Operaciones de la DAIA judía para disciplinar al gobierno argentino
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recuperó durante la última semana una de sus funciones prioritarias en la tarea de demonizar todo aquello que no coincida con el encuadramiento geopolítico demarcado por las delegaciones diplomáticas de Washington y Tel Aviv.
En esta ocasión, su actual presidente, Jorge Knoblovits, se convirtió en uno de los arietes encargados de sembrar dudas sobre la actuación de los funcionarios nacionales como supuestos cómplices del terrorismo internacional. A esa operación se le sumaron de forma inmediata los colaboradores propagandísticos de la trifecta mediática, los voceros del cambiemismo local y –por último– las dos embajadas comprometidas en la ofensiva contra Venezuela e Irán.
La plataforma de lanzamiento del pánico sembrado por la DAIA remite a una única hipótesis central: todo aquello que esté vinculado con Teherán y Caracas supone una ligazón intrínseca e indudable con los dos atentados sucedidos en 1992 y 1994. Utilizando ambas tragedias, la DAIA ha asumido desde 2015 la vanguardia en esta tarea de articulación geopolítica consistente en escandalizar a la sociedad con relación a espantosos peligros latentes y denunciar ante la Justicia –funcional a la derecha local– cualquier lazo político, comercial o diplomático que sea compatible con los intereses de Estados Unidos e Israel. Esa tarea supone, de forma explícita, el debilitamiento de la propia soberanía nacional en pos de agendas extranjeras.
En esta ocasión, igual que en el caso de la denuncia de Alberto Nisman y el propio suicidio del fiscal, la institución inquilina de la calle Pasteur instituyó la fantasmagoría del avión venezolano, destilando acusaciones descabelladas: en el escrito presentado por la DAIA ante la Justicia se asevera que “al permitir el ingreso del avión, se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país sino la de América del Sur”. En otro párrafo se consigna que “al no haber indagado a la tripulación y corroborado sus intenciones, se habría impedido la oportunidad de combatir al terrorismo internacional, afectando peligrosamente el futuro de nuestro país”.
A pesar de las frenéticas operaciones de prensa, el último jueves se empezó a desinflar el avión fantasma y quedó claro que el vuelo proveniente de Querétaro había arribado a Ezeiza con el solo motivo de transportar autopartes para las terminales automovilistas de Volkswagen. Frente a esa realidad, las delegaciones diplomáticas de Washington y Tel Aviv –los verdaderos tutores de Knoblovits– se apuraron a valorar el rol de las autoridades gubernamentales.
En el caso de la Embajada de Israel se alabó el “accionar rápido, efectivo y firme” operado sobre la tripulación y la aeronave Boeing modelo 747-300M, con matrícula YV3531, propiedad de la empresa Transportes Cargo del Sur (EMTRASUR), una filial de la compañía Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA). El embajador norteamericano Marc Stanley, por su parte, valoró el despliegue de las diferentes agencias del Estado pero insistió en su preocupación por los espectros de Caracas y Teherán.
Con las declaraciones de ambas embajadas se logró cerrar un sutil círculo de sometimiento sobre la soberanía nacional: las usinas ligadas a la DAIA ya habían logrado actualizar el espectro de peligrosidad terrorista y al mismo tiempo habían logrado que se naturalizara la intervención foránea en las decisiones domésticas. Uno de los mecanismos más utilizados por el globalismo unilateralizado consiste justamente en acostumbrar a las sociedades neo-colonizadas a respetar reglas supranacionales, que nunca pueden ser cuestionadas por los países domesticados.
La DAIA, en conjunción con la trifecta mediática y las dos embajadas, logró también disimular las violaciones a los protocolos internacionales de aviación al imponer como aceptable que el tránsito a Uruguay –que tenía autorización previa para cargar combustible en Montevideo– fuera rechazado en pleno vuelo. Dada la negativa a aterrizar en el Aeropuerto de Carrasco, la aeronave tuvo que permanecer en espera sobre el Río de La Plata durante una hora y 40 minutos, con reserva escasa de combustible. Según las normativas vigentes del protocolo aeronáutico, los funcionarios del Presidente Luis Lacalle Pou violaron los acuerdos internacionales y pusieron en riesgo la seguridad de la tripulación.
Espectros del terror
El proceso de sutil domesticación instaurado por el affaire aéreo permite la naturalización de las sospechas sobre cualquier suceso que se ligue con Venezuela o Irán. Ambas identidades volvieron a quedar rotuladas –frente a la sociedad– por las consideraciones y los intereses de Estados Unidos: el último viernes, el juez federal Federico Villena terminó sometiéndose a la jurisdicción de Washington para decidir si el piloto iraní Gholamreza Ghasemi –que carece de pedidos de captura y/o de alertas de INTERPOL–posee vínculos con el terrorismo. Las embajadas volvieron a aplaudir esa obediencia jurisdiccional.
El martes último Knoblovits publicó una nota en el matutino La Nación con título catástrofe: “Nuevamente la sombra del terrorismo sobre Argentina y América Latina”. Dos días después las embajadas felicitaron al gobierno por haber detenido preventivamente a pilotos y técnicos del vuelo, por haber retenido al avión, y por haber extendido la peligrosidad que suponen ambas identidades nacionales. El miedo instalado por la imposición geopolítica colonizada se encarga de hacer el resto: las autoridades locales se ubicaron a la defensiva y aparentemente YPF le negó la provisión de combustible por temor a ser sancionada en la bolsa de valores de Nueva York, donde cotiza.
En forma coincidente, los funcionarios y varios voceros se mostraron dóciles frente a disposiciones extranjeras que solo buscan darle potencia y continuidad a las sanciones unilaterales y a los bloqueos impuestos por Washington a Caracas y a Teherán. Mientras Alberto Fernández exige la inclusión de todos los países de Latinoamérica y el Caribe en la Cumbre de la OEA, dos semanas después se acepta que se demonice a una empresa estatal de un país que está sufriendo el acoso, la injerencia y la demonización por parte de Washington.
Los países que en forma permanente son cuestionados por el Departamento de Estado son aquellos que no se someten a los intereses y las reglas estipuladas por el unilateralismo: son los que instituyen –con aciertos y errores– su soberanía como un desafío frente a la lógica trasnacional impuesta por las concepciones neoliberales. Aunque la existencia de la célula persa-chavista del avión no pudo ser validada, la agenda mediática logró, sin embargo, actualizar la cuota de terrorismo necesaria para dicotomizar entre países buenos y países malos.
La Argentina, por su parte, quedó un poco más indefensa frente a las futuras exigencias de la DAIA, las propaladoras del odio y las delegaciones diplomáticas extranjeras.
Además, en forma paralela, se logró añadir un aire de sospecha permanente sobre el sambenito que asocia al kirchnerismo con el Eje del Mal. La política exterior, desde la percepción del conglomerado neo-colonizador, no debiera ser de competencia local sino someterse a las reglas impuestas por agencias extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro de los Estados Unidos.
El aquelarre sobre el avión se inscribe en un contexto geopolítico que le da entidad y lo hace comprensible. Dos meses atrás, la Argentina y Venezuela anunciaron la recomposición de sus relaciones diplomáticas. En la novena Cumbre de la OEA, celebrada recientemente en Los Ángeles, el Presidente Fernández cuestionó en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la exclusión de Caracas, La Habana y Managua por parte de Washington. Dicho mensaje, proferido frente a Joe Biden, fue elogiado días después por Nicolás Maduro desde Teherán, cuando desarrollaba una visita para firmar convenios de cooperación tecnológica, energética y comercial.
La DAIA se encarga de hacer el trabajo doméstico de las dos embajadas. En una de las entrevistas concedidas por Knoblovits para insistir en la demonización de Teherán y Caracas, aseveró que los cinco iraníes –integrantes de tripulación– pertenecían probablemente a organizaciones terroristas dado que “Irán es un Estado terrorista”. En otro de sus aseveraciones insistió en que “está determinado por la Justicia argentina que el responsable de ambos atentados es el gobierno terrorista de Irán”, pese a que en las dos causas judiciales –la que gestiona la Corte Suprema en relación al atentado en la Embajada y la que se tramita en relación a la explosión de 1994– no aparece como imputado un gobierno o un Estado.
En el primer caso, las investigaciones acusan a una organización libanesa, Hezbolá, y en la segunda a cinco funcionarios persas. Knoblovits quizás no registra que de haber existido alguna causa contra la República Islámica de Irán no existiría justificación para las relaciones diplomáticas que aún hoy existen entre la Argentina y ese país. De hecho, el gobierno cambiemita de Macri –terminal política de la DAIA a nivel local– no dudó en mantener dichos vínculos entre 2015 y 2019.
En otra de sus apariciones públicas, Knoblovits tergiversó los datos al afirmar que la tripulación desconectó el transponder (dispositivo de identificación que llevan los aviones y que permite que sean rastreados por las torres de control). La presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto, le respondió: “Quisieron instalar una idea medio fantasiosa de que el avión apagó el transponder. Eso no ocurrió. El avión en cuestión siempre fue identificado por los radares. La aeronave no incumplió ninguna instrucción que le dio el Servicio de Control de Tránsito Aéreo”. En otro reportaje, brindado a una radio del Uruguay, no dudó en manifestar que “la Justicia argentina dictaminó que Nisman fue asesinado”, sin advertir a los entrevistadores que la causa aún se encuentra en etapa de instrucción, sin fecha de elevación para su tratamiento en un Tribunal Oral.
Como parte de la operación de demonización concertada, el presidente de la DAIA tampoco dudó en falsear la realidad respecto al comportamiento de las autoridades argentinas, difuminando desconfianzas y sugiriendo complicidad con el terrorismo internacional. Según su apreciación, los funcionarios locales “desconocieron las advertencias emitidas”. La realidad, sin embargo, exhibía lo contrario: el avión y su tripulación carecían de impugnaciones para el vuelo y las alertas (externas) remitían a la interdicción de una nave que fue vendida.
La prescripción de la OFAC remitía a la empresa persa Mahan Air –vendedora de la nave– y no a EMTRASUR, su propietaria desde 2021. Eso no le importaba a la DAIA ni a las embajadas. Con que fuesen iraníes y/o venezolanos alcanzaba para que fueran censurados. Uno de los vuelos previos de la misma aeronave, contratado por el amigo de Mauricio Macri y ex Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, no generó sin embargo el mismo escándalo continental. El 13 de mayo la empresa Tabacalera del Este SA (TABESA) transportó de Ciudad del Este hasta Aruba un cargamento de cigarrillos valuado en 755.000 dólares, pero su trayecto no fue etiquetado como sospechoso. Tampoco lo fue en México, desde donde partieron con las autopartes.
Según avezados abogados que transitan por Comodoro Py, la DAIA buscará utilizar este fantasmagórico suceso para la audiencia citada por la Cámara de Casación el próximo 29 de septiembre, cuando se dilucidará la apelación tramitada para evitar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner –y otros imputados– por inexistencia de delito en la causa del memorándum. En esa instancia, todas las partes tienen la oportunidad de sostener sus posiciones y defender la sentencia impugnada, de forma oral.
Curiosamente, Knoblovits y los dos familiares apelantes no se registraron para justificar, en forma oral, la apelación. La Vicepresidenta, el procurador del Tesoro Carlos Zannini, el secretario de Justicia Martín Mena, el diputado Andrés Larroque y el Llamamiento Argentino Judío se inscribieron para acreditar la inexistencia de delito dictaminada por el Tribunal Oral 8 el último 7 de octubre.
La DAIA representa a los sectores de la comunidad judía que se sienten identificados con Juntos por el Cambio. Es una entidad de tercer grado en cuyo estatuto no figura ninguna atribución para asociarse a embajadas extranjeras ni para funcionar como complemento informal de partidos políticos. Sus asociados no son personas sino clubes, escuelas y templos. Sus dirigentes suelen repetir como un mantra (falaz) que agrupan a más de un centenar de organizaciones, cuando en realidad no son más que tres docenas, cuyos asociados participan en varias de ellas al mismo tiempo y que no superan el 20% de la totalidad de los judíos existentes en la Argentina.
Una gran cantidad de esos adherentes, además, no se sienten identificados con las decisiones de la DAIA, pero se ven imposibilitados de participar o cuestionar sus políticas.
La tarea de la DAIA consiste en exagerar una representación exigua, sostenida –cada vez más– por las corporaciones de la comunicación, las grandes empresas y los apoyos de sendas delegaciones diplomáticas. Sus denuncias y persecuciones se orientaron a proscribir a la actual Vicepresidenta y generaron la muerte de Héctor Timerman. Es hora de que la sociedad, los operadores judiciales y los comunicadores desautoricen el crédito y la trascendencia que se esmeran en exhibir y representar. Son una dañina impostura.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).