Taraga policial

Aldemaro Barrios|

La policía es un cuerpo muy codiciado por la derecha para dar golpes o para generar un clima de violencia apropiado para sus fines funestos, como estamos observando en Argentina. En algunos casos para aprovecharse de la buena gente, aunque la vocación del policía es de servicio público y tiene la obligación de proteger y resguardar a las personas, en un Estado de derecho y de justicia.

De esta manera, en América Latina y el resto del mundo, la policía se encuentra siempre en ese centro peligroso de la violencia, especialmente en este subcontinente que es volcánico social. Pero el policía confronta también sus propias contradicciones éticas a lo interno, porque son sensibles al juego del poder desde el uso de sus propios recursos de fuerza que indudablemente son persuasivos para el ciudadano común que espera que el uso de ese poderío se ejerza para su protección y seguridad y no para otros fines.

Hay que ponerse en los pantalones de un policía, reconocer su origen social, saber cuáles son sus motivaciones para asumir un oficio de tanto riesgo y tan poca retribución. Pero eso no es excusa para generar ambientes hostiles al ciudadano de a pie. Para caracterizar la psicología del policía latinoamericano habría que desarrollar una tesis magistral, por lo que solo haré una aproximación al tema.

La policía que conocemos actualmente viene de procesos de cambios estructurales de poder a partir de las gestiones de independencia en el Siglo XIX y en la constitución del nuevo Estado-Nación; por lo que la actual policía en sus fundamentos conserva el sentido de ser representante del Estado para el ejercicio de la fuerza y control.

En algunos países como Venezuela se ha intentado el experimento de formar agentes dotándolos de instrumentos académicos universitarios, ante aquel policía “mínimo” con formación técnica y ausencia de recursos de la razón y el conocimiento intelectual para el equilibrio de su gestión. Un policía dotado de fuerza y de razón, es en teoría lo propuesto por la UNES [1].

Me arriesgo a generalizar que en casi todos los países latinoamericanos, la policía viene de estar compuesta por “agentes policiales que no compartían información con los jueces y fiscales, usaban testigos falsos, destruían y creaban pruebas, formulaban cargos contra personas inocentes, protegían oficiales abusivos, y a veces culpaban a sospechosos para no hacer una investigación…” [2][2] .

Y de la aplicación del uso desproporcional de la fuerza; por eso la muerte del abogado colombiano Javier Ordóñez Bermúdez,  y como consecuencia la sublevación de la población en algunos sectores de Bogotá. Poco ha cambiado aquella policía del siglo XX. Ahora no es bueno generalizar, porque también es importante reconocer al policía ético y con sólida formación moral capaz de razonar con criterio humanista.

Sin embargo, una de las quejas más comunes de la población es la de la extorsión policial, coima como le dicen en Chile o matraca como se señala en Venezuela. Por cierto que la palabra “matraca” tiene origen en la etimología árabe “taraga” que significar “golpear”; que no es literalmente lo que hacen los policías extorsionadores, más hay un trato de “violencia” persuasiva cuando los funcionarios se acercan a la víctima con la mano puesta en la cartuchera de su arma de reglamento como suele suceder.

Ocurre con frecuencia en puntos de control por donde circulan vehículos de carga cuyo transportista se ve obligado a descontar de sus mercancías legales, productos transportados para el consumo humano, con facturas, documentos en regla, sin embargo siempre ese policía corrupto tendrá una excusa para detener preventivamente al conductor y exigirle un “regalo”, un “favor” que es realmente una “limosna” solicitada mediante un acto de sugestión autoritaria.

Esta práctica se ha expandido en tiempos de pandemia cuando las regulaciones de tránsito se han incrementado, especialmente en países con alta incidencia de economía informal como Perú y Ecuador.

Vemos como algunos funcionarios usando tapabocas y chalecos antibalas como debe ser, pero, para no ser identificados ocultan sus identidades, que deben ser visibles obligatoriamente, ante la posible denuncia de sus víctimas. Agregamos a esto el riesgo de la actuación de policías corruptos que por extorsión permiten la circulación y tráfico de contrabando o de sustancias prohibidas muy comunes en países de alto tráfico de drogas ilícitas.

Pero esto no solo pasa con algunos “policías de punto”, sino con las policías judiciales que son auxiliares de las fiscalías en los procedimientos legales generados a partir de presuntos hechos punibles. Son millones de dólares en el tráfico de expedientes “arreglados” a conveniencia de quienes tienen la potestad de entregarlos o no, revisarlos o no, transformarlos o no.

Hagamos una revisión a altos o medios funcionarios del ámbito policial judicial y examinemos sus bienes materiales antes y después de asumir un alto cargo. Muchos de los bienes han sido “exportados” del país de origen y se localizan en Panamá o en otros paraísos fiscales del mundo, mucho dinero derivado del tráfico de drogas o corrupción. Las investigaciones le corresponden a los órganos de control interno policial y fiscal, pero también al ciudadano común que debe denunciar, porque ni el amor, ni el humo de un cigarrillo, ni los bienes mal habidos se pueden ocultar de miradas escrutadoras de control.

Visto así el diagnóstico, nos queda a los ciudadanos hacer la denuncia ante una extorsión policial como inicio de un proceso de investigación; pero más allá de esas operaciones de asepsia policial es muy necesario formar y caracterizar al prospecto de funcionario policial.

Ese joven que llega a la academia y cuyo origen por lo general es humilde, sin recursos, muchas veces conviviendo con delincuentes en su propia comunidad, con valores determinados por el “tener un hierro”, un arma de fuego para ejercer poder sobre otros en el ánimo de ser reconocido por esa vía.

Ese no és el prospecto de policía que una academia debe seleccionar, sin embargo es al parecer el que más llega para hacerse de una profesión y de un arma de fuego que le dé “poder”, sin pensar o tener conciencia de la enorme responsabilidad que implica su rol como servidor público capaz de valorar la justicia como virtud.

Si en Colombia han establecido medios de contingencia para prevenir la extorsión policial, no observamos sino mecanismo de post control para las denuncias y atención inmediata con líneas telefónicas seguras de contacto a través del GAULA, Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, siguen con debilidades en el asunto ético y en el uso desproporcional de la fuerza como lo observamos recientemente.

En Venezuela expresamente las instituciones del Estado han decretado las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales”.

Así observamos la aplicación de esta regulación en las acciones violentas opositoras del año 2017, cuando los cuerpos policiales controlaron gradualmente la situación; igual que la Ley contra el secuestro y la extorsión que establece sanciones severas contra funcionarios que incurran en el delito. Nos queda un largo trecho para reducir la brecha de la corrupción policial pero no hay otro camino y se comienza por un estado de conciencia ética comprendida de los jóvenes funcionarios policiales.

Un valor fundamental.

Notas

[1]UNES Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

[2]Ungar Mark (2003) La policía venezolana: el camino peligroso de la politización. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 9, núm. 3, septiembre-diciembre, 2003, pp. 205

*Historia Viva