Tropas de Bukele en Haití: mandato y controles en duda
Victoria Korn
El envío de unos 2.000 militares salvadoreños a Haití para buscar a cuatro técnicos de aviación secuestrados abrió una operación distinta de la fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La diferencia es fundamental: aunque ambas presencias coinciden en territorio haitiano, no comparten necesariamente mando, mandato ni mecanismos de supervisión. El principal interrogante no es únicamente cuándo regresarán las tropas de Nayib Bukele, sino quién responde por sus actuaciones y bajo qué reglas operan.
El detonante fue la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños el 18 de octubre, cuando se encontraban en una zona de la periferia de Puerto Príncipe controlada por pandillas. Los hombres pertenecían al contingente que apoyaba a la Fuerza de Supresión de Pandillas —GSF, por sus siglas en inglés—. Después del secuestro, Bukele ordenó el envío de refuerzos para realizar operaciones de búsqueda y rescate. Según el reportaje de EL PAÍS, ese despliegue elevó la presencia salvadoreña de unos 200 a alrededor de 2.200 efectivos.
La distinción entre ambos contingentes impide presentar a todos los militares salvadoreños como integrantes de una misma misión internacional. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, aclaró que solo unos 200 uniformados de El Salvador forman parte del dispositivo autorizado por el Consejo de Seguridad. La mayoría de los recién llegados queda fuera de ese mandato, aunque también está obligada a respetar el derecho internacional aplicable. Una fuerza autorizada por el Consejo de Seguridad y un despliegue bilateral son, por tanto, figuras diferentes.
La controversia gira alrededor de la transparencia del segundo despliegue. BBC Mundo informó de un acuerdo bilateral que habría sido aprobado el 28 de octubre, pero cuyos términos no se hicieron públicos. EL PAÍS recoge, igualmente, que los especialistas desconocen las condiciones pactadas con las autoridades haitianas. Esa falta de información no permite concluir por sí sola que toda la operación sea ilegal; sí dificulta establecer públicamente sus competencias, límites, eventuales inmunidades y mecanismos de rendición de cuentas.
A quién responde
El mando también ofrece versiones que no terminan de encajar. Según EL PAÍS, el contingente adicional responde a un general salvadoreño que recibe órdenes directamente de Bukele. Por su parte, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sostuvo el 3 de noviembre que las fuerzas extranjeras se encuentran bajo dirección haitiana. Sin un acuerdo público que explique cómo se articulan ambas cadenas de autoridad, sigue sin estar claro quién decide las operaciones y quién debe responder por sus consecuencias.
La llegada de los refuerzos agrava un problema previo: la fragmentación de los actores de seguridad. En Haití actúan la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la GSF, una fuerza de tarea vinculada a la empresa privada Vectus Global y el contingente adicional salvadoreño. Romain Le Cour, responsable del Observatorio sobre Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, advierte que estas cinco estructuras tienen mandatos y reglas diferentes, sin un plan común claramente establecido. El riesgo no es solo la superposición de operaciones, sino que se diluyan las responsabilidades.
Para los civiles, las preguntas son concretas: si los militares pueden detener personas, a qué autoridad deben entregarlas, cómo se investigan posibles abusos y qué medidas deben adoptar para proteger a quienes viven en las zonas intervenidas. BBC Mundo reportó que la Organización Internacional para las Migraciones contabilizó al menos 2.000 desplazados en el contexto de los operativos y que Médicos Sin Fronteras atendió heridos por disparos y explosiones de drones, además de suspender sus clínicas móviles. Esos reportes describen el impacto humanitario, pero no permiten atribuir automáticamente cada incidente al contingente salvadoreño.
El despliegue tiene, además, una dimensión política regional. Bukele ha vinculado su intervención con la capacidad que atribuye a su Gobierno para combatir a las pandillas y ha condicionado la retirada a la recuperación de los cuatro desaparecidos. Sin embargo, una condición política de salida no equivale a un calendario ni a criterios operativos públicos. Al 8 de noviembre, las autoridades todavía no habían confirmado el paradero de los aerotécnicos.
La visita del primer ministro haitiano a El Salvador, anunciada para el 16 y el 17 de noviembre, ofrecería una instancia para discutir el futuro de esa presencia militar. El punto pendiente es si ambos gobiernos harán públicas las condiciones de la operación: su duración, sus objetivos, su coordinación con la fuerza internacional y los procedimientos para investigar posibles infracciones. Son esas definiciones, más que el número de soldados enviados, las que permitirán evaluar el alcance y los controles de la intervención.