Los delegados del Comando Sur en América Latina

Paula Giménez y Matías Caciabue

La Embajada de México en Quito se ha convertido en el epicentro de una crisis diplomática que ha sacudido a la región. El asalto perpetrado por las autoridades ecuatorianas a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha desencadenado una serie de reacciones internacionales y ha generado una profunda preocupación por el respeto al derecho internacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

El hecho es un signo de que la nueva reconfiguración del tablero político en la región, facilita el camino a la estrategia intervencionista del gobierno de Estados Unidos que aunque no es posible afirmar que ha cesado durante el gobierno demócrata, amenaza con profundizarse en un potencial gobierno de Donald Trump. Esta vez con terminales directas en gobiernos que no tienen reparos en poner en tela de juicio ni al más elemental de los acuerdos básicos de la Diplomacia Internacional.

El conflicto diplomático entre Ecuador y México se remonta a la decisión del gobierno ecuatoriano, el pasado 4 de abril, de declarar persona non grata a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur.

En una de sus alocuciones cotidianas el mandatario analizó la manera en que Luisa González, la candidata progresista, se vio perjudicada en la campaña electoral de 2023 por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Antes del suceso, González aventajaba a Noboa por 10 puntos. Las declaraciones de AMLO fueron seguidas por la orden de expulsión de la embajadora mexicana de Ecuador y el posterior otorgamiento de asilo político a Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa, por parte de México.

La situación escaló aún más cuando la Policía Nacional ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana para detener al dirigente de Revolucion Ciudadana, desencadenando la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Este acto ha sido condenado enérgicamente por diversos actores políticos y organismos internacionales – incluso la OEA y el gobierno de EEUU- que han expresado su solidaridad con México y su repudio por la lesión al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El gobierno mexicano, por su parte, realizó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el hecho, que considera una violación grave a la soberanía de su país y pidió suspender al país de la ONU, en tanto no exprese una disculpa pública.

América Latina ¿zona de paz?

En el 2014, América Latina y el Caribe fue proclamada como zona de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin embargo, en el último tiempo, la región se ve presionada por una permanente injerencia extranjera que condiciona su soberanía por diferentes medios, no sólo los estrictamente militares.

Tales estrategias han cobrado diferentes formas (Golpes Institucionales,  Lawfare, bloqueos económicos  violencia explícita, intentos y golpes de estado), pero todas han contado con la caja de resonancia de las empresas mediáticas que expanden sus mensajes más allá de las fronteras y el apoyo de actores de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, y sus aliados políticos regionales.

La institución del gobierno paralelo de Juan Guaidó, respaldada por EEUU, que intentó derrocar al Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro; los ataques permanentes al gobierno de Nicaragua; las campañas de Lawfare en Brasil y Argentina; los golpes constitucionales en Perú y Ecuador, el golpe y el  intento de golpe en Bolivia y Brasil; las maniobras para impedir la asunción presidencial en Guatemala, la campaña sucia feroz contra el gobierno del Pacto Histórico en Colombia, las medidas coercitivas y unilaterales para aplicar bloqueo comerciales a Cuba y Venezuela, son ejemplos de esto.

Desde 2023, el Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado sus actividades en América Latina, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ha expresado preocupación por la «actividad maligna» de adversarios de Estados Unidos -en alusión a China- en el «triángulo del litio» sudamericano, lo que ha llevado a una mayor presencia militar en la región.

En diciembre de 2023, el Comando Sur anunció operaciones de vuelo en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Guyana, lo que generó preocupación en Venezuela por la instalación de bases secretas en el territorio de Guayana Esequiba, donde ya había habido incursión en aguas marítimas adyacentes de un buque de guerra británico. Estas acciones se suman a otras denuncias de bases secretas en la región, como las realizadas por el presidente Nicolás Maduro en abril de 2024.

Además de la presencia militar, Estados Unidos ha buscado influir en la política interna de los países latinoamericanos. En Uruguay, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un acuerdo logístico con el Comando Sur de Estados Unidos en julio de 2023, casi sin análisis previo. Mientras tanto, en Ecuador, el subsecretario adjunto de Defensa se reunió con el presidente Guillermo Lasso para firmar un memorando de entendimiento militar en julio de 2023 y ratificado en febrero de 2024 que incluye colaboración en cuatro líneas: intercambio de información; fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas; entrenamiento y capacitación, y adquisición de recursos imprescindibles.

En Argentina, a principios de marzo, hubo una ola de asesinatos “narcopoliciales” en la ciudad portuaria de Rosario, mientras en simultáneo la Administradora General de Puertos del Estado argentino (AGP) hacía pública la información de que Argentina y Estados Unidos, con su embajador Marc R. Stanley a la cabeza, firmaban un «Acta de Inicio del Memorándum de Entendimiento» con el objetivo de «intercambiar información y capacitaciones sobre hidrovías y ríos» al igual que ya se había hecho con la República de Paraguay en el año 2022.

A mediados de marzo, el jefe de la CIA, William Joseph Burns, mantuvo reuniones “sorpresivas” sin previo aviso en Brasil y Argentina donde se plantearon preocupaciones por las supuestas actividades en la región de la organización libanesa Hezbollah, “respaldada por Irán”, la expansión de la presencia del narcotráfico, los ciberataques realizados por la Rusia de Vladimir Putin y el aumento de la influencia de China en la región.

A principios del mes de abril, tras la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas en Argentina, Javier Milei se reunió con Richardson, en Tierra del Fuego, donde entre otras cosas se anunció la construcción de una base naval integrada con EEUU para conectar con la Antártida, intentando “contrarrestar” los intentos de 2009 y 2023 de construcción de puertos “chinos” en Tierra del Fuego, denunciando también la actividad del gobierno oriental en la estación de espacio profundo en la provincia de Neuquén, y la actividad de pesca ilegal en mar argentino por parte de buques chinos.

Si se completa, la nueva base naval conjunta de Estados Unidos y Argentina en Tierra del Fuego se unirá a la red de 76 destacamentos militares desplegados por Washington en América Latina y el Caribe. Las posiciones estratégicas del Comando Sur van desde la Bahía de Guantánamo en Cuba, hasta ocho en Perú y una docena más en Puerto Rico.

Esta influencia no se limita a lo militar, sino que también se extiende a la política interna de los países. En Argentina, Diana Mondino, canciller del gobierno, denunció a supuestos infiltrados de Cuba y Venezuela para desestabilizar al gobierno, mientras que el presidente Javier Milei ha protagonizado polémicas declaraciones contra líderes progresistas de la región, lo que ha generado tensiones diplomáticas con países como Colombia, Brasil y México. Al mismo tiempo Argentina viene interviniendo de manera contundente en el proceso electoral venezolano, en favor de la oposición al gobierno.

Además de Estados Unidos, otras potencias regionales y globales han buscado aprovechar la coyuntura para expandir su influencia en América Latina. China, por ejemplo, ha aumentado su presencia económica en la región, invirtiendo en proyectos de infraestructura y recursos naturales.

El breve repaso por los hechos mencionados indica que la política regional se encuentra inmersa en la agudización de las luchas por la gobernanza global que tiene como protagonistas a las grandes potencias económicas del G2: EE.UU. vs China. En este embate, EEUU avanza sobre el control de la región actualizando la Doctrina Monroe mediante estrategias multidimensionales de cooperación militar para el combate del narcotráfico, bloqueos comerciales, control de puertos y aguas territoriales, injerencia en golpes de estado tradicionales y golpes blandos.

La inédita situación en la que Ecuador violó la soberanía mexicana en su propio territorio con el único objetivo de apresar al referente de un proyecto político que se busca aniquilar, no es otra cosa que un fuerte mensaje respecto de que las cosas en América Latina están cambiando. Países como Ecuador y Argentina, reciben gustosos la colaboración estadounidense y se convierten en guardianes del neoconservadurismo, vehículo de la política de securitización y control territorial para la apropiación de las riquezas, que propone EEUU.

En este contexto, es fundamental que los pueblos latinoamericanos fortalezcan su unidad y soberanía. Es necesario rechazar cualquier forma de intervención externa y promover una agenda de desarrollo y cooperación regional basada en el respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos y después de 10 años de la mentada Declaración en el marco de la CELAC, proclamar más que nunca a América Latina y el Caribe como zona de paz