Rafael Ramírez: “China no es imperialista”
Una larga conversación en el vestíbulo de un hotel de Roma: el exministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, reconstruye los acuerdos con China, la transferencia tecnológica y el contraste con el nuevo control estadounidense sobre los recursos del país sudamericano y caribeño.
Conocí a Rafael Ramírez en la Escuela de Política de Stefano Fassina, exdiputado del Partido Democrático, donde ambos participábamos como ponentes. Durante el debate había surgido una cuestión que me interesaba especialmente, dado que llevo años ocupándome de China y sus relaciones internacionales: la tendencia, presente también en una parte de la izquierda europea, a equiparar la expansión económica china con el imperialismo estadounidense. Ramírez había intervenido distinguiendo claramente ambos enfoques, precisamente a partir de la experiencia venezolana. Las empresas chinas, explicó, habían aceptado las condiciones establecidas por el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, mientras que la relación histórica con las compañías estadounidenses había situado desde siempre a Venezuela en una posición de subordinación económica y, por consiguiente, también en materia de política económica.
Aquella respuesta merecía profundizarse. Ministro de Petróleo y Minería durante la presidencia de Chávez y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2014, Ramírez desempeñó un papel central en la reorganización de la industria de hidrocarburos y en la construcción de la cooperación energética con la República Popular China. Acordamos, por tanto, continuar la conversación, que retomamos casi un mes después en el vestíbulo de un hotel de Roma.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué distingue una relación económica internacional basada en el desarrollo conjunto de otra en la que una potencia extranjera controla las condiciones de explotación de los recursos de otro país? Ramírez formula un juicio categórico, que repite varias veces a lo largo de la conversación: “China no es un sistema imperialista”.
Un siglo de expolio y la respuesta de clase
Para comprender la naturaleza de los acuerdos con Beijing, Ramírez invita a mirar al siglo anterior. Recuerda que su abuelo fue trabajador petrolero, al igual que su padre: la historia de la industria petrolera venezolana atraviesa también su propia historia familiar. Durante cien años, cuenta, Estados Unidos y sus empresas transnacionales extrajeron riqueza del subsuelo venezolano para alimentar su maquinaria industrial, en tanto dejaron al país apenas una parte marginal de los beneficios. “Durante cien años se llevaron el petróleo”, afirma. “Nosotros sostuvimos el crecimiento económico y militar de Estados”.
La ruptura con este modelo no fue un simple acto diplomático, sino una confrontación sobre las relaciones de propiedad, la apropiación de la renta y el poder de decidir el destino de la riqueza nacional. Ramírez recuerda el sabotaje de la industria petrolera de 2002-2003 y el enfrentamiento directo con gigantes como ConocoPhillips y ExxonMobil. Solo después de recuperar el control de la renta, Venezuela pudo utilizar el petróleo no ya para alimentar principalmente las ganancias de las multinacionales, sino para “hacer una revolución”. “Por primera vez, el petróleo se utilizó en nuestro país para beneficiar al pueblo”, explica, citando las Misiones sociales desarrolladas también mediante la cooperación con Cuba y Fidel Castro, y la creación de Petrocaribe, que suministraba energía en condiciones favorables a dieciocho países del Caribe.
Lo que Ramírez define como una “postura nacionalista” pasó a formar parte de la ola progresista latinoamericana más amplia. Recuerda a Lula, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Rafael Correa, Evo Morales, Néstor Kirchner y a los demás protagonistas de una etapa en la que la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales se entrelazaba con el proyecto de integración regional. La cuestión nacional adquiría así una dimensión social y continental: sustraer la renta al control de las transnacionales significaba ampliar los recursos disponibles para la transformación económica interna y para construir relaciones regionales menos subordinadas a Washington.
El giro hacia Beijing y el fin de la subordinación
La diversificación de las relaciones internacionales era una parte esencial de esta estrategia de emancipación. El giro hacia Beijing se desarrolla sobre todo después de 2004, cuando el Gobierno bolivariano restablece el control efectivo de PDVSA. Ramírez nos habla de las misiones a China y de las relaciones con Ma Kai, entonces presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), uno de los organismos centrales de la planificación económica china.
Beijing buscaba suministros estables; Caracas necesitaba mercados, financiación y tecnologías. Pero el Gobierno de Chávez no quería limitarse a vender crudo. La condición propuesta a los socios chinos fue clara: “Ustedes también tienen que participar con nosotros en la producción de petróleo”.
Uno de los episodios más significativos tiene que ver con la Orimulsión, un combustible obtenido mediante la emulsión de betún venezolano con agua y vendido a precios vinculados a los del carbón. Ramírez habla inicialmente de una “estafa” contra Venezuela. Le objeto que se trataba de un producto destinado a generar electricidad, distinto del crudo: “No me parece una estafa venderlo al precio del carbón”. Ramírez reconoce el problema de lenguaje: “La palabra estafa quizá sea muy fuerte en italiano”. Precisa entonces que, para Venezuela, se trataba de un mal negocio y vuelve al punto decisivo: el Gobierno de Chávez quiso interrumpir la producción de Orimulsión y negociar con China National Petroleum Corporation (CNPC) el paso al crudo pesado dentro del marco de la nueva legislación de hidrocarburos. La empresa china, cuenta, fue una de las primeras en adaptarse a las normas que garantizaban la mayoría pública en las empresas mixtas, abriendo el camino a proyectos como Petrolera Sinovensa.
Los estados financieros de PDVSA presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el órgano regulador de los mercados de valores estadounidense, precisan que esta renegociación también implicó una compensación de 300 millones de dólares, más intereses, reconocida a la subsidiaria de CNPC PetroChina. La nueva Sinovensa se constituyó con 60 % de capital venezolano y 40 % chino. La controversia se resolvió mediante un acuerdo que protegía los intereses de la contraparte y permitía a Venezuela aplicar su legislación y mantener el control mayoritario de la producción. China reconocía la soberanía del país productor y seguía participando en su desarrollo industrial.
Pero la cooperación no se limitó a la extracción. Ramírez relata un aspecto fundamental de la transferencia tecnológica: “Envié a cien trabajadores venezolanos a China”, dice, para formarse en tecnologías de perforación y maquinaria. Recuerda la construcción de una fábrica de equipos de perforación y el inicio de la producción de tuberías y equipamiento. Surgieron empresas mixtas como Industria China Venezolana de Taladros: el objetivo era construir una cadena industrial autónoma y reducir la dependencia de las tecnologías y los suministros occidentales.
La diversificación de proveedores era solo el primer paso. El proyecto aspiraba a modificar la posición de Venezuela en la división internacional del trabajo, desarrollando capacidades productivas propias y presencia en segmentos industriales de los que el país había quedado históricamente excluido. Era un proyecto de soberanía tecnológica que, según el exministro, no tuvo posteriormente una continuidad adecuada.
El Fondo China-Venezuela: financiación sin chantaje político
La conversación aborda luego el funcionamiento del Fondo Chino-Venezolano. Ramírez cifra en unos 40.000 millones de dólares la financiación correspondiente a los programas supervisados durante su gestión. Esta cifra no coincide necesariamente con el total acumulado de los créditos chinos concedidos a Venezuela en años posteriores. Los reembolsos estaban vinculados a las exportaciones petroleras: le pregunto cómo evitar que el servicio de la deuda comprometiera los ingresos del país. Ramírez recuerda que Venezuela debía conservar recursos para la economía interna y explica la solución negociada: “Un límite máximo. Cada mes pueden salir como máximo ocho millones de barriles”. Según sus cálculos, cuando dejó el Gobierno ya se habían reembolsado dieciséis mil millones.
Sin embargo, la característica en la que insiste con más fuerza se refiere a las condicionalidades. “China no impuso ninguna condición”, afirma, refiriéndose a las políticas económicas internas: según su testimonio, Beijing no exigía a Caracas intervenir sobre el precio de los combustibles, recortar los programas sociales ni modificar sus prioridades para salvaguardar la deuda. Le pregunto entonces si este enfoque era habitual en las negociaciones chinas o si dependía de una habilidad negociadora venezolana particular. “No, pienso que es así”, responde, e insiste: “Esto es una información, un hecho. El chino no es un sistema imperialista”. Cuando le pregunto si me está diciendo que el famoso win-win era realmente algo más que un eslogan, recuerda la expresión utilizada por los interlocutores chinos: “Beneficio mutuo”. Las garantías sobre los ingresos petroleros protegían al acreedor sin implicar la cesión de los yacimientos, la privatización de PDVSA ni el abandono del proyecto económico bolivariano. Por tanto, las obligaciones financieras y comerciales, incluido el eventual recurso a suministros chinos, no equivalían a condicionalidades sobre las decisiones de política económica interna: eran compromisos contractuales negociados, no formas de injerencia política en el modelo de desarrollo venezolano. China aceptó financiar un desarrollo orientado hacia el socialismo, asumiendo un riesgo financiero considerable y sin exigir garantías en detrimento de la soberanía venezolana.
Ramírez contrapone este enfoque a la relación histórica con las empresas estadounidenses y recuerda que, a finales de los años noventa, Venezuela vendía crudo a las compañías norteamericanas a unos seis dólares por barril, mientras el precio internacional rondaba los diez. “Y eso es imperialismo”, concluye.
El punto central es la relación entre financiación y poder político. Venezuela asumía obligaciones financieras, incluso estrictas, pero conservaba la capacidad de decidir sus políticas económicas; el crédito chino no subordinaba la continuidad del proyecto bolivariano a la adopción de un programa de ajuste impuesto por el financiador.
La “trampa de la deuda” que no se materializó
El desplome de los precios del petróleo, la contracción de la producción y las sanciones estadounidenses comprometieron progresivamente la capacidad de Caracas para reembolsar íntegramente los préstamos. A comienzos de 2026, según estimaciones de analistas financieros, la deuda pendiente con China se situaba en el orden de los 10.000 a 15.000 millones de dólares. Es aquí donde el caso venezolano permite poner a prueba la narrativa de la llamada trampa de la deuda, según la cual Beijing concedería deliberadamente créditos destinados a volverse insostenibles para apropiarse después de los recursos estratégicos de los países deudores.
En el caso venezolano, esa dinámica no se produjo. Ante las dificultades de pago, China negoció aplazamientos y moratorias del principal en 2016 y 2020, sin aprovechar la insolvencia para adquirir coercitivamente los yacimientos o imponer la transferencia de la soberanía petrolera. El riesgo de impago no era teórico: se materializó efectivamente y ni siquiera entonces Beijing exigió garantías incompatibles con la soberanía venezolana. El acreedor chino disponía de instrumentos contractuales para proteger el reembolso, incluidos derechos sobre los ingresos de las ventas petroleras, pero la crisis de la deuda no desembocó en el desmantelamiento del control público de la industria petrolera en beneficio de China: la expropiación de los recursos nacionales prevista por la narrativa de la trampa de la deuda no ocurrió.
El nuevo orden estadounidense: el imperialismo de 2026
La comparación con el nuevo orden petrolero impuesto por Estados Unidos tras la intervención militar de enero de 2026 y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa resulta particularmente elocuente. El acuerdo anunciado a finales de agosto y detallado por la Casa Blanca el 31 de agosto con North American Blue Energy Partners (NABEP), sociedad controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, abarca diecisiete yacimientos, con concesiones de hasta cien años y alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas declaradas. El Gobierno estadounidense obtuvo el derecho a adquirir el 35 % de la sociedad matriz, facultades sobre los nombramientos del consejo de administración, el derecho a comprar al costo de producción el 20 % del crudo correspondiente al operador y el derecho de adquisición preferente del 80% restante a precio de mercado.
La diferencia entre ambos enfoques concierne al control de la producción y de la riqueza petrolera. China había negociado su participación respetando la legislación que garantizaba al Estado venezolano la mayoría en las empresas mixtas. El acuerdo con NABEP, en cambio, atribuye a Washington facultades de decisión superiores a su participación accionarial minoritaria y derechos preferenciales sobre la compra de crudo. Ramírez ilustra el mecanismo con un ejemplo: un barril valorado en el mercado en torno a 80 dólares podría ser adquirido por Estados Unidos al costo de producción, que él estima en unos 14 dólares, en lo que respecta a la cuota prevista en el acuerdo. “Trump lo dice: quien ganó la guerra se lleva el botín. Eso es imperialismo”.
Los activos chinos y la soberanía bajo tutela
La reorganización impuesta por Washington no afecta únicamente al futuro de la industria petrolera, sino también a derechos económicos ya constituidos. La reforma de la legislación de hidrocarburos, aprobada el 29 de enero de 2026 a iniciativa del Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, y el posterior sistema de autorizaciones estadounidenses modifican profundamente las condiciones en las que pueden operar las empresas extranjeras y cuestionan la continuidad de proyectos y contratos que involucran capital chino y ruso.
La cuestión aún no está cerrada. Preguntado por el margen de maniobra de Beijing, Ramírez es categórico: “Tienen que negociar”. Según su testimonio, las empresas chinas ya han perdido el control operativo de las actividades en las que participaban, pero conservan sus derechos contractuales. “Esta zona petrolera fue concedida a China conforme a la ley venezolana, conforme a todos los mecanismos legales. Entonces, eso debe respetarse”, insiste.
Para Ramírez, la cuestión atañe a las inversiones realizadas por China y a los acuerdos suscritos con Venezuela. “Si Trump ya no respeta a Venezuela, por lo menos debe respetar a China, porque China hizo inversiones importantes y tenía una participación”. Ramírez sostiene además que las exportaciones hacia China se han interrumpido: “Cero petróleo para China, cero para Cuba”. Se refiere a la situación que describe en el momento de la entrevista y los datos comerciales de los últimos meses parecen confirmarlo.
Las inversiones chinas y los créditos todavía pendientes de recuperación constituyen, por tanto, una zona gris económica y jurídica. Le pregunto si Trump podría utilizar esta ambigüedad como palanca negociadora en sus relaciones con Beijing, también en otros expedientes, como el de las tierras raras. Ramírez no se pronuncia directamente sobre esta hipótesis, pero insiste en la necesidad de negociar: “También por el derecho internacional tienen que negociar”.
La ruptura dentro del chavismo y el destino del proyecto industrial
Ramírez no ahorra críticas al Gobierno que heredó la presidencia tras la muerte de Chávez. “Chávez fue un revolucionario”, afirma, contraponiendo aquella etapa a las decisiones de Maduro, que considera un retroceso respecto al proyecto bolivariano. Su crítica se centra sobre todo en el deterioro de PDVSA, el debilitamiento de los programas sociales y la falta de continuidad de numerosos proyectos industriales y regionales.
Esta valoración forma parte de la fractura política interna del chavismo y no agota la explicación de la crisis venezolana, marcada por sanciones, presiones económicas y, finalmente, por la intervención militar estadounidense. En lo que respecta a China, Ramírez considera que una parte importante de la cooperación industrial concebida durante el Gobierno de Chávez perdió continuidad. Cuando le pregunto si las empresas mixtas chino-venezolanas siguen produciendo maquinaria y componentes, admite: “Todavía no lo sé… todavía no lo sé”. Sostiene después que algunas relaciones se dejaron de lado. Insisto para entender la distinción: “¿Abandonado? ¿En qué sentido? ¿Cerró?”. “No, se dejó de lado”, precisa. El juicio sobre la gestión de los proyectos es suyo; no equivale a la interrupción de las relaciones institucionales entre Caracas y Beijing, que, de hecho, continuaron.
Las relaciones políticas y económicas entre Caracas y Beijing, por lo demás, nunca se interrumpieron. En septiembre de 2023 se elevaron al nivel de “asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo”, mientras proseguían los encuentros institucionales y los programas de cooperación bilateral. Por tanto, hay que distinguir el destino de cada proyecto industrial de la continuidad general de la relación chino-venezolana.
El encuentro del 2 de enero: seiscientos acuerdos y una pregunta aún abierta
Una coincidencia temporal que señalo a Ramírez hace todavía más complejo el panorama: el 2 de enero de 2026, pocas horas antes de la intervención militar estadounidense, Nicolás Maduro recibía en Caracas a una delegación china de alto nivel encabezada por Qiu Xiaoqi, representante especial del Gobierno chino para Asuntos de América Latina y el Caribe.
El encuentro trataba sobre la revisión del marco de cooperación bilateral, que comprendía unos seiscientos acuerdos firmados a lo largo de los años. No sabemos cuáles de ellos se estaban examinando realmente, cuáles debían actualizarse ni qué proyectos podrían haberse relanzado. La visita, leída a la luz del testimonio de Ramírez, plantea una pregunta importante: ¿figuraban entre las iniciativas examinadas aquel día algunos de los programas de industrialización, transferencia tecnológica y desarrollo productivo conjunto concebidos durante el Gobierno de Chávez?
Preguntado por la coincidencia temporal con la intervención estadounidense, Ramírez considera que no dispone de elementos para establecer una relación causal. Observa que, a su juicio, la operación estadounidense llevaba mucho tiempo preparándose y no atribuye a la presencia de la delegación china un papel determinante en la elección del momento del ataque.
Queda, sin embargo, el dato político: en vísperas de la captura de Maduro, Caracas y Beijing seguían debatiendo el futuro de la cooperación, prueba de que la relación entre ambos países conservaba una dimensión estratégica, a pesar de los proyectos inconclusos y de la considerable deuda pendiente.
Más allá de la renta: la lección bolivariana
El testimonio de Rafael Ramírez permite reconstruir una experiencia en la que la cooperación con China no se limitaba a la compra de materias primas, sino que incluía participación productiva, financiación sin chantaje político, transferencia tecnológica y proyectos industriales conjuntos. Las empresas chinas operaron dentro del marco de la legislación venezolana; Beijing negoció las condiciones económicas de los préstamos sin imponer programas de ajuste de la política interna y, aun ante una deuda cuantiosa que quedó parcialmente impagada, no utilizó esa posición para apropiarse de los recursos del país deudor.
Para América Latina y el Sur Global, la cuestión afecta directamente a la relación entre soberanía política y soberanía económica. El proyecto bolivariano había tratado de transformar el petróleo, de instrumento de dependencia, en palanca del desarrollo nacional, utilizando el control de la renta para financiar la transformación social, construir capacidades productivas y fortalecer la integración regional.
La historia de la cooperación chino-venezolana y su actual inversión de sentido muestran, por tanto, que el carácter de una relación económica internacional se revela en las relaciones de poder que produce, más allá del volumen de inversiones e intercambios. La cuestión decisiva sigue siendo quién controla los recursos, quién se apropia de la renta y quién conserva la capacidad de orientar la acumulación hacia el desarrollo social y productivo.
Es en este terreno donde la distinción que establece Ramírez entre China y Estados Unidos adquiere su significado más profundo. Y Venezuela ofrece una prueba histórica especialmente importante: cuando la crisis de la deuda se hizo real, Beijing trató de recuperar sus créditos sin exigir que Venezuela renunciara a la soberanía sobre sus recursos; Washington, en cambio, tras la intervención militar, adquirió nuevos poderes directos sobre la producción y la circulación del petróleo venezolano, bloqueando de hecho las posibilidades de desarrollo industrial del país. Esto trasciende cualquier juicio sobre la gestión de Maduro y pone de manifiesto una violación de toda forma de derecho internacional, así como del derecho de autodeterminación de un pueblo, presentada como solución a problemas económicos que, evidentemente, ya estaban en vías de solución mediante la reactivación en curso de las relaciones chino-venezolanas.
La soberanía no es una fórmula jurídica abstracta. Es la capacidad material de un pueblo para disponer de la riqueza que produce y de los recursos sobre los cuales construye su futuro; los hechos demuestran que está ocurriendo exactamente lo contrario.