Reprimen protesta de estudiantes contra autoritaria ley de seguridad de Kast
Estudiantes de secundaria y universidad marcharon por las calles de Santiago y chocaron con la policía cuando fueron reprimidos para impedir su avance, en una protesta contra la agenda de seguridad que impulsa el gobierno de José Antonio Kast, la cual criminaliza y penaliza el malestar ciudadano.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que lanzó la convocatoria, y la Red de Solidaridad, denunció que al tiempo que se impulsan leyes que favorecen a grandes empresas, por ejemplo, con una sustantiva rebaja de impuestos, continúan pendientes problemas que afectan a las comunidades educativas
Las organizaciones estudiantiles sostienen que las medidas de ajuste del Ejecutivo buscan profundizar el deterioro de la calidad de vida de las familias trabajadoras en función de alianzas e intereses internacionales. Asimismo, los dirigentes cuestionaron el uso del discurso punitivo como mecanismo de contención de la protesta social. En esa línea, los convocantes señalaron en un comunicado que las autoridades «utilizan la bandera de la seguridad solo para dotarse de herramientas de control social, enfocándose en criminalizar a la juventud».
La policía militarizada de Carabineros atacó con cañones de agua y gases lacrimógenos a los manifestantes cuando querían caminar por la avenida Alameda, desde la Plaza Italia hasta el palacio de La Moneda. “¡Igual que (Augusto) Pinochet!”, gritaron los manifestantes contra Kast, comparándolo con el ex dictador (1973-1990).
El plan de Kast considera ocho modificaciones a la Constitución para enfrentar el crimen organizado, pero la más polémica es el intento de establecer otro estado de excepción que el presidente podría decretar por su única voluntad y sin consulta al Congreso, hasta por ocho meses, en caso de grave amenaza a la seguridad pública.
Constitucionalistas han rechazado la reforma advirtiendo que debilita los controles democráticos y restringe las libertades civiles.
El abogado Javier Couso indicó que la Constitución actual no impide combatir el crimen organizado, por tanto, la reforma no es necesaria para lograr los objetivos de la agenda de seguridad.
Criticada por ser “iliberal” –y no liberal– debido a la concentración de poder en el Ejecutivo, advierten que abre la puerta a un “autoritarismo legal” o a una “dictadura constitucional”.El rechazo generado entre varios sectores hace improbable que esa reforma sea aprobada, porque no reúne los votos de la mayoría calificada en el Parlamento.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, calificó al Gobierno como “autoritario” y cuestionó la respuesta policial durante la jornada.
“Hoy los estudiantes del país nos movilizamos frente a un gobierno autoritario, un gobierno de recortes, de retroceso, un gobierno que cada vez se quiere asemejar más a los tiempos dictatoriales de este país”, sostuvo.
Mlynarz afirmó que la movilización se desarrollaba pacíficamente y que contaba con autorización de la Delegación Presidencial. “¿Cómo nos recibieron? Con represión en las calles, criminalizando a los estudiantes y cortando una movilización pacífica”, señaló
¿Seguridad o represión?
La policía militarizada de carabineros atacó con cañones de agua y gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra las iniciativas de reforma legales y constitucionales en materia de seguridad impulsadas por el presidente José Antonio Kast. Los asistentes a la marcha, en su mayoría estudiantes de bachillerato y universitarios, compararon la agenda del mandatario ultraderechista con la de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entre las medidas más polémicas impulsadas por Kast se encuentra facultar al titular del Ejecutivo para declarar estados de excepción por hasta 240 días sin consultar al Congreso, periodo durangte el cual el presidente podría restringir los derechos de movimiento, reunión y asociación, así como interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones… y confiscar bienes.
La otra propuesta, que ha sido denunciada por sus graves consecuencias para los derechos humanos, consiste en privar de atención médica y otros servicios provistos con dinero público a los condenados por crimen organizado o “terrorismo”. Este castigo se extendería 15 años después de que los presos hayan cumplido sus sentencias.
El gobierno de coalición derechista justifica tales disposiciones autoritarias y punitivistas con la necesidad de combatir la inseguridad y el narcotráfico, aduciendo que la naturaleza de los nuevos actores delictivos exige dotar al Estado de mayores capacidades y eliminar obstáculos burocráticos.
Si bien la sociedad chilena considera al fenómeno criminal como el principal problema del país y que eligió al actual gobierno movida, en buena parte, por las promesas de mano dura y populismo penal, la pretensión presidencial de pasar por encima del Legislativo y conculcar las garantías individuales es rechazada por 58 por ciento de los electores, según una encuesta reciente.
La prioridad otorgada a la seguridad pública contiene un elemento paradójico: de manera objetiva, Chile no sólo es uno de los países más seguros de América Latina, sino que además lleva tres años de reducción sostenida en delitos de alto impacto. Su tasa de homicidio es de 5.4 víctimas por 100 mil habitantes, en contraste con las 50 muertes violentas en el cercano Ecuador, 26 en Colombia, 19 en Brasil o 15.4 en México.
Los delitos muestran una caída de más de 10 por ciento de 2024 a 2025, es decir, sin necesidad de desatar la violencia de Estado. El robo de vehículo y los robos con violencia o intimidación también registran disminuciones sustanciales.
Para los analistas, entender que una problemática relativamente bajo control cobre tal intensidad en la percepción pública es preciso considerar la aparición de bandas organizadas, nuevas modalidades de extorsión, la disputa armada entre distribuidores locales de drogas y el punto de comparación con la tranquilidad previa; pero también el papel de los partidos de derecha y los medios de comunicación que difundieron una narrativa de ingobernabilidad a fin de desestabilizar a la pasada administración encabezada por Gabriel Boric (2022-2026).
A todo ello se debe añadir la ineptitud de este gobierno para procesar las demandas sociales en todos los ámbitos, se comprende el actual giro hacia un régimen autoritario, represivo y poco dispuesto a respetar los derechos humanos. La represión desplegadael jueves sugiere que Kast usa los problemas reales de seguridad como un pretexto para profundizar la criminalización de la protesta, el Estado policial y de vigilancia, y otros males que Chile arrastra desde el pinochetismo.
*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)