Uruguay al alza en precios, combustible, tarifas y delitos., mientras los salarios se sumergen
Nicolás Centurión
La Ley de Urgente Consideración (LUC) sacó a flote lo que todos los días sucede, pero nadie quiere reconocer: Uruguay, donde se han disparado los precios de los alimentos y los combustibles, las tarifas de los servicios y también los delitos, no es un bloque monolítico a pesar de su tamaño y escasa población, y al menos existen dos antagónicos.
Por un lado están las cámaras y las gremiales empresarias, la Asociación Rural del Uruguay, el diario El País, vocero del gobierno actual y de la última dictadura y así podríamos extender la lista. Del otro lado, el Frente Amplio, organizaciones sociales y barriales, sindicatos, gremios de trabajadores, artistas y representantes de la cultura.
Es decir, pueblo organizado versus los poderes fácticos de este país. Cuando me refiero a pueblo organizado no son solo grandes organizaciones históricas, sino también grupos de vecinos de un barrio, de una cooperativa de viviendas, de un cuadro de fútbol, de una murga que salen a militar este plebiscito; y cuando hablo de poderes fácticos es por ejemplo la Suprema Corte de Justicia que se metió de lleno en la campaña.
Pobres vs ricos
El presidente de la Suprema Corte se cruzó con el presidente del centroizquierdista Frente Amplio, Fernando Pereira al fin de la campaña “Niego terminantemente que haya una Justicia para los pobres y otra para los ricos”, dijo John Pérez.
“Eso es agraviante para la Justicia”, agregó. Pereira había señalado que denuncias de abuso policial no prosperaban aunque “llevan meses”, y que “la única razón” de esto era que las supuestas víctimas “son hijos de pobres”.
Al gobierno le causó una fuerte irritación que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH ) se pronunciara sobre el centenar de denuncias de abuso policial presentadas a la Suprema Corte de Justicia por la Asociación de Defensores de Oficio.
El secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio Sanguinetti, afirmó que la INDDHH “está ayudando a los delincuentes”, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que es hora de revisar para qué ha servido el organismo, con miras a replantear aspectos de su funcionamiento. La senadora oficialista Graciela Bianchi dijo que al frente de la institución debe colocarse a “grandes catedráticos” e “intelectuales”, no “integrantes panfletarios”.
Y para terminar la retahíla, Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, echó mano a la teoría de los dos demonios y planteó la disolución de la INDDHH, sosteniendo que su creación fue inconstitucional.
Malla oro
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el estadounidense Mauricio Claver-Carone elogió a Uruguay y dijo que será uno de los países de América Latina que liderará en un nuevo tipo de crédito que el organismo lanzó.
En el marco de la asamblea de gobernadores del organismo, Claver-Carone mantuvo una conferencia virtual con periodistas de la región, donde dijo que el BID “ya no da recetas, somos una institución de soluciones” y enfatizó que hay “productos importados por Estados Unidos de otras partes y que si transplantáramos el 10% a Uruguay, agregaría 6.000 millones de dólares de exportaciones” adicionales para el país.
En caso de concretarse esas exportaciones, ¿se concretará ese famoso “derrame” del que tanto hablan los economistas liberales? ¿O “los malla oro” (al decir del presidente Lacalle a referirse a los empresarios) seguirán aumentando sus ganancias de manera exponencial sin que eso repercuta en la economía familiar?
Artificio
Sonó pirotecnia en un acto y ante la aclaración de Laura Raffo, ex candidata a la Intendencia de Montevideo por el oficialista Partido Nacional, quien es para los medios hegemónicos de comunicación una intendenta paralela. No se había visto en la historia del Uruguay que a una candidata derrotada en las urnas se le de tanta difusión en todos los medios, opinando sobre gestiones de la actual administración como si de ella dependiera.
Raffo dijo que no eran “disparos”, Luis Alb erto Heber, ministro del Interior respondió: “Me confunden, porque así están algunos barrios”. La sorna del ministro es injustificable. Pasó de amedrentar a la Justicia la semana anterior a burlarse de la situación de muchos barrios de Montevideo y en general de Uruguay. Los delitos siguen en aumento, respetando la tendencia desde 1985, pero la violencia es lo que preocupa. 
Las campañas hacia el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tienden a centrarse en las normas vinculadas con la acción policial. Mientras los impulsores del No les atribuyen un marcado beneficio para la seguridad pública, los partidarios del Sí sostienen que, combinadas con orientaciones del Poder Ejecutivo, han traído consigo nuevos y graves peligros, vinculados con los abusos policiales, señala Ladiaria.
El exdirector de Policía, Mario Layera, asegura que represión incluida en la LUC genera “un estado policial” que no respeta los derechos humanos. Paralelamente el oficialismo pretende desarticular al Instituto Nacional de Derechos Humanos que es el organismo que se encarga de recibir e investigar, entre otros asuntos, las denuncias de abuso policial.
Homicidios en aumento, femicidios nunca antes vistos en Uruguay con cuerpos desmembrados, desapariciones, violencia y abuso policial… y el ministro anda a las risas. ¿De qué se ríe señor ministro?, diría Mario Benedetti.
Sube
El Partido Colorado, integrante de la coalición derechista gobernante, plantea un Impuesta al valor Agregado (IVA) de 0% para los alimentos que hoy tienen una tasa de 10%, y en Cabildo Abierto, otro de los socios de la coalición, estudian posibles medidas, tras un editorial de La Mañana, portavoz de ese grupo político, que pidió control de precios.
El diario señaló que el “país se enfrenta hoy a un problema que no sufríamos desde hace muchos años. Nos referimos al sostenido aumento en el precio de los alimentos que debe solventar la población y que supera ampliamente los aumentos nominales de salarios”
Añadió que “esto va a requerir desempolvar viejas herramientas que en el pasado contribuyeron a mitigar situaciones de emergencia como fue el caso de los controles de precios y salarios implementados por [el gobierno del colorado Jorge] Pacheco en el 68”. El medio de prensa es dirigido por Hugo Manini Ríos, hermano del senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos.
Lo que no cuenta este editorial -que parece confrontar incluso con su propio gobierno-, es que el lado B de las medidas de Pacheco Areco no era sólo congelar precios, sino que también congeló salarios, jubilaciones y pensiones. Ni hablemos en materia política, de libertades, de represión y persecución: centrémonos sólo en lo económico.
Uruguay venía de llamar al Fondo Monetario Internacional en 1959 con un gobierno del Partido Nacional, y con el retorno del Partido Colorado en 1967 se inició un período de pérdida salarial para los trabajadores que no se recuperarahasta el día de hoy, incluso con la primavera progresista.
Los precios de los productos de la canasta básica siguen en aumento. Verduras y frutas en general, huevos, leche, pan, carne, etc. Mientras tanto los salarios siguen estancados.
Las autoridades gubernamentales que hablaron del tema vincularon esto a los coletazos de la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra como lo fue la pandemia en su momento, es la excusa perfecta para que el gobierno siga llevando adelante su ajuste.
No sabe, no contesta
Los indecisos siguen representando un alto porcentaje dentro de las encuestas que no siempre reflejan la realidad. A ellos es que apuntan ambas campañas hacia el 27 de marzo, día de celebración del referendo revocatorio de 135 leyes de la represiva Ley de urgente Consideración (LUC). 
El mensaje del Presidente el 23 de marzo, en una camuflada cadena nacional, ¿será decisorio o será otra jugada de la agencia de publicidad para desviar la atención del aumento de los delitos, de los precios y de los combustibles?
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)