La campaña del gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal se ha convertido en una de discriminación contra los latinos. Los agentes federales estadounidenses están deteniendo a personas de piel morena y en sus redadas han atrapado tanto a ciudadanos estadounidenses como a migrantes legales. Ahora algunos latinos temen hablar español o escuchar música en español en público.

Algunos han dejado de ir a misa y se quedan en casa los domingos o piden a sus amigos que recojan a sus hijos de la escuela. Los ciudadanos estadounidenses viven con miedo de un gobierno que ha jurado proteger sus libertades y mantenerlos a salvo.

Tienen motivos para temer. En el bombardeo antinmigración del presidente Trump, los agentes federales han violado de manera reiterada las libertades civiles y han humillado a personas. Agentes enmascarados han  roto ventanillas de automóviles y han sacado a conductores mientras había niños sollozando en los asientos traseros.

En Chicago, en plena noche, agentes con rifles irrumpieron en un edificio de apartamentos, derribaron puertas y sacaron a personas esposadas de sus casas. Decenas de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses. En todo el país, los funcionarios migratorios han detenido a más de 170 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 20 retenidos durante más de 24 horas sin poder hacer una llamada telefónica, según reportó ProPublica.

Estas acciones están debilitando la confianza pública necesaria para la aplicación efectiva de las leyes migratorias del país. El comportamiento de los agentes federales está provocando una reacción de indignación en muchas de las comunidades a las que Trump afirma que intenta ayudar. Si todo esto pretende transmitir una sensación de ley y orden renovados, no está funcionando.

Como es usual, Trump ha identificado un problema real —la migración ilegal— pero ha respondido con una solución destructiva. Durante décadas, Estados Unidos toleró un nivel de migración ilegal que provocó una sensación de anarquía en la frontera y llegó a frustrar a muchos estadounidenses, incluidos muchos latinos.

Las medidas permisivas del gobierno de Joe Biden empeoraron la situación, lo que hizo posible el registro del mayor aumento de la migración de la historia de Estados Unidos, con la mayoría de las llegadas sin permiso legal para entrar en el país. Trump hizo campaña con la promesa de revertir esas políticas, y tiene un mandato electoral para hacerlo. En la frontera, ha logrado reducir las entradas ilegales a los niveles más bajos en décadas.

Sin embargo, no tiene el mandato para tratar con crueldad a las personas ni para infringir la ley. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueban su gestión del problema. El país no necesita elegir entre el caos del abordaje de Biden y el caos del de Trump. La mejor solución sigue siendo una ley integral que haga que la frontera sea segura, disuada de futuras entradas ilegales, amplíe la migración legal y proporcione una vía hacia la ciudadanía a los migrantes no autorizados que han hecho su vida en Estados Unidos y que, por lo demás, son miembros de la sociedad y personas respetuosas de la ley.

A falta de eso —y el Congreso no da señales de aprobar una ley así—, Trump puede abordar la migración ilegal de maneras más humanas y eficaces. Este país necesita hacer cumplir sus leyes sin aterrorizar a estadounidenses inocentes ni abandonar sus valores.

De los muchos problemas que plantean las políticas migratorias de Trump, destacan dos temas: la brutalidad hacia los migrantes que están aquí de manera ilegal y la injusticia hacia los ciudadanos y los migrantes legales.

A menudo, las personas que entraron de manera ilegal en este país lo hicieron corriendo un gran riesgo para sí mismas, buscando una vida mejor en Estados Unidos. Violaron la ley, sí, pero la respuesta debe ser proporcional a sus delitos. Debería ser firme y humana. En cambio, el gobierno de Trump se ha regodeado en la severidad. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas enmascarados y vestidos de civil han perseguido y golpeado a personas en la calle. Los agentes han realizado redadas en viviendas y han destruido propiedades.

En un video, un agente federal dijo a un grupo de latinos, entre ellos un ciudadano estadounidense: “Aquí no tienen derechos. Eres un amigo, hermano”, usando la palabra “amigo” en español. Tras ese encuentro, un agente dijo a otro, refiriéndose a los migrantes: “Vamos a acabar disparándoles a algunos de ellos”. En otro video, un agente gritó en español “adiós” a la esposa angustiada de un migrante detenido antes de empujarla contra una pared y que se cayera. Otros videos inquietantes han desbordado las redes sociales.

Las tácticas violan tanto la ley como la decencia humana. Desde el punto de vista legal, unas decisiones judiciales recientes han hecho hincapié en que las personas acusadas de estar aquí sin permiso tienen derecho constitucional a algunas garantías procesales. Ese derecho nos beneficia a todos: si el gobierno federal pudiera decir simplemente que alguien está en el país ilegalmente sin tener que demostrarlo, podría deportar a cualquiera con impunidad.

Desde el punto de vista humano, la inmensa mayoría de estos migrantes no han hecho nada más que venir al país de manera ilegal, en busca de una vida mejor. Los agentes federales deben responder de manera adecuada, no con la expectativa de que la violencia sea necesaria.

El segundo problema del enfoque de Trump es que su generalización inevitablemente incluya a ciudadanos estadounidenses y a otros residentes legales. Los funcionarios federales se basan en perfiles raciales en un país donde el 20 por ciento de la población es latina, la mayoría de los cuales son residentes legales o ciudadanos. El gobierno puede hacerlo gracias a la aquiescencia del Congreso sobre el tema y a una sentencia desatinada que la Corte Suprema emitió el mes pasado, confirmando el uso de perfiles raciales en las redadas.

El uso de la discriminación racial en la aplicación de la ley debería ser una afrenta para todos los estadounidenses. Los videos muestran que muchos agentes federales creen que la carga de la prueba recae en los latinos para demostrar que están aquí de manera legal, no en los funcionarios del gobierno que los acusan de un delito. Durante una redada en California, los agentes sacaron de su coche a George Retes, ciudadano estadounidense que sirvió en Irak, y lo retuvieron durante tres días.

Retes dijo que tenía una identificación del gobierno en su vehículo, pero los funcionarios no le permitieron mostrársela. Padecieron tratos similares Javier Ramirez en California, Julio Noriega en Illinois y un veterano militar anónimo en Nueva Jersey, entre otros.

Los estadounidenses han respondido a estos problemas con protestas. Como para demostrar el punto de vista de los manifestantes, los agentes federales han reaccionado con más abusos de poder, utilizando gases lacrimógenos y balas de pimienta contra manifestantes pacíficos. Esas prácticas han continuado, incluso después de que un juez federal exigiera su fin.

Las máscaras de los agentes federales profundizan los problemas. Los agentes con máscaras saben que tienen más probabilidades de salir impunes de la violencia y los abusos de poder porque son anónimos. Para la comunidad, las máscaras señalan que al gobierno le importa más proteger la identidad de sus agentes que la responsabilidad democrática. Crean la sensación de que el gobierno envía tropas de asalto sin rostro para aterrorizar a las familias.

A pesar de su agresividad, la represión ni siquiera ha sido eficaz para lidiar con los millones de personas que se encuentran en este país sin permiso legal. El gobierno no está cumpliendo sus propios objetivos de deportación. Va camino de deportar a menos personas de las que deportó el gobierno de Barack Obama en algunos años. El enfoque del gobierno de Obama tenía sentido.

Se centró en quienes habían llegado recientemente y en quienes habían cometido delitos desde su llegada al país, y por lo general respetó el derecho de las personas al debido proceso. No recurrió a agentes enmascarados ni a redadas violentas.

Lo que separa la democracia del autoritarismo, el Estado de derecho de la anarquía y una sociedad decente de una indecente no es solo el objetivo, sino el proceso. El gobierno puede, y debe, reducir la migración ilegal, pero debe hacerlo de una manera que respete los ideales estadounidenses.