Britto García: Sí es posible vencer la crisis (1 y 2)

Luis Britto García|

Se nos invita a formular propuestas para vencer la crisis. Ésta no existiría si se hubieran aplicado desde el principio las propuestas siguientes. La primera es la irreductible defensa de la soberanía contra todo sometimiento de Venezuela a cortes, tribunales u órganos jurisdiccionales extranjeros.

Es imprescindible que la explotación de recursos naturales se realice en lo posible con recursos propios o con empresas donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y presenten expedientes irreprochables de relaciones con el Estado; que en lo posible tales empresas no tengan su asiento principal en países que hayan mostrado inusual y extraordinaria actitud de amenaza contra Venezuela, y que en los acuerdos con empresas extranjeras no se concedan privilegios, beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros, ni créditos u otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales.

Se debe respetar rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, según el cual “No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales”; o sancionar en la Asamblea Nacional Constituyente una norma nacionalista más exigente todavía.

El repunte del crudo  a más de 67,15 $ por barril nos dota de piso económico para  recuperar la producción por encima de los dos millones y medio de barriles diarios, y asegurarnos un espléndido futuro.

Pero para  costear las políticas sociales urge una reestructuración del sistema financiero interno, con  aplicación integral del principio  de territorialidad de la renta, lo cual requiere denunciar los Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas y personas extranjeras que obtienen ganancias en nuestro país no pagan impuestos en él, sino en sus países de origen, dejando así de cancelar unos 17.800 millones de dólares anuales, mientras que los venezolanos sí debemos cancelar pesados tributos para facilitarles su gestión económica y costear la formación y salud del personal y el funcionamiento de los servicios públicos que la hacen posible.

Se debe sancionar una reforma tributaria que aplique el principio de progresividad a los grandes contribuyentes, y alivie el neoliberal Impuesto al Valor Agregado que exacciona a los menos pudientes.

Estos recursos  no pueden ser dilapidados en suministrar dólares preferenciales y transferir el ingreso nacional a la docena de empresas que maneja en forma monopólica el 80% de la importación y distribución de bienes básicos. El Estado debe asumir plenamente esta tarea.

Dos

Para vencer la crisis, sanear la administración pública. Reinstaurar, mediante las actuales técnicas informáticas, el control previo, posterior y concomitante sobre el cumplimiento de las metas, programas y objetivos de los presupuestos públicos, con sanciones administrativas, civiles y penales para el caso de incumplimiento injustificado de ellos.

Tal control debe abarcar tanto la administración central, como el complejo universo de los institutos autónomos, fundaciones, empresas del Estado e intereses del Estado en empresas privadas, así como a los estados, municipios y comunas.

El saneamiento de la administración requiere transparencia, publicidad total y sanción ejemplar sobre las infracciones infracciones y complicidades que determinaron la transferencia de más de 60.000 millones de dólares a empresas de maletín que realizaron importaciones fantasmas.Resultado de imagen para control financiero

En contrapartida, se debe instaurar para las empresas privadas un sistema de contabilidad informatizado obligatorio unitario, uniforme y transparente, que permita seguir en tiempo real todas sus operaciones económicas y establecer relación entre costos de producción, precios y márgenes de ganancias, para evidenciar y sancionar actividades ilegales y especulativas.

Mediante la aplicación caprichosa de tasas de cambio arbitrarias y fantasiosas fijadas por páginas web foráneas, un grupo de empresarios ha destruido el valor del bolívar y desatado una hiperinflación que estanca las actividades económicas y desploma el nivel de vida. La “liberación” de precios es el arma de destrucción masiva de la guerra económica neoliberal, disparada por un mínimo oligopolio de intereses. En legítima defensa de la población, el gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la tasa de cambio legal así como los precios máximos de bienes y servicios, de controlar rigurosamente el cumplimiento de tales regulaciones, y de asumir el control de las actividades y ramas económicas que se muestren incapaces de satisfacer las necesidades del público.

Colaboran en la agresión contra nuestra moneda muchos integrantes del sistema bancario, responsables en buena medida de la desaparición física del papel moneda y de la confiscación fáctica del dinero del público negándole el retiro del mismo o reduciéndolo a cantidades irrisorias. Es indispensable que el Estado aplique rigurosamente la Ley de Bancos, y que asuma aquellas actividades crediticias que la banca privada no quiera o no pueda ejercer.

Tales medidas han de ser complementadas con el control riguroso y la erradicación tanto de redes ilegales de acaparamiento y especulación con bienes subsidiados, como de organizaciones criminales constituidas a tal efecto.

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