y no como ejercicio legítimo de control democrático y rendición de cuentas.
En suma, la carta de Noboa no es solo políticamente desafortunada; es sociológicamente reveladora. Expone la forma en que ciertas élites ecuatorianas imaginan el poder y su ejercicio: como propiedad, como herencia, como mérito autoproclamado y como derecho natural a gobernar. Allí reside su significado más profundo. No habla únicamente Noboa; habla una cultura oligárquica que nunca terminó de aceptar que el Estado no es una finca, que la presidencia no es un patrimonio familiar y que la democracia exige algo más que autoridad: exige responsabilidad y ética públicas.
*Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesora de la Universidad Central del Ecuador.