La izquierda uruguaya en debate: la economía hasta fines de 2011

RED DE ECONOMISTAS DE IZQUIERDA|  En los siete años de gobierno del FA, la deuda se duplicó: de 13.00 millones de dólares a 26.000 millones de dólares. Nuevamente, el gobierno señala (y se atribuye) otro año de éxitos en la economía. Lo fundamenta en algunas variables macroeconómicas.Como son grandes agregados y promedios a nivel país esconden a las personas y su vida cotidiana, sus problemas, su futuro.

Y dijimos “algunas variables”, porque no considera otras, como veremos. Esto no es casual. Es una opción activa: expresan un enfoque de la economía, en el que se privilegian los objetivos del capital. A los economistas de izquierda nos preocupan las personas; el trabajo; sus vivencias, en términos sencillos, entendibles.

Nadie podría criticar atender la pobreza, pero el asistencialismo no soluciona problemas de fondo; es un mero paliativo. Por algo el Banco Mundial lo incluye en sus recomendaciones desde 1996; obviamente trata de “aliviar” protestas sociales.

El PIB creció 6.5 por ciento en 2011, interesante porcentaje. Pero surgen preguntas. Por ejemplo: ¿a quién hay que felicitar? Porque si el volumen exportado no cambia, la clave está en los altos precios internacionales de nuestros productos de exportación; somos pasivos absolutos.

Frente al crecimiento del PIB, lo decisivo es preguntarnos ¿quién se lo queda?; ¿a quién beneficia primordialmente?

Hay más gente trabajando, hay más plata en la calle, sin embargo varios análisis –en especial de la REDIU[1]- muestran que en los siete años de gobierno del FA la desigualdad entre personas mantiene en todos sus términos (ver gráfica 1, en archivos adjuntos), en tanto que la distribución funcional del ingreso aumenta: los ricos son más ricos, y los pobres más pobres. Frente al 6.5 de aumento del PIB en 2011, los salarios reales aumentaron sólo 4.0 por ciento. En el mejor de los casos, la masa salarial no aumentó en relación a los ingresos del capital. Nuevamente, la brecha se amplía; la plusvalía apropiada por el capital sigue creciendo.

 La mirada del PIT-CNT, la central obrera

Al respecto, en diciembre del 2011, el Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT nos proporciona una información fundamental [2]. Entre 1998 y 2010 estudia qué parte de la producción nacional (el PIB) queda para los asalariados. Los primeros años la masa salarial se queda con el 34 por ciento, pero desciende al 30 por ciento en 2010. Por el contrario, en los doce años las ganancias del capital e impuestos pasan del 50 al 59 por ciento del PIB.

Las cifras impactan. Los trabajadores son los creadores de la riqueza, pero luego de siete años de gobierno frenteamplista, ni siquiera recuperaron la porción del producto nacional que tenían 12 años antes. Pese a todas las promesas y discursos, la desigualdad continúa.

Es más, el estudio señala: “los lineamientos del Poder Ejecutivo en la ronda de Consejos de Salarios dificultan retornar a los valores pre-crisis 2002”[3]. Es grave, porque en instancias fundamentales para al menos recuperar el ingreso de los trabajadores, esto indica una voluntad explícita del gobierno de no hacerlo.

A futuro -al fin de la bonanza capitalista para nuestros productos-, que ni los empresarios ni gobierno sugieran que “todos debemos apretarnos el cinturón”.

¿Por qué el gobierno no habla de esta “variable macroeconómica”? ¿Por qué el Banco Central dejó de publicar los datos del “Excedente de explotación” (básicamente las ganancias empresariales)?

El Cuesta-Duarte señala además que dentro de la masa salarial hay serias diferencias: en el período, el ingreso de los asalariados en general aumenta 14 por ciento, pero el de profesionales y gerentes un 25 por ciento. Estos datos mucho clarifican la tan difundida imagen de que “hay plata”, “se compra mucho”, el “nuevo uruguayo”; son los segundos los que afianzan esa sensación, amén de que sus comportamientos pesan desproporcionadamente en la prensa oral y escrita, y en círculos de amistad.

El gobierno apunta sus baterías sobre los funcionarios públicos en un proceso de flexibilización laboral que incorpora, entre otras perlas, el contrato en régimen de derecho privado y el “provisoriato” por 18, a la vez que restringe los derechos sindicales de estos trabajadores con la prohibición de ocupar los lugares de trabajo, las declaraciones de esencialidad y el incumplimiento de la Ley de Negociación colectiva (este último hecho fue denunciado por el PIT-CNT en la OIT).

Participación público-privada

Continúa avanzando, paralelamente, un proceso de reducción de los ámbitos de acción estatal y ampliación de los ámbitos mercantiles con la aprobación de una ley de participación público- privado (PPP) en la que, entre otros, cárceles, centros de educación y hospitales pasan a ser campo de inversiones privadas en construcción, con gestión privada de la “hotelería”. Inversiones que por su porte y por la experiencia en el ramo que se requiere a los operadores será seguramente extranjera. Incentivadas, por supuesto, con subsidios bajo la forma de “renuncias” fiscales.

Las leyes de PPP son impulsadas por el Banco Mundial en otros países dependientes en la lógica predominante de instituciones “talla única” favorables al capital. Su fundamento conceptual asume dos supuestos falsos: uno, no existen fuentes de financiamiento menos costosas para hacer estas inversiones -nuestro país tiene los mejores resultados fiscales en décadas y la tasa de interés internacional es mínima-; dos, el Estado no tiene capacidad de gestión. Con esta nueva ley el capital extranjero aumentará el control de la economía en un país que no tiene un programa de desarrollo que señale prioridades nacionales.

Encontramos aquí elementos que explican el sólido respaldo al gobierno del FA de la Asociación Rural; la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio.

¿Alguien se sorprende? ¿Es esto casualidad o coyuntural? No; es lógico que suceda. La historia lo demuestra, y señalemos la coherencia con el dato del INE: el 42% de los empleos son de baja calidad. O tomemos datos preliminares del Censo de Población y encontraremos que ésta aumenta en los aledaños de Montevideo, mientras baja en la ciudad como tal.

En el momento de optar, el gobierno se juega al “mercado”, es decir, a las decisiones de los capitalistas, en especial extranjeros, quienes determinan dónde y cuánto se invierte; cómo será el empleo y la distribución; qué harán con la riqueza que los trabajadores generan y quién se la apropia. La inversión extranjera directa, alcanzo su nivel máximo en 2010 y en el primer semestre de 2011 continuó creciendo (ver cuadro 1, en archivos adjuntos).  En este proceso, el gobierno sólo toma decisiones marginales, mientras el capitalismo concentra la riqueza en una minoría y distribuye generosamente en la mayoría de la población problemas de todo tipo. Ninguna sorpresa, entonces.

Esta opción no sólo hipoteca nuestra autonomía, nos cuesta plata contante y sonante, hoy. Más en concreto: el capital recibe enormes incentivos y subsidios: la eufemísticamente llamada “renuncia fiscal”[4] en 2010  alcanza la cifra de 2.300 millones de dólares[5]. Sí, leyó bien: 2.300 de dólares. Por esa opción nos dicen: “no hay recursos”. Pero ese dinero permitiría construir 2.500 escuelas o liceos de 700 metros cuadrados cada uno, o contratar 70 mil maestros o enfermeros o policías, a  20 mil pesos mensuales. Frente al argumento de que tales incentivos son positivos pues estimulan las inversiones, una encuesta del BID mostró que el 70 por ciento de ellas se hubiera realizado de todas maneras.

El capital extranjero es especialmente favorecido; hoy controla varias cadenas productivas fundamentales del país, como el arroz; la soja y la ganadería. El argumento oficial es que “aporta los recursos que Uruguay no tiene”. Pero la experiencia de Botnia-UPM muestra que se trata en realidad de un saqueo; se lleva del país un total, neto, de 5.600 millones de dólares[6]. ¿Creación de empleo?: 180, de muy baja calificación. ¿Impulso a otras empresas? Ninguna.

Montes del Plata repite el esquema, agravado por la insólita pretensión gubernamental de mantener secreto un lesivo y perjudicial contrato con la empresa. Está en proceso Aratirí, que por su gravedad sería bueno existiera un verdadero y democrático debate nacional, e incluso que los medios pasaran, por ejemplo, el video clip que conocidas figuras del teatro y la televisión (Cristina Morán; Osvaldo Laport, y otros) realizaron en oposición a la gran minería a cielo abierto.

Seguimos sin datos (por el vergonzoso atraso en el Censo Agropecuario) sobre extranjerización y concentración de la tierra. Pero es ya conocido que desde 1900 superan todo lo conocido en Uruguay.

Deuda

La deuda externa es otra de las variables macroeconómicas de las que se ufana el gobierno. ¿Seremos reiterativos? Lo cierto es que genera enormes condicionantes, incluso por ejemplo a nivel del salario de una maestra, porque de la bolsa de recursos del presupuesto nacional, lo primero que este gobierno aparta, es lo necesario para pagar los intereses de la deuda. Luego, con lo que resta, atiende salarios; inversión en carreteras; ambulancias; etcétera.

Dato central: en los siete años de gobierno del FA, la deuda se duplicó: de 13.000 millones de dólares a 26.000 millones. Una deuda que se aceptó pagar rechazando investigar “qué había adentro”[7], y que varios estudios -entre ellos los de la REDIU- demostraron que es una deuda no destinada mayoritariamente a fomentar el desarrollo del país.

Esa deuda no se está pagando; sólo se pagan intereses, porque el capital se refinancia, “se tira para adelante”. Nos dicen que en proporción al PIB ha bajado mucho, pero lo calculan con un dólar a  20 pesos, y si hacemos el elemental cálculo de comparar con el dólar a 28 o 29 (como era antes), la proporción del PIB rápidamente supera el 70 por ciento.

Refinanciar para el futuro ¿es un éxito? Por un lado, es inevitable el efecto bola de nieve, y ya hoy no hay producción nacional para pagarla[8]. Por otro, no es posible dar “respuesta” a tal pregunta. Porque le tendríamos que preguntar a nuestros nietos si están de acuerdo en que les pasemos la pesadísima carga que, irresponsablemente, les generamos.

Sólo en 2011 aumentamos la deuda en unos 4.000 millones de dólares. “Para enfrentar contingencias financieras internacionales”, nos dicen. Pero el equipo económico habló varias veces de que “estamos blindados”; de que “nuestras necesidades financieras están cubiertas hasta 2013”, y así sucesivamente. ¿Entonces?

Otro “éxito” sería la pesificación de la deuda. En realidad su costo para el país es una ruleta más, puesto que depende de posibles devaluaciones y tasas de inflación, por lo cual toda afirmación es pura especulación. Lo cierto es que pagamos para emitir deuda en moneda constante. Además, en un país con libertad total para el cambio de divisas, no hay que ser muy perspicaz para pensar que lo primero que hará el inversor al recuperar su dinero (en pesos) es cambiarlo a dólares. De modo que aun en el mejor de los casos, el impacto positivo sería menor[9].

Por último, consideremos la actual crisis del capitalismo. Porque de eso se trata, una crisis del capitalismo. Ya en 2008 la REDIU la advirtió (al punto que propuso “medidas urgentes para enfrentarla para enfrentarlas”) y nos trataron de agoreros, llegando a declarar que se trataba apenas de alteraciones menores. Pero lo importante es aprender de la experiencia europea, y ser conscientes de que el instrumento que utiliza el capital financiero para doblegar países y avanzar en la demolición del Estado de bienestar de los trabajadores, es la deuda externa.

Por todo esto una consigna inmediata: ¡Basta de endeudarnos!

Más aún: ¿cómo puede entenderse que Uruguay participe siempre a regañadientes de un proyecto tan importante como el Banco del Sur? ¿Cómo se explica el rechazo a utilizar nuestras monedas nacionales para los intercambios comerciales en la región?

Muchas fanfarrias oficiales hubo en torno al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Impulsado para “cambiar la agenda política por ciento, empantanada para el FA por la ley de caducidad, es en realidad nimio frente al escandaloso enriquecimiento de los terratenientes (30.900 millones de dólares en diez años) y la bajísima presión fiscal al agro.

La Comisión Nacional de Fomento Rural señaló que era un paso positivo, pero intrascendente, y J. Nin, de COPAGRAN, opinó que es “irrelevante desde el punto de vista de la concentración de tierras; el impuesto al patrimonio era muchísimo más alto y no la impidió”.

 En definitiva

La economía uruguaya continúa en el tren del sistema, y simplemente “sigue la vía”, sin otro maquinista que los grandes capitales, sobre todo extranjeros. La política económica del gobierno sólo acompaña, sin intentar alternativas.

El resultado es coherente: un país cada vez más dependiente de las exportaciones de sus sectores primarios; escasa industrialización; empleos de baja calidad y mal remunerados; lleno de zonas francas; con enormes incentivos al capital; un IRPF que castiga trabajadores y sectores medios; extranjerizado; con una desigualdad en aumento, y sin programa de desarrollo.

Seguimos perdiendo oportunidades. Desperdiciamos siete años de bonanza de nuestras exportaciones (aunque el déficit comercial continúa creciendo). Todo hace pensar que este escenario ya dio todo lo que puede dar; llegamos a sus lógicos límites. Luego, cuando nos alcance la crisis, no culpemos a ella ni a “los otros”.

Un país frágil; endeudado por generaciones, con una política económica que beneficia al capital y no a los trabajadores. No era esto a lo que aspiraba el pueblo uruguayo.

POSDATA. ¿Propuestas? Las hemos hecho sistemáticamente a lo largo de nuestros trabajos[10]. Todas mantienen vigencia. La “madre de todas las propuestas”: optar por los intereses y necesidades nacionales

[1] Véase nuestro último libro: La torta y las migajas. El gobierno progresista 2005-2010. Ed. Trilce, Mdeo. 2010, 4 reediciones.
[2] Instituto Cuesta Duarte, PIT CNT: “La masa salarial entre 1998 y 2010”. Diciembre 2011.
[3] 3] Ob. cit. pág. 5.
[4] Recaudación que el gobierno renuncia a percibir de impuestos y otros instrumentos ya vigentes. Novedosa expresión para llamar lo que, en verdad, es un subsidio. Con palabras “difíciles” se busca que el pueblo no entienda, y con la lógica complicidad del FMI, que “mira para otro lado”, porque es un subsidio al capital.
[5] DGI: “Estimación del Gasto Tributario en Uruguay 2008 – 2010”. Disponible en http://www.dgi.gub.uy
[6] Véase Melazzi y Yohai: “¿Aporte de recursos o saqueo? El ejemplo de Botnia – UPM” Brecha, 15/08
[7] Que es lo elemental que hace cualquiera cuando un banco le presenta su estado de cuenta: lo revisa.
[8] La propuesta del gobierno –afortunadamente fracasada- de disminuir en dos puntos porcentuales la obligatoriedad de transferir recursos al BPS: ¿debe entenderse como un intento por “liberarse de ataduras” previendo futuras dificultades?
[9] Y si el mecanismo fuera tan bueno, ¿cómo explicar declaraciones del presidente del BCU de pensar contratos con extranjeros para garantizarles en el futuro un tipo de cambio para sus inversiones? ¿Será otra versión de la trágica “tablita”?
[10][10] Véase, por ejemplo: La torta y las migajas (2010); El necesario golpe de timón, 2008; Propuestas para el 2º Congreso del Pueblo (mimeo, 2008); Medidas urgentes para proteger a los uruguayos de la crisis (mimeo, 2008); Otro camino económico (2006).

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