Vínculos Fujimori-Cerimedo: indagan red de desinformación
Los vínculos entre la presidenta del Perú Keiko Fujimori y el asesor derechista argentino Fermando Cerimedo volvieron al centro del debate político peruano luego de una investigación de El Foco, divulgada por teleSUR, que reporta una estructura de financiamiento y propaganda digital vinculada con Fuerza Popular.
Según el informe, el partido liderado por Keiko Fujimori contrató a asesores conectados con el entorno del operador argentino Fernando Cerimedo, detenido actualmente en Bolivia.
La pesquisa del periodista Piero Solís sostiene que Fuerza Popular destinó 69.000 soles a los consultores argentinos Esteban José de Apellaniz y Federico Javier Falco para la estrategia digital de la organización. El reporte también señala que desde Argentina se habrían inyectado más de 658.000 soles, equivalentes a unos 170.000 dólares, para financiar campañas de desinformación, atacar a rivales políticos y promover contenidos favorables al fujimorismo.
Falco figura como exsocio de Santiago Caputo, asesor cercano del presidente argentino Javier Milei, en la consultora MUF, según la publicación. La supuesta operación habría combinado cuentas anónimas, difusión masiva de contenido engañoso y publicidad segmentada en plataformas como Facebook y YouTube.
El informe identifica al menos diez páginas de Facebook administradas desde Argentina, las cuales difundieron 1.041 anuncios pagos entre agosto de 2025 y junio de 2026. Entre ellas aparece “La Resistencia Web”, desde donde se divulgaron acusaciones sin sustento contra dirigentes de Juntos por el Perú, a quienes se vinculó de forma arbitraria con organizaciones subversivas.
La investigación también refiere la contratación de 24 anuncios en YouTube protagonizados por avatares creados con inteligencia artificial para promocionar la candidatura fujimorista, presuntamente financiados por el ciudadano argentino-peruano Lucas Ariel Brizuela.
TeleSUR señala que la tesorera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, no respondió a las consultas sobre el financiamiento, mientras el caso reabre cuestionamientos sobre transparencia electoral, campañas coordinadas desde el exterior y estigmatización de opositores y medios independientes.