La mano invisible de la muerte: Mezquindad ética y política de un modelo de acumulación

Las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos condicionan la forma en que Donald Trump gestiona la crisis de una pandemia que ya ha generado 75.000 muertes, una suma superior a los fallecidos durante once años de la Guerra de Vietnam. Los republicanos, partidarios del magnate neoyorquino, son quienes se oponen al distanciamiento social, bajo el argumento de la libertad de elección y la autodeterminación personal.

Luego de siete semanas de cuarentena, el primer mandatario volvió a demandar la apertura de la economía, al tiempo que renovó su cuestionamiento a las medidas aprobadas por varios gobernadores demócratas, que insisten en promover la cuarentena. Los epidemiólogos sostienen que la finalización indiscriminada de las medidas de distanciamiento supondrá un incremento exponencial de los contagios y los muertos.

Quienes estarán más expuestos, sin embargo, no serán los grupos ubicados en la cima de la pirámide social. Los grupos que ostentan altos salarios, con educación universitaria incluida –mayoritariamente ajenos a los grupos afrodescendientes, latinoamericanos y caribeños–, continuarán trabajando desde sus casas en formato de teletrabajo, o enmarcados en protocolos exhaustivos de control sanitario. Por su parte, los colectivos más vulnerables se verán en la encrucijada de arriesgarse a la contaminación o perder su trabajo. La apertura es una convocatoria a la segmentación socioeconómica de los contagios.

Un ejemplo de esta realidad ha sido enunciado por el gobernador republicano del Estado de Georgia, Brian Kemp, quien anunció la última semana la reapertura de gimnasios, peluquerías, restaurantes y cines, pese a que el número de fallecidos en su distrito superó los 1.300 casos y la tasa de contagios es una de las más altas de los Estados Unidos.

La analista y colaboradora de CNN, María Cardona, consideró que dicha disposición garantizará que el gobernador “tendrá sus manos manchadas de sangre”. Por su parte, Rashad Robinson, referente de la comunidad afrodescendiente, consideró que la decisión “es una sentencia de muerte para los más pobres”.

Las declaraciones de Robinson fueron reproducidas en distintos medios estaduales acompañadas por el desesperado mensaje de una enfermera de Nevada, Nicole Sirotek, que fue contratada para atender pacientes en Nueva York: “Las vidas de los negros no importan aquí (…) la negligencia grave y la mala gestión médica están causando la muerte de los pacientes afrodescendientes”.

Según Sirotek, los enfermos WASP (sigla con que se nomina a los blancos, anglosajones y protestantes) son privilegiados, tomando al resto como vidas de descarte. A su vez, mientras los profesionales de la salud se arriesgan diariamente al contagio, las asociaciones que los agrupan vienen denunciando despidos y reducciones salariales. Como responsables de la situación acusan a la falta de recursos provenientes de las agencias federales, estaduales y de los seguros privados.

Por su parte, Christi A. Grimm, la Inspectora General Adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Agencia Federal que evalúa la situación de la atención sanitaria en los 50 Estados, difundió en abril un informe que describe la penuria que viven los centros encargados de lidiar con la pandemia. El relevamiento realizado durante los tres últimos meses se basó en entrevistas llevadas a cabo con autoridades hospitalarias.

Sus resultados identifican la ausencia crítica de suministros y de kits de prueba, la falta de equipos de protección para los profesionales de la salud, la precariedad del apoyo logístico y la escasez de ventiladores para cuidados intensivos. Los hospitales refirieron a Grimm, además, el exorbitante aumento de las provisiones que dejaba a muchas instituciones al borde de la quiebra financiera.

Además, los centros sanitarios se quejaron de las cambiantes e inconsistentes orientaciones brindadas por las autoridades federales, estatales y locales. Cuando se consultó al Presidente, en una conferencia de prensa, sobre el detallado informe elaborado por su Inspectora General Adjunta del Departamento de Salud, Trump decidió su despido.

En esa misma lógica, dos semanas atrás fue removido de su cargo el Director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, Rick Bright, luego de presentar una denuncia ante Oficina de Asesoría Especial –que protege a los informantes de delitos federales– por las presiones sufridas durante su gestión. Bright acusó al asesor y yerno del Presidente, Jared Kushner, de presionarlo para “adjudicar contratos a empresas con conexiones políticas con su familia”.

El informe de 89 páginas presentado ante la fiscalía especial subraya además que se le impidió desarrollar sus actividades específicas ligadas a la búsqueda de terapías de control de la pandemia y elaboración de vacunas preventivas con el objetivo de beneficiar a laboratorios específicos.

Racismo pandémico 

El caos que rodea la gestión de Trump en relación con la pandemia y la consecuente falta de recursos hospitalarios llevó a miembros de la Cámara de Representantes a reclamar la aplicación de la Ley de Producción de Defensa, una normativa federal que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para garantizar la disponibilidad de equipos críticos. Trump desechó invocar dicha regulación –denunciaron los demócratas– para no perjudicar a las corporaciones.

En Iowa, Utah, Oregón y el Estado de Washington la tasa de contagio de personas latinoamericanas y caribeñas duplica el porcentaje que dicho colectivo representa en la población total. En el Estado de Washington, son el 13 % de la población pero tienen el 31 % de los casos de coronavirus confirmados. En Iowa, el 20 % de las personas contaminadas con Covid-19 pertenecen al grupo de los denominados latinos, aunque son el 6 % de la población.

Esto se explica  por la demografía de las víctimas: el coronavirus está matando prioritariamente a personas desamparadas, residentes de geriátricos superpoblados, ciudadanos sin seguros de salud privada, prisioneros, migrantes indocumentados, trabajadores de empacadoras de carne y personal auxiliar de la atención sanitaria.

Hasta el 8 de mayo la enfermedad había atacado a distritos como Detroit, Nueva York y Los Ángeles, territorios que los republicanos desprecian por considerarlos ajenos a la “América Real” (nominación con la que se refiere a los conglomerados en los que se alberga a población afrodescendiente y migrante).

Para el editor de la revista, Libby Watson, la verdadera preocupación de Trump no es cuánta gente terminará muriendo, sino a qué grupo sociodemográfico pertenece. Lo que realmente inquieta al Presidente es si las víctimas corresponden o no a sus potenciales votantes. Watson conjetura el pensamiento del núcleo duro que idolatra a Trump: “No tenemos que preocuparnos.

Si los números siguen subiendo nos consolaremos con saber que estas personas iban a morir próximamente, de todos modos. Estados Unidos ha invertido 3 billones de dólares para aliviar las consecuencias del Covid-19, pero su sistema económico no ha dejado de expulsar y precarizar a más de 30 millones de trabajadores desde que se inició la pandemia.

Los índices de desocupación para fines de abril alcanzaron el 15 % de su población económicamente activa y las investigaciones demográficas empiezan a exponer déficits alimentarios preocupantes. Un estudio divulgado el último 6 de mayo, avalado por Departamento de Agricultura (USDA), señala que uno de cada seis hogares, con menores de 12 años no posee suficiente alimento diario. La inseguridad alimentaria previa a la expansión del coronavirus, para ese mismo segmento, llegaba al 3 %. En la actualidad alcanza el 18% de los hogares con niños menores de 12 años.

 La hora de las armas

Las escenas de grupos armados ingresando la última semana de abril en el Parlamento estadual de Michigan, con el objeto de exigirle a la gobernadora Gretchen Whitmer (perteneciente al Partido Demócrata) que finalice la cuarentena, expresa la “América Real” que Trump patrocina, por representar la base de sustentación de sus electores. Nueva York vive un calvario de 340.000 personas contagiadas y 27.000 fallecidas.

Pero los republicanos tienen presente que no es un Estado en el que puedan aspirar a un triunfo en las próximas elecciones de noviembre. Trump declaró el 26 de febrero que la epidemia quedaría superada en marzo. Corea del Sur y Estados Unidos informaron sus primeros casos el mismo día. Corea del Sur tenía, hasta el último viernes, una tasa de mortalidad de 5 fallecidos cada millón de habitantes. Argentina 6 y Estados Unidos 228.

La última semana un grupo de ex militares estadounidenses –acompañado por mercenarios de diferentes países– fracasó en su intento de desembarco cerca de Caracas. La iniciativa fue planificada y dirigida por un ex integrante de las “boinas verdes”, Jordan Goudreau, quien reconoció desde Estados Unidos haber organizado la Operación Gedeón desde la vecina Colombia, motivado por la oferta realizada por el Secretario de Estado Mike Pompeo, el último 26 de marzo.

Fue cuando anunció grandes recompensas a quien brindara información que condujera  al arresto y/o condena de las personas más importantes del régimen venezolano. En esa convocatoria al estilo Far West, se prometían 15 millones de dólares por Nicolás Maduro y 10 millones por cada uno de los cuatro principales funcionarios del gobierno bolivariano. Dos de los ex marines detenidos, Airan Berry y Luke Denman, fueron empleados de la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, con sede en Florida, de la que Goudreau es su máximo accionista.

Silvercorp, además, fue la agencia contratada por Donald Trump para garantizarle la seguridad privada en varias visitas estaduales previas y posteriores a la asunción de su presidencia. El propio Goudreau fue fotografiado cerca de Trump en octubre de 2018 –en Charlotte, Carolina del Norte– como miembro de su seguridad personal. Una vez divulgado el fracaso del desembarco anfibio, el jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, manifestó que carecían de información previa sobre el mismo. Sin embargo adelantó que buscarían la repatriación de los estadounidenses detenidos.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)