Perú bajo ataque: la mafia regresa con todo
Servindi
La mafia de corruptos que durante años manejó a su antojo el sistema de justicia en el Perú está de vuelta y la estamos viendo recapturar el poder casi sin inmutarnos.
Su golpe más certero —anular la institución que se creó para limpiar toda esa podredumbre— ya está en camino y muy posiblemente se concretará en los próximos días, pero es apenas el inicio de todo lo que pretenden alcanzar.
Con la captura de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la mafia busca asegurarse que las investigaciones en su contra se caigan, mantener a sus aliados en instituciones claves y asegurarle la próxima victoria electoral a quien elijan.
No es posible callar o ser neutral frente a esta situación; por esto, aquí presentamos a modo de resumen tres puntos clave para que se entienda cómo la mafia está recapturando el poder en el país.
Punto 1. Contexto previo
Aunque la historia de la corrupción en el Perú se remonta incluso a años previos de su fundación como República (1821), en el 2019 el país fue sacudido por un hecho sin precedentes.
Una serie de audios que involucraban a jueces y fiscales en tramas de corrupción, tráfico de influencias y crimen organizando empezaron a hacerse públicos con la ayuda del periodismo de investigación.
Los audios expusieron crudamente el elevado nivel de corrupción que se había infectado en lo más alto del sistema de justicia peruano —caso que se conoció como Cuellos Blancos —y, en particular, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Esta institución era el organismo constitucional encargado hasta entonces de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país. Con el escándalo, quedó disuelto.
En su lugar y tras una reforma que incluyó un referéndum, se acordó crear una nueva institución a modo de limpiar de plano a toda esa maraña de corrupción e inmoralidad que era el CNM.
Así, surgió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que inició funciones en 2020. Apenas tres años después, esta institución es la que está bajo amenaza por la misma mafia de Cuellos Blancos que motivó su origen.
Punto 2. ¿Por qué la JNJ está bajo amenaza?
Aunque los ataques a la JNJ provienen de varios frentes, existe uno reciente lanzado desde el Congreso que sí podría terminar liquidando a esta institución en beneficio de la mafia mencionada.
El Pleno del Congreso ha aprobado que la Comisión de Justicia investigue de manera sumaria a los miembros de la JNJ y, consiguientemente, evalúe la destitución de sus miembros para pasar a elegir a nuevos integrantes.
Todo apunta a que concretarán ese golpe en los próximos días; pero la verdadera pregunta detrás de esta acción es: ¿por qué el Congreso eligió que este sea el momento para concretarlo?
Pues bien, la JNJ venía investigando a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por entre otras cosas, boicotear el caso Cuellos Blancos, y no faltaba mucho para que emitan su decisión al respecto.
La investigación se inició luego de que Benavides cambiara arbitrariamente a los fiscales que estaban a cargo de las investigaciones de ese caso, que tuvo su origen en el escándalo de 2019.
Es así que todo toma sentido. Si la mafia que impulsa este golpe contra el JNJ logra capturar nuevamente dicha institución, no habrá más investigaciones contra Benavides y, por ende, la fiscal podrá permanecer en el cargo haciendo que el caso Cuellos Blancos no represente ningún peligro.
Pero eso no es todo. Al controlar la JNJ, la mafia también tendrá un alto poder de control sobre los organismos electorales (JNE y ONPE) pues son los encargados de nombrar a los jefes de dichos entes.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es elegido mediante concurso público convocado por la JNJ y el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Punto 3. La mafia ya ganó terreno
La captura del JNJ no sería posible sin el Ejecutivo, el Congreso y la Fiscalía, donde todo apunta a que la mafia ya ganó terreno y ha recobrado las riendas institucionales para manejarlas a su antojo.
En el Ejecutivo de Dina Boluarte-Alberto Otárola, se acaba de nombrar al segundo ministro de Justicia vinculado al caso los Cuellos Blancos, que —volvemos a reiterar— fue el inicio de la exposición de la mafia en Perú.
Se trata de Eduardo Arana, quien fue designado titular de Justicia pese a tener audios comprometedores con Walter Ríos y César Hinostroza, dos de los rostros más representativos de la mafia Cuellos Blancos.
El otro ministro que está vinculado al caso es Daniel Maurate, quien confesó que jugaba “pichanga” con los magistrados investigados por el caso Cuellos Blancos. Hoy es ministro de Trabajo.
En el Congreso ni qué decir. La embestida que vienen realizando contra el JNJ es una muestra clara de los vínculos que mantienen con la mafia interesada en traerse abajo a la institución.
Tal es así que ni si quiera les ha importado la catadura moral y los antecedentes de los congresistas que se encargarán de “investigar” a los miembros de la JNJ desde el 12 de setiembre.
Esta comisión está integrada por tres congresistas acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores: Rocío Torres, María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), y Heidy Juárez, de Podemos Perú.
Así como por el implicado en la supuesta red criminal “Los Niños”, Elvis Vergara, de Acción Popular; y Alex Paredes, del Bloque Magisterial, promotor de reponer a 14 mil profesores descalificados.
También hacen parte de la comisión José María Balcázar, de Perú Bicentenario, que defiende el matrimonio con niños; además de Maricarmen Alva, Nano Guerra y Esdras Medina.
Todos ellos evaluarán si los miembros de la JNJ deben seguir o no. Pero no solo eso, pues una vez que logren sacar a sus integrantes, podrán elegir a los nuevos miembros de la JNJ mediante sus aliados.
Esto, debido a que la Comisión que se encargará de evaluar a los nuevos integrantes de la JNJ será presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, colocado por este Congreso.
Además de ser integrada en su mayoría por funcionarios afín al Parlamento: el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor, y un representante de las universidades públicas y otro de las privadas licenciadas.
En tanto, en la Fiscalía de Patricia Benavides, las pruebas han empezado a saltar, pues a poco de ser anulada, la JNJ ha filtrado los hallazgos que venía encontrando sobre Benavides y su vínculo con los Cuellos Blancos.
Por ejemplo, han revelado que Benavides designó a Miguel Vegas Vaccaro, fiscal vinculado al caso Cuellos Blancos, al frente de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.
Además, bajo las órdenes de este cuestionable fiscal, Benavides puso a Bersabeth Revilla, la fiscal que era coordinadora del equipo que investigaba a los Cuellos Blancos y que renunció tras ello.
Revilla era también la fiscal que venía investigando a la hermana de la fiscal de la Nación, Emma Benavides, una jueza acusada de liberar narcotraficantes a cambio de coimas. Con la salida de Revilla, el caso quedó en el aire.
Una vez más, la mafia se está imponiendo ante el silencio cómplice de los medios corporativos para los cuales lo que ocurre no es noticia.