Panorama Económico Latinoamericano – Del 11 al 18 de diciembre de 2024
YPF–Litio, el abandono de un proyecto argentino de desarrollo
Alejandro Casalis y Hernán P. Herrera
El gobierno de la Libertad Avanza se propuso privatizar a las empresas públicas desde el inicio de su gestión. Primero lo intentó con el mega DNU 70/23 donde, entre sus más de 600 artículos, incluyó a 41 empresas como YPF, ARSAT, el Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina S.A. que tiene a cargo las centrales nucleares, Energía Argentina SA (ex IEASA), Aguas Argentinas, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martin”, Empresas ferroviarias, un astillero, Vehículo Espacial Nueva Generación S.A (VENG), EDUCAR, S.A. y las empresas del Sistema de Medios Públicos, por solo nombrar algunas de ellas.
El DNU fue rechazado en el Senado y nunca tratado en Diputados, con lo que está vigente. Pero para atemperar el rechazo a la privatización de las empresas públicas, el gobierno volvió a insistir presentando en el Congreso una primera versión de la “Ley Bases”. Allí incluyó nuevamente a las 41 empresas públicas que quería privatizar, pero luego de sucesivas negociaciones debió retirar a YPF, el Banco Nación, ARSAT y Aerolíneas Argentinas, entre otras, y dejar sólo 9 de aquellas para lograr la aprobación de la misma. Además, por fuera de la “Ley Bases”, el gobierno está concretando la privatización y extranjerización de IMPSA, esta empresa fabrica turbinas y generadores para toda la región, fue estatizada en 2021.
Los motivos de la avanzada privatizadora son varios: van desde el deprecio por lo público puesto de manifiesto por el presidente al definirse como “el topo que destruye al Estado desde adentro”, hasta obtener divisas por la venta de las mismas para engrosar las reservas negativas del Banco Central, pasando por reducir el gasto público, ceder cuotas de mercado y habilitar negocios para los fondos de inversión y el capital transnacional.
Aunque el gobierno aceptó excluir de la “Ley Bases” a la mayoría de las empresas públicas que originalmente quería privatizar, también afirmó a través del vocero presidencial que volvería a intentarlo utilizando todos los medios a su alcance. Esto quedó de manifiesto con la campaña de desprestigio realizada sobre las empresas públicas desde el inicio de la gestión, el dictamen favorable obtenido en la comisión de Diputados para la privatización de Aerolíneas Argentina o las ventas de activos de YPF como son los campos maduros de petróleo convencional, el desfinanciamiento de Y-TEC y el anuncio de la venta o el cierre de YPF Litio.
El litio
Desde diversas tradiciones se reconoce la contribución de las empresas públicas al desarrollo nacional y el rol destacado que tiene el Estado para promoverlas. En una investigación reciente sobre empresas públicas de base tecnológica señalamos que realizan un aporte significativo al desarrollo porque: 1) aseguran la soberanía sobre los recursos naturales y promueven el desarrollo tecnológico; 2) sustituyen importaciones y generan divisas; 3) contribuyen a la planificación del desarrollo; 4) promueven articulaciones virtuosas con los actores de la cadena de valor y desarrollan proveedores; 5) contribuyen al desarrollo regional de forma social y ambientalmente más sostenible; y 6) promueven transformaciones regulatorias e institucionales.
Argentina, junto a Bolivia y Chile, forma parte del Triángulo del Litio, una región que posee más del 56% de las reservas globales del mineral. Según datos recientes, en la Argentina existen más de 50 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, de los cuales cuatro están en producción. En 2023, estos proyectos produjeron aproximadamente 44.000 toneladas de carbonato de litio, y se estima, según datos del sector, que esta cifra podría quintuplicarse para 2028, alcanzando las 202.000 toneladas. Las exportaciones de litio en 2023 alcanzaron los 846 millones de dólares, según el Indec, especialmente destinadas a China, EEUU, Corea y Japón.
El impacto económico de la explotación del litio en las economías provinciales es significativo. En 2023, el 21% de las exportaciones mineras correspondieron al litio, y el 62,4% de las exportaciones mineras de la región del NOA provinieron de este sector.
Para Jujuy, Catamarca y Salta la exportación de litio representa el 57%, 74% y 4% de sus respectivas exportaciones totales; no obstante, en el caso de Salta se incrementará con la entrada en producción del proyecto Centenario-Ratones desde mediados de 2024. En cuanto al empleo, la minería de litio generó más de 1.400 empleos en Jujuy, 1.000 en Catamarca y 1.380 en Salta en 2023, con remuneraciones que superan en un 150% el promedio provincial.
YPF Litio es una empresa subsidiaria de YPF con un rol relevante en cuanto a la soberanía tecnológica y el agregado de valor. Fue creada en 2022 con el objetivo de posicionar a la Argentina en la cadena de valor del litio, para industrializarlo e intervenir de forma estratégica en el proceso de transición energética y en la disputa geopolítica y tecnológica que ocurre a nivel mundial en torno al mismo.
La empresa se ha enfocado en proyectos de exploración y explotación en las provincias del noroeste argentino, particularmente en Catamarca, donde se asoció con la empresa pública provincial CAMYEN (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) para la exploración y explotación de litio en algunos salares en que se revirtió la concesión aplicando técnicas extractivas más sostenibles y con licencia social.
A mediano y largo plazo la empresa se propone proveer de carbonato de litio y de otros derivados a Y-TEC, a otras empresas que fabriquen derivados, compuestos, celdas y baterías de ion-litio, y a exportar el excedente de la producción. Y-TEC es un desarrollo tecnológico realizado por YPF en conjunto con el Conicet y la UNLP, que tiene entre otros objetivos abastecer a la planta industrial de UNILIB que tiene Y-TEC, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, dedicada a la fabricación de celdas y baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) para el almacenamiento de energía y para el transporte público.
A diferencia de lo que ocurre actualmente con las empresas transnacionales, que exportan la totalidad del litio que extraen en Argentina, la presencia de YPF Litio permitiría abastecer localmente de carbonato de litio y de otros derivados a las empresas públicas antes mencionadas y propiciar la creación o radicación de empresas en Argentina para fabricar celdas o baterías.
En esa dirección iba el acuerdo firmado el 4 de diciembre de 2023 entre Y-TEC y el director de la Unión Europea para América Latina, en el cual se proponían avanzar en un proyecto de producción conjunta de LFP en Argentina con socios europeos. De haberse concretado este proyecto, se hubiera fortalecido la capacidad tecnológica del país.
Resistencias
Como señala Roberto Salvarezza, ex presidente de Y-TEC e YPF Litio, la irrupción de YPF en la producción del litio permitía una mirada integral: desde el salar a las baterías y de éstas a los puntos de recarga de los vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía en los parques solares y eólicos.
Sin embargo, la presencia de YPF Litio generó resistencias en las empresas transnacionales y de las cámaras empresarias vinculadas a la actividad extractiva y en una parte del sector científico y político que veían en la estrategia de la empresa cambios en el marco regulatorio que afectarían el status quo del ecosistema del litio en Argentina, por ende, una afectación de los intereses geopolíticos y los planes de negocios de las empresas.
Si de un modo se puede definir el desarrollo con inclusión social, eso es, vinculando tecnología y productividad, exportaciones con empleos de calidad, y un ejercicio real de la soberanía, una apuesta como la de YPF Litio e Y-TEC no pasa inadvertida en las miradas geopolíticas de los países desarrollados.
Así lo evidencian las declaraciones realizadas por los altos mandos militares de Estados Unidos frente a la presencia de empresas de China en la región y la necesidad de asegurarse la provisión de un insumo que consideran crítico porque hace a su seguridad nacional.
Desregulación
La actual administración de la Libertad Avanza está abocada a quitar regulaciones para dotar de un mayor poder de negociación a los grandes jugadores mundiales alejados de los intereses nacionales. La creación del Régimen de Inversiones (RIGI) es justamente una muestra de ello, porque disminuye el poder político del país para negociar.
Bajo la administración del nuevo presidente de YPF, y en consonancia con la política gubernamental, la empresa ha anunciado que va vender YPF Litio o la va a relegar a un segundo plano. Esta decisión forma parte de un plan más amplio de desinversión que incluye la venta de otros activos en Chile y Brasil, con el fin de optimizar los recursos de la compañía y maximizar el retorno sobre la inversión, pero de espaldas a un análisis sobre la conveniencia a futuro que tendría para la empresa diversificarse y aprovechar la capacidad estratégica que la misma tiene para traccionar el desarrollo científico, tecnológico y productivo hacia el conjunto del ecosistema del litio, tal como lo hacen Chile o Indonesia, por ejemplo, quienes obligan a industrializar la totalidad o una porción del producto puertas adentro del país.
En este sentido es que la Diputada Nacional Julia Strada presentó en 2024 un Proyecto de ley sobre la industrialización del litio y el desarrollo de baterías que debería tenerse en cuenta junto con otras iniciativas promovidas por el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por mencionar algunas.
Este cambio de dirección en YPF tiene implicaciones significativas para el sector del litio en Argentina. La venta o cierre de YPF Litio y el desfinanciamiento de Y-TEC es un error estratégico. También genera incertidumbre sobre el futuro de los proyectos en curso y las colaboraciones establecidas con otras empresas, como por ejemplo: la relacionada con la fabricación de baterías de litio en asociación con Y-TEC.
Asimismo, la creación de una planta para la fabricación de batería en Santiago del Estero; la conversión del coque, un residuo de la industria petrolera, en grafito que tenía previsto realizar YPF y el proyecto en tratativas con ALUAR para generar láminas delgadas de aluminio, en ambos casos insumos necesarios para la fabricación de celdas cuya producción nacional evitaría importarlos de China; y el convenio con la empresa pública provincial REFSA (Recursos y Energía de Formosa S.A.) para desarrollar técnicas que permitan aprovechar el litio que queda en el agua cuando se la separa del petróleo, por mencionar sólo alguna de ellas.
YPF Litio ha resultado ser una iniciativa clave en el intento de la Argentina de posicionarse en la cadena global del litio. La venta de YPF Litio implicaría el abandono de un proyecto integral de litio, el retroceso en la posibilidad de la industrialización del mismo, consolidaría un modelo neocolonial de provisión de materias primas y profundizaría la dependencia económica y tecnológica y la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales.
* Casalis es director de la Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social, Área Estado y Políticas Públicas, FLACSO Argentina. Investigador del IICSAL/Flacso-Conicet. Herrera es docente e investigador en el Área Estado y Políticas Públicas, Flacso Argentina.
En México, el aumento en el empleo reduce la pobreza laboral
Jessika Becerra
La proporción de personas que trabajan, pero cuyo ingreso no es suficiente para comprar una canasta básica volvió a disminuir para ubicarse en 35.1 por ciento en el tercer trimestre de 2024, una disminución de 2.2 puntos porcentuales respecto al 37.3 por ciento de la población reportado en el mismo periodo de 2024, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De manera anual, la pobreza laboral disminuyó tanto en el ámbito urbano como en el rural, al pasar de 33.3 a 30.7 por ciento (2.6 puntos porcentuales), en el primer caso, y de 49.9 a 48.5 por ciento (1.4 puntos porcentuales), respectivamente.
La reducción de la pobreza laboral es producto de la incorporación de 360 mil 800 personas al empleo y el incremento de 7.1 por ciento en el ingreso laboral per cápita, que subió de 3 mil 124.26 a 3 mil 346.45 pesos.
En el ámbito rural se presentó una disminución de 3.9 por ciento en el ingreso laboral per cápita, mientras en la región urbana aumentó 0.5 por ciento.
En el periodo julio-septiembre de 2024, la masa salarial real aumentó 8 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2023; subió 6 por ciento en zonas rurales y 8.4 por ciento en las urbanas.
El avance de 7.1 por ciento contrasta con el aumento en el costo de la canasta alimentaria, que fue superior a la inflación anual.
La disminución de la pobreza laboral entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024 se dio en un contexto donde el valor monetario de la canasta alimentaria mostró un aumento de 5.9 por ciento tanto en el ámbito rural como en el urbano, mientras la inflación general anual promedio se ubicó en 5 por ciento, expuso el Coneval.
El ingreso creció en todos los quintiles. El menor aumento se presentó en el primer quintil, conformado por 20 por ciento de la población, que es la que percibe menores ingresos, al pasar de 212.27 a 215.31 pesos, es decir, un aumento de 1.4 por ciento.
En contraste, el último quintil, que corresponde al 20 por ciento de la población con mayores ingresos, presentó el mayor aumento –de 7.7 por ciento–, al pasar de 8 mil 129.96 pesos a 8 mil 758.37 pesos.
El ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7 mil 397.27 pesos al mes. Los hombres reportaron un ingreso laboral real mensual de 8 mil 67.53 pesos y las mujeres de 6 mil 433.15 pesos.
En 10 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de pobreza laboral entre el segundo y el tercer trimestres de 2024. Destacaron Zacatecas, con una reducción de 5.4 puntos porcentuales; Querétaro, con 4.1, e Hidalgo, con 3.4.
En contraste, las tres entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron Guerrero, con 3.6 puntos porcentuales; San Luis Potosí y Campeche, con 3.4, y Oaxaca con 2.5.
En Colombia, las mujeres cambian el cultivo de coca por la piscicultura
Iñigo Alexander
La selva amazónica del sur de Colombia se extiende exuberante y verde en el horizonte, pero bajo su denso follaje se esconde una realidad cambiante. La provincia de Putumayo ―una remota región fronteriza con Ecuador, en los bordes de la Amazonia colombiana― ha estado dominada durante mucho tiempo por las plantaciones de coca y bajo la persistente sombra del conflicto armado del país.
Con su terreno fértil para la coca ―materia prima de la cocaína―, la remota zona ha fomentado una red de actividades ilegales que impulsa tanto las economías locales como la violenta dinámica de los grupos armados que se disputan el control.
Para muchos en Putumayo, la coca ha seguido siendo un pilar económico, un ingreso garantizado en un lugar donde las alternativas legales son escasas, la infraestructura es limitada y la presencia del Estado es intermitente en el mejor de los casos.
En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos nacionales han intentado frenar el cultivo de coca, pero los esfuerzos de erradicación han tenido un éxito limitado y la producción aumentó en 2023.
El costo humano y medioambiental de este cultivo ilícito es enorme: los homicidios, las continuas violaciones de los derechos humanos, la explotación infantil, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua dejan cicatrices duraderas en el tejido social del Putumayo, así como en su exuberante ecosistema, amenazando la biodiversidad de la Amazonía.
En medio de este paisaje, un pequeño grupo a las afueras de la ciudad de Puerto Caicedo ha trazado un rumbo diferente.
La Asociación de Mujeres Piscicultoras y Productoras Agropecuarias El Progreso (Asoppaep) es un colectivo de mujeres ex cultivadoras de coca que están orientando sus recursos hacia una alternativa legal y más ecológica: la piscicultura.
“Antes teníamos una mayor fluidez económica, pero vivíamos con el miedo de saber que era algo ilícito, que si te encontrabas con el ejército o con un grupo armado iba a ser un problema”, cuenta a Dialogue Earth Aura Ruiz, representante de la Asoppaep, mientras permanece a la sombra junto a una de las numerosas piscinas del colectivo.
Las 12 integrantes del grupo limpiaron su terreno de las plantaciones de coca que antes salpicaban las colinas de la zona. Donde antes florecía la coca, Asoppaep explota ahora una serie de estanques de piscicultura que albergan miles de peces tambaqui y tilapia, y producen casi 4000 kilos cada seis meses.
“Ahora podemos cultivar nuestros productos sin que ninguna ley o entidad nos lo impida. Nos fortalece, nos da tranquilidad y, además, sabemos que estamos contribuyendo a la economía familiar”, explica Ruiz.
El costo medioambiental de la coca
El rico suelo del Putumayo y su ubicación aislada lo hacen ideal para las plantaciones de coca. Aunque la coca ha sido una fuente de ingresos vital para las comunidades rurales a falta de otras opciones, el costo medioambiental es devastador. Los campesinos talan franjas de selva tropical para hacer sitio a las plantas de coca, despojando la tierra de vegetación autóctona y de las especies que dependen de ella, intensificando así la deforestación en la zona.
“El cultivo de coca es a menudo una economía de subsistencia, que atrae la violencia de los grupos armados y las duras medidas represivas del Estado”, afirma Bram Ebus, consultor del grupo de expertos International Crisis Group.
“No podemos afirmar que las plantaciones de coca enriquezcan a las comunidades locales o que sean realmente deseadas por ellas, pero debido a la falta de otros medios de subsistencia, la gente se ve a menudo obligada a participar porque necesita llegar a fin de mes”, añade.
El acaparamiento de tierras e industrias como la ganadería también contribuyen en gran medida a la deforestación en toda la región, y se sabe que tienen vínculos con economías ilícitas y con los grupos armados presentes en la zona.
Además, la transformación de la coca en cocaína libera sustancias químicas tóxicas, que a menudo se vierten en los ríos y arroyos cercanos, envenenando las fuentes de agua de la zona.
Para las comunidades del Putumayo, la deforestación y la contaminación asociadas al cultivo de coca significan algo más que un daño medioambiental: señalan la erosión de recursos locales fundamentales para su supervivencia.
En este contexto, la apuesta de Asoppaep por la piscicultura sirve como alternativa sostenible que no requiere la destrucción de bosques y da lugar a niveles más manejables de residuos químicos. A través de la acuicultura, se está creando un nuevo modelo de uso de la tierra que da prioridad a la salud ecológica al tiempo que ofrece una fuente de ingresos viable a las familias rurales.
“Intentamos aprovecharlo todo para ayudar a conservar la naturaleza, los árboles y el agua. Queremos proteger sin destruir ni arrasar con todo, porque sabemos que el Putumayo es parte de la Amazonía y, por lo tanto, también parte de los pulmones del mundo”, dice Ruiz.
La cooperativa es consciente del impacto que su trabajo tiene en el medioambiente circundante, y afirma haber puesto en marcha protocolos para limitar sus residuos y maximizar las oportunidades de producción. Sus miembros reutilizan las escamas de pescado para producir colágeno y convierten las vísceras en abono orgánico para los cultivos de la zona.
Aprovechando al máximo sus recursos, los miembros de Asoppaep intentan minimizar su impacto medioambiental, con el objetivo de establecer una economía circular que beneficie tanto a la comunidad como a la tierra. Al dar prioridad a la autosuficiencia y a los ingresos legales, están desafiando el dominio económico de la coca en el Putumayo y dando una oportunidad de recuperación al dañado medio ambiente de la región.
Una batalla cuesta arriba
Sin embargo, la piscicultura no está exenta de dificultades. El trabajo conlleva un alto grado de riesgo financiero, y la Asoppaep no puede pasar totalmente por alto los riesgos de seguridad inevitablemente entrelazados con el trabajo rural en una zona como el Putumayo.
“En la transición hacia una economía que mejore la conservación de la biodiversidad, no existe una fórmula mágica”, explica a Dialogue Earth Luz Ángela Florez, coordinadora de la región amazónica de WWF Colombia.
“En términos de alternativas económicas, no hay ninguna que iguale los ingresos producidos por la coca. Las transiciones para dejar la coca siempre estarán relacionadas no con un tema económico, sino con una cuestión de riesgo”, añade.
Además, la cooperativa se basa en un ciclo de producción de seis meses durante el cual las poblaciones de peces maduran antes de poder ser cosechadas y vendidas.
Esta prolongación de los plazos significa que los miembros a menudo buscan ingresos suplementarios a través de la agricultura a pequeña escala u otros trabajos secundarios para cubrir los gastos entre cosechas.
La cooperativa también ha tenido dificultades para acceder a mercados más grandes, ya que la infraestructura rural del Putumayo sigue estando subdesarrollada, lo que limita su capacidad de ampliación.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del gobierno colombiano, introducido en 2017, fue diseñado para ayudar a los agricultores en la transición de la coca a alternativas legales.
Sin embargo, su aplicación ha sido inconsistente, dejando a muchas comunidades sin los recursos que necesitan para romper con la economía ilícita.“En esta región amazónica periférica históricamente hay menos, o ninguna, presencia estatal”, explica Ebus.
“Si nos fijamos en el Putumayo, descubrimos que tiene que haber una estrategia regional para aumentar la seguridad de las poblaciones amazónicas y los ecosistemas que habitan, pero no desde una perspectiva militar, porque, especialmente en el Putumayo, una mayor presencia militar significa un aumento de las violaciones de los derechos humanos”, añade.
En este vacío, iniciativas locales como la de Asoppaep han surgido como ejemplos de las posibilidades que ofrece la acción dirigida por la comunidad, incluso en zonas donde el apoyo gubernamental es limitado.
Pero Flórez ofrece una nota de cautela: “Para promover la transición a otras economías, debe haber una forma de minimizar el riesgo que asumen las comunidades rurales cuando deciden pasar de la coca a otro medio de vida”.
En el futuro, Asoppaep también espera utilizar sus tierras para cosechar otros cultivos, como frutas y verduras, e incluso está considerando desarrollar un proyecto de ecoturismo local en sus tierras.
“Estoy muy enamorada de la piscicultura”, dice Ruiz. “Aunque a veces la recompensa económica ha sido muy baja, es algo que hay que mantener en el tiempo porque es un trabajo muy bonito y nos ha enseñado a tener nuestra propia autonomía. No pienso volver atrás”, añade.
Exportaciones peruanas superaron los US$ 60,000 millones
Las exportaciones peruanas sumaron US$60,168 millones entre enero y octubre de este año, lo que significó un crecimiento de 14.5% si se compara con el mismo periodo de 2023, reveló la Asociación de Exportadores (ADEX).
Entre los rubros que desatacaron en dicho periodo se encuentran el de agroindustria, siderometalurgia y metalmecánica. No obstante, el presidente del gremio, Julio Pérez, manifestó que hay preocupación por la caída de cinco sectores entre ellos textil, pesca para consumo humano directo, minería no metálica, maderas, e hidrocarburos.
«Son cuatro (sectores) con valor agregado que aún no se recuperan, es decir, los más intensivos en mano de obra. Este resultado nos indica que debemos incidir en un trabajo conjunto con el sector público a fin de promover la inversión privada, identificar y apoyar nuevos motores que sumen a la recuperación del Perú y llegar a más mercados”, detalló.
ADEX detalló que las exportaciones tradicionales ascendieron a US$43,982 millones, lo que reflejó un alza de 16.45, siendo los sectores minería, pesca primaria y agro, los que mejor desempeño registraron en los 10 meses del año.
Los principales compradores de estos envíos fueron China, India, Canadá, Japón, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Brasil y Chile.
En tanto, las exportaciones no tradicionales registraron un aumento de 9.7%. Acá el principal destino fue Estados Unidos con una participación de 30.1%.Otros destinos que completaron el top 10 fueron Países Bajos, Chile, España, Ecuador, Colombia, México, Brasil, China, y Reino Unido.
Explotación del litio debe ser controlada sólo por el Estado mexicano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la explotación del litio debe ser controlada únicamente por el Estado.
La Segunda Sala de la SCJN resolvió por unanimidad el pasado miércoles 4 de diciembre, sobreseer el amparo promovido por Grupo Bararal, titular de la concesión minera 246359, ubicada en Satevó, Chihuahua, con el cual buscaba continuar la exploración y explotación de litio bajo los términos originales de su concesión, que se le otorgó antes de la reforma a la Ley Minera de 2022, en la que se declaró al litio como patrimonio exclusivo de la Nación, prohibiendo su explotación por particulares.
El proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán se respaldó en la reforma de supremacía constitucional, que establece que las reformas constitucionales no se pueden impugnar debido a que, según dicha reforma, la Constitución es la norma máxima y cuando se cambia algo en ella de acuerdo con el proceso establecido, esos cambios no pueden ser cuestionados por los tribunales u otras autoridades, ya que hacerlo iría en contra de la autoridad de la Constitución misma.
Esto significa que, aunque se aceptara el amparo sobre los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior impide otorgar concesiones relacionadas con el litio.
Pérez Dayán argumentó que el litio, al ser considerado un recurso estratégico, debe estar sujeto a la administración exclusiva del Estado, por lo que la concesión minera de Grupo Bararal, válida hasta 2068, no podrá incluir la exploración ni explotación del mineral.
México es un país rico en litio, aunque no hay cifras exactas sobre cuanta cantidad hay de este mineral en territorio nacional. El Servicio Geológico Nacional menciona que existen aproximadamente 9 millones de toneladas de litio en salmueras, lo que pondría a México entre los países con mayores reservas del mineral. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que las reservas identificadas en México son de solamente 1.7 millones de toneladas, representando un gran contraste con la primera cifra.
Con esto, se dejó claro que el litio es un recurso que solo puede ser controlado y explotado por el Estado, tal como lo establece la ley actual. Además, con esta decisión de la Corte, se crea un precedente que podría influir en futuras resoluciones sobre la minería en México.
Brasil: Tras acuerdo con la UE, 7.000 millones más en exportaciones
El Acuerdo Mercosur – Unión Europea, firmado el viernes (6), representa un hito en las relaciones comerciales entre los bloques. La Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión (ApexBrasil) estima que el tratado puede aumentar las exportaciones brasileñas hasta en 7.000 millones de dólares a corto plazo. La información fue dada a conocer por el propio ApexBrasil, señalando que el acuerdo eliminará aranceles para el 97% de los bienes industriales y el 77% de los productos agrícolas del Mercosur en 10 años.
El acuerdo involucra al 25 por ciento de la economía global y a más de 780 millones de personas. Es estratégico, y el presidente Lula ha jugó un papel decisivo, desde el inicio de las negociaciones en su primer gobierno hasta su diplomacia activa en este mandato, dijo Jorge Viana, presidente de ApexBrasil. Según él, Brasil tendrá acceso a más de 1.800 oportunidades comerciales, cubriendo productos como café, maíz, jugo de naranja, aviones, calzado y muebles de madera.
Escenario histórico e impacto comercial
El tratado llega en un momento en que la Unión Europea ha perdido terreno en el comercio brasileño. De 2003 a 2023, su participación en las exportaciones de Brasil cayó del 23% al 13,6%, debido principalmente al aumento de las transacciones con Asia Oriental, liderada por China. Aún así, la UE sigue siendo el segundo socio comercial más importante de Brasil, con una corriente comercial de más de 90.000 millones de reales en 2023.
La liberalización arancelaria inmediata incluirá 242 productos brasileños, que actualmente representan 3.500 millones de dólares en exportaciones. Igor Celeste, Gerente de Inteligencia de Mercados de ApexBrasil, dijo: «Si podemos alcanzar una participación del 10% de las importaciones europeas de estos productos, podemos alcanzar los US$7.000 millones en exportaciones adicionales en el corto plazo.
Las relaciones bilaterales
El acuerdo no se limita al ámbito comercial. Aloysio Nunes, excancite y actual jefe de asuntos estratégicos de ApexBrasil en Bruselas, destacó que el pacto establece mecanismos de cooperación política en temas como el medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza global. – Se trata de un compromiso con el multilateralismo y el desarrollo sostenible. Se ha escrito un nuevo capítulo en las relaciones internacionales de Brasil, dijo.
Además, el acuerdo es visto como una oportunidad para estimular las inversiones europeas en Brasil, que, aunque son las mayores en stock de Inversiones Extranjeras (IED), han ido cayendo en los últimos años. En 2023, los 16 principales países de la UE invirtieron 497.000 millones de dólares en Brasil, pero la participación relativa cayó del 49% en 2019 al 38% en 2023.
Perspectivas para el futuro
Con una historia de 25 años de negociaciones, el Acuerdo Mercosur-UE representa un paso estratégico para diversificar y agregar valor a las exportaciones brasileñas, reduciendo la dependencia de los productos básicos. La firma del tratado refuerza el papel del Brasil como actor pertinente en el escenario internacional, promoviendo el desarrollo económico sostenible y ampliando su integración en los mercados mundiales.
Panorama Internacional
Desdolarización: Trump amenaza a los BRICS con aranceles del 100%
Mirko C. Trudeau
El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de 100 por ciento a los países del grupo BRICS+ si tratan de terminar con el dominio internacional del dólar y repitió las amenazas de imponerles aranceles de 100 por ciento hasta virtualmente impedirles todo comercio internacional.
«Requerimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense o enfrentarán aranceles de 100%», escribió Trump en su red, Truth Social. «Deberían esperar decir adiós a vender en la maravillosa economía estadounidense», amenazó.
Trump ha adelantado una agenda proteccionista para su próximo periodo de gobierno que se inicia el 20 de enero. Si el BRICS continúan con sus planes, deberían decir adiós a vender en la maravillosa economía de Estados Unidos, escribió este sábado el mandatario. ¡Deberán buscar otro tonto! No hay posibilidades de que el BRICS reemplace’ al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debe decirle adiós a Estados Unidos, añadió.
BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliado con la inclusión de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, trabaja desde hace tiempo en diversas alternativas para comerciar entre sí y con otros estados usando sus propias monedas.
También contempla la posibilidad de crear un sistema de pagos internacionales independiente del SWIFT debido a la instrumentación de éste y del dólar como armas de extorsión y aniquilación financiera por parte de Washington.
Las amenazas de Trump refuerzan la percepción de que la superpotencia es un socio inestable, indigno de confianza, y que en todo momento sus vínculos económicos pueden cortarse por el afán imperialista de dictarle al resto del mundo cómo debe gobernarse, con quién puede establecer relaciones diplomáticas o mercantiles y hasta en qué moneda ha de pagar transacciones que nada tienen que ver con productos o empresas estadounidenses.
La declaración se produce luego de una cumbre realizada finales de octubre del BRICS en Kazán, Rusia, donde los países miembros de ese grupo discutieron cómo impulsar las transacciones en otras divisas diferentes al dólar estadounidense y fortalecer las monedas locales.
En la reunión el presidente ruso Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos y las potencias occidentales de usar el dólar como arma y describió el hecho como un gran error. Las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania han “socavado la confianza en esta moneda y disminuido su poder”, señaló.
Aunque el dólar estadunidense es la moneda más utilizada en los negocios internacionales y ha sobrevivido a desafíos anteriores, los miembros del BRICS y otras naciones en desarrollo dicen estar hartos de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema financiero global. El dólar representa aproximadamente 58 por ciento de las reservas de divisas extranjeras del mundo, de acuerdo con el FMI.
El temor a la desdolarización
Las principales materias primas, como el petróleo, todavía se compran y venden principalmente en dólares. Sin embargo, el dominio del dólar está bajo amenaza, dado el mayor PIB de los BRICS y la intención de la alianza de comerciar en otras monedas, un proceso conocido como desdolarización.
Quizá la desdolarización no se produzca en un futuro próximo, pero el hecho de que el BRICS, que representan 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y 45 por ciento de la población global, parezca tomársela en serio, es una preocupación real para los líderes estadunidenses
Trump parece no haber percibido los cambios en las correlaciones de fuerza y de la pérdida de capacidad de influencia de Washington conforme abusa de su actual posición de dominio en el sistema financiero global. Amenaza a Rusia, que está completamente desconectado de todos los circuitos comerciales con Occidente y que es golpeado todos los días por armas de fabricación occidental.
También golpea a China, al que ya le impuso aranceles arbitrarios, intentó quebrar a una de sus firmas tecnológicas más emblemáticas, bloqueó de la industria de semiconductores, y cuya economía intenta descarrilar explícitamente y a diario.
Los países del BRICS ya tienen poco o nada que perder y estas amenazas sólo los convencerá de redoblar sus esfuerzos para librarse de la prepotencia imperial de Occidente. Amenazar a economías tan importantes y diversificadas como la india o la brasileña delata la histórica dificultad estadounidense para comprender las dinámicas globales.
El grupo BRICS integra a grandes economías, como China, la segunda más grande a nivel global, sólo detrás de Estados Unidos; Brasil, la mayor economía de América Latina y la octava a nivel global, India, que ocupa el quinto lugar, Rusia, el número 11 y Sudáfrica, la mayor economía africana. El valor del comercio de EEUU con algunos de los miembros de los BRICS, como China, Brasil, India y Sudáfrica, ascendió a 936 mil millones de dólares en 2022.
Los analistas europeos señalan que si el próximo mandatario desea proteger los intereses de su país debe comenzar por la identificación de los verdaderos desafíos a su competitividad, como la falta de mano de obra que el magnate empeorará si cumple la baladronada de expulsar a millones de migrantes que sostienen sectores estratégicos de su economía.
* Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
2.-Efectos de la desconexión entre la economía real y la financiera
Alejandro Narváez Liceras *
La creciente desconexión entre la economía real y la economía financiera ha sido un tema de debate constante en el mundo académico y empresarial durante décadas. Este debate se centra en cómo los mercados financieros, que deben apoyar la economía productiva, han tomado un carril propio, en muchos casos desvinculándose de la producción de bienes y servicios, el empleo y el bienestar económico general.
La cuestión de la relación entre la economía real (que incluye la producción y consumo de bienes y servicios, la inversión en infraestructura y el empleo) y la economía financiera (que se refiere a las transacciones de activos financieros, como acciones, bonos y otros productos de inversión) tiene sus raíces en el pensamiento económico clásico. Ya en la década de 1930, J. M. Keynes (1936) advertía sobre los peligros de una «economía de casino», donde los mercados financieros se volvían especulativos, en lugar de servir como un motor de inversión para la economía real. Esta preocupación se ha mantenido vigente, especialmente con la globalización y la liberalización de los mercados financieros en las últimas décadas.
Economía real vs economía financiera
Desde la perspectiva académica el debate se ha centrado en cómo los mercados financieros deben funcionar como un mecanismo para asignar eficientemente el capital hacia proyectos productivos. Sin embargo, muchos economistas, como Stiglitz (2019) y Piketty (2014), han argumentado que la desregulación y la búsqueda de ganancias rápidas han llevado a una especulación desenfrenada, lo que a menudo resulta en burbujas financieras y crisis que impactan negativamente a la economía real.
Según el enfoque empresarial, la desconexión entre la economía real y la financiera también genera tensiones. Las empresas productivas, que se enfrentan a desafíos como la productividad, la innovación y la creación de empleo, a menudo se ven afectadas por las fluctuaciones de los mercados financieros que no necesariamente reflejan sus fundamentos económicos. Un claro ejemplo de esto es la volatilidad en el precio de las acciones de empresas que cotizan en bolsa. A pesar de generar buenos resultados en sus operaciones, pueden ver caer sus valoraciones debido a factores externos y el sentimiento de los inversores.
Al mismo tiempo, el mundo empresarial ha sido un actor importante en la promoción de la economía financiera, ya que muchas corporaciones recurren a la emisión de acciones, bonos y otros instrumentos financieros para financiar su crecimiento. Sin embargo, la presión de los accionistas por rendimientos a corto plazo puede llevar a que las empresas se enfoquen más en mejorar su desempeño financiero que en realizar inversiones de largo plazo que beneficien a la economía real.
En definitiva, la creciente desconexión entre la economía real y la economía financiera plantea uno de los desafíos más complejos del siglo XXI. Requiere una discusión profunda y acciones concretas para equilibrar la relación entre ambos sectores y asegurar que la riqueza financiera también contribuya al bienestar de la sociedad en su conjunto.
Los efectos de la desconexión
La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto esta desconexión de manera drástica, demostrando cómo una burbuja especulativa puede destruir la riqueza real y afectar el empleo, los ahorros de las personas y la estabilidad económica global. Desde entonces, las políticas monetarias de baja tasa de interés y estímulo cuantitativo (Quantitative Easing) implementadas por los bancos centrales han alimentado nuevamente a los mercados financieros, llevando a niveles históricos los precios de los productos financieros (acciones, bonos, etc.), mientras que la economía real ha mostrado un crecimiento muy modesto. Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que las crisis financieras “revelan los peligros de una economía desequilibrada, donde el crecimiento del mercado financiero no refleja el desarrollo de la economía productiva”.
A diferencia de la economía productiva, que crea empleo y produce bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de la gente, la economía financiera especulativa tiende a ser excluyente, beneficiando principalmente a aquellos que tienen acceso al capital y sofisticadas herramientas de inversión. Según el Banco Mundial (2021), el 80% de los empleos globales provienen de sectores de la economía real, mientras que la economía financiera representa un pequeño porcentaje de los empleos totales.
El modelo económico de más mercado y menos Estado, ha generado un desequilibrio estructural, en el cual la economía real se ve subyugada por los capitales financieros. En tiempos de crisis, el impacto se multiplica: cuando estallan las burbujas especulativas, las consecuencias recaen principalmente en la economía real, afectando los empleos, el consumo y los ingresos de la población general. A largo plazo, este sistema basado en la especulación crea un crecimiento económico insostenible y una desigualdad que erosiona la cohesión social y la estabilidad política.
Por otro lado, la desconexión entre ambas economías afecta negativamente a la clase trabajadora y a la clase media. La falta de inversiones en la economía real se traduce en una menor generación de empleos de calidad y en salarios estancados. De acuerdo con Piketty (2014), además, el aumento en el costo de vida debido a la especulación financiera y a las políticas de austeridad implementadas por algunos gobiernos para equilibrar sus presupuestos afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores.
Algunas propuestas para mitigar la creciente desconexión
Regulación y Transparencia: Los gobiernos y organismos reguladores deben imponer límites más estrictos en el apalancamiento y en el uso de instrumentos financieros de alto riesgo. Además, la transparencia debe ser una prioridad, exigiendo a los inversores institucionales que revelen sus posiciones y estrategias de inversión para que los riesgos sean más visibles y gestionables.
Impuestos a las Transacciones Financieras: La implementación de un impuesto a las transacciones financieras, podría disuadir la especulación de corto plazo, reduciendo la volatilidad del mercado y promoviendo una inversión más estable y sostenible. Este tipo de impuestos, también conocido como impuesto Tobin, podría generar ingresos que se destinen a programas sociales de apoyo a los pobres.
Incentivos para la Inversión en la economía real: Los gobiernos pueden ofrecer incentivos fiscales y financiamiento a los inversionistas institucionales que destinen una parte de sus fondos a proyectos productivos en sectores clave de la economía, como infraestructura, energía renovable, salud y educación. Esto ayudaría a reorientar el capital hacia la creación de valor real y reducir la brecha entre la economía financiera y la economía real.
Algunas conclusiones
La divergencia entre la economía real y la financiera ha exacerbado la desigualdad. Mientras que una pequeña élite con acceso a los mercados financieros acumula riqueza, una gran parte de la población experimenta estancamiento en sus ingresos y oportunidades laborales limitadas.
La desconexión entre los dos sectores económicos es uno de los desafíos más complejos del sistema capitalista actual. Este fenómeno no solo beneficia a una minoría mientras perjudica a la mayoría, sino que también aumenta el riesgo de crisis económica y social.
La acumulación de riqueza financiera sin un aumento equivalente en el bienestar económico de la mayoría de la población puede llevar a la frustración social y la pérdida de confianza en las instituciones. En última instancia, un sistema económico equilibrado y justo requiere de una economía financiera que apoye y complemente a la economía real. Solo así se podrá construir una sociedad más equitativa y resistente a los choques económicos.
(*) Doctor en Ciencias Económicas y Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.