Ecuador: sigue el paro nacional, y el gobierno reprime la protesta generalizada
Eloy Osvaldo Proaño
Las protestas en contra de la eliminación del subsidio al diésel continúan en Ecuador. Las manifestaciones y el cierre de vías cumplen ya su quinto día en el país, en medio de casi un centenar de detenidos en el contexto del paro nacional, según el Gobierno de Daniel Noboa.
El Gobierno ecuatoriano subió de precio al combustible y el movimiento indígena prendió la mecha. Más de un centenar de personas han sido detenidas en cinco días de protestas, según declaró el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberd, cuando el país vivía una nueva jornada de bloqueos por el paro nacional. Algunos de los arrestados están acusados de “terrorismo”, mientras que diversas organizaciones de derechos humanos denuncian decenas de casos de violencia policial y detenciones arbitrarias.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, difundió el viernes un vídeo en el que habló directamente a los manifestantes. “El paro continúa de manera progresiva. Invitamos a todos los pueblos y sectores de Ecuador. Condenamos la prepotencia del Gobierno nacional. Hoy nuestros hermanos están encarcelados y han sido trasladados a otras provincias”, aseguró 
Siguiendo el libreto del presidente estadounidense Donald Trump, el titular de la cartera del Interior, John Reimberg, sugirió, sin revelar ninguna prueba, que entre los detenidos en Otavalo hay dos miembros del grupo venezolano Tren de Aragua. El presidente Noboa reaccionó a esta información al publicar en X: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”.
Tras las detenciones, la Conaie, la mayor organización indígena de Ecuador, y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que 12 pobladores kichwas, detenidos en Otavalo, fueron trasladados a las cárceles de Esmeraldas y de Portoviejo. El traslado ocurre en momentos en que una masacre en la cárcel de Esmeraldas dejó 17 personas asesinadas, luego de un choque de bandas enemigas. “¡Nuestros pueblos no son zonas de guerra, exigimos respeto y dignidad!”, exigen las organizaciones sociales.
Los focos de las protestas se mantienen ardientes en Imbabura (sierra norte), Cotokpaxi (sierra sur), y la provincia de Pichincha, más otros núcleos en Quito y Guayaquil. A medida que aumentan las detenciones, crecen también las denuncias contra la fuerza pública por actuaciones violentas y procedimientos irregulares. La Alianza por los Derechos Humanos llamó la atención sobre un caso de intercepción de comunicaciones, lo que “evidencia la aplicación de la ley de inteligencia para la persecución de líderes sociales”.
El Gobierno, lejos de buscar soluciones a la grave crisis económica y política que atraviesa el país, ha optado por el camino de la violencia y criminalización de la protesta social, y de las organizaciones populares que en el legítimo derecho constitucional a la resistencia nos movilizamos frente alto costo de la vida, Derogatoria del Decreto 126, para que cese los despidos y para que se declare en emergencia la salud y educación.
El gobierno arremetió contra los dirigentes sociales Andrés Quishpe, Presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Frente Popular (E); Edwin Bedoya, Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la CEDOCUT; Nery Padilla, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE; y Wilfrido Espinoza, Presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (FENOCIN), en un claro intento de intimidar y frenar la organización social que se levanta frente al paquetazo de Noboa impuesto con autoritarismo y mentiras.
En el Paro Nacional la solidaridad se vuelve fuerza. La resistencia se alimenta con organización, con ollas colectivas y pamba mesas donde nadie queda fuera. Porque la resistencia no es individual, es comunitaria.
El Ecuador arde.
No es el fuego purificador de la esperanza, sino la llamarada cruel de un gobierno que, de la mano del FMI, pretende imponer su proyecto de miseria a sangre y fuego. Daniel Noboa, heredero de la oligarquía bananera, se ha convertido en el gendarme obediente de las recetas antipopulares dictadas desde Washington por el FMI. La represión, con cascos y fusiles, es el lenguaje con el que pretende domesticar a un pueblo que ya aprendió, con décadas de combates y victorias arrancadas a costa de sangre y cárcel, que nada se regala, que los derechos se conquistan en la calle, señala el periódico Gestión.
La crisis económica muerde como perro rabioso, la subida del diesel encarece todo, el IVA subió como soga al cuello, la canasta básica ya supera los mil dólares mensuales y el salario es apenas una sombra que se evapora en los bolsillos vacíos. La pobreza extrema crece como maleza en tiefrra abandonada. Lo niños duermen con hambre y los hogares se hunden en la desesperación. Y, mientras el pueblo paga hasta el aire que respira, los banqueros cuentan sus ganancias en dólares y champaña, añade.
La Universidad de Cuenca y Comisión de Derechos Humanos rechazaron represión contra estudiantes. En un comunicado, y la Universidad de Cuenca tildó como una ‘desproprocionada represión policial’ las detenciones ejecutadas por la Policía en la noche del 25 de septiembre en la capital azuaya.
En la noche del jueves, varios estudiantes universitarios y ciudadanos realizaban un plantón pacífico afuera de la Gobernación de Azuay, en el centro de Cuenca, pero fueron desalojados por la Policía. En videos, divulgados en redes sociales, se observa a uniformados usar la fuerza y sus motocicletas para dispersar a los manifestantes. »Los registros audiovisuales evidencian con claridad estos actos injustificables de la violencia», añadió la Universidad en su comunidad, y pidió a la Gobernación sanciones para los uniformados involucrados en la presunta represión.
A la Universidad se sumó el repudio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador (Cedhu), que denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. También urgió a las autoridades, en el caso de los detenidos, que los estudiantes tengan acceso a un abogado público particular. «Es fundamental que en todo momento sus familiares o abogados conozcan sus paraderos, ya que las primeras horas de detención son extremadamente sensibles para garantizar los derechos de las personas», indicó la Cedhu.
Conaie denuncia ingreso de policías en comuna de Otavalo
A través de videos y fotos, colgados en la cuenta X de la Conaie, la organización denunció este 26 de septiembre que policías ingresaron a la comunidad de Huaycopungo en Otavalo, cantón de Imbabura donde se han desarrollado las protestas contra el fin del subsidio al diésel.
Según asegura la Conaie, los policías irrumpieron de forma violenta en la comunidad, y presuntamente lanzaron gas lacrimógeno a pobladores del lugar, algunos detenidos.
Esta denuncia llega un día después de que la organización pidió la liberación de 12 manifestantes, detenidos en el contexto del paro nacional, y que luego fueron llevados hasta cárceles de Esmeraldas y Portoviejo.
Indígenas se concentran en la Amazonía
Decenas de pobladores de la nacionalidad Kichwa y otras comunidades indígenas se concentran en la Amazonía para decidir acciones de cara al paro convocado por la Conaie. En la noche del 25 de septiembre, la nacionalidad Kichwa difundió fotografías de habitantes bloqueando una vía de la Troncal Amazónica.
»El paro continúa, recorremos los pueblos de la Sierra y llamamos a todas los pueblos y nacionalidades y sectores sociales a sumarse», dijo el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, en un video divulgado por la Conaie en la red social X.
Sube el número de detenidos
Hasta el momento, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la Policía ha detenido a entre «95 y 96» personas, unos 10 más que el día anterior. El pasado miércoles, se ordenó prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por el delito de presunto terrorismo debido a los ataques en un destacamento policial Otavalo, cantón de Imbabura y donde se han concentrado las manifestaciones.
Por otra parte, se comprobó que del total de detenidos en el contexto del paro en Ecuador, unas 48 personas son investigadas, hasta el 25 de septiembre, por delitos como terrorismo, paralización de servicio público, ataque o resistencia y lesiones a la fuerza pública.
En el sector de La Esperanza, Imbabura, la represión militar dejó heridos en territorios del Pueblo Karanki. Atacaron sin piedad, con violencia desmedida, vulnerando los derechos de las comunidades. Un fuerte despliegue militar y policial ingresa a las comunidades con violencia, generando intimidación y represión contra las familias.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)