Piden renuncia del presidente paraguayo Horacio Cartes por la muerte de ocho militares
El crimen de ocho miembros de las fuerzas de seguridad paraguayas en Horqueta, a 500 kilómetros al norte de Asunción, generó un fuerte rechazo en el país. Disidentes del oficialismo y opositores reclamaron la renuncia del presidente y el ministro del Interior de Paraguay, Horacio Cartes y Francisco de Vargas.
El Senado y la Cámara de Diputados, en tanto, convocaron a sendas sesiones extraordinarias con motivo del asesinato de los ocho militares, ocurrido el sábado y atribuido a la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo que mantiene secuestrados a un policía y a dos colonos menonitas.
Cartes viajó el domingo a la zona donde tuvo lugar el ataque, en el distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, para entrevistarse con mandos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuerpo encargado del combate al EPP y al que pertenecían todas las víctimas.
El presidente se refirió a la muerte de los ocho militares. “Yo asumo aquí la primera línea. Este dolor hay que transformarlo en hechos”, dijo Cartes, quien apareció acompañado por el ministro de Vargas, y por las principales autoridades de la Policía Nacional. A su regreso anteanoche de México, donde se encontraba de viaje oficial, el jefe de Estado leyó un comunicado ante los periodistas, en el aeropuerto de Asunción, en el que se comprometió a acabar con el terrorismo en el tiempo de mandato que le resta, que finaliza en 2018.
“Las reacciones violentas y cobardes del EPP son el precio que pagamos por nuestra intención de acabarlos y tarde o temprano esta historia tiene un solo final: los vamos a encontrar y hacerles pagar por todo el dolor”, sostuvo Cartes.
Los analistas señalan que el EPP sigue ganando adeptos en la zona, dado al vacío que deja el Estado paraguayo en su defensa de las multinacionales de los productos transgénicos. Hasta el día de hoy el Ministerio Público y las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) no han podido proveer a la ciudadanía de información que verdaderamente explique de manera razonable cómo es posible que teniendo a disposición recursos como los de un estado sean vencidos constantemente en inteligencia por un grupo insurgente en la que la gran mayoría son campesinos.
Un documento encontrado en Horqueta señala que el grupo -designado como grupo terrorista por el Estado- se habría constituido como tal en marzo de 2008 y cuenta con 15 militantes, lo que lo convertiría en un grupo relativamente pequeño pero activo en el norte del país, entre los límites de los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.
Según cable diplomático de Estados Unidos publicado por Wikileaks, el gobierno de Paraguay solicitó a la DEA autorización para usar su tecnología de interceptación de comunicación móvil (supuestamente dirigida exclusivamente al combate al narcotráfico) con el intento declarado de espiar al EPP. Sin resultado alguno.
Reacciones
Los ocho militares fallecidos integraban una patrulla de la FTC que realizaba tareas de control en un camino vecinal donde se había colocado un artefacto explosivo, que fue detonado al paso del camión para transporte de tropas y pertrechos. Tras la explosión, los militares fueron tiroteados por un grupo de personas que todavía no fueron identificadas, según anunció el comunicado de la FTC, creada en 2013, al inicio del gobierno de Cartes, para combatir al EPP.
Mientras el oficialista Partido Colorado calificó el ataque de “grave y cobarde atentado” y lo atribuyó a “criminales que operan en el norte” del país, según un comunicado firmado por el presidente de la agrupación, Pedro Alliana, la formación política Frente Guasú, a la que pertenece el ex presidente paraguayo Fernando Lugo, responsabilizó al gobierno y dijo que mantiene “una estrategia fracasada en materia de seguridad”.
“Cartes se debe decidir a cumplir sus funciones o dejar el cargo para que otro lo haga”, afirmó la senadora Desirée Masi, del opositor Partido Democrático Progresista (PDP).
Para el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, la lucha contra el EPP, no tendrá resultados hasta que se trabaje en la disminución de la extrema pobreza. Sostuvo que el uso de las armas no es suficiente y denunció “un abandono total del Estado” en la zona Norte del país.
Explicó que en la ciudad los servicios de salud, educación y accesibilidad de caminos son precarios y denunció que, a pesar de los anuncios sobre la instalación de industrias, no se concreten las inversiones para contribuir a la disminución de la extrema pobreza. “La lucha del EPP no se va a acabar solamente con las armas (…) No hay táctica de guerra y los miembros del FTC se mantienen aislados de la comunidad. En vez de darles participación, suelen generar molestias a los pobladores”, explicó
Otros actores sociales también se sumaron a las condenas, como la Conferencia Episcopal, que pidió en un comunicado el cese de la violencia. “¡Paren! ¡Basta de tanto dolor y luto!”, reclamaron los obispos a los autores del atentado y exigieron a las autoridades tomar todas las medidas legales para su castigo y para evitar el derramamiento de más sangre inocente.
Por su parte, la sección paraguaya del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) pidieron el esclarecimiento del atentado, y lamentaron que la pérdida de vidas humanas sea la norma de convivencia en el país. Desde el Ministerio Público indicaron ayer que todavía no contaban con los datos suficientes para elaborar un informe definitivo sobre lo sucedido, ni para identificar a los autores del atentado.
Sin embargo, el ministro del Interior declaró ante los medios locales que el lugar donde se produjo el ataque es una las zonas identificadas como área de influencia del EPP. El gobierno responsabiliza a ese grupo de haber perpetrado medio centenar de asesinatos desde su fundación, en 2008. El grupo tiene actualmente secuestradas a tres personas: desde hace dos años a un policía, desde hace uno a un colono menonita y desde el mes pasado a otro miembro de esa secta religiosa, de 17 años.
40 muertos durante el gobierno de Cartes
De las 64 personas supuestamente asesinadas por el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), más del 60% murió desde que Horacio Cartes asumió -el 15 de agosto del 2013- la presidencia de la República, afirmó el medio digital ultimahora.com.
Desde que se iniciaron los ataques, 33 civiles, 18 policías y 13 militares perdieron la vida a manos de sus miembros. Todo comenzó con la muerte de Cecilia Cubas, según las estadísticas. Sumados los ocho militares asesinados la mañana de este sábado, en la localidad de Arroyito, Concepción, la cantidad de víctimas del EPP alcanza los 64.
Durante el Gobierno de Nicanor -prosigue la publicación de ultimahora.com-, el EPP mató a 3 personas; en el de Fernando Lugo a 14; durante la época de Federico Franco a 7 (en un año de gestión) y en el de Cartes a 40.