En FAO sí se vuelve a hablar de Reforma Agraria

IGNACIO CIRIO| La semana del 10 al 14 de octubre, previo a la 37 sesión del Comité de Seguridad Alimentaria (CFS, siglas en inglés) se llevaron a cabo en la sede de FAO, en Roma, las negociaciones de las denominadas Directrices Voluntarias sobre Tenencia de la tierra, los recursos pesqueros y forestales.

Se trata de un conjunto de criterios de gobernanza global, en principio no vinculantes, aunque sí con un peso moral importante al tratarse de acuerdos consensuados entre gobiernos y sociedad civil, referidos a la protección de los derechos de tenencia de los bienes naturales por parte de campesinos, productores familiares, comunidades indígenas, pastores nómades y pescadores artesanales.

Organizaciones sociales como la Vía Campesina Internacional, el Movimiento Agroecológico de América latina y Caribe (maela) y redes no gubernamentales como FIAN (FoodFirst Information and Action Network), ActionAid o Amigos de la Tierra Internacional, entre un enorme conjunto de instituciones negociaron con los representantes oficiales un texto que llegó a acordarse en un 70 por ciento y se espera que el resto sea aprobado en los primeros meses del 2012, justo antes de la asunción como nuevo secretario general de FAO del brasileño Graziano Da Silva.

Con Sofía Monsalve (FIAN Internacional)

La abogada especializada en temas agrarios y activista de DDHH Sofía Monsalve realiza una valoración de los “logros” alcanzados en ese 70 por ciento que sí alcanzó a ser considerado y los entronca con el casi sepultado tema de la reforma agraria, que ya dejó de ser tabú.

– ¿Cuáles son los principales hitos en este período de casi 20 años de trabajo en torno a las Directrices?
– De alguna manera esta historia empieza en 1996 durante la Cumbre Mundial de la Alimentación. En esa Cumbre confluyen diversas organizaciones que traían propuestas novedosas respecto a la alimentación y a cómo superar el hambre, contribuyendo desde distintos ángulos a esa propuesta alternativa. Me refiero concretamente a la Vía Campesina y su propuesta de Soberanía Alimentaria y al movimiento de derechos humanos -dentro del cual se encuentra FIAN- y su propuesta de construir un enfoque de derechos sobre el acceso a los recursos naturales y a la producción y distribución de alimentos.

Allí FIAN se encuentra con la Vía Campesina y otras organizaciones y de allí surge la idea de lanzar una campaña global por la Reforma Agraria. Estamos hablando de mediados de los 90’, en pleno auge neoliberal donde el tema de la reforma agraria estaba prácticamente olvidado y en cambio se imponía esta idea de “reforma agraria de mercado” donde se esperaba con compra-venta voluntaria de tierras se resolviera el tema de la desigualdad en el acceso a la tierra.

Así fue que cinco años después de esa cumbre vino la Conferencia Internacional de Reforma Agraria donde ya teníamos mensajes claros para dar. También el Foro Mundial por la Reforma Agraria en Valencia, España, donde hubo acercamiento con otros grupos, por ejemplo la Red de Acción e Investigación por la Tierra. Allí surgieron propuestas muy interesantes y sirvió para catalizar el trabajo de FAO y convocar a la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD, por sus siglas en inglés), en Brasil en 2006.

Eso fue muy importante porque fue uno de los raros ejemplos de los eventos internacionales donde los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil pudimos participar en un pie de igualdad en el diseño de la misma. Y por supuesto influir en sus resultados.

En esa CIRADR hay un momento muy importante que es cuando las organizaciones del campo brasileño organizan una gran movilización que irrumpe en el sitio en que se venía desarrollando y entrega los resultados y las recomendaciones que tenían los movimientos. Fue entonces que surge un documento que, tras dos décadas de neoliberalismo, retoma el tema de la reforma agraria en otro marco distinto al del mercado y la privatización.

– Se trató de perforar el silencio oficial e institucional sobre el tema reforma agraria que había sido uno de los puntos clave por ejemplo en Latinoamérica durante los 70 por parte de los movimientos insurgentes en los distintos países.
– Justamente. De hecho con las luchas indígenas por el territorio ya había resurgido muy claramente en el 94 con el proceso zapatista. Claramente estas conferencias son expresiones de momentos históricos. No son las que hacen el cambio sino expresan procesos sociales más profundos. La construcción sobre el tema de tierras ha significado asimismo la confluencia de distintos sectores: afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinos, pescadores artesanales, todos golpeados por una misma privatización de los recursos naturales.

En el caso colombiano, por ejemplo, el Mandato Agrario de 2003 es un proceso que unifica a los distintos sectores perjudicados del campo, que se encuentran en las luchas concretas contra una represa, por ejemplo.

Así queda claro que, por ejemplo, eran los pueblos indígenas los que contaban con mayores herramientas jurídicas para protegerse y otros grupos comienzan a utilizar esas herramientas y a luchar por otras nuevas que los comprendan.

Cabe mencionar también más adelante la Conferencia de Nyéleni (Mali, 2007) donde se da un diálogo muy importante en África entre campesinos y pastores nómadas. Eso fue muy importante porque se trata de un conflicto ancestral, de dos maneras de ver el mundo entre el campesinado sedentario y los pastores nómades, por lo que se amplía el enfoque hacia la idea de “territorio” y de entender la “tierra” pero desde el enfoque que abarque también el agua y los demás recursos interconectados.

– Ese largo proceso histórico tuvo un avance en estas Directrices, que se trata nada menos que de crear jurisprudencia a nivel internacional en torno a temas estratégicos. ¿Cuáles logros destacarías en cuanto al texto ya acordado, que representa aproximadamente un 70 por ciento del documento total?
– En primer lugar, que el documento tiene como objetivo explícito y central la protección de la tenencia de los recursos naturales por parte de los sectores más afectados por el hambre como son los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, etcétera. Eso quedó claro: ese es el objetivo de estas Directrices.

En segundo lugar quedó claro también en el curso de las negociaciones que estas Directrices Voluntarias están basadas en los principios internacionales sobre Derechos Humanos y que se iba a aplicar un enfoque de derechos sobre los temas como la tierra y los recursos naturales. Esto es muy importante e incluye una cláusula explícita de protección a los defensores de los derechos de los campesinos y de todos aquellos que se encuentran amenazados en su derecho territorial. Precisamente uno de los principales obstáculos que se encuentran cuando hablamos de los derechos de estas comunidades es la criminalización. No es algo sobre lo que debamos abundar. Sabemos que son el segundo grupo más perseguido en materia de defensa de los Derechos Humanos.

– Es bastante paradógico el hecho de que estos grupos, pese a aparecer “invisibles” a la jurisprudencia, en cambio se encuentran perseguidos y judicializados en los estados nacionales.
– Justamente. Y dimos un pasito en el sentido correcto. También se avanzó en el reconocimiento de los derechos consuetudinarios y colectivos de tenencia de tierra. Esto también es muy importante, Por ejemplo en regiones del mundo como Asia y África que esos bienes naturales están siendo saqueados, so pretexto de que no están siendo utilizados, que son improductivos por no ser propiedad privada. Otro tanto se avanzó al reconocerse la tenencia informal, que es especialmente en sensible en contextos como urbanos, periurbanos y también el rural.

Otro tema importante es que hay un capítulo especialmente dedicado a la redistribución de los ingresos, que prácticamente había desaparecido de las agendas nacionales y por supuesto de la agenda internacional.

– Y justamente lo vinculo con el comienzo de tu intervención en el sentido de que el trasfondo de estos avances tiene su origen en el concepto, también abandonado, de reforma agraria.
– Exactamente y aunque sabemos que estamos en un contexto político muy difícil, donde estamos más bien tratando de defender a aquellos que ya cuentan con algo de tierra. De hecho la agenda de Reforma Agraria prácticamente se mantiene abierta en Zimbabwe, algo se ha avanzando en Bolivia y en Venezuela… en Brasil parecería que se está marchitando y Filipinas está a punto de cerrarlo. ¡Eso es todo lo que tenemos hoy sobre distribución de tierras en el mundo!

Otro aspecto importante que permaneció en las Directrices es la restitución de tierras en casos de despojo injusto por diferentes motivos. Es muy importante en Colombia por ejemplo, pero también en otros contextos.

También se establecieron cláusulas de salvaguarda y control a los mercados de tierras, desde una visión no ortodoxa de mercado. Efectivamente debemos reconocer que los mercados de tierra existen, pero también logramos colocar algunas salvaguardas como sociedad civil –junto al gobierno chino- que protegen a los pequeños propietarios.

Asimismo, otro punto importante fue el del planeamiento territorial con una referencia a los manejos agroecológicos, es decir ser coherente en la planeación con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Es un tema muy importante porque sabemos que en muchos países la ley minera prevalece sobre todas las otras leyes, entonces esta cláusula podría ser de gran utilidad en defensa de las comunidades afectadas por la minería y otras industrias.

Destacaría esos puntos como los avances que significan para las luchas nacionales algo de qué aferrarse. Obviamente se trata de integrarlo a una estrategia política y de movilización.

– Resta un 30 por ciento del documento sin considerarse. ¿Dentro de ese 30 por ciento, cuáles serían estratégicamente los elementos a no olvidar?
– Está pendiente el capítulo relativo a inversiones, que es el que tiene más atención política en este momento. Ahí vamos a tener que ser muy cuidadosos. Nuestra posición es que se establezca una prohibición de tenencia de recursos a gran escala, lo cual es bastante difícil de lograr, pero al menos intentaremos lograr algunas salvaguardas muy fuertes y que las autorizaciones se dejen para casos excepcionales y no como regla.

Sin embargo en ese mismo capítulo hemos obtenido un logro, en el sentido del reconocimiento de que son los pequeños productores los principales inversores en agricultura. También se ha logrado cambiar la redacción y la lógica del capítulo sobre las denominadas “inversiones responsables” en agricultura, que respondía a la lógica del Banco Mundial y se ha logrado modificar.

Finalmente sobre el reconocimiento de los derechos ancestrales de tenencia solo estamos pidiendo “recortar y pegar” lo que está establecido en la convención de pueblos indígenas… a pesar de lo cual Canadá se opone.

– Conceptualmente ha quedado claro asimismo que la compra de tierras no pueden ser considerada una inversión.
– Tanto en las negociaciones de las Directrices como también en los eventos paralelos al 37 Sesión de CSA ha quedado claro que los compradores de tierras no están haciendo mejoras sino efectivamente apropiándose de las mejoras que han hecho los campesinos anteriormente. Solamente están recombinando la manera en cómo poner a producir esos recursos naturales.

– ¿Otros puntos importantes hacia adelante?
– En especial lo que hace a la implementación y al monitoreo. Hay resistencia a establecer sistemas de monitoreo importantes. Pero si no hay vigilancia, hay riesgo a que todo esto se quede en el papel. Los gobiernos latinoamericanos se oponen a cualquier tipo de supervisión y vigilancia internacional, no lo entendemos muy bien, porque en momentos en que esos mismos gobiernos firman acuerdos con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo –que implican por cierto fuertes monitoreos y controles- no se observa la misma resistencia.

También se requiere el monitoreo del sector privado ya que muchos de los acuerdos en las Directrices hacen referencia al modo de actuar de este sector. Nuestra gran expectativa –y esa fue la apuesta política del Comité de Seguridad Alimentaria reformado- es que éste se convierta en el órgano de coordinación, por lo que esta va a ser la guía para todos, incluyendo al BM, la política internacional y regional de cooperación, el FIDA y todas las instancias que tienen incidencia en estos temas.

– Es probable que el mejor “monitoreo” lo realicen los damnificados, los movimientos sociales y la sociedad civil. ¿El desafío es que estos actores se apropien del texto y sus oportunidades?
– Ciertamente, hay que iniciar un trabajo muy fuerte de diseminación de las DV, junto a un esfuerzo de interpretación del texto oficial a la luz de las propuestas que nosotros presentamos. Porque así sería una herramienta aún más poderosa, dado que algunas secciones resultaron con una redacción vaga y así es siempre que se quiere llegar a un consenso.

Creo asimismo que el CIP (Comité Internacional de Planificación) va a estar discutiendo una propuesta para el nuevo Secretario General de la FAO Graziano Da Silva precisamente porque es FAO la encargada de hacer ese trabajo, retomando los compromisos de la Conferencia de Reforma Agraria de Porto Alegre, estableciendo plataformas nacionales de reforma agraria y desarrollo rural. Será necesario ahora, pues, un diálogo político nacional.

No nos parece que sea un tema de implementación técnica, se trata de un tema político y establecer las prioridades de lo que es más urgente implementar. Es un documento muy amplio y por ende hayx que analizarlo a nivel local a la luz de los aspectos y las luchas más acuciantes. Por ejemplo en Honduras diríamos que lo más importante ahora es el Bajo Aguán. ¡Que se meta la FAO, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que dejen de matar a la gente!

Esa es la fortaleza de las Directrices, como herramienta para los movimientos. Nos aprovechamos del momento político que permitió levantar el tema de las DV pero para retomar nuestra agenda, que por cierto es más amplia.

* Desde Roma. Por más información : www.radiomundoreal.fm

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