Perú: Defensores indígenas, enfrentan violencia, abandono e impunidad
En Perú, el último Informe sobre la Amazonia revela un panorama alarmante: líderes indígenas amenazados por el narcotráfico, economías ilegales y la indiferencia del Estado.
En el corazón de la Amazonía peruana, los defensores indígenas enfrentan una amenaza creciente y silenciosa: la expansión imparable de economías ilegales, la debilidad institucional y la indiferencia estatal. El reciente estudio “Situación de los Defensores Indígenas en Ucayali 2024”, elaborado por ORAU, ProPurús y DAR, ofrece una mirada cruda y urgente sobre esta problemática.
Economías ilegales: el corazón del conflicto
Ucayali, junto a zonas de Loreto y Huánuco, alberga una de las mayores diversidades biológicas del país y una fuerte presencia de pueblos indígenas. Sin embargo, esta riqueza natural ha sido convertida en campo de batalla por actividades ilícitas como la minería de oro, el narcotráfico y la tala ilegal. Entre 2015 y 2025, estas economías movieron casi USD 200 mil millones en la región, dejando a su paso deforestación, contaminación y violencia.
En Ucayali, el 53% del territorio pertenece a pueblos indígenas. No obstante, más del 26% de las comunidades tituladas sufren superposición de derechos, donde el Estado otorga concesiones sobre tierras ancestrales, alimentando conflictos y desprotección jurídica.
Defender el territorio es una sentencia de muerte
Desde 2020, las amenazas contra defensores han aumentado notablemente. En 2023 se registraron 61 casos, y en lo que va de 2024 ya van 48. El pueblo Shipibo-Konibo concentra la mayor cantidad de amenazas (107 casos), mientras que el pueblo Kakataibo sufre la mayor tasa de asesinatos: 9 de los 19 casos documentados en los últimos años. Las mujeres defensoras, además, enfrentan violencia agravada por razones de género.
Defender la tierra cuesta la vida
El estudio documenta un incremento sostenido de amenazas desde 2020, con un pico de 61 casos en 2023 y 48 casos reportados en 2024. El pueblo Shipibo-Konibo lidera en número de amenazas, mientras que el pueblo Kakataibo presenta la mayor tasa de asesinatos: 9 de 19 líderes indígenas asesinados en los últimos años.
Las mujeres indígenas defensoras enfrentan riesgos adicionales por razones de género, y muchas veces carecen de mecanismos adecuados de protección.
Un Estado que llega tarde —o no llega
A pesar de que existen mecanismos de protección como las garantías personales, su aplicación es mínima y lenta: solo 38 resoluciones emitidas para 105 personas entre 2020 y 2024. De los 19 casos de asesinato, solo 5 han llegado a una sentencia. Casos emblemáticos como los de Saweto y Unipacuyacu evidencian un sistema judicial lento, ineficiente y ajeno a la realidad intercultural de los pueblos indígenas.
Recomendaciones urgentes
El estudio hace un llamado claro: ya no basta con marcos legales. Se requiere intervención directa en el campo. Algunas medidas urgentes incluyen:
- Asegurar legalmente los territorios indígenas y planificar su uso sostenible.
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana (como SAAT, Tsiroti y ODDA).
- Dotar de recursos y personal a la Policía Nacional y el Ministerio Público.
- Apoyar y fortalecer a las guardias indígenas.
- Integrar el desarrollo territorial con mejoras reales en las condiciones de vida.
La situación de los defensores indígenas es crítica. Su lucha por el bosque, el agua y el territorio ancestral es también una lucha por el futuro de todos. En un contexto de creciente violencia y retroceso de derechos, el Estado peruano y la sociedad civil tienen la responsabilidad de actuar con decisión y urgencia.
*Informe sobre la situación de los defensores indígenas 2024 elaborado por la organización regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación Propurús.