Reglamente, Dilma!

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VENICIO DE LIMA | Reglamentar es lo mismo que regular, verbo de origen latino que significa establecer reglas para; establecer orden; acertar, ajustar.  Uno de los roles  fundamentales del Estado es justamente “establecer reglas” –políticas públicas– relativas a los diferentes sectores de actividad existentes en una sociedad para servir al interés colectivo.

Venício A. de Lima – Alainet

En las últimas décadas, actores sociales poderosos consiguieron hacer preponderante, en todo el planeta, la perspectiva política que postula límites estrictos al papel regulador del Estado.  Es el llamado “Estado mínimo” del ideario neoliberal.  Los resultados desastrosos de esa política se hicieron evidentes, a partir de 2008, con la crisis global de los mercados financieros.  Y sus consecuencias siguen provocando estragos enormes alrededor del mundo.

Es interesante anotar, sin embargo, que, aún en una época en que dominó la perspectiva neoliberal, una actividad fue y continúa siendo objeto de regulación del Estado: las comunicaciones, que comprende a los antiguos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y el nuevo espacio de las TICs, las tecnologías de información y comunicación.

No sólo en nuestros vecinos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay, sino también en Inglaterra se desarrolla un intenso debate sobre regulación y autorregulación, ejemplos elocuentes por sí mismos.

Son muchas las razones que justifican el imperioso papel regulador del Estado en las comunicaciones. La más evidente (ciertamente) es la revolución digital en la cual se encuentra inmerso el sector, que disolvió las fronteras entre las telecomunicaciones (telefonía, transmisión de imágenes y datos), la comunicación social (radio, televisión) y las TICs.  Ese tsunami tecnológico provoca enormes resonancias en el conjunto de la sociedad, desde la transformación radical de los modelos de negocio hasta la reinvención de la sociabilidad humana, que ahora se expande viralmente por las redes sociales.

Una razón tal vez menos evidente al sentido común, sin embargo, es la centralidad cada vez mayor de las comunicaciones en las democracias contemporáneas.  La universalización de la libertad de expresión adquiere un carácter fundante para la construcción de la ciudadanía activa y republicana.

En Brasil, incluso actores históricamente opuestos a cualquier cambio en el status quo del sector de comunicaciones dan señales públicas de finalmente reconocer que algún tipo de regulación del Estado se hace inevitable e impostergable.

Para señalar tan sólo los ejemplos más elocuentes: la principal referencia legal para la radiodifusión, el Código Brasileño de Telecomunicaciones (Ley nº 4.117/1962),  cumple cincuenta años (!) el próximo mes de agosto.  La Ley General de Telecomunicaciones (nº 9.472/1997), a pesar de ser  relativamente reciente, entre otras cuestiones ya nació desfasada al separar telecomunicaciones y radiodifusión.  Y las normas y principios de la Constitución de 1988 –que, por primera vez, introdujo un capítulo específico sobre la Comunicación Social– en su mayoría no fueron reglamentados, y por lo tanto no se cumplen.  Peor aún, el artículo 224 que instituye el Consejo de Comunicaciones Social, a pesar de estar reglamentado, viene siendo incumplido por el Congreso Nacional desde diciembre de 2006.

Pero no se trata sólo de una cuestión legal.  Reglamentar las comunicaciones implica para el Estado cumplir con su rol de garantizar la universalización de la libertad de expresión, asegurar mayor diversidad y pluralidad de voces en el debate público y posibilitar la construcción ciudadana de una opinión pública republicana y democrática.

La realización de la primera Conferencia Nacional de Comunicación en diciembre de 2009, a pesar de que fue boicoteada por los empresarios de la comunicación, colocó el tema de la regulación en la agenda pública.  En los últimos meses, a pesar de la omisión deliberada y de la satanización liberal que la gran media aún hace del tema, es innegable que existe una creciente movilización de partidos políticos y de la sociedad civil organizada en torno a la necesidad de la regulación de las comunicaciones.

Por todo eso, por la consolidación de una democracia republicana, y en nombre de la mayoría indiscutible del apoyo popular que su mandato ha recibido: reglamente, Dilma! (Traducción: ALAI)

– Venício A. de Lima es periodista, profesor jubilado de la UnB y autor de “Política de Comunicaciones: un balance de los Gobiernos Lula (2003-2010”,  Editora Publisher Brasil, 2012, , entre otros libros.

http://www.teoriaedebate.org.br/colunas/midia/regulamenta-dilma