Venezuela: ¿quién debe qué a quién bajo la tutela neocolonial de EEUU?
Eric Toussaint
La reestructuración de la deuda de Venezuela que se está preparando actualmente no es una buena noticia para el pueblo venezolano. Corre el riesgo de que durante muchos años, una parte importante de los ingresos del país, en particular los ingresos petroleros, se destine al reembolso de los acreedores extranjeros precisamente cuando Venezuela sale de un período de profunda crisis económica, de sanciones internacionales, de confiscación o congelación de parte de sus activos en el exterior y de sufrir una catástrofe natural de gran magnitud.
Según la información publicada en junio de 2026, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez se dispone a reconocer un conjunto de deudas que podrían ascender a 240 000 millones de dólares. La cifra es considerablemente superior a las estimaciones que circulaban anteriormente, que oscilaban entre los 150 000 y los 170 000 millones de dólares. Con una economía cuyo PIB se situaría hoy en día cerca de los 100 000 millones de dólares, la deuda así evaluada representaría más del 200 % del PIB.
Pero esta cifra no debe aceptarse en ningún caso como un dato incuestionable. Los 240 000 millones de dólares no corresponden a una deuda homogénea, incluye bonos soberanos, deudas de la empresa petrolera estatal PDVSA, préstamos bilaterales, créditos comerciales, intereses acumulados y créditos derivados de laudos arbitrales o acuerdos de indemnización relacionados con nacionalizaciones y expropiaciones llevadas a cabo básicamente durante la presidencia de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.
La primera pregunta que hay que plantearse es muy sencilla: ¿quién debe qué a quién, en qué concepto, por qué importe y tras qué pagos ya efectuados? Esta cuestión cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que la reestructuración se está preparando en unas condiciones políticas y económicas totalmente excepcionales.
Una reestructuración preparada bajo tutela estadounidense
Desde la agresión militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que provocó la captura, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su encarcelamiento en Estados Unidos, Venezuela se encuentra en una situación de dependencia sin precedentes respecto a Washington. La intervención estadounidense también provocó la muerte de un centenar de personas, entre ellas 32 cubanos que participaban en la protección de la presidencia venezolana.
Desde entonces, Delcy Rodríguez dirige un gobierno interino que ejerce el poder en un contexto en el que Estados Unidos cuenta con un peso político, militar y económico determinante. Esta situación cobra especial relevancia al analizar la cuestión de la deuda, ya que afecta directamente a la principal riqueza del país: el petróleo.
Los acreedores extranjeros reclaman a Venezuela sumas considerables, mientras que la potencia que la ha agredido militarmente se apropia de sus ingresos petroleros, que constituyen la principal fuente de ingresos del país.
Nos encontramos ante una situación profundamente paradójica: entidades extranjeras reclaman a Venezuela sumas considerables, mientras que la potencia que la ha agredido militarmente se apropia de sus ingresos petroleros, que constituyen, con diferencia, la principal fuente de ingresos del país.
Esta situación presenta características que pueden calificarse legítimamente de neocoloniales. Venezuela ya no controla los beneficios derivados de sus hidrocarburos, Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso. Esta situación es rotundamente neocolonial. Por lo tanto, la cuestión de la deuda no puede disociarse de la del control de los recursos naturales de Venezuela.
Una deuda acumulada en condiciones extraordinarias
También sería erróneo considerar la deuda venezolana como si se hubiera acumulado en condiciones económicas y financieras normales.
Estados Unidos comenzó a imponer importantes sanciones financieras a Venezuela en agosto de 2017, durante la primera presidencia de Trump. Estas sanciones limitaron las transacciones relacionadas con la deuda del Gobierno venezolano y de la principal empresa petrolera pública, PDVSA. En enero de 2019 Washington reforzó considerablemente el dispositivo sancionando a PDVSA y bloqueando los activos sujetos a la jurisdicción estadounidense.
Evidentemente, estas sanciones no bastan por sí solas para explicar la crisis venezolana en su conjunto, también hay que tener en cuenta las decisiones económicas de los sucesivos gobiernos, los errores de gestión, la corrupción y el colapso de la producción petrolera.
Pero lo contrario también es cierto: es imposible analizar seriamente la capacidad de Venezuela para pagar su deuda sin tener en cuenta las sanciones que han limitado su acceso a la financiación internacional y complicado sus relaciones financieras con el exterior. Así pues, es necesario integrar las sanciones en la auditoría de la deuda y determinar en qué medida han afectado a la capacidad de pago y refinanciación del país.
Activos venezolanos bloqueados en el extranjero
La situación resulta aún más paradójica si se tiene en cuenta que una parte de los activos de Venezuela resulta inaccesible para las propias autoridades del país. El caso más emblemático es el del oro depositado en el Banco de Inglaterra. Aproximadamente 31 toneladas de oro, que representan un valor cercano a los 4 000 millones de dólares, siguen inmovilizadas en el Reino Unido. En agosto de 2026 las autoridades venezolanas solicitaron la devolución de este oro para poder financiar, entre otras cosas, la reconstrucción tras los terremotos de junio. La solicitud es aún más urgente si se tiene en cuenta que el país debe hacer frente a necesidades considerables en materia de vivienda, sanidad e infraestructuras.
Este caso plantea una cuestión fundamental: ¿Cómo se puede exigir a un Estado que pague a sus acreedores y al mismo tiempo impedirle que utilice libremente una parte de sus propias reservas y de sus activos depositados en el extranjero?
En consecuencia, la auditoría deberá centrarse no solo en las deudas de Venezuela, sino también en sus activos inmovilizados en el extranjero: su importe, su situación jurídica, las decisiones que llevaron a su congelación y las condiciones que permiten su recuperación.
Centerview, Mathieu Pigasse, Trump y la reestructuración de la deuda de Venezuela
Centerview trabaja en la elaboración de un marco macroeconómico y un plan destinados a reducir la deuda a un nivel considerado «sostenible», con el fin de permitir que Venezuela vuelva progresivamente a los mercados financieros internacionales. El Gobierno aspiraría a alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de que finalice 2026, pero es muy poco probable que se respete ese plazo.
La elección de Centerview merece atención. Su oficina de París está dirigida por Matthieu Pigasse. Según una investigación del Wall Street Journal [1], Matthieu Pigasse, que se presenta a sí mismo como un banquero de izquierdas, acudió el 24 de enero de 2026 a la Casa Blanca para asistir en presencia de Donald Trump a una proyección privada del documental Melania, dedicado a la esposa del presidente.
Este encuentro tuvo lugar mientras Pigasse intentaba conseguir el mandato para la reestructuración de la deuda de Venezuela y forma parte de las gestiones que le permitieron obtener el apoyo de Mauricio Claver-Carone, quien respaldó su candidatura ante Delcy Rodríguez. Cabe señalar que la relación entre Pigasse y Mauricio Claver-Carone (muy cercano a Trump) no es nueva. Claver-Carone y Pigasse colaboraron en 2020 en la reestructuración de la deuda de Ecuador impulsada por el Gobierno neoliberal de Lenin Moreno y por el FMI.
En septiembre de 2020 Trump logró que su asesor para América Latina, Mauricio Claver-Carone —de origen cubano al igual que Marco Rubio y tan anticastrista como él—, fuera elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rompiendo así con la tradición que reservaba este cargo a un ciudadano latinoamericano o caribeño. Destituido del BID en 2022 por votación unánime de su dirección [2] tras haber aumentado en un 50 % la remuneración de su protegida y jefa de gabinete, Jessica Bezoya [3], Claver-Carone conservó sus redes políticas y financieras y fue reintegrado en el dispositivo latinoamericano de Trump en 2025.
Tras su paso por la administración continuó su actividad en el sector privado, al tiempo que desempeñó en 2026 un papel oficioso de intermediario entre Washington y Caracas. En particular, apoyó ante Delcy Rodríguez la candidatura de Centerview y de Matthieu Pigasse, a quien ella conocía bien, al tiempo que indicaba haber consultado al Departamento de Estado y al Tesoro de Estados Unidos.
Cabe señalar que, a finales de julio de 2026, Mauricio Claver-Carone dejó de supervisar el asunto venezolano para la Administración Trump. Aunque afirma haber abandonado voluntariamente este cargo, que desempeñaba sin estatus oficial, varias fuentes citadas por Reuters indican que habría sido empujado a marcharse, tras las crecientes tensiones en el seno de la Administración Trump en torno a su influencia en las negociaciones petroleras, las inversiones estadounidenses y la reestructuración de la deuda venezolana.
Reuters señala que la gestión del asunto correrá a partir de ahora a cargo de una estructura interministerial dirigida por 
Mathieu Pigasse desempeñó un papel importante en el banco de inversión Lazard hasta su salida en 2020 [4], especialmente con motivo de la reestructuración de la deuda griega de 2012 [5] . La reestructuración de la deuda griega resultó especialmente perjudicial. La comparación con Grecia no significa que la situación de Grecia en 2012 y la de Venezuela en 2026 sean idénticas, pero lo que hay que recordar de la experiencia griega es que una reestructuración importante de la deuda no implica necesariamente el fin de la crisis.
Una parte de la deuda puede condonarse o reestructurarse, dejando al país con una carga insostenible y obligándole a seguir aplicando políticas de austeridad que perjudican duramente y de forma injusta las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Por lo tanto, hay que mirar más allá del porcentaje de condonación anunciado.
Aunque la deuda venezolana de 240 000 millones de dólares se redujera en un 50 %, quedarían 120 000 millones por pagar. Con una reducción del 65 %, aún quedarían 84 000 millones de dólares. En ambos casos la deuda residual y su carga supondrían un enorme lastre teniendo en cuenta el peso actual de la economía y los ingresos públicos.
Por consiguiente, la cuestión no es solo saber cuánto estarán dispuestos a condonar los acreedores, hay que saber cuánto quedará por pagar, a qué tipo de interés, durante cuánto tiempo, con qué garantías, en qué condiciones y con qué acceso a los ingresos futuros del petróleo.
¿Cómo se explica que entre mayo y junio de 2026 se haya pasado de una deuda de 150000 millones de dólares a una de 240 000 millones de dólares?
En cualquier caso, hay que tomar las cifras anunciadas con la mayor precaución y un auténtico espíritu crítico.
A finales de mayo de 2026 todos los medios de comunicación que anunciaron la elección del banco Centerview y de Matthieu Pigasse para ayudar a Caracas a reestructurar su deuda indicaban que esta ascendía a unos 150 000 millones de dólares. Un mes más tarde, el Gobierno de Delcy Rodríguez baraja una cifra de 240 000 millones de dólares. ¿A qué se debe tal diferencia?
La siguiente explicación parece razonable: dado que al Gobierno venezolano y a Centerview les interesará presentar el resultado de la reestructuración como un éxito, también les interesa inflar públicamente el importe de la deuda al inicio de la negociación. De hecho, si al término del proceso la deuda se redujera, por ejemplo, a 120 000 millones de dólares, podrían presumir de un gran éxito al anunciar que la deuda se ha reducido a la mitad. Esta presentación también conviene a los acreedores, ya que les abre mayores perspectivas para aumentar sus ganancias o limitar sus pérdidas.
Lo seguro es que el importe de la deuda anunciado es exagerado y que hay que verificar meticulosamente sus diferentes componentes: las deudas reclamadas por los distintos acreedores, los importes de las sanciones y las indemnizaciones reclamadas por los distintos protagonistas, el valor de mercado de los títulos de deuda, su legitimidad, su legalidad, etc.
¿En qué consisten esos 240 000 millones de dólares?
Con todas las reservas habituales, es fundamental distinguir las diferentes categorías de «créditos». Un primer componente está formado por los bonos soberanos de Venezuela y los bonos de PDVSA. El principal se estima en unos 60 000 millones de dólares, a los que se sumarían unos 40 000 millones de dólares en atrasos de pago de intereses acumulados desde el impago de 2017. Más adelante veremos que, en realidad, esta cifra es muy exagerada, ya que no tiene en cuenta el valor de los títulos en cuestión en el mercado de deuda.
Un segundo componente lo constituyen las deudas bilaterales, en particular con China y Rusia, a las que se suman las deudas con el Club de París y diversas instituciones financieras regionales. Un tercer componente corresponde a las deudas comerciales con empresas extranjeras, especialmente las cantidades adeudadas por PDVSA a compañías petroleras extranjeras. El Financial Times menciona hasta 50 000 millones de dólares en facturas impagadas a las compañías petroleras.
Por último, otra categoría sumamente importante para nuestro análisis la constituyen las deudas derivadas de procedimientos judiciales y arbitrales internacionales, en particular las relacionadas con las nacionalizaciones y expropiaciones llevadas a cabo bajo el mandato de Hugo Chávez.
El Financial Times menciona más de 20 000 millones de dólares en créditos judiciales. Pero estas diferentes categorías no pueden equipararse. Un bono soberano, una factura impagada a una empresa petrolera y una indemnización fijada por un tribunal arbitral a raíz de una expropiación no son créditos de la misma naturaleza.
Las deudas derivadas de las nacionalizaciones de la época de Chávez
Esta cuestión merece una especial atención. El Gobierno de Hugo Chávez llevó a cabo numerosas nacionalizaciones y recuperaciones de control en los sectores petrolero, minero, industrial y agrícola.
Sin embargo, hay que evitar una interpretación jurídicamente errónea: el derecho internacional no prohíbe las nacionalizaciones ni las expropiaciones. Los Estados tienen derecho a recuperar el control de actividades o recursos naturales por motivos de interés público sin perjuicio de las obligaciones internacionales que hayan contraído y, en especial, de las normas relativas a la indemnización.
En varios casos venezolanos el Gobierno de Chávez había previsto o propuesto una indemnización con el fin de respetar el derecho internacional. El litigio se centró en el importe de dicha indemnización. Las empresas afectadas consideraban que las cantidades propuestas eran insuficientes a la luz de los tratados de protección de inversiones a los que se acogían y recurrieron a tribunales arbitrales internacionales.
Es importante precisarlo, ya que sería engañoso afirmar que Venezuela habría expropiado sistemáticamente sin indemnizar.
Bajo el mandato de Hugo Chávez (presidente de Venezuela de 1999 a 2013) las nacionalizaciones dieron lugar a situaciones muy diferentes. En varios casos —CANTV, Electricidad de Caracas, Banco de Venezuela, Sidor y las cementeras Holcim, Lafarge y Cemex— el Gobierno negoció directamente con los propietarios y abonó indemnizaciones que, en ocasiones, fueron muy cuantiosas. En total se pagaron más de 7 000 millones de dólares a los propietarios de las empresas que acabamos de mencionar.
En otros casos las negociaciones fracasaron y las empresas presentaron demandas contra Venezuela ante distintos tribunales. Es el caso de dos empresas petroleras estadounidenses, ExxonMobil y ConocoPhillips; de tres empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro, como Gold Reserve, Crystallex y Rusoro; de FertiNitro (una empresa conjunta venezolana dedicada a la producción de amoníaco y urea, participada en un 35 % por la empresa estadounidense Koch Industries), de Tidewater (empresa estadounidense de servicios marítimos para compañías petroleras en alta mar), de Owens-Illinois (empresa estadounidense especializada en la fabricación de envases y botellas de vidrio, sobre todo para la industria alimentaria y de bebidas) y de Monaca (filial venezolana del grupo mexicano Gruma, especializada en la producción de harinas de trigo y maíz).
Diversos tribunales, entre ellos el del Banco Mundial, han condenado a Venezuela a pagar varios miles de millones de dólares en indemnizaciones y una parte importante de estas deudas nunca ha sido pagada o solo se ha hecho parcialmente.
Al examinar las reclamaciones de las empresas mencionadas anteriormente se observa su tendencia a solicitar indemnizaciones enormes, hasta el punto de que los tribunales ante los que han presentado el litigio, aunque les hayan dado la razón, han reducido considerablemente las cantidades concedidas en concepto de indemnizaciones o compensaciones. En el caso de la petrolera estadounidense ConocoPhillips, que exigía a Venezuela algo más de 30 000 millones de dólares, el tribunal del Banco Mundial (el CIADI) condenó al país a pagar 8 500 millones de dólares.
Hoy en día, se plantean las siguientes preguntas:
- ¿Se reconoce la legitimidad de las reclamaciones de las grandes empresas privadas y se aceptan los laudos dictados por instituciones como el CIRDI, el tribunal del Banco Mundial?
- ¿Qué cantidad había propuesto o abonado Venezuela?
- ¿Qué cantidad fijaron finalmente los tribunales?
- ¿Qué intereses se han añadido?
- ¿Qué pagos se han realizado desde entonces?
- ¿Y qué saldo queda realmente pendiente de pago?
En cualquier caso, no hay que aceptar las cantidades que se reclaman hoy.
Hay que someterlos a una auditoría.
Esta auditoría debe tener en cuenta el impacto humano y medioambiental de la actividad pasada de las grandes empresas que reclaman indemnizaciones. De hecho, hay que calcular el valor de los daños causados y exigir una reparación. Los daños provocados por las empresas petroleras o auríferas son especialmente elevados. Este aspecto nunca ha sido tenido en cuenta por los tribunales que han condenado a Venezuela a pagar indemnizaciones a las empresas. Venezuela debe exigir justicia.
*Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja y la Universidad de París VIII, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia y participó en la fundación del Consejo Internacional del Foro Social Mundial en 2001. Portavoz de la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas.