Marcos Salgado | 

Los movimientos sociales, mineros y campesinos del Oeste boliviano volvieron a decir presente ya por varias jornadas consecutivas en el centro de La Paz. En la Plaza San Francisco el presidente Evo Morales llamó a defender “con esfuerzo y compromiso lo que el pueblo ha conquistado” y pidió la unidad de los bolivianos para derrotar a los “vende patria que gestan un intento golpe de Estado para privatizar los recursos naturales” que fueron nacionalizados en beneficio de la población.

Evo también rechazó la movida del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, el empresario Luis Fernando Camacho, quien no pudo salir del aeropuerto de El Alto, en su intento de llevar una carta de renuncia para que el reelecto presidente la firmara, según había prometido en todo épico y ante una multitud en su zona de confort: el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano.

La nueva intentona golpista se intensificó luego del contundente triunfo electoral en primera vuelta del MAS, el 20 de octubre último, pero especialmente luego que el gobierno de Evo Morales acordara con la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría completa de los resultados electorales (que debe estar lista el 11 de noviembre), para acabar con la campaña de la derecha, la prensa local y la embajada de los Estados Unidos y demostrar que -más allá de las demoras en el conteo rápido del Órgano Electoral Plurinacional- los votos para Evo Morales alcanzaron también para consagrarlo en primera vuelta.

La movida del gobierno descolocó a la oposición, que tuvo que reaccionar cambiando de referente. Ya no podía ser el candidato Carlos Mesa, que quedó trabado en su discurso de pedir segunda vuelta sin presentar pruebas de fraude. Había que cambiar de estrategia y ahí entró en juego Camacho, con una jugada más publicitaria que política: viajar a La Paz para presentar una carta de renuncia al presidente Morales, mientras comenzó un paro indefinido en Santa Cruz, cuyo desarrollo habrá que medir con el correr de las horas.

Por ahora, la estrategia del «cívico» de Santa Cruz no funcionó. Después de 10 horas sin poder salir de un aeropuerto sitiado por partidarios del gobierno, los militares lo subieron a un avión y lo devolvieron a Santa Cruz de la Sierra. Derrape.

Aunque la derecha no se propone -por ahora- desconocer al gobierno de Evo Morales (¿leyeron el fracaso del intento Guaidó en Venezuela?), los límites de su estrategia están a la vista. El golpismo tiene su base fuerte en su centro político, la ciudad de Santa Cruz y allí se registran los hechos más violentos, en el enfrentamiento con zonas de la periferia y el interior del departamento, que no controlan. En la ciudad de Cochabamba se registra un panorama similar, aunque los incidentes se condensan sólo en el centro urbano y la zona norte, residencial y acomodada.

En el resto del país, las protestas son cada vez más esporádicas y reducidas, concentradas sólo en algunos centros urbanos. En La Paz, la sede del gobierno, no han logrado una movilización sostenida. Por el contrario, bajando desde El Alto y desde el interior del departamento de La Paz son los campesinos, estudiantes, obreros -y fundamentalmente los mineros- los que marcan terreno y respaldan al gobierno de Evo Morales. Saben hacerlo, tienen experiencia, tienen aguante.

Fue la movilización popular, los campesinos del norte de Santa Cruz, los cocaleros en Cochabamba, los mineros y los obreros en La Paz, los que desarmaron la intentona golpista del 2008, pregonada por mismos hacendados del Comité Cívico de Santa Cruz, con réplicas en otros sectores urbanos de otros departamentos, y que derivó en hechos como la masacre del 11 de setiembre de aquel año, cuando 13 campesinos fueron asesinados en la villa de El Porvenir, en el norteño departamento de Pando, a manos de grupos de derecha.

Once años después, las fuerzas en pugna son las mismas, y más hechos de violencia extrema no pueden descartarse. También son las mismas las limitaciones en la estrategia de la derecha: son hegemónicos en zonas y ámbitos puntuales y no se hacen fuertes cerca de la sede del gobierno. Una diferencia: en 2008 actuó la UNASUR en soporte a la legalidad, y el Brasil de Lula (y también la Argentina de Néstor Kirchner y Cristina Fernández) le cerró la puerta a la aventura separatista.

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