Las elecciones mutiladas de Israel

Jorge Elbaum

Las elecciones en Israel se llevarán a cabo este 27 de octubre. Sus resultados se convertirán en la antesala de lo que sucederá una semana después en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Los máximos paladines de las ultraderechas que orientan la deriva neofascista que se sufre en Occidente, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, se verán desafiados por oponentes políticos que sin dudas se verán fortalecidos, debilitando de esta manera el ecosistema reaccionario del que depende Javier Milei.

En las elecciones en Israel se ponen 120 bancas en juego, de un parlamento unicameral (Knesset) del que los palestinos de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania se encuentran excluidos. Tanto los 2 millones de Gaza –sobrevivientes de los bombardeos que contabilizan más de 70 mil víctimas y que la Corte Penal Internacional cataloga como genocidio– como los 3,5 millones que habitan en los Territorios Ocupados, tienen conculcados sus derechos políticos, a pesar de residir en los 6165 kilómetros cuadrados controlados por la administración militar israelí. Casi sesenta años después de 1967, un Estado gobierna a millones de personas a quienes les niega toda representación institucional.

Unos 7,3 millones de personas pueden votar, entre ellas alrededor de 1,7 millones de palestinos israelíes de lengua árabe; quedan excluidos esos 6 millones de palestinos. Las 120 bancas se distribuyen proporcionalmente en un distrito nacional único, con un umbral del 3,25 por ciento de los votos válidos. De las 38 listas inscriptas, los sondeos dan posibilidades reales a una docena. Tras el escrutinio, el presidente encarga a un legislador formar una coalición de al menos 61 bancas —la mitad más uno— para conformar gobierno y elegir al primer ministro.

Tras 1948, Israel ocupó tierras palestinas y promovió la inmigración judía para consolidar una mayoría demográfica, impidiendo el retorno de los refugiados palestinos. Los palestinos que quedaron dentro de las fronteras israelíes recibieron la ciudadanía y los derechos políticos. Sin embargo, se vieron atravesados por la aplicación de jerarquías étnico-religiosas que diferencian a los judíos de los islámicos. La Ley del Retorno, aprobada por el parlamento israelí, permite acceder a la ciudadanía a los judíos de todo el mundo que llegan a Israel, pero no a los palestinos desplazados ni a sus descendientes.

Netanyahu llega a la campaña acusado de corrupción, soborno, fraude y abuso de confianza. Niega los cargos y presentó un pedido de indulto ante el presidente Isaac Herzog, que este rechazó. Durante los últimos años, el jefe del Likud desató una guerra contra el poder judicial para evitar que falle a favor de los derechos ciudadanos de los palestinos israelíes y que continúen las investigaciones en su contra. La campaña electoral estuvo atravesada por el debate sobre la acción terrorista desatada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Al actual gobierno, la oposición le exige la conformación de una comisión investigadora que evalúe las fallas de seguridad y la desclasificación de las supuestas advertencias recibidas por parte de Egipto y Emiratos Árabes Unidos previas a la acción de Hamás y la Yihad Islámica. Es difícil de imaginar que quien tiene más para perder —la alianza del Likud— sea quien la impulse.

Algo similar ocurre con el servicio militar de los ultraortodoxos, que se niegan a formar parte de las fuerzas armadas al igual que el resto de la población. Mientras que los jóvenes son reclutados a los 18 años por tres años y las mujeres por dos años, los haredim (ortodoxos) se niegan a participar de la conscripción obligatoria. El actual primer ministro, Netanyahu, defendió esa prerrogativa dado que dos de los partidos que forman parte de su coalición reaccionaria (Judaísmo Unido de la Torá y Shas) representan a esos colectivos privilegiados. Esa “inequidad de sacrificio” es una de las grietas más profundas de la sociedad israelí que repudia la exención militar de un 10 por ciento de la sociedad.

Las encuestas muestran a Likud, el partido de Netanyahu, en un empate técnico con Yashar, la fuerza del exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Gadi Eisenkot entre 2015 y 2019, que perdió a uno de sus hijos en la ofensiva terrestre en Gaza. Los sondeos difundidos ubicaban al bloque opositor, liderado por Eisenkot con mayores posibilidades que la alianza de la ultraderecha comandada por Netanyahu. Esa situación ubica al partido de carácter islámico conservador (Ra´am), al conglomerado árabe laico Balad y al colectivo judeo-árabe de la Lista Conjunta, orientado por el Partido Comunista, ante la posibilidad de influir en el futuro parlamento. Se especula que estas tres agrupaciones podrían obtener unos 14 escaños.

La campaña mostró también los límites de un sistema institucional atravesado por la lógica del apartheid. La Comisión Electoral Central decidió en septiembre inhabilitar al dirigente palestino israelí de Balad, Sami Abu Shehadeh. Por su parte, la Corte Suprema revirtió las exclusiones de la Lista Conjunta, de Ra’am y del legislador descendiente de uruguayos, Ofer Cassif. El desenlace judicial, sin embargo, pone en evidencia la persecución constante contra quienes se oponen al supremacismo: una democracia que excluye millones de votantes y que excluye candidatos raramente puede ser catalogada como la “única democracia de Medio Oriente”.

El resultado de este martes abre una etapa institucional con plazos estrictos. El legislador designado dispone de 28 días para formar gobierno, con una posible prórroga de hasta 14 días. Si fracasa, el presidente puede encomendar la tarea a otro integrante de la Knesset, que dispone de otros 28 días sin extensión. Si tampoco así se constituye un gobierno, el Parlamento se disuelve y se convoca otra elección. Para asumir, el gabinete necesita más votos a favor que en contra, de modo que abstenciones y apoyos externos también cuentan. Si los tres agrupamientos antisionistas no son convocados a formar gobierno, sus abstenciones podrán, por lo menos, impedir una nueva mayoría del Likud.

Un cambio de gobierno, incluso con la salida de Netanyahu, no resolverá el atolladero estructural que atraviesa la sociedad israelí: o bien suman a toda la población palestina otorgándole derechos políticos y ciudadanía; o bien abandonan la ocupación para que los palestinos obtengan su soberanía plena. Eisenkot, el principal desafiante, ha dicho que favorece un Estado palestino, pero con el control de la seguridad en manos israelíes. Es decir, un Estado con ocupación militar extranjera. Una contradicción en todos los términos.

La derecha neofascista que agrupa a Milei con Netanyahu y Trump podrá seguir masacrando, hambreando y saqueando. Pero no lograrán silenciar el eco del diálogo imaginario y profético de Edward Said con el teólogo judío Yeshayahu Leibowitz: “La única rama del olivo que logra cruzar la mueca persistente del odio y la muerte crece únicamente en el encuentro de semejantes. Nunca en el sometimiento”.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)